IX CONGRESO DE DERECHO DE LA INFORMACION

ERNESTO VILLANUEVA

Los próximos 19, 20 y 21 de noviembre tendrá lugar el IX Congreso Nacional y IV Internacional de Derecho de la Información en Cuernavaca, Morelos, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, bajo los auspicios de la Fundación Konrad Adenauer, el Gobierno de Morelos y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Desde 1999, año con año, de manera ininterrumpida ,este encuentro académico ha servido como espacio de intercambio de puntos de vista para dar respuesta a temas de coyuntura y reflexiones de largo aliento sobre el derecho de la información. Esta rama del derecho tiene por objeto de estudio el derecho a la información, además de los alcances y límites de las libertades de expresión e información.De estos congresos han surgido propuestas que se han traducidos en leyes de gran calado para el país. Basta citar tres ejemplos concretos. Primero. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Sobra decir que a partir de la aprobación de esta ley en el 2002 se ha dado un importante desarrollo legislativo en este rubro a nivel federal, estatal y municipal, que tiene todavía el reto de ser eficaz en buena parte del país. Segundo. De la misma forma, en el marco de este Congreso se planteó, y se aprobó posteriormente por unanimidad en la Asamblea Legislativa la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho al Honor, a la Vida Privada y a la Propia en el Distrito Federal. Esta ley fue acompañada de la despenalización de los delitos de difamación y calumnias en la capital del país. Esta nueva normativa representa una eficaz garantía para equilibrar la libertad de expresión con los derechos al honor, a la vida privada y a la propia imagen, porque esta ley dispone de tiempos procesales reducidos, y no implica cuantificar el honor ni la vida privada, como sí lo hace la figura del daño moral, que sigue gozando de cabal salud casi en todos los códigos civiles del país. El punto de avance en este aspecto no sólo reside en despenalizar o retirar del Código Penal los delitos de difamación y calumnias, sino los largos y costosos juicios con sanciones económicas altas que acaban por ser más lesivas a la libertad que la siempre criticable vía penal. Tercero. También se propuso en su momento la Ley del Secreto Profesional del Periodista, que fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Esta disposición legal representa un instrumento para optimizar el derecho a saber, porque permite a los comunicadores guardar secreto sobre sus fuentes informativas, siempre y cuando esa información haya sido debidamente contrastada. Esta ley viene a resolver uno de los problemas que todavía en muchos estados existe, donde los periodistas son llamados a declarar por las procuradurías sobre el contenido de sus fuentes informativas, cosa que en el Distrito Federal eso ya está prohibido por la ley. Vamos, en el DF ni siquiera un juez puede obligar a un periodista a revelar su fuente so pena que sea sujeto de responsabilidad administrativa el propio juzgador. En dicho evento estará presente un grupo de investigadores internacionales y nacionales cuya obra es referencia en sus temas de investigación, como Toby Mendel, de Londres; Ana Azurmendi, de la Universidad de Navarra; Benjamín Fernández Bogado de la Universidad de Harvard; Rick Snell de la Universidad de Tasmania, Australia, y muchos otros más. De la parte nacional, asistirán miembros que dieron vida a lo que se conoció como el Grupo Oaxaca, que hizo posible el acceso a la información pública en México, como Juan Francisco Escobedo e Issa Luna Pla, entre otros. Dos temas serán los principales focos de atención de este Congreso: el ejercicio del acceso a la información pública y la protección de los datos personales, así como la normatividad de los medios públicos cuya naturaleza legal está a debate en el país. El propósito de este IX Congreso, como el de sus antecesores, no es el debate abstracto y etéreo, sino el relacionado con la solución de problemas que vive el país y que no han sido atendidos debidamente. Ese quizá es el mejor camino que se le puede dar a la actividad científica, sobre todo aquella que se paga con cargo al bolsillo de los ciudadanos.