La denominada Ley Arizona, SB-1070, que criminaliza a los inmigrantes carentes de documentación, y que otorga a los departamentos policiacos la autoridad de cuestionar el status de una persona si hay "sospecha razonable" de que se trata de un inmigrante ilegal. Según datos oficiales, en Arizona residen alrededor de 400 mil inmigrantes sin papeles, la mayoría de ellos mexicanos. En virtud de esa ley, los inmigrantes quedarán obligados a portar los documentos de residencia para demostrar su condición migratoria y también estarán sujetos a un interrogatorio.La referida ley SB-1070 se estimó una legislación extrema, radical, racista y que generará un gran costo por el lado de las tensiones sociales al interior del Estado de Arizona, con clara violación a los derechos humanos. El peligro cercano a esa ley es que se puede generalizar en otros estados de la Unión Americana, y se ha aseverado que el 70 por ciento de los norteamericanos está de acuerdo con los objetivos de esa legislación. La ley discriminatoria de Arizona ha sido condenada a nivel nacional e internacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su titular, adoptó la postura de no promover un boicot comercial contra el Estado de Arizona, dado que nuestro país tiene compromisos de intercambio comercial con Estados Unidos a los que debe dar cumplimiento.En Ginebra, Suiza, México rechazó, con respaldo de otros países latinoamericanos, la nueva ley promulgada en Arizona, en virtud de que perjudicaría a los migrantes. El representante mexicano, en un debate público ante el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, manifestó que la ley pone en peligro la universalidad de los derechos humanos, ya que afectan derechos fundamentales como la libertad, la integridad física y el debido proceso a la condición migratoria.Tal y como se había anticipado, el presidente norteamericano Obama impugnó la inconstitucionalidad de la Ley promulgada en el Estado de Arizona, en atención a que viola derechos civiles en Estados Unidos. La administración del Presidente Barack Obama, solicitó a la Corte para el Distrito de Arizona declarar la nulidad de la referida ley SB-1070, y se prevé que la controversia termine con una decisión de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos. El Departamento de Justicia también presentó una larga serie de argumentos para solicitar el congelamiento de la norma mientras se resuelve sobre su constitucionalidad, entre otros, la afectación a las autoridades migratorias federales por el gran incremento en la carga de trabajo para procesar indocumentados detenidos en Arizona. La jueza Susan Bolton, señaló fecha para la audiencia relativa a la suspensión de la ley y a continuación deberá emitir sentencia acerca de la suspensión.Nuestro país expresó su beneplácito por la decisión del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de impugnar la llamada Ley Arizona, por afectar potencialmente los derechos civiles y humanos de miles de mexicanos. Se indicó por la Secretaría de Relaciones Exteriores que esta decisión del Ejecutivo Norteamericano se suma a las acciones ya presentadas en contra de la ya aludida Ley, incluida la demanda presentada por un grupo de organizaciones civiles, incluyendo el Fondo para la Defensa Legal y la Educación México Americano, la Unión Americana de Libertades Civiles y el Centro Nacional de Derecho Migratorio entre otras. Es respaldo a esa demanda, México pidió a la Corte que se le considere como "Amigo de la Corte" (Amicus Curiae).La impugnación del presidente Obama, está sujeta a las normas jurídicas internas norteamericanas y una resolución favorable evitaría que se produzca violación de deberes consagrados en importantes tratados internacionales, que son tutelares de derechos humanos. El fallo que se dicte servirá de orientación para evitar que la Ley Arizona sea emulada en otras entidades federativas de la Unión Americana. Sería deseable, por muchos conceptos, que la Ley Arizona se declarase inconstitucional.
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