Por fin las comisiones del Senado de la República han aprobado la llamada reforma energética, que hoy jueves se someterá al pleno de la Cámara Alta. Al efecto yo no separo "privatizar" de "contratar", o sea, la preocupación de muchos de que la reforma a PEMEX no sea privatizadora la identifico con que no se permitan contratos; porque para mí contratar es en gran medida privatizar, y viceversa. El hecho es que se ha retirado, por ejemplo, la propuesta del PRI de crear organismos filiales a PEMEX, los que establecerían salvaguardas, "candados", para impedir el otorgamiento de concesiones o contratos tal y como lo establece categóricamente el párrafo séptimo del artículo 27 de la CONSTITUCIÓN; el que si fuese un obstáculo para inyectarle nueva vida a la paraestatal habría que quitar, pero que mientras esté allí hay que obedecer. Ahora, y conforme al artículo 6 de la nueva LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL, PEMEX podrá subscribir contratos de obras o de prestación de servicios con personas físicas o morales, aunque el pago correspondiente será siempre en efectivo y sin conceder derechos sobre la propiedad de los hidrocarburos. Al respecto yo sostengo que esa fórmula no impide que dicha LEY REGLAMENTARIA vaya más allá del texto constitucional, violándolo. Aclaro que el artículo 6 de ésta LEY corresponde al enviado en la versión original de la iniciativa del Presidente de la República. Es cierto que las comisiones del Senado en su resolución final no han permitido la intromisión de los contratos que comprometan porcentajes de la producción o de las utilidades de la paraestatal. Tampoco se han reconocido los derechos de preferencia o de producción compartida inherentes a los denominados contratos de riesgo. Los senadores han supuesto, a mi juicio en una resolución ajena al espíritu y a la letra de la CARTA MAGNA, que con establecer lo anterior y que PEMEX no se someterá a la jurisdicción de tribunales extranjeros en cuestión de contratos de obras y servicios brindados en el país por empresas así mismo extranjeras, pero sí reconociendo arbitrajes basados en convenios internacionales suscritos por México, ya queda subsanada o superada la prohibición tajante del párrafo séptimo del artículo 27 de la CONSTITUCIÓN, que en lo conducente dice: "TRATÁNDOSE DEL PETRÓLEO Y DE LOS CARBUROS DE HIDRÓGENO SÓLIDOS, LÍQUIDOS O GASEOSOS O DE MINERALES RADIOACTIVOS, NO SE OTORGARÁN CONCESIONES NI CONTRATOS".Yo soy abogado, jurista, profesor universitario. En consecuencia creo en el Derecho, en la fuerza del Derecho y en la necesidad de que impere en la sociedad. Es por ello que como ciudadano mexicano elijo el camino de la razón para enfrentar la sinrazón. No se trata ni remotamente de quedarse callado, de cruzarse de brazos. En mi opinión la fuerza que hay que esgrimir ahora es la del señalamiento enérgico de la verdad constitucional contenida en el artículo 27: "NO SE OTORGARÁN CONCESIONES NI CONTRATOS". Para hacerlo se cuenta con una serie de instrumentos y mecanismos jurídicos, aparte de la palabra que es el mejor medio difusor de ideas. Descorrer el velo con el que se pretende ocultar una grave transgresión a la CONSTITUCIÓN no implica fuerza física ni violencia material. En momentos cruciales de la historia el prestigio político sólo se conquista y consolida con el razonamiento. Si unos desconocen la vigencia del Derecho a otros toca, debe tocar, decirle al pueblo qué caminos sinuosos se han seguido para pervertir y contrariar el mandato de la ley, sobre todo el de la LEY SUPREMA. Yo estoy convencido de que el pueblo, parafraseando a Justo Sierra, tiene hambre y sed de razonamientos, de propuestas inteligentes y sólidas; lo que es al final de cuentas justicia. Y estoy convencido de que ésta es la mejor manera, insuperable, para convencer. "El Derecho Siempre Habla", según un aforismo de gran tradición. Hagámoslo hablar sin violencia material que siempre cobra, tarde o temprano, una factura que enturbia la paz y tranquilidad del pueblo, hoy tan comprometidas por las experiencias aciagas que como nación estamos experimentando. De recurrir a la violencia física los enemigos del Derecho tendrían una nueva arma para obscurecer la razón jurídica.
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