¿PRECIPITAR LA FISCALIZACIÓN?

RICARDO BECERRA

Si hemos de creer en los dichos y las denuncias de la Coalición Movimiento Progresista -a estas alturas- lo decisivo, lo importante, lo que falta para calificar la elección de julio –dicen- es una indagatoria acerca de esa millonada malhabida, pregonada en decenas de conferencias de prensa y que habría sostenido la campaña del PRI y su candidato presidencial.

En tales circunstancias, afirma la Coalición, el IFE debe apurar la investigación, debe “limpiar el cochinero”, de modo que los magistrados del Tribunal Electoral tengan todos los elementos para evaluar las condiciones de la competencia política pasada. Y lo debe hacer también, para no pecar de pereza y no ser cómplice de un fraude costoso y maquinado que –han dicho- inyectó la friolera de ¡4 mil 599 millones de pesos! (cifra manejada por algunos de los albaceas del movimiento y consagrada en el texto “Fraude 2012”, repartido por millares en las últimas semanas). 

Bien. Estas denuncias fueron interpuestas a mediados de junio pasado y el IFE las ha tomado en serio y por sus cuernos.

Subrayo: todas las denuncias (no sólo las presentadas contra el PRI, sino contra el propio Movimiento Progresista) para ofrecer un resultado cierto, serio y en el menor tiempo posible.  

Pero ¿qué es lo que hace el IFE en estos casos? Típicamente, avanza por un proceso de siete pasos, siete etapas obligadas por la ley y por cualquier procedimiento respetable de fiscalización y auditoría. Veamos.

Lo primero es revisar que los números cuadren, es decir, recibir y escudriñar en los papeles contables, de modo que cada ingreso, gasto, factura, contrato, etcétera, esté reflejado en los documentos del partido y del candidato, y que todos estén ubicados en los rubros permitidos. A los más desesperados, hay que recordarles que no estamos hablando de unos pocos pesos, ni de una sola campaña, sino de 628 campañas multiplicadas por cada uno de los partidos políticos en contienda.

¿Por qué? Porque la campaña de Peña Nieto, por ejemplo, no ocurrió en soledad ni en el vacío, sino envuelta por 500 candidatos a diputados y 128 a senadores. Cada uno tuvo erogaciones permitidas y topes que respetar. Cada uno debe probar la legalidad fiscal de sus gastos. A veces un acto de campaña corre a cuenta del presidencial, a veces es cofinanciado por dos o más candidatos a diputados y senadores, y lo mismo ocurre con espectaculares, pendones, volantes, etcétera. Es decir: el IFE debe corroborar la autenticidad de cada gasto y debe ubicarlo en el cajón adecuado para sumar correctamente.

Una vez que ha realizado esta labor, el IFE llama a cada partido para que solvente dudas y aclare cuestiones polémicas. Insisto: no se trata de una parsimonia burocrática, sino de procedimientos que cualquier auditor está obligado a respetar, justamente porque quiere hacer sólida e incontrovertible su propia investigación.    

Luego viene una etapa aun más laboriosa: los gastos y los ingresos, deben ser contrastados, ya no con la contabilidad misma del partido, sino con los agentes que se supone saldaron las operaciones más importantes. De esa suerte, los movimientos y los ingresos reportados en sus cuentas deben ser cruzados con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y los gastos, deben ser corroborados por las empresas proveedoras, las que brindaron bienes y servicios a las campañas.

Se trata, sí, de un océano de papeles, pero el IFE no puede trabajar de otro modo que no sea la meticulosa comprobación de cada uno.

El cuarto paso es la elaboración de un dictamen preliminar, para cada campaña. Acto seguido, el IFE convoca a cada partido (derecho de audiencia) para que aclare o corrija las afirmaciones o imputaciones del dictamen y, finalmente, si es que el partido pudo enmendar errores, el IFE da paso a la confección de su dictamen definitivo que deberá conocer el Consejo General.

Vuelvo a decir: no se trata de un modelo deliberadamente tortuoso: así son todas las auditorías, todos los procesos de fiscalización que se respeten, en México y en el mundo. 

Ahora bien, el IFE puede actuar acicateado por una denuncia o una queja que le abra una compuerta más rápida y que le permita saltar los procedimientos y las formalidades descritas arriba.

Lo puede hacer, por supuesto y está previsto en ley… si quien se queja es capaz de poner sobre la mesa algo más que una multitud de objetos inconexos (declaraciones, notas periodísticas, relatos, fotos, anafres, cobijas, estufas, machetes, picos, palas, tarjetas telefónicas, de crédito, de débito, etcétera) todos dispersos, que pueden ser indicios de algo, pero que –a pesar de todo- el IFE ha tomado en serio. 

En esas estamos: elementos y objetos, números de cuentas, conferencias de prensa y un alegato articulado por los dirigentes de la Coalición, pero no una reconstrucción documentada que compruebe un supuesto enorme fraude, las montañas de dinero arrojadas a la campaña tricolor.   

Que eso haya ocurrido –o no- debe documentarlo y demostrarlo el propio IFE, precisamente porque la Coalición no lo hizo. Debe ir en busca de pruebas, piezas del rompecabezas, debe interrogar a cientos de personas, instituciones y organismos, debe comprobar cada una de sus afirmaciones y debe hacerlo discretamente para no afectar a quien no haya tenido vela electoral ni en el dinero que la soportó.

Y lo mismo aplica para el caso Soriana, que el Caso Monex, que las supuestas aportaciones ilegales a Morena y a “Honestidad Valiente”. 

El IFE no es un mago que resuelva casos con el sombrero y el pase de declaraciones o de “indicios”. Al IFE debe exigírsele seriedad, rigor, respeto puntilloso a los procedimientos, es decir, debe exigírsele una fiscalización bien hecha.

Ya lo apuntaba Rushdie en su “Mar de historias”: no hay mejor instrumento del demonio que la precipitación, “la forma segura por la que fracasan los hombres”. Aplica a la fiscalización.