¿Y NUESTRO FEDERALISMO?

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

Nuestra Constitución dispone en su artículo 40 que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república federal. Esta decisión es la más importante determinación estructural de nuestro orden jurídico.

Sencillamente, establece qué formas de actuación corresponden a qué autoridades y cuáles de sus actos podrán anularse en caso de que no se respeten tales delimitaciones. En el fondo, el sistema federal no es más que un gran orden competencial, dado que cada una de las partes en que se divide cuenta con unas reglas bastante precisas de asignación para realizarse, básicamente, en espacios territoriales delimitados: la

federación en todo el territorio nacional y los estados, el Distrito Federal o los municipios, en aquel que les sea propio.

El modo como se halla establecido el sistema federal en nuestra Constitución es relativamente simple: a la federación le corresponden facultades expresamente señaladas en ella y a los estados todo lo que no les esté asignado en aquella; al Distrito Federal lo expresamente señalado en la Constitución y lo no asignado a los órganos federales; finalmente, a los municipios lo expresamente previsto en el texto constitucional. Los problemas que suelen darse en cualquier sistema de descentralización de competencias, como lo es el federal, no se dan por lo general a este nivel generalísimo de asignación, sino en el de su aplicación..

Que la Constitución disponga, por ejemplo, que la salubridad general de la república es una competencia exclusiva de la federación implica cuándo se está frente a un tema general y cuándo no, pues en este segundo caso corresponderá a los estados actuar en ella. Si al Congreso de la Unión le corresponde expedir las leyes necesarias para distribuir la función educativa entre la federación, los estados y los municipios, es necesario identificar cuáles son los límites legislativos de ese órgano y cuándo se ha invadido la esfera de competencias de los propios estados o municipios.

A diferencia de lo que comúnmente se cree, el problema de delimitar las competencias entre los órdenes normativos mencionados no es un ejercicio teórico ni, mucho menos, divertimento de abogados. En el asunto hay un fondo de mucha mayor importancia: saber quién, cómo y para qué regular conductas humanas. Si, por seguir con los dos ejemplos utilizados, a la federación o a un estado le corresponde generar las normas en materia de salubridad, entonces, y por obvio que parezca, ello no podrá ser realizado por los estados, el Distrito Federal o los municipios. Si la forma de distribución de la función educativa es en un estado de un signo valorado como más favorable que en la federación, o viceversa, ello resulta irrelevante para el orden competencial que le da sustento a nuestro orden federal.
Además de los problemas a que da lugar el lenguaje constitucional, inherentes por lo demás a cualquier actividad que parta de la interpretación de un texto, existen otros que complican el funcionamiento de nuestro sistema federal. Ante todo, porque es producto de reformas y adiciones hechas en condiciones coyunturales y, por lo mismo, de muy poca comprensión general. Al incrementarse los problemas de seguridad pública, se reforma el sistema nacional sin tener en cuenta las categorías ni los alcances que un sistema de coordinación tiene en nuestro marco constitucional; al considerarse relevante cierta enfermedad se le incorpora a la ley y sin mucha lógica se asigna a la federación o a las entidades federativas.

Días como los que vivimos, posteriores a una elección compleja, son propicios para valorar lo que se ha hecho bien y lo que debiera corregirse antes de que los nuevos titulares de los órganos representativos asuman sus funciones. En este contexto, me parece que el federalismo es uno de los temas que debiéramos poner en primer lugar de la reflexión. He tratado de explicar de un modo básico sus condiciones de funcionamiento y algunos de sus problemas. Sin embargo, y para efectos de llamar la atención, puedo decir que nuestro federalismo, además de los problemas semánticos que le son inherentes, se ha construido con mala técnica desde hace varias décadas. Ello no es lo más grave. Para mí, y usando una expresión coloquial y evocadora, lo delicado del asunto es que está roto. No soy de los que creen que estemos asistiendo a un problema de neofeudalismo por la mera generación espontánea de una clase particular de gobernantes. Más bien, creo que se trata de un problema derivado de la falta de asignación de competencias y/o de una muy confusa asignación de ellas.

El sistema federal que tenemos propicia que en muchos casos a nadie le corresponda la realización de ciertas funciones, o que otros varios la compartan sin claridad de ejecución, o que en otros más no sea posible la vigilancia del cumplimiento de las normas o del gasto de los recursos, por ejemplo. Revisar a fondo el sistema federal es, me parece, una cuestión esencial de nuestro futuro. No es un mero problema formal, ni una cuestión para pasar el rato. Dado el sentido completamente estructural y estructurante de la totalidad de nuestras relaciones, es un tema sustantivo. Este problema no se limita a arreglar sólo la seguridad pública, ni los asentamientos humanos, ni la educación. Se trata de discutir el todo federal a fin de generar un modelo nuevo en el cual, la seguridad, los asentamientos o la educación, por ejemplo, encuentren una racionalidad y permitan, al final de las cosas, una gobernabilidad efectiva y democrática.