miércoles, 29 de octubre de 2008

LA PGR SIN TRANSPARENCIA

MIGUEL CARBONELL

Ahora que estamos discutiendo con intensidad acerca de las mejores medidas que debería tomar el gobierno en su lucha contra la inseguridad, convendría asegurarnos que todos los órganos públicos involucrados en el combate al delito actúen con la mayor transparencia, sobre todo en vista de que su presupuesto va a aumentar exponencialmente para el próximo año.
Llama la atención, en este contexto, la actitud opaca y cerrada de la PGR, que de forma sistemática se ha negado a acatar los fallos del IFAI en los que se ordena que se entregue información que consta en averiguaciones previas ya terminadas.
Uno puede entender que las averiguaciones previas que están en curso deben mantenerse en sigilo si es que quieren ser exitosas (aunque vemos filtraciones de información todos los días en los medios de comunicación, sobre todo de ciertos casos especialmente llamativos). Pero una averiguación previa ya terminada, ¿por qué razón debería de seguir siendo considerada como secreta?
Conociendo las miles de historias de corrupción y negligencia que rodean a la procuración de justicia en México, se podría pensar que esa actitud solamente busca encubrir a los malos agentes del Ministerio Público o, todavía peor, las actitudes facciosas, claramente partidistas, de ciertos actores dentro de las procuradurías.
La PGR no parece haber entendido que la transparencia y el acceso a la información son mandatos constitucionales que todas las autoridades deben acatar, les guste o no. Dentro del poder ejecutivo federal quien hace valer esos mandatos es el IFAI y sus facultades provienen de una ley que también obliga a la PGR.
Ahora bien, el lector quizá se estará preguntando si la información que la PGR niega contiene datos muy importantes para el éxito del gobierno en contra de los cárteles de la droga, o si se trata de información que pone en riesgo la seguridad de la nación o cuya difusión pudiera suponer que queden al descubierto agentes infiltrados en los cárteles mafiosos. Nada de eso. Los registros públicos permiten saber que lo que están pidiendo los ciudadanos es conocer el contenido de las averiguaciones previas ya terminadas en que estaban involucrados personajes como Rosario Robles, Elba Esther Gordillo o el General Jesús Gutiérrez Rebollo; también se le ha pedido a la Procuraduría el contenido de las averiguaciones previas terminadas en materia de lavado de dinero o las relativas al delito de trata de personas (como puede verse en la solicitud de información con número de folio 0673800087408, presentada ante el IFAI).
¿Qué razones de orden público y de interés general puede haber para no dar a conocer esa información? ¿por qué los ciudadanos no deberíamos de poder saber si las averiguaciones previas que involucran a esas personas estuvieron bien o mal integradas? ¿cómo vamos a saber si la actuación del gobierno en materia de lucha contra el lavado de dinero es o no correcta si no podemos consultar lo que hacen los fiscales encargados del tema? ¿qué seriedad puede tener un gobierno que se niega a acatar la Constitución y las leyes en un tema que lastima tanto a los ciudadanos como lo es el de la nula capacidad de respuesta de las procuradurías de justicia?
La PGR debería seguir el ejemplo de la Suprema Corte que ha demostrado un compromiso claro con la apertura y que ha hecho grandes avances en materia de transparencia en los últimos años. La gestión de su presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, será recordada en buena medida por su compromiso con la transparencia y con la posibilidad de que todos los ciudadanos tengamos acceso a las discusiones de los Ministros y al contenido de sus sentencias.
Hace unos días la Corte incluso tuvo que llamar al orden a los diputados de Querétaro que pretendían desaparecer al órgano de transparencia de su estado. Los Ministros señalaron que esa medida era inconstitucional y que la ley tenía que prever un órgano especializado y autónomo en materia de transparencia. Se equivocaron quienes, apresuradamente y haciendo una muy mala interpretación constitucional, avalaron –incluso desde los organismos protectores de derechos humanos- la decisión de los diputados queretanos. Qué bueno que la Corte les indicó el camino correcto. Ojalá tengan la humildad suficiente para reconocer el error en el que incurrieron. Con la decisión del caso de Querétaro ganamos los ciudadanos, gana la causa de la transparencia y de la rendición de cuentas, y gana el estado de Querétaro. Y de esa manera la Corte sigue dando pasos en la dirección correcta al defender un derecho fundamental que ha venido a cambiar el rostro del poder público en México. Pasos de los que debería aprender la PGR.

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