CIRO MURAYAMA RENDÓN
La iniciativa de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones propone una transformación importante en el sector, pero sus efectos son mayores pues implica una significativa recuperación de la autonomía del Estado frente a los grupos de interés particular.
Señalo sólo cinco grandes problemas que han subsistido en este campo.
1) Una legislación obsoleta. Las leyes en la materia llevan tantos años sin ser actualizadas que incluso tenemos leyes distintas para telecomunicaciones y radiodifusión. Arrastramos así un fuerte rezago histórico en regulación y definición de derechos y obligaciones de los participantes.
2) En las autoridades reguladoras predominó la discrecionalidad que después se combinó con debilidad. Fueron comunes la autorización opaca de concesiones de frecuencias de radio y televisión, así como el trato (des)favorable contra algún agente privado en particular según las conveniencias políticas del gobierno en turno.
3) Se consolidó una altísima concentración industrial que se tradujo no sólo en elevadas posiciones dominantes de mercado, sino en abusos contra usuarios y competidores, así como en incumplimiento de disposiciones legales.
4) Se desdeñó la importancia de los medios públicos, privando sobre todo un razonamiento de índole político-mercantil en las definiciones estatales en materia de medios de comunicación.
5) Los grandes consorcios se volvieron poderosos no sólo en términos económicos sino políticos, imponiendo sus agendas particulares en las decisiones del Estado. He ahí los ejemplos de la “Ley Televisa”, de la andanada contra la reforma electoral o del poder de veto para que a pesar de la resolución de la Suprema Corte en 2007 pasaran casi seis años sin que se actualizara la legislación.
La iniciativa constitucional se hace cargo explícitamente de estos problemas.
1) Se tendrá una legislación convergente, no separada, para telecomunicaciones y radiodifusión. Pero la legislación no sólo se actualiza sino que incorpora desde su planteamiento constitucional el derecho a la información —que es de los ciudadanos y no de las empresas— así como la libertad de expresión y consagra a las telecomunicaciones como derecho público.
2) Se crea una autoridad constitucional autónoma, colegiada en su toma de decisiones, que determinará la asignación y revocación de concesiones. Este órgano además tendrá capacidad de sanción. Como se ve, el gobierno pierde atribuciones pero se fortalece la regulación del Estado; se empieza a superar el binomio discrecionalidad-debilidad en las decisiones públicas.
3) Ahora el Ifetel tendrá la facultad de declarar agentes económicos preponderantes e incluso ordenar la partición de monopolios. Pero no sólo es un asunto de cuotas de mercado, sino que se consideran obligaciones de los concesionarios para no rebasar los tiempos de publicidad o emitir publicidad engañosa. La autoridad también podrá sancionar prácticas discriminatorias para evitar abusos y barreras frente a competidores. Es decir, se protegen los derechos de audiencias, consumidores e inversores.
4) Se creará una cadena nacional de radiodifusión pública con autonomía operativa y funcional, con una política editorial imparcial —no gubernamental— definida por un consejo ciudadano.
5) La iniciativa de reforma constitucional fue planteada por el presidente con el respaldo de los tres principales partidos políticos, recogiendo en buena medida las demandas y propuestas elaboradas desde la academia y la sociedad civil. No se trata de la reforma confeccionada por el sastre de un poder fáctico, sino de una definición hecha en la órbita del poder político legítimo.
PD. Me hubiera gustado que se prohibiera toda compra de publicidad oficial en radio y TV, pero dada la fuerza de los intereses contra la iniciativa, es hora de no perder lo más por lo menos y de apoyar esta reforma tantas veces vetada.
*El Universal 21-03-13
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