MENTIRA SISTÉMICA*

ANA LAURA MAGALONI

La semana pasada, la CNDH presentó una denuncia ante la PGR contra dos agentes del Ministerio Público federal y 15 agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación, entre los que destacan Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino. El motivo de la denuncia, según el presidente de la CNDH, es que la PGR investigue los presuntos delitos en que incurrió el personal policiaco que participó en la detención de Florence Cassez. No sé si la denuncia prospere o no y desconozco las motivaciones políticas de la misma. De lo que sí estoy segura es que muchas de las irregularidades del caso Cassez son sistémicas. Es decir, una y otra vez -no sólo en el caso Cassez- la policía comete abusos en el proceso de detención que el MP y el juez avalan sin pestañear. Nuestro sistema no va a cambiar por sancionar a algunos funcionarios. La apuesta, me parece, debe ser reconstruir el sistema de pies a cabeza para que tenga el grosor institucional suficiente que asegure que el castigo penal sea creíble, técnico (no político) y de acuerdo a ciertos estándares básicos de debido proceso.

El caso Cassez ilustró una de las características más perversas del sistema penal mexicano: la mentira y la simulación como método de trabajo. Es cierto que no es frecuente que la policía arme montajes mediáticos. Lo que es absolutamente sistémico es que mienta y falsee información. Uno de los principales desafíos de la reforma a la procuración de justicia en México pasa por resolver los graves problemas que existen en torno a la simulación, la mentira y la desconfianza. Todos los operadores del sistema operan bajo el entendido que no es un valor institucional el apego a la verdad. Así, por ejemplo, el Ministerio Público puede ordenar a la policía judicial que lleve a cabo determinada diligencia y la policía presenta un informe por escrito en donde señala que no obtuvo la información que se le solicitó, aunque en realidad no haya siquiera hecho el intento. También el Ministerio Público le puede ordenar a un perito que se traslade al lugar de los hechos a realizar la criminalística de campo y el perito lleve a cabo su dictamen con la sola información del expediente y sin haber ido nunca al lugar de los hechos. Asimismo, el Ministerio Público, al momento de tomar la declaración del detenido, escribe en forma rutinaria que antes de que declarara el detenido se le informaron cuáles eran sus derechos constitucionales, pero en realidad no fue así. También, cuando el detenido confiesa su participación en los hechos delictivos, el Ministerio Público señala por escrito que estuvo asesorado por el defensor público como lo dispone la Constitución, pero en realidad dicho defensor nunca estuvo presente y sólo pasó a firmar en otro momento las constancias respectivas.

Así, la simulación y la mentira forman parte de la cultura institucional. El procedimiento escrito es el vehículo para ello. Todos los operadores del sistema saben que la información contenida en los legajos de papel de la averiguación previa no corresponde a la realidad, pero no importa. Jurídicamente el MP tiene fe pública y ello significa que, salvo prueba en contrario, el juez debe tomar como verídico todo lo que el MP asienta en el expediente durante la fase de investigación.

Esta cultura de la simulación y la mentira es una herencia del autoritarismo. Desde sus orígenes, la procuración de justicia se diseñó para ocultar lo que sucedía todos los días en los sótanos de esa institución. El Ministerio Público se dedicaba a simular un proceso investigativo que nunca había existido y a ocultar la enorme arbitrariedad con la que operaba la policía judicial. El juez, por su parte, simple- mente ratificaba ciegamente la acusación. Todos sabían que el proceso era una mentira, que los legajos de papel eran falsos, pero, parte de la función que tenían que desempeñar, era simular que no era así.

¿Cómo erradicar la mentira y la simulación del sistema de persecución criminal? Esta pregunta no figura en el debate sobre la reforma de justicia. Tampoco parece ser parte central del debate post-Cassez. Yo creo que ello se debe a que no hemos dimensionado el impacto que tiene la mentira en la calidad de la justicia. No hay sistema de justicia en el mundo que pueda funcionar correctamente si no existe un acuerdo básico de todos los actores de no mentir. ¿Cómo podemos lograr que ello sea posible en México? Estoy convencida de que este es el mayor desafío de la reforma penal y que de la respuesta a esta pregunta dependerá la posibilidad de transformar o no nuestro obsoleto sistema de procuración e impartición de justicia.

*Reforma 23-03-13