EL PAPA EN MÉXICO

RAÚL CARRANCÁ

"Honestidad, Justicia y Amor"

Qué difícil es ser objetivo cuando uno es un "subjeto" (subjetivo), como decía Unamuno, y respeta la opinión ajena, sobre todo si es emitida por figuras prominentes. Sin embargo, trataré de ceñirme al objeto de mi crítica. La próxima visita del Papa es evidentemente un hecho político (cosa que sucede) aparte de su carácter pastoral (cualidad propia de una cosa o persona). En tal virtud, llama poderosamente la atención, por lo menos, que se diga que sólo es "coincidencia" el hecho de que la visita coincida precisamente con el arranque de las campañas formales. Yo me pregunto, al efecto, si esa clase de coincidencia no debió ser prudentemente ponderada, medida, por las más altas autoridades de la Iglesia Católica para que la visita pastoral de Benedicto XVI fuera exactamente esto, sin el menor tinte de cuestión política. Además, ¿son acaso las fechas electorales las únicas propicias para esa visita? Desde luego doy por descontado que aquella "coincidencia", que no casualidad, la favoreció el Gobierno o, mejor, le cayó de perlas. Por lo tanto, quedan debidamente separados el hecho en sí y su naturaleza o carácter.

Ahora bien, me parece desentonado si no ingenuo decir que se debe evitar a como dé lugar que algunos quieran aprovecharse de la visita papal para sus propios fines electorales. ¿Cómo evitarlo? ¿Tapen el pozo por el peligro de que alguien se ahogue en él? Además, en la especie hay aprovechamiento directo e indirecto, y sin duda es indirecto, por ejemplo, que sabiendo el PAN las propuestas y directrices de la Iglesia en lo tocante a la vida, al aborto, al laicismo y a la libertad de creencias, manifieste su simpatía por la visita del Sumo Pontífice. ¿Y es coincidencia que el episcopado nacional aconseje votar por el partido que está a favor de la vida y de la libertad de creencias y en contra del aborto y del laicismo constitucional? Una cosa es que la Iglesia no sea ajena a la terrible realidad de México y otra muy distinta que sobrepase el espacio de sus feligreses, emitiendo un mensaje a nivel nacional. Se sostiene que el Papa no anda en las nubes sino en la tierra para que nos inflamemos en amor de unos a otros, palabras éstas que seguramente comparte el PAN pero... que coinciden con la República Amorosa de López Obrador. ¿El PRI tendrá también su amor oculto? Por otra parte, un político no puede ni debe dejar de ser un hombre de creencias. Sin embargo, el político representa una corriente ideológica, un pensamiento obviamente político. En este sentido, el político Calderón es Presidente de una República con un Estado laico (Artículo 3º constitucional), con libertad de creencias (Artículo 24 constitucional) y con una manifiesta separación del Estado y las iglesias, lo cual la Constitución reconoce como un "principio histórico" en su Artículo 130. En consecuencia y puesto que el presidente Calderón protestó guardar y hacer guardar la Constitución en los términos de su Artículo 89, deberá tener el mayor cuidado en no profanarla ni violarla. El Papa es jefe de Estado y Calderón lo es. Hasta allí. Lo demás queda en el ámbito sagrado de la conciencia de cada quien. Ojalá, pues, las reuniones entre ellos (hay una prevista en Guanajuato, en la Casa del Conde Rul) sean marcadamente republicanas y ojalá, si es que desea recibir la sagrada comunión de las manos del Papa, lo haga en privado y no con la investidura de Presidente de la República, la que le guste o no es hoy por hoy inherente a su persona. Por último, yo no veo ninguna relación, como se ha sugerido, entre la visita que en 2005 le hizo al Papa el embajador mexicano en el Vaticano y la que en marzo le hará el Papa a México, ya que en la segunda "viene" el Sumo Pontífice a nuestro país en plena campaña electoral, y en la primera el embajador "fue". Así las cosas, deseamos de todo corazón, por el bien de México, que el Presidente de la República guarde la compostura que corresponde a su alto cargo, que candidatos y partidos (en especial el PAN) tengan moderación y comedimiento y que el Papa sepa distinguir, con absoluta claridad apostólica, entre Dios y el César. 

