JESUS CANTU
Si ya era importante revisar y replantear la estrategia de combate al crimen organizado del Gobierno federal por el alto costo en vidas humanas e inseguridad, a la luz de los riesgos que implican la presencia del Ejército y, ahora, el FBI es imperati
El combate frontal al crimen organizado que emprendió el Gobierno de Felipe Calderón tiene altos costos económicos, en pérdida de vidas humanas y en incremento de la inseguridad; pero además, hay el riesgo de pagar también altos costos en pérdida de libertades, garantías individuales y soberanía, en caso de continuar recurriendo, cada vez más, a la participación del ejército y, ahora, hasta de la Oficina Federal de Investigaciones norteamericana, FBI por sus siglas en inglés. El 11 de octubre a las 23:30 horas, dos sujetos no identificados, dispararon seis tiros y arrojaron una granada, que no detonó, contra la sede del Consulado norteamericano en Monterrey. El lunes 12 de octubre, el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci, declaró que el atentado "está bajo investigación conforme a las leyes internacionales" y, por lo mismo, está en manos de la Procuraduría General de la República y el FBI. El miércoles 15 de octubre, el Embajador Tony Garza, tras un recorrido por el consulado, advirtió que los autores del atentado se arrepentirán de haberlo perpetrado; "nadie debe creer que puede atacar un recinto del Gobierno de los Estados Unidos impunemente", señaló en un comunicado oficial de la Embajada norteamericana. Y horas después, el día 16, el Ejército y fuerzas policiacas federales catearon una bodega en Guadalupe y una casa habitación en Monterrey, donde se enfrentaron a balazos con presuntos narcotraficantes por espacio de, al menos, 20 minutos y lograron el decomiso de 55 granadas, 40 mil balas, 8.9 toneladas de mariguana y 24 armas de diversos calibres, así como la detención de una persona, según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública federal. Hasta aquí la información oficial. Sin embargo, de acuerdo a información y fotografías difundidas por el periódico regiomontano El Norte, en su edición del viernes 17, en las acciones del día 16 participaron también elementos del FBI. El diario regiomontano difundió una fotografía en la que un individuo encapuchado subía una caja a una camioneta con placas consulares, durante el cateo a la bodega en Guadalupe. En la misma edición señalaba la presunta participación de agentes del FBI e, incluso, informaba que extraoficialmente se supo que uno de ellos habría resultado herido de bala, durante los mismos. En su edición del día 18, al difundir el boletín oficial de la SSP, indicó que en el mismo no se da cuenta de la participación de las fuerzas del FBI ni de los presuntos heridos, pero recalca que además de la acción ya narrada del individuo que sube la caja a la camioneta en el lugar del operativo, "cuando la droga era pesada ayer en la madrugada en las instalaciones de la PGR en Escobedo pudo observarse la participación de una mujer rubia con apariencia extranjera durante la diligencia". Así, todo indica que ahora, agentes policiacos norteamericanos participan directamente en los operativos en contra de la delincuencia organizada, lo cual al margen de que sea coordinadamente con las autoridades federales, significa una violación de soberanía nacional, pues la responsabilidad de mantener la seguridad y castigar la comisión de delitos en territorio nacional es exclusivamente del Estado mexicano, salvo que éste se declare incapaz y abdique de dicha responsabilidad a favor de organismos internacionales o fuerzas policiacas extranjeras. El combate al crimen organizado ha sido recurrente en mis colaboraciones, ya he señalado la importancia de replantear la estrategia y de acompañar las acciones de combate frontal, con una estrategia más integral y global, donde la labor de inteligencia, promoción de una nueva cultura política y la participación ciudadana deben jugar un papel central. El haber incorporado al Ejército en el rol protagónico del combate a partir del 11 de diciembre de 2006, es decir, 10 después de la toma de posesión del Presidente Felipe Calderón, implica, al menos, dos riesgos que hay que valorar más detenidamente: uno, que ya he comentado en otras colaboraciones, el quedar inermes ante el crimen organizado si fracasan las acciones del Ejército o, al menos, no tienen los resultados esperados, pues se agotó la máxima instancia en la primer jugada; y, dos, el riesgo de pérdida de libertades y vigencia de garantías individuales, que se corre siempre que se involucra a la milicia en acciones de seguridad pública. Es un hecho que los cuerpos militares son preparados para la guerra y el combate y, por lo mismo, ellos no vacilan en privilegiar la disciplina y el orden, incluso en detrimento de las libertades (de tránsito, de asociación, de expresión, etc.) y, obviamente, de la vigencia de ciertos derechos fundamentales, como ya ha sido evidente a consecuencia de algunos operativos. Precisamente por ello, la recomendación general de los expertos es recurrir únicamente en casos excepcionales, por tiempos breves y predeterminados y para acciones bien definidas. En este caso no se han respetado estos criterios y a más de 22 meses de la decisión, siguen en el frente de batalla y todavía no se sabe hasta cuándo. El riesgo señalado está latente y crece conforme se prolonga y amplía