MIGUEL CARBONELL SÁNCHEZEl debate sobre la legalización de las drogas, finalmente parece ir tomando forma en México. Es un debate que tenía que llegar, tarde o temprano, y respecto del cual conviene tener muy claros los objetivos, los dilemas y los riesgos que se corren.
Comenzaré diciendo que estoy a favor de una política de progresiva despenalización, no solamente del consumo, lo cual ya prácticamente existe, sino además del tráfico de estupefacientes. Estimo que hay abundantes razones objetivas para sostener que la actual política de combate a las drogas mediante el uso del derecho penal ha fracasado. El costo de dicho fracaso es tan alto que resulta ya inaceptable para muchos países alrededor del mundo.
México debe, en consecuencia, transitar hacia una política que entienda el tema de las drogas como de salud pública y no de seguridad pública únicamente. Esto implica dejar poco a poco de usar el derecho penal y comenzar a invertir nuestros recursos humanos, económicos y logísticos en dos tareas fundamentales: prevención del consumo y apoyo para las personas que ya sean adictas.
Las estadísticas disponibles demuestran que el consumo de drogas en México ha aumentado en los años recientes, pero que todavía es menor al que presentan otros países con un nivel de ingresos semejante al nuestro, y desde luego, es mucho menor al que tienen en Estados Unidos. Esto significa que estamos frente a una situación de consumo de drogas que hay que atender porque es preocupante, pero que no representa, hoy en día, un problema inmanejable.
Por otro lado, lo cierto es que el mercado ilícito de las drogas ha potenciado en los años recientes el crecimiento de otros delitos, ya que el enorme poder económico y corruptor de los cárteles les ha permitido expandirse hacia terrenos como secuestro, extorsión, cobro del “derecho de piso”, robo de coches, tráfico de personas, administración de giros negros, etcétera.
La legalización permitiría ir minando las bases financieras tan poderosas que nutren a la criminalidad organizada, ya que al ser sustancias lícitas, las drogas bajarían de precio y, a la vez, se integrarían, mediante una regulación adecuada, en la economía formal del país.
Los mayores enemigos de la legalización están del lado de quienes se han enriquecido con un negocio que rebasa, según datos de la DEA, los 25 mil millones de dólares anuales, por lo que respecta, solamente, a las ganancias de los cárteles mexicanos. Quienes controlan hoy en día ese gran negocio no quieren verlo evaporarse y harán todo lo que puedan para impedirlo. Por eso es que el Estado mexicano debe actuar de una forma inteligente, valorando todas las alternativas que existen.
Hay que señalar, desde luego, que la despenalización no resolvería todos los problemas. Las armas que tienen los cárteles seguirán estando ahí, listas para matar a policías y ciudadanos. La capacidad de chantaje y de secuestro tampoco se verá mermada por la legalización. La tendencia a operar y controlar mercados clandestinos de bienes y personas será una tentación permanente para la criminalidad organizada. Todo esto hay que saberlo y hay que asumirlo, porque de otra manera no estaríamos mintiendo al pensar que la legalización es un paso de alguna manera mágico y todopoderoso para terminar con muchos problemas. No es así: la legalización acaba con ciertos problemas, pero deja intocados otros, naturalmente.
Pero lo que indudablemente ganaremos a través de la legalización es enfocar todo nuestro esfuerzo no en perseguir lo que ya sabemos que no podemos perseguir con eficacia, sino en informar a nuestros jóvenes del peligro de consumir drogas, en tratar a las personas adictas, en cobrar impuestos por esas sustancias, etcétera.
Todo el personal civil y militar que pone en riesgo su vida y la de sus familias en perseguir a los narcos, podrá dedicarse a protegernos a todos de los delitos que afectan de manera grave a la mayor parte de la población: homicidio, secuestro, robo, extorsión, contrabando, etcétera. Eso es, precisamente, lo que necesitamos que haga el Estado mexicano. Y necesitamos además que lo haga sin demora.
Comenzaré diciendo que estoy a favor de una política de progresiva despenalización, no solamente del consumo, lo cual ya prácticamente existe, sino además del tráfico de estupefacientes. Estimo que hay abundantes razones objetivas para sostener que la actual política de combate a las drogas mediante el uso del derecho penal ha fracasado. El costo de dicho fracaso es tan alto que resulta ya inaceptable para muchos países alrededor del mundo.
México debe, en consecuencia, transitar hacia una política que entienda el tema de las drogas como de salud pública y no de seguridad pública únicamente. Esto implica dejar poco a poco de usar el derecho penal y comenzar a invertir nuestros recursos humanos, económicos y logísticos en dos tareas fundamentales: prevención del consumo y apoyo para las personas que ya sean adictas.
Las estadísticas disponibles demuestran que el consumo de drogas en México ha aumentado en los años recientes, pero que todavía es menor al que presentan otros países con un nivel de ingresos semejante al nuestro, y desde luego, es mucho menor al que tienen en Estados Unidos. Esto significa que estamos frente a una situación de consumo de drogas que hay que atender porque es preocupante, pero que no representa, hoy en día, un problema inmanejable.
Por otro lado, lo cierto es que el mercado ilícito de las drogas ha potenciado en los años recientes el crecimiento de otros delitos, ya que el enorme poder económico y corruptor de los cárteles les ha permitido expandirse hacia terrenos como secuestro, extorsión, cobro del “derecho de piso”, robo de coches, tráfico de personas, administración de giros negros, etcétera.
La legalización permitiría ir minando las bases financieras tan poderosas que nutren a la criminalidad organizada, ya que al ser sustancias lícitas, las drogas bajarían de precio y, a la vez, se integrarían, mediante una regulación adecuada, en la economía formal del país.
Los mayores enemigos de la legalización están del lado de quienes se han enriquecido con un negocio que rebasa, según datos de la DEA, los 25 mil millones de dólares anuales, por lo que respecta, solamente, a las ganancias de los cárteles mexicanos. Quienes controlan hoy en día ese gran negocio no quieren verlo evaporarse y harán todo lo que puedan para impedirlo. Por eso es que el Estado mexicano debe actuar de una forma inteligente, valorando todas las alternativas que existen.
Hay que señalar, desde luego, que la despenalización no resolvería todos los problemas. Las armas que tienen los cárteles seguirán estando ahí, listas para matar a policías y ciudadanos. La capacidad de chantaje y de secuestro tampoco se verá mermada por la legalización. La tendencia a operar y controlar mercados clandestinos de bienes y personas será una tentación permanente para la criminalidad organizada. Todo esto hay que saberlo y hay que asumirlo, porque de otra manera no estaríamos mintiendo al pensar que la legalización es un paso de alguna manera mágico y todopoderoso para terminar con muchos problemas. No es así: la legalización acaba con ciertos problemas, pero deja intocados otros, naturalmente.
Pero lo que indudablemente ganaremos a través de la legalización es enfocar todo nuestro esfuerzo no en perseguir lo que ya sabemos que no podemos perseguir con eficacia, sino en informar a nuestros jóvenes del peligro de consumir drogas, en tratar a las personas adictas, en cobrar impuestos por esas sustancias, etcétera.
Todo el personal civil y militar que pone en riesgo su vida y la de sus familias en perseguir a los narcos, podrá dedicarse a protegernos a todos de los delitos que afectan de manera grave a la mayor parte de la población: homicidio, secuestro, robo, extorsión, contrabando, etcétera. Eso es, precisamente, lo que necesitamos que haga el Estado mexicano. Y necesitamos además que lo haga sin demora.
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