CÓMO NO PERDER EL TIEMPO (OFICIAL)

JULIO JUÁREZ GÁMIZ

Ya el tema de la spotización de las campañas empieza a perder novedad. Hasta los más férreos defensores del actual modelo de comunicación han reconocido la saturación del espacio radioeléctrico. Los efectos en el electorado se verán con el tiempo aunque hoy hasta las campañas institucionales del IFE comienzan a sacar de quicio a la sociedad mexicana. El alto grado de repetición de estos mensajes rebasa rápidamente la curva óptima de efectividad publicitaria y termina generando actitudes negativas hacia la marca (en este caso el IFE) y hacia el comercial (se los dije, se los dije, se los…).

Viene ahora un nuevo tema en la agenda del debate electoral que va más allá de una cuestión administrativa. Se trata de los bloqueos que los concesionarios de la radio y la televisión pueden hacer de las señales emitidas desde el centro del país.  En un mercado televisivo en donde la producción regional o local es prácticamente inexistente y en donde, además, la propiedad de la mayoría de las frecuencias (88%) es propiedad de Televisa o TvAzteca el tema de los bloqueos va más allá de la cuestión electoral. En un país en el que los programas son producidos en el DF y retransmitidos a lo largo y ancho del país y de acuerdo a un mercado mediático en el que el negocio se concentra en la venta de publicidad, la venta del tiempo aire para transmitir comerciales representa la principal ganancia de los concesionarios.

El bloqueo es la capacidad que tiene una estación emisora de impedir que su señal sea retransmitida íntegramente por otra frecuencia de radio o televisión. Esto significa, en materia comercial, que el pautado de comerciales que se integra a la programación de un canal nacional de televisión pueda ser sustituido por otro de factura local. Así, el medio puede vender el tiempo aire para su transmisión nacional y, de paso, revender el espacio en mercados locales al sustituir una publicidad por otra. Esta ha sido una practica común en los concesionarios de radio y televisión y ha permitido generar ingresos en la cadena nacional y en su repetidoras locales. En otras palabras, un mismo programa ayuda a vender dos anuncios de televisión en el mismo espacio.

Lo que la reforma electoral 2007-2008 introdujo e hizo obligatorio a los concesionarios el reconocer la existencia de estos bloqueos e instrumentarlos para transmitir así la publicidad de los partidos políticos en campañas federales (nacionales) y locales. Los concesionarios apelaron desde un principio a la imposibilidad técnica para bloquear su señal argumentando que en una ‘cadena nacional’ todo va empaquetado (publicidad y programación). Lo cierto es que el bloqueo ha sido una practica común entre las televisoras y que su renuencia a realizarlo tiene el claro fin de defender intereses comerciales más que una verdadera imposibilidad técnica.

En este contexto llegó la argumentación de que son 157 las estaciones que se declaran imposibilitadas para bloquear su señal. Al realizar el Comité de Radio y Televisión el nuevo mapa de frecuencias a nivel nacional, el tema volvió a levantar ámpula entre los consejeros del IFE y los concesionarios agrupados en la CIRT. No podemos olvidar el hecho de que fue, precisamente, el argumento de la imposibilidad técnica el punto central de la impugnación que hicieran los concesionarios una vez aprobada la reforma y que el Tribunal desechara en aquella emblemática sesión navideña del 24 de diciembre de 2010.

A final de cuentas se dibuja una innegable paradoja en este debate. Es incuestionable que los bloqueos constituyen la trinchera más fuerte para que los concesionarios evadan la responsabilidad de transmitir el pautado de los spots de los partidos políticos y las autoridades electorales. Pero hoy también es claro que debemos cuestionar la utilidad real de usar el tiempo oficial de acuerdo a un modelo de alta repetición y baja calidad informativa.

Aprovechemos el tiempo aire de mejor manera y establezcamos condiciones de transmisión que tomen en cuenta las necesidades de la audiencia. Hoy el ‘desperdicio’ de publicidad política es exagerado pero, a pesar de ello, regresar a la contratación ‘racional’ de espacios con dinero público sería doblemente equivocado. Hemos dado el primer paso y ahora toca darle un mejor uso al tiempo del Estado en radio y televisión.

NOS ENCONTRAMOS EN UN REAL ESTADO DE EMERGENCIA

GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL

El estado de inseguridad e impunidad en el que se encuentra nuestro país ha provocado la organización de la sociedad civil para exigir la protección de todas las personas en el territorio mexicano.