su participación. Pero no sólo se ha recurrido al Ejército, también se recurre al auxilio del vecino país del norte. Primero fue el debate sobre la extradición de los capos de la droga a las cárceles norteamericanas, la primera aceptación de la medida fue el 14 de enero de 1996, cuando el entonces líder del cártel del Golfo, Juan García Ábrego, fue detenido en una casa de seguridad en Ciudad Benito Juárez, Nuevo León, y entregado, sin mediar mayor trámite legal, a las autoridades norteamericanas para que lo encarcelaran y procesaran. Después la extradición de nueve de los principales jefes del narcotráfico el 19 de enero de 2006, entre los que se encontraban: Osiel Cárdenas, también del cártel del Golfo; los hermanos Higuera Guerrero, del cártel de Tijuana; y Héctor "El Güero" Palma, Miguel Ángel Arriola y Saúl Saucedo, del cártel de Sinaloa. Pero después de éstos nueve, sin hacer tanto ruido, han enviado a otros 25 más en el presente sexenio. Todavía, después vino la discusión por la Iniciativa Mérida, que otorgará apoyos en especie (equipos de inspección no intrusiva, aeronaves, equipo informático y de procesamiento de datos, telecomunicaciones y distintas técnicas de investigación, programas de capacitación y perros adiestrados para detectar sustancias y materiales ilícitos, entre otros) de 400 millones de dólares en el primer año. Y que, de acuerdo a las declaraciones del Secretario de Gobernación, el Gobierno norteamericano aceptó entregar en términos "respetuosos de la soberanía y de la jurisdicción de ambos países"; y según, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no implican la presencia de efectivos militares estadounidenses en territorio nacional. Sin embargo, ahora de acuerdo a la información divulgada, y no desmentida, sí implica la presencia de policías federales norteamericanos, lo cual es mayor pérdida de soberanía que la pretendida certificación sobre la vigencia de los derechos humanos, que motivo el rechazo de la primera versión de la Iniciativa Mérida. Si ya era importante revisar y replantear la estrategia de combate al crimen organizado del Gobierno federal por el alto costo en vidas humanas e inseguridad, a la luz de los riesgos que implican la presencia del Ejército y, ahora, el FBI es imperativo hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Lo menos que debemos exigir es una información y justificación clara y precisa sobre la presencia del FBI en los operativos. Es un hecho que su presencia, como antes la del Ejército, no logró el propósito de intimidar a la delincuencia organizada, pues en respuesta a los operativos del jueves, los delincuentes ya entregaron los cuerpos de cinco militares muertos con arma blanca. Así no se logran los resultados esperados, pero sí se expanden los riesgos que su presencia acarrea
El combate frontal al crimen organizado que emprendió el Gobierno de Felipe Calderón tiene altos costos económicos, en pérdida de vidas humanas y en incremento de la inseguridad; pero además, hay el riesgo de pagar también altos costos en pérdida de libertades, garantías individuales y soberanía, en caso de continuar recurriendo, cada vez más, a la participación del ejército y, ahora, hasta de la Oficina Federal de Investigaciones norteamericana, FBI por sus siglas en inglés. El 11 de octubre a las 23:30 horas, dos sujetos no identificados, dispararon seis tiros y arrojaron una granada, que no detonó, contra la sede del Consulado norteamericano en Monterrey. El lunes 12 de octubre, el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Aldo Fasci, declaró que el atentado "está bajo investigación conforme a las leyes internacionales" y, por lo mismo, está en manos de la Procuraduría General de la República y el FBI. El miércoles 15 de octubre, el Embajador Tony Garza, tras un recorrido por el consulado, advirtió que los autores del atentado se arrepentirán de haberlo perpetrado; "nadie debe creer que puede atacar un recinto del Gobierno de los Estados Unidos impunemente", señaló en un comunicado oficial de la Embajada norteamericana. Y horas después, el día 16, el Ejército y fuerzas policiacas federales catearon una bodega en Guadalupe y una casa habitación en Monterrey, donde se enfrentaron a balazos con presuntos narcotraficantes por espacio de, al menos, 20 minutos y lograron el decomiso de 55 granadas, 40 mil balas, 8.9 toneladas de mariguana y 24 armas de diversos calibres, así como la detención de una persona, según un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública federal. Hasta aquí la información oficial. Sin embargo, de acuerdo a información y fotografías difundidas por el periódico regiomontano El Norte, en su edición del viernes 17, en las acciones del día 16 participaron también elementos del FBI. El diario regiomontano difundió una fotografía en la que un individuo encapuchado subía una caja a una camioneta con placas consulares, durante el cateo a la bodega en Guadalupe. En la misma edición señalaba la presunta participación de agentes del FBI e, incluso, informaba que extraoficialmente se supo que uno de ellos habría resultado herido de bala, durante los mismos. En su edición del día 18, al difundir el boletín oficial de la SSP, indicó que en el mismo no se da cuenta de la participación de las fuerzas del FBI ni de los presuntos heridos, pero recalca que además de la acción ya narrada del individuo que sube la caja a la camioneta