CIRO MURAYAMA RENDÓN
El primer compromiso del Pacto por México es universalizar el acceso a los servicios de salud. Lo anterior obligará a tomar en el futuro cercano decisiones muy relevantes sobre el tipo de sistema a construir, el papel de los órganos reguladores de los servicios, respecto a las instituciones que darán la atención, así como en materia del financiamiento y la inversión a realizar para que la universalización no se quede en el papel.
Por ello es clave un buen diagnóstico de la situación actual de los servicios públicos de salud en el país, tanto los que ofrecen las instituciones de la seguridad social (IMSS, ISSSTE y sus equivalentes en las entidades federativas) como de la Secretaría de Salud y el Seguro Popular. Este último fue la joya de la corona de las administraciones del PAN. Durante el sexenio de Fox se diseñó y se dieron los primeros pasos, y en el de Calderón se extendió significativamente la afiliación. Por ello -y por los malos resultados en los demás frentes- el gobierno de Calderón situó al Seguro Popular en el centro de su estrategia mediática de comunicación social. En el mensaje final a propósito de su VI Informe de Gobierno, Calderón afirmó que se alcanzó "un logro verdaderamente histórico, un logro del que todos debemos sentirnos orgullosos, la cobertura universal de salud que comprometimos: médicos, medicinas, tratamiento y hospital para cada mexicana o cada mexicano que lo necesite."
No deja de ser paradójico que un gobierno cierre afirmando que logró cobertura universal de salud y que el siguiente comience fijando ese mismo objetivo, pues implica reconocer que se trata de una tarea pendiente.
Así lo confirman las afirmaciones de las nuevas autoridades del sector salud en EL UNIVERSAL (5 y 6 de marzo 2013), en el sentido de que se avanzó en la afiliación -sin llegar a ser universal en todo el país- pero no en la misma proporción en más infraestructura y personal médico. Además, la falta de planeación y las deficiencias en el diseño del Seguro Popular, según afirman sus responsables actuales, provocó saturación de los servicios, incrementó la inestabilidad laboral de médicos y enfermeras, favoreció un uso no óptimo de recursos en compra de medicamentos y un control insuficiente de los fondos destinados a salud que llegan a las secretarías de finanzas de los estados.
Cabe decir que en parte estos problemas fueron detectados y hechos públicos desde el sexenio anterior por los propios responsables del Seguro Popular, pero la ola publicitaria definida desde la Presidencia eclipsó un balance más objetivo sobre los logros reales de la estrategia en salud.
Incluso los datos del VI Informe de Calderón evidencian las limitaciones del Seguro Popular en el acceso efectivo de la población a los servicios de salud. Por ejemplo en 2003, cuando no había Seguro Popular, se dieron 88.9 millones de consultas externas a población no asegurada; en 2012 el Seguro Popular dio 84.8 millones de consultas externas (Anexo estadístico VI Informe, p. 309). Esto refleja que mucho de lo que hoy se hace con el Seguro Popular se hacía con antelación a través de la Secretaría de Salud y de los servicios de las entidades federativas.
El mayor mérito del Seguro Popular consiste en que por ley se establece un monto de recursos públicos para la salud de cada mexicano. Ahora es necesario ampliar el financiamiento (el gasto público en salud ronda el 3% del PIB cuando en la OCDE es del 7%) y asegurar que esas cifras aterricen en atención médica real y en mejora de los indicadores de salud poblacional a través de un genuino sistema nacional de salud hoy fragmentado e inexistente.
La salud es tan relevante que no puede reducirse a una estrategia de mercadotecnia política ni a un mero deslinde entre administraciones. Es indispensable un balance a profundidad, bien documentado y público para identificar exactamente dónde estamos y cuánto queda por recorrer.
*El Universal 07-03-13
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