JULIO JUÁREZ GÁMIZ
A nadie le gusta perder y menos cuando siente que su derrota fue injusta. La premisa de fondo es sencilla por demoledora. Cuando la competición llega al límite lo primero en quebrarse son las reglas del juego. Le he visto desde el primer día de iniciados los Juegos Olímpicos en Londres.
Rectificaciones, conteos equivocados, inequidades arbitrales, anulaciones inexplicables. Las reglas van cediendo ante el crescendo de las hostilidades. Como plástico quemado se deforman en remedos de su idea original.
Un poco lo que sucede con el Cofipe y la Constitución que salen de paseo con su pulcritud argumentativa en medio de un feroz lodazal electoral. Plazos, pruebas, impugnaciones.
En unas semanas el Tribunal Electoral dará a luz la Validez Electoral y como progenitor orgulloso presumirá a su retoño.
Al igual que hace seis años habrá los que la reciban con los brazos abiertos aliviados por su llegada y quienes renieguen de ella como si se tratase del mal agüero de un muy probable apocalipsis nacional.
El nuevo "fracaso" de la legislación electoral motivará su reedición en versiones más punitivas y envalentonados discursos. Imaginemos. Mayores serán los castigos por cooptar el voto de ciudadanos acostumbrados a ser botín político de cualquier partido político. Más severas las restricciones a encuestadores "mafiosos" que lucran lavándole el cerebro a las personas. Castigos también para periodistas sin escrúpulos que dicen lo que piensan sus patrones. Lo mismo para medios de comunicación que venden tiempo aire en su pantalla al mejor postor. Pero que a los políticos nadie los toque. Que a los beneficiarios de estas malas prácticas los dejen editar tranquilos la nueva ley. Ya ellos irán tejiendo la trampa de manera simultánea.
Al Tribunal no le podemos pedir nada menos que fallar con argumentos que brinden certeza jurídica al proceso. Al final del día nadie quiere un nuevo gobierno montado en los alfileres de la sospecha. Sin embargo, parecería que en México entendemos a la democracia como la posibilidad de habitar un lugar políticamente incoloro. Un espacio sin consensos ni acuerdos. Una cadena de pequeñas imposiciones que, vaya exasperante sumatoria, dan como resultado un país de demócratas.
Pero las señales que apuntaban al conflicto poselectoral se encendieron hace años desde instituciones y foros esencialmente democráticos. Pongamos el caso del Congreso de la Unión en donde ningún partido político hizo suya la iniciativa para reformar el entramado legal que da forma y fondo a la administración del poder político en México, ¿qué habría pasado en caso de haberse aprobado la segunda vuelta como un mecanismo democrático para generar mayorías más robustas (Peña Nieto gobernará con el respaldo de poco más de un tercio del electorado). ¿O si la ‘perversión’ plurinominal hubiera sido ajustada no a un criterio de representación política sino de efectividad parlamentaria? Menos diputados y senadores pero con métricas de desempeño más exigentes.
Y qué decir de la perpetua omisión de la clase política por regular la compra de publicidad con el dinero de los contribuyentes, justificada desde la absurda rendición de cuentas publicitaria y una pretendida política de comunicación social que pone al ciudadano en primer lugar.
Sumémosle el calculado letargo de los poderes legislativo y ejecutivo para corregir la marcada concentración en el mercado de la radio, la televisión y las telecomunicaciones y podemos entender por qué las televisoras se convirtieron en argumentos diferenciadores a lo largo de la campaña. Sí: el #YoSoy132 inició como un movimiento de consumidores insatisfechos con quienes proveen un servicio que, lo dice la Ley Federal de Radio y Televisión, constituye una actividad de interés público y, en consecuencia, obedece a una función social.
Falta un mes para la instauración de una nueva legislatura en ambas cámaras del Congreso. Más que una nueva reforma electoral, necesitamos entrar al tema de fondo en dos elementos indispensables para la construcción de un Estado más transparente y responsable: una reforma política que retome la discusión de, entre otros temas, la reelección legislativa y la segunda vuelta; y una reforma integral en materia de comunicación que armonice los principios de la libre empresa con la rendición de cuentas, que sea capaz de garantizar diversidad y competencia en la oferta de contenidos y en el acceso a nuevas tecnologías de la información. Así de alto debe ser el rasero para evaluar a nuestros representantes populares.
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