en el lugar del operativo, "cuando la droga era pesada ayer en la madrugada en las instalaciones de la PGR en Escobedo pudo observarse la participación de una mujer rubia con apariencia extranjera durante la diligencia". Así, todo indica que ahora, agentes policiacos norteamericanos participan directamente en los operativos en contra de la delincuencia organizada, lo cual al margen de que sea coordinadamente con las autoridades federales, significa una violación de soberanía nacional, pues la responsabilidad de mantener la seguridad y castigar la comisión de delitos en territorio nacional es exclusivamente del Estado mexicano, salvo que éste se declare incapaz y abdique de dicha responsabilidad a favor de organismos internacionales o fuerzas policiacas extranjeras. El combate al crimen organizado ha sido recurrente en mis colaboraciones, ya he señalado la importancia de replantear la estrategia y de acompañar las acciones de combate frontal, con una estrategia más integral y global, donde la labor de inteligencia, promoción de una nueva cultura política y la participación ciudadana deben jugar un papel central. El haber incorporado al Ejército en el rol protagónico del combate a partir del 11 de diciembre de 2006, es decir, 10 después de la toma de posesión del Presidente Felipe Calderón, implica, al menos, dos riesgos que hay que valorar más detenidamente: uno, que ya he comentado en otras colaboraciones, el quedar inermes ante el crimen organizado si fracasan las acciones del Ejército o, al menos, no tienen los resultados esperados, pues se agotó la máxima instancia en la primer jugada; y, dos, el riesgo de pérdida de libertades y vigencia de garantías individuales, que se corre siempre que se involucra a la milicia en acciones de seguridad pública. Es un hecho que los cuerpos militares son preparados para la guerra y el combate y, por lo mismo, ellos no vacilan en privilegiar la disciplina y el orden, incluso en detrimento de las libertades (de tránsito, de asociación, de expresión, etc.) y, obviamente, de la vigencia de ciertos derechos fundamentales, como ya ha sido evidente a consecuencia de algunos operativos. Precisamente por ello, la recomendación general de los expertos es recurrir únicamente en casos excepcionales, por tiempos breves y predeterminados y para acciones bien definidas. En este caso no se han respetado estos criterios y a más de 22 meses de la decisión, siguen en el frente de batalla y todavía no se sabe hasta cuándo. El riesgo señalado está latente y crece conforme se prolonga y amplía su participación. Pero no sólo se ha recurrido al Ejército, también se recurre al auxilio del vecino país del norte. Primero fue el debate sobre la extradición de los capos de la droga a las cárceles norteamericanas, la primera aceptación de la medida fue el 14 de enero de 1996, cuando el entonces líder del cártel del Golfo, Juan García Ábrego, fue detenido en una casa de seguridad en Ciudad Benito Juárez, Nuevo León, y entregado, sin mediar mayor trámite legal, a las autoridades norteamericanas para que lo encarcelaran y procesaran. Después la extradición de nueve de los principales jefes del narcotráfico el 19 de enero de 2006, entre los que se encontraban: Osiel Cárdenas, también del cártel del Golfo; los hermanos Higuera Guerrero, del cártel de Tijuana; y Héctor "El Güero" Palma, Miguel Ángel Arriola y Saúl Saucedo, del cártel de Sinaloa. Pero después de éstos nueve, sin hacer tanto ruido, han enviado a otros 25 más en el presente sexenio. Todavía, después vino la discusión por la Iniciativa Mérida, que otorgará apoyos en especie (equipos de inspección no intrusiva, aeronaves, equipo informático y de procesamiento de datos, telecomunicaciones y distintas técnicas de investigación, programas de capacitación y perros adiestrados para detectar sustancias y materiales ilícitos, entre otros) de 400 millones de dólares en el primer año. Y que, de acuerdo a las declaraciones del Secretario de Gobernación, el Gobierno norteamericano aceptó entregar en términos "respetuosos de la soberanía y de la jurisdicción de ambos países"; y según, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, no implican la presencia de efectivos militares estadounidenses en territorio nacional. Sin embargo, ahora de acuerdo a la información divulgada, y no desmentida, sí implica la presencia de policías federales norteamericanos, lo cual es mayor pérdida de soberanía que la pretendida certificación sobre la vigencia de los derechos humanos, que motivo el rechazo de la primera versión de la Iniciativa Mérida. Si ya era importante revisar y replantear la estrategia de combate al crimen organizado del Gobierno federal por el alto costo en vidas humanas e inseguridad, a la luz de los riesgos que implican la presencia del Ejército y, ahora, el FBI es imperativo hacerlo antes de que sea demasiado tarde. Lo menos que debemos exigir es una información y justificación clara y precisa sobre la presencia del FBI en los operativos. Es un hecho que su presencia, como antes la del Ejército, no logró el propósito de intimidar a la delincuencia organizada, pues en respuesta a los operativos del jueves, los delincuentes ya entregaron los cuerpos de cinco militares muertos con arma blanca. Así no se logran los resultados esperados, pero sí se expanden los riesgos que su presencia acarrea
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