RODRIGO MORALES MANZANARESLa conclusión de las reuniones en torno al Diálogo por la Seguridad ofrece, desde mi punto de vista, un saldo ambiguo. Por un lado hay que reconocer una actitud refrescante del Ejecutivo al proponer un formato de diálogo abierto, pero por el otro hay que lamentar algunas de las confesiones que ahí se hicieron. Veamos.
El formato propuesto ciertamente no consiguió que se trazara una agenda con claridad, hubo una gran disparidad discursiva, y la disposición de los actores también fue muy heterogénea. En todo caso, el reconocimiento implícito de que estamos en una situación límite y que hay que dotar de contenidos el mentado cambio de estrategia, pareció permear algunas de las intervenciones.
Más allá de los tonos discursivos, me parece que hay que destacar tres puntos de las reuniones. La cifra actualizada de muertes asociadas al combate a la delincuencia, sobre todo por el compromiso adquirido de incrementar la transparencia informativa en la materia; la confesión en torno al estado real de nuestros cuerpos policiacos y, desde luego, la apertura al debate en torno a la legalización de ciertas drogas.
Por lo que hace al compromiso de transparencia creo que todos ganamos si contamos con mayores elementos para evaluar cotidianamente la acción gubernamental, y ello representa, para las diversas agencias que participan en la lucha contra la inseguridad, un sano reto de coordinación. Ya veremos.
En segundo lugar, la confesión más grave, desde mi punto de vista, es aquella que sitúa a las policías como un territorio en disputa entre la delincuencia organizada y el Estado, y que confirma que aquélla asume una parte relevante de la nómina de los policías. Si esto era así, cómo y por qué se decidió emprender una cruzada si se tenía conciencia de que el Estado no ejercía el control mínimo sobre las fuerzas que justamente iban a combatir a la delincuencia. No tiene sentido.
Además, ¿cuánto tiempo nos va a llevar contar con una fuerza policiaca confiable? Ciertamente hoy está en el horizonte la transformación de las policías hacia mandos únicos a nivel estatal, pero no deja de ser una revelación escalofriante que hoy se nos diga que fuimos a una guerra con el enemigo militando en nuestras filas. Por supuesto preocupan, bajo una óptica de sólo mejorar los instrumentos de una estrategia, los tiempos de maduración de un nuevo modelo policiaco. ¿Cómo se puede aspirar a incrementar la inteligencia, si casi cualquier avance en ese terreno se convierte en avisos oportunos para el crimen organizado? He ahí un pendiente mayor.
Visto así, me parece que el único cambio de paradigma que apareció es la eventual legalización de ciertas drogas. Al menos su debate puede arrojar algunas luces. Creo que eso sí puede significar un cambio cualitativo en la estrategia, pues cambiaría algunas formas de operación de la delincuencia y también significaría un posicionamiento novedoso dentro de una estrategia globalizada de combate al crimen organizado.
Por último el gran reto por venir será cómo se sistematizan las conclusiones, quién jerarquiza planteamientos y, sobre todo, cómo se genera una agenda que dé traducciones prácticas al diálogo por la seguridad. Abrir el debate es sin duda un buen principio, pero me temo que falta un ben trecho para la confección de una nueva estrategia pública para el combate a la inseguridad.
El formato propuesto ciertamente no consiguió que se trazara una agenda con claridad, hubo una gran disparidad discursiva, y la disposición de los actores también fue muy heterogénea. En todo caso, el reconocimiento implícito de que estamos en una situación límite y que hay que dotar de contenidos el mentado cambio de estrategia, pareció permear algunas de las intervenciones.
Más allá de los tonos discursivos, me parece que hay que destacar tres puntos de las reuniones. La cifra actualizada de muertes asociadas al combate a la delincuencia, sobre todo por el compromiso adquirido de incrementar la transparencia informativa en la materia; la confesión en torno al estado real de nuestros cuerpos policiacos y, desde luego, la apertura al debate en torno a la legalización de ciertas drogas.
Por lo que hace al compromiso de transparencia creo que todos ganamos si contamos con mayores elementos para evaluar cotidianamente la acción gubernamental, y ello representa, para las diversas agencias que participan en la lucha contra la inseguridad, un sano reto de coordinación. Ya veremos.
En segundo lugar, la confesión más grave, desde mi punto de vista, es aquella que sitúa a las policías como un territorio en disputa entre la delincuencia organizada y el Estado, y que confirma que aquélla asume una parte relevante de la nómina de los policías. Si esto era así, cómo y por qué se decidió emprender una cruzada si se tenía conciencia de que el Estado no ejercía el control mínimo sobre las fuerzas que justamente iban a combatir a la delincuencia. No tiene sentido.
Además, ¿cuánto tiempo nos va a llevar contar con una fuerza policiaca confiable? Ciertamente hoy está en el horizonte la transformación de las policías hacia mandos únicos a nivel estatal, pero no deja de ser una revelación escalofriante que hoy se nos diga que fuimos a una guerra con el enemigo militando en nuestras filas. Por supuesto preocupan, bajo una óptica de sólo mejorar los instrumentos de una estrategia, los tiempos de maduración de un nuevo modelo policiaco. ¿Cómo se puede aspirar a incrementar la inteligencia, si casi cualquier avance en ese terreno se convierte en avisos oportunos para el crimen organizado? He ahí un pendiente mayor.
Visto así, me parece que el único cambio de paradigma que apareció es la eventual legalización de ciertas drogas. Al menos su debate puede arrojar algunas luces. Creo que eso sí puede significar un cambio cualitativo en la estrategia, pues cambiaría algunas formas de operación de la delincuencia y también significaría un posicionamiento novedoso dentro de una estrategia globalizada de combate al crimen organizado.
Por último el gran reto por venir será cómo se sistematizan las conclusiones, quién jerarquiza planteamientos y, sobre todo, cómo se genera una agenda que dé traducciones prácticas al diálogo por la seguridad. Abrir el debate es sin duda un buen principio, pero me temo que falta un ben trecho para la confección de una nueva estrategia pública para el combate a la inseguridad.
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