FRENANDO ABUSOS*

MARÍA AMPARO CASAR

Frenar abusos y ampliar derechos son el denominador común de las iniciativas de reforma de esta temporada. Son caras de la misma moneda. Las dos hablan del atraso de nuestra democracia y quizá -dependerá del resultado final- de las ganas de superarlo.

Las reformas aprobadas -solo la educativa- o en puerta -todas las demás- revelan la radiografía de la sociedad y la política mexicanas. Una sociedad cargada de privilegios gracias a las concesiones que a lo largo de muchas décadas fue otorgando el Estado y a los abusos que han cometido sus beneficiarios al amparo y con el contubernio de quien concedió esos privilegios. Una clase política que se ha despachado con la cuchara grande y que ha gozado de impunidad porque también se ha dotado a sí misma de privilegios que no caben en una democracia.

La reforma educativa busca establecer el derecho a tener una educación de calidad y para ello encuentra necesario frenar los abusos en los que incurrió el SNTE al ser receptor de recursos millonarios que se gastan sin recato y sin rendir cuentas a los agremiados, al asignar a decenas de miles de maestros a labores distintas a la de la enseñanza, al permitir la venta o herencia de plazas, al propiciar una carrera magisterial al margen del desempeño, al apropiarse de la política educativa pidiendo y obteniendo puestos en la estructura de la SEP y controlando las Secretarías de Educación de los estados.

La reforma a la ley de amparo obedece a la necesidad de frenar los abusos cometidos por los particulares que, al obtener la suspensión del acto de autoridad contrario a sus intereses, logran prolongar de manera casi indefinida sus privilegios, impiden el cumplimiento de la ley y anulan la efectividad de una política pública. Con ello el Estado recupera el derecho a determinar la política pública en los sectores de la economía que funcionan en regímenes concesionados.

La reforma al fuero de los funcionarios públicos y autoridades electas tiene su origen en la distorsión y el abuso que de esta figura se ha hecho y que más que salvaguardar el derecho a manifestar sus opiniones con entera libertad como era su propósito original les ha otorgado inmunidad/impunidad por la comisión de actos delictivos colocándolos por encima de la ley.

La reforma a la contabilidad gubernamental tiene como propósito detener el abuso que los gobernadores han hecho de los recursos públicos y que potencialmente regresa a los ciudadanos el derecho a conocer en qué se gastan sus impuestos y a llamar a cuentas a sus gobernantes. La misma intención tiene la iniciativa para poner condiciones y límites a la adquisición de deuda de los estados. Aquí se tutela el derecho de los ciudadanos a que su futuro no quede empeñado porque un gobernador decidió endeudar a las generaciones por venir.

La reforma al IFAI pretende sumar a sindicatos, partidos y Congreso a la red de sujetos obligados y con ello ampliar el derecho a la información y detener la utilización discrecional o de plano la malversación de fondos públicos.

La reforma a las telecomunicaciones ambiciona moderar las prácticas monopólicas y así restablecer el derecho de otros empresarios a participar en un mercado en ascenso, a la ciudadanía a acceder a la banda ancha y a extender el derecho a la información. Una reforma que quiere restituir la facultad del Estado para definir el rumbo de la política en telecomunicaciones y cuya definición ha cedido a un puñado de empresarios.

Con estas reformas el Estado -incluidos el Ejecutivo y los órganos autónomos- recupera instrumentos y capacidades pero, ojo, también adquiere responsabilidades. La primera de ellas es la de no cometer abusos porque, no se nos olvide, estos nunca han sido propiedad exclusiva de los privados. Los instrumentos que ha recuperado el Estado no son neutros: lo importante es qué se hace con ellos; cómo y para qué se usan. Pueden utilizarse para deshacerse de un liderazgo sindical incómodo y suplantarlo por otro afín pero igualmente pernicioso o para transformar el sindicalismo; pueden servir para acosar a las empresas mediáticas actuales y beneficiar a nuevos grupos económicos o para propiciar la inversión y la competencia; pueden usarse para someter a las entidades federativas o para incentivarlas a entrar a un régimen de responsabilidad; para someter a los funcionarios públicos al régimen legal o para perseguirlos. En fin, pueden servir sólo como instrumentos de poder, prestigio político y legitimación o como instrumentos de transformación.

*Reforma 19-03-13