miércoles, 20 de marzo de 2013

PARTIDOS Y CUOTEO*


JORGE ALCOCER

Por si alguien tiene dudas sobre la forma como en algunos partidos políticos se actúa en la elección de consejeros electorales, o de integrantes de otros organismos públicos colegiados, remito a la nota publicada por el reportero Óscar del Valle, en la sección Ciudad de este diario, el pasado viernes, a propósito de la obligada sustitución de Luigi Paolo Cerda, consejero del Instituto Electoral capitalino (IEDF), destituido por la Sala Superior del TEPJF.

"En la selección de los siete consejeros, al PRD le tocaron cuatro, dos de ellos eran de IDN, y uno de ellos fue Luigi, por lo que nos toca elegir al nuevo consejero" (p. 5). El diputado local declarante, "que prefirió omitir su nombre", pertenece, es obvio, a la tribu que pastorea René Bejarano, Izquierda Democrática (sic) Nacional, a la que también tocó poner a la presidenta del IEDF, Diana Talavera, la que anunció que el destituido será recontratado como director en el propio Instituto.

El reparto de consejeros por cuotas partidistas se acentúa cuando, como es el caso del DF, un partido puede, por sí mismo o con sus aliados, alcanzar la mayoría calificada de votos que se exige para las designaciones. En este Fuenteovejuna, al PRI y al PAN les correspondió, a cada uno, un consejero; el séptimo fue producto del acuerdo de los demás partidos, que probablemente usaron el imparcial método del volado para decidir a quién le tocaba.

En la capital, cuyo gobierno es, desde 1997, la joya de la corona del perredismo, las cuotas tribales afectan todos los niveles de la administración. Hace poco un amigo, recién nombrado para un alto cargo, platicaba la imposibilidad de integrar su equipo de trabajo con personal calificado, las plazas están ocupadas por personas amparadas por las tribus; no hay forma de obtener sus renuncias.

El cuoteo ha terminado por afectar a la mayoría de los institutos electorales, y en no pocos casos, a los tribunales locales en esa materia. Hay registro de casos extremos, como el de un diputado local que hizo a su esposa consejera electoral, o de otro dirigente partidista que canjeó el voto de sus diputados por un cargo jurisdiccional... para su esposa. En el caso del IFE la experiencia más negativa se vivió en octubre de 2003, cuando ante la cerrazón de la bancada perredista, PRI y PAN decidieron repartirse ocho lugares, dejando uno para el Verde, lastimando la fama pública de los así nombrados.

Para lavar sus propias culpas, los partidos integrantes del Pacto por México han propuesto, en la iniciativa de telecomunicaciones, que los comisionados de los órganos reguladores en esa materia y en competencia económica sean designados mediante un procedimiento en el que habrán de intervenir, como proponentes, los titulares del Banco de México; el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que integrarán el Comité de Evaluación de aspirantes, les aplicarán un examen de oposición, los calificarán y remitirán al Presidente un mínimo de 3 y un máximo de 5 candidatos por cada vacante. El Ejecutivo nombrará a los comisionados y al comisionado presidente, con ratificación del Senado por mayoría calificada, con una cláusula de salida que, en un extremo, permitirá al Presidente hacer la designación de manera directa.

Algo parecido, pero de manera extra legal y sin intervención presidencial, ocurrió a fines de 2011, cuando los coordinadores de los diputados solicitaron a 4 personalidades elaborar propuestas para elegir a 3 consejeros electorales del IFE, después de 13 meses sin acuerdo. Ante ese antecedente, a la luz de la iniciativa antes señalada y ante la eventual transformación del IFE en Instituto Nacional Electoral, hay quienes adelantan la idea de adoptar el novedoso procedimiento, para la designación de, al menos, 3 consejeros electorales y el consejero presidente, antes de que termine octubre de este año.

Pero mientras los partidos no modifiquen sus conductas, no habrá norma constitucional que impida el cuoteo. En cambio, hacer públicas las deliberaciones en las juntas de coordinación política y que cada candidato sea evaluado en sus méritos, no en razón del origen partidista de la propuesta, podría ser más efectivo que seguir llenando la Constitución de barroquismos angelicales.

*Reforma 19-03-13

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