COBERTURA A LA SALUD E INFROMALIDAD

CIRO MURAYAMA RENDÓN

De acuerdo con el economista Santiago Levy, una de las consecuencias no deseadas de la expansión del acceso a la salud de la población abierta, la no afiliada al IMSS o al ISSSTE, es que ha afectado al empleo formal. Ello porque el Seguro Popular permite acceder a servicios médicos sin necesidad de pagar las cuotas que son obligatorias para todo trabajador formal. Así, uno de los incentivos que tradicionalmente tenía el contar con una plaza formal, la afiliación a una institución de salud, habría desaparecido por lo que la gente prefiere ahorrarse el pago de cuotas de seguridad social y se ocupa en la economía informal. En suma: el Seguro Popular alienta el empleo informal.Esta tesis ha ganado terreno. Incluso, fue respaldada por el gobernador del Estado de México en un artículo reciente de prensa (El Universal, 26-07-10). A pesar de sus adeptos, el diagnóstico de Levy parte de una premisa equivocada y ello le conduce a una conclusión incorrecta.La premisa es que un trabajador es libre para optar entre un puesto de trabajo formal y uno informal. Pero esa elección no es a la carta. Para que eso fuera posible, todo mundo debería de tener ante sí tanto una oferta de trabajo formal como una en el sector informal. No es el caso. Esa premisa, aunque poco realista, puede encontrar sustento teórico en la explicación sobre el funcionamiento del mercado de trabajo que brinda la escuela neoclásica de economía. Esa teoría explica la decisión de emplearse de un individuo de la siguiente manera: él puede optar por trabajar cierto número de horas o no trabajar, y su decisión dependerá de sus “preferencias” entre “trabajo” —que proporciona ingresos para comprar bienes— y “ocio” —las actividades que se pueden hacer si no se trabaja, como estudiar, cuidar a los hijos, ejercitarse, descansar, etc.—. Si sube el salario, el individuo tendrá más estímulos para trabajar, de forma que aumenta su “preferencia” por el trabajo. Si en cambio el salario es bajo o cae, tendrá menos motivos para trabajar, lo que incrementa su “preferencia” por el ocio. En su versión más pura, esta teoría concibe que todo aquel que no trabaja es porque así lo decide, porque tiene una alta preferencia por el ocio y, en ese sentido, todo desempleo es voluntario —lo cual es erróneo porque en la realidad es claro que existe desempleo involuntario y porque la mayoría de la gente no puede vivir sin los ingresos de su trabajo—.Un error similar ocurre con la tesis de Levy: entiende que los trabajadores en México pueden optar libremente entre un empleo formal y uno informal. Pero así como el desempleo no es voluntario, tampoco lo suele ser la informalidad laboral.Si la dicotomía entre empleo formal e informal se construye alrededor del hecho de que el trabajador esté afiliado al IMSS, es decir, que cuente con un contrato como asalariado, es preciso considerar que ese contrato tiene dos partes: empleado y empleador. Los empleadores, y no el trabajador, con frecuencia inducen contrataciones disfrazadas en las que no otorgan contratos, no porque exista el Seguro Popular, sino porque son renuentes a aceptar el conjunto de obligaciones que la ley le impone a todo patrón: pago regular, vacaciones, horarios establecidos, etcétera. Cada vez abundan más los trabajadores subordinados sin contrato, los miles de profesionistas que trabajan para una sola empresa y cobran por honorarios como prestadores de servicios y no como asalariados. Por tanto, el no tener un contrato no es una decisión exclusiva del trabajador; es más una decisión de quién contrata que del contratado.Por otra parte, los beneficios del empleo formal sobre uno informal no sólo se reducen al acceso a la salud, sino que implica tener derecho a bajas por maternidad, por accidente laboral o por enfermedad; un empleo formal también brinda mayor estabilidad en el puesto, permite aspirar a una pensión, ofrece trabajar bajo techo y no en la calle, y un largo etcétera.Pero por si hubiese duda, ya hay estudios empíricos que refutan la idea de Levy. En el foro “De la ampliación de la cobertura a la tutela del derecho a la salud”, celebrado en el ITAM el 5 de agosto, Keith E. Hansen, director del Departamento de Desarrollo Humano para América Latina del Banco Mundial, presentó un estudio de esa institución donde demuestra que si bien hay una ligera disminución en el número de afiliados al IMSS en el sector rural, donde sólo se ubica el cuatro por ciento de los afiliados, en las ciudades —donde debería verse el efecto negativo del Seguro Popular sobre el empleo formal— no hay evidencia de disminución que resulte estadísticamente significativa. Ergo: hay que buscar los problemas del empleo en México no en la política social —cuya cobertura y efecto real aún hay que discutir a fondo— sino en la económica, que influye en el bajo crecimiento económico que padece el país desde hace ya demasiados años. Ahora, hay una coincidencia básica con Levy: es necesario avanzar hacia la universalización del derecho a la salud y ese modelo debe financiarse con impuestos generales, pero por razones de justicia social y equidad, no porque la cobertura de salud venga dañando a la dinámica del empleo que responde a otras variables.