MANLIO FABIO BELTRONESEl mejoramiento de la distribución del ingreso en México daría lugar a una reducción acelerada de la pobreza y elevaría el crecimiento económico. Esta tesis parece tener el consenso de los expertos, y ayuda a situar en el centro de la discusión nacional, el problema ancestral de la desigualdad social, y definir el qué hacer para que las políticas públicas en materia social y económica sean un instrumento eficaz que beneficie la equidad y el crecimiento.
La desigualdad social ha cobrado mayor actualidad a raíz de informes recientes que, por un lado, muestran la ineficacia de las políticas públicas para reducirla (PNUD, 2010), mientras que, por otro lado, con mayor detalle, se documenta una disminución sostenida de la desigualdad en México y otros países de América Latina hasta antes de la recesión económica (2000-2007). Esta reducción está relacionada, entre otros factores, con la ampliación de la cobertura en educación básica, las transferencias monetarias a través de los programas de combate a la pobreza, y con el fortalecimiento de la democracia (N. Lustig et. al., 2010).
Estos resultados han generado un cauto optimismo, porque faltaría estimar el efecto social de la crisis económica y porque, al decir de los expertos, el esquema de transferencias directas es insuficiente y su impacto parece haber alcanzado un límite. En forma similar, advierten sobre las carencias de cobertura y calidad en la educación media, así como la necesidad de mejorar la representación política y desterrar prácticas clientelares que atoran el monitoreo del gasto público.
Lo anterior afirma la relevancia de debatir e implementar las reformas necesarias para encaminarnos hacia una mayor equidad. Partimos de la premisa de que la desigualdad en el ingreso no es inherente al crecimiento y al desarrollo económico y, por el contrario, tiene una función determinante en los niveles de crecimiento. En otras palabras, la desigualdad social y la pobreza, son una de las causas del estancamiento económico que arrastramos desde hace décadas, pues generan la subutilización del capital humano y de su potencial productivo y de consumo.
Así, el reto de disminuir la desigualdad, no sólo tiene un amplio sentido social y político, sino que es un elemento crucial para recuperar la senda del crecimiento. Más aún, debemos tener presente que la violencia y la inseguridad tienen un campo de cultivo en las regiones con mayor desigualdad social, como muestran las experiencias de América Latina y África.
A partir de esto, adquiere pleno sentido deliberar y legislar sobre el contenido de una reforma fiscal progresiva y equitativa que —entre otros elementos— eleve la tasa de recaudación, elimine los regímenes de excepción e incentive una mayor cobertura del impuesto predial. No se trata de elevar los impuestos, inadmisible en la presente coyuntura económica y social, sino de reconfigurar el sistema fiscal para que todos paguemos y sepamos en qué se gasta.
El gasto público debe ser afianzado como un instrumento de redistribución del ingreso y de fomento al crecimiento. Y para ello resulta determinante fortalecer los mecanismos de monitoreo y evaluación de la inversión en infraestructura, así como del gasto social destinado a mejorar los servicios públicos.
En política social, el reto es complementar los programas de transferencias monetarias para sectores vulnerables, con programas productivos y de formación de capacidades. Esta parece una ruta indispensable para romper la reproducción de la pobreza entre generaciones, generar empleo y mejorar la distribución del ingreso.
Las reformas a discusión en materia política, en particular las relativas a la democracia directa, también habrían de ser determinantes para incrementar la participación ciudadana, institucionalizar la transparencia en el gasto social, y que se rindan cuentas y sancione el ejercicio indebido de las responsabilidades públicas.
Este conjunto de reformas habrán de encaminarnos a reducir progresivamente la desigualdad social y la pobreza, a fomentar la cohesión social, consolidar la democracia y promover el crecimiento y el empleo de calidad.
Desde antes del testimonio del barón Humboldt, hace dos siglos, la desigualdad social ha sido el trauma de México. Por ello, urge superar esta brecha que nos divide, con un crecimiento con justicia.
La desigualdad social ha cobrado mayor actualidad a raíz de informes recientes que, por un lado, muestran la ineficacia de las políticas públicas para reducirla (PNUD, 2010), mientras que, por otro lado, con mayor detalle, se documenta una disminución sostenida de la desigualdad en México y otros países de América Latina hasta antes de la recesión económica (2000-2007). Esta reducción está relacionada, entre otros factores, con la ampliación de la cobertura en educación básica, las transferencias monetarias a través de los programas de combate a la pobreza, y con el fortalecimiento de la democracia (N. Lustig et. al., 2010).
Estos resultados han generado un cauto optimismo, porque faltaría estimar el efecto social de la crisis económica y porque, al decir de los expertos, el esquema de transferencias directas es insuficiente y su impacto parece haber alcanzado un límite. En forma similar, advierten sobre las carencias de cobertura y calidad en la educación media, así como la necesidad de mejorar la representación política y desterrar prácticas clientelares que atoran el monitoreo del gasto público.
Lo anterior afirma la relevancia de debatir e implementar las reformas necesarias para encaminarnos hacia una mayor equidad. Partimos de la premisa de que la desigualdad en el ingreso no es inherente al crecimiento y al desarrollo económico y, por el contrario, tiene una función determinante en los niveles de crecimiento. En otras palabras, la desigualdad social y la pobreza, son una de las causas del estancamiento económico que arrastramos desde hace décadas, pues generan la subutilización del capital humano y de su potencial productivo y de consumo.
Así, el reto de disminuir la desigualdad, no sólo tiene un amplio sentido social y político, sino que es un elemento crucial para recuperar la senda del crecimiento. Más aún, debemos tener presente que la violencia y la inseguridad tienen un campo de cultivo en las regiones con mayor desigualdad social, como muestran las experiencias de América Latina y África.
A partir de esto, adquiere pleno sentido deliberar y legislar sobre el contenido de una reforma fiscal progresiva y equitativa que —entre otros elementos— eleve la tasa de recaudación, elimine los regímenes de excepción e incentive una mayor cobertura del impuesto predial. No se trata de elevar los impuestos, inadmisible en la presente coyuntura económica y social, sino de reconfigurar el sistema fiscal para que todos paguemos y sepamos en qué se gasta.
El gasto público debe ser afianzado como un instrumento de redistribución del ingreso y de fomento al crecimiento. Y para ello resulta determinante fortalecer los mecanismos de monitoreo y evaluación de la inversión en infraestructura, así como del gasto social destinado a mejorar los servicios públicos.
En política social, el reto es complementar los programas de transferencias monetarias para sectores vulnerables, con programas productivos y de formación de capacidades. Esta parece una ruta indispensable para romper la reproducción de la pobreza entre generaciones, generar empleo y mejorar la distribución del ingreso.
Las reformas a discusión en materia política, en particular las relativas a la democracia directa, también habrían de ser determinantes para incrementar la participación ciudadana, institucionalizar la transparencia en el gasto social, y que se rindan cuentas y sancione el ejercicio indebido de las responsabilidades públicas.
Este conjunto de reformas habrán de encaminarnos a reducir progresivamente la desigualdad social y la pobreza, a fomentar la cohesión social, consolidar la democracia y promover el crecimiento y el empleo de calidad.
Desde antes del testimonio del barón Humboldt, hace dos siglos, la desigualdad social ha sido el trauma de México. Por ello, urge superar esta brecha que nos divide, con un crecimiento con justicia.
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