LA MILICIA DESAFORADA

PEDRO SALAZAR UGARTE

Usted ¿cómo respondería el siguiente reactivo?: Con las decisiones de la SCJN en materia de fuero militar: A la Corte revisa y corrige sus propias decisiones; B la Corte acata sentencias de la una Corte Internacional; C la Corte desplaza a los legisladores; D la Corte complica la estrategia de lucha contra el crimen; E todas las anteriores. Si tachó la última opción, acertó. Veamos por qué.

La propia Corte hace algunos años había avalado la constitucionalidad del fuero militar. Con interpretaciones improbables y votaciones divididas determinó que el artículo 57 del Código de Justicia Militar que permite que los militares que cometen delitos en los que están implicados civiles sean juzgados por tribunales castrenses y el artículo 13 de la Constitución que lo prohíbe expresamente no eran contradictorios. Ahora, con las decisiones de estos días, los ministros están cambiando ese absurdo criterio. 

Así que la opción A es correcta. Detrás de este viraje está la sentencia del caso Radilla de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y otros tres casos en los que se condenó al Estado mexicano y se le ordenó, entre otras cosas, reformar el artículo legal antes mencionado. Así que también la opción B es atinada. Y, como la instrucción de la Corte Interamericana exigía una reforma legal que el Congreso de la Unión nunca realizó, la respuesta C es buena. De hecho, con estas decisiones, los jueces subsanan una omisión legislativa. Y esto no le gustará a las Fuerzas Armadas, porque ahora sus integrantes pueden ser juzgados, condenados y castigados por la justicia civil. Esta eventualidad, previsiblemente, activará resistencias ante la estrategia de combate a la criminalidad. Así que, si consideró que la opción D era la correcta, tampoco erró.

Este viraje grávido de consecuencias fue posible por dos factores. Uno es la intervención de la Corte Interamericana, porque sus decisiones fueron el pivote de la mutación en la interpretación de los ministros. De hecho, la sentencia Radilla podría activar una eventual declaratoria de inconstitucionalidad de la militarización en su conjunto, lo que pondría a la administración calderonista en una situación muy vulnerable. Hoy la legitimidad legal de la decisión que puso a los militares en las calles pende de cuatro interpretaciones de la Corte que son tan endebles como las que sostenían al fuero militar. Así que el cambio en la interpretación de los jueces -como ya anunció uno de los ministros- podría ser de gran calado. El segundo factor que explica que esto sea posible tiene que ver, precisamente, con las personas. Sin la voz y los argumentos de los ministros que se han incorporado en los últimos años al pleno de la Corte, estos cambios no habrían tenido lugar. Y no porque ellos formen un bloque ni porque estén de acuerdo en todo -sus votaciones en casos delicados demuestran lo contrario-, sino porque aportan argumentos y puntos de vista nuevos sobre asuntos que se habían discutido antes, sin su presencia. De ahí la importancia de la renovación periódica de los jueces.

Por lo pronto, lo cierto es que Calderón dejará a los militares fuera del cuartel y desaforados. Ello sucederá cuando algunos altos mandos del Ejército son acusados de complicidad con el crimen organizado y mientras las denuncias por abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas están en aumento. Vaya paquete para el nuevo gobierno. Peña Nieto -si el Tribunal Electoral avala su triunfo- tendrá que lidiar con esta compleja ecuación que él no provocó, pero que hereda con todas sus consecuencias. Y, para hacerlo, debe aferrarse a la agenda de los derechos humanos. No sólo porque eso es lo que ordena la Constitución, sino porque hacia allá soplan los vientos de la justicia. De hecho, aunque parezca paradójico, es la mejor maniobra para blindar a la milicia.