La audiencia “Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos en México”, realizada el 27 de octubre del año pasado, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco del 143er  periodo ordinario de Sesiones de dicha Comisión fue prueba de ello.

En dicha audiencia participó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Estado de México, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), Litigio Estratégico en Derechos Humanos (I(DH)EAS), Consultoría de los Pueblos Indígenas en el Norte de México (CPINM), Centro de Derechos Humanos para las Américas del Instituto Internacional de Derechos Humanos De Paul University, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS), el Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (BARCA); y representantes del Estado Mexicano.

Los interlocutores de la sociedad civil denunciaron la violación sistemática de los derechos humanos en el territorio mexicano, señalando fuertemente que el estado de impunidad en el que nos encontramos es inaceptable. “Nos encontramos en un real estado de emergencia”, las múltiples violaciones que se han suscitado durante el sexenio actual son alarmantes y van en aumento, afirmaron los representantes sociales.

El Maestro Emilio Álvarez Icaza, señaló que “La emergencia nacional no ha sido asumida”, aunado a que no se han articulado acciones de Estado que reflejen una disminución de las vejaciones suscitadas en los últimos años; “La justicia es la excepción, la impunidad: la regla” —agregó el poeta Javier Sicilia—.

Sin duda, existen serias deficiencias en el diseño de la política pública en materia de seguridad ciudadana en nuestro país. A pesar de los constantes sucesos violentos que se han presentando en el actual sexenio, como el secuestro masivo de migrantes, las matanzas y tiroteos cotidianos o las desapariciones forzadas, el gobierno se sigue resistiendo a seguir las directrices internacionales en dicha materia.

Todo esto nos orilla a preguntarnos ¿en verdad el Estado Mexicano no percibe los grandes errores que está cometiendo?, ¿hasta qué punto el Gobierno se empeñará en seguir en su postura vejatoria de derechos? o, ¿es que no saben gobernar?

Es seguro que el panorama de la actualmente situación en materia de seguridad del país, es más desolador del que se transmite a través de los medios de comunicación, el gobierno ha dejado en una grave desatención a toda la población, e insiste en negar su responsabilidad en las miles de muertes sucedidas en los últimos años.

Los vacíos legislativos en términos de protección a las víctimas; la impunidad como norma; la falta de una fiscalía efectiva y en general de instituciones que procuren realmente la justicia; la nula existencia de una base de datos o estadísticas sobre las defunciones producto de la violencia social, generan que el estado de indefensión, impunidad, violencia sistemática y urgencia social sea perenne.

En el Estado Mexicano, además de imperar la impunidad, impera la corrupción; por ello, se afirma que “si no hay castigos del gobierno a la gente coludida, difícilmente se logrará un estado de paz”. Esto muestra la conexión que existe entre un gobierno democrático, y uno autoritario y represivo que intenta esconder cifras y disfrazar sus políticas bajo falsas estrategias de mercadotecnia gubernamental.

El Estado Mexicano debe atender las demandas de la sociedad; es urgente y necesario que pase de una política de gobierno a una acción de Estado, está obligado a crear las instituciones pertinentes para lograr lo anterior, dotándolas de los recursos suficientes para operar con efectividad.

El Estado debe dejar atrás el tradicional discurso político sin fondo y debe diseñar políticas públicas efectivas cuyo centro sean las personas, tomando en cuenta los fenómenos sociales. Además debe considerar las recomendaciones de la CIDH, y dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos casos reflejan el deficiente Estado de Derecho y el nulo reconocimiento y protección de los derechos humanos en nuestro país.

EL MEDIO AMBIENTE Y EL AGUA COMO DERECHOS HUMANOS

JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ

El pasado 8 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación la adición de 2 elementos constitucionales. Por una parte, el “derecho a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de la persona”; por otro, el “derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico”. De esta manera, al artículo 4° se le agregaron, como ya viene siendo costumbre, dos nuevos derechos humanos de carácter social. Antes de tratar cada uno de ellos, conviene detenernos en su carácter de derechos humanos de contenido social.

Durante años y por distintas razones, cuando se hablaba de “derechos humanos” se aludía a una condición iusnaturalista; a una construcción etérea de fundamento religioso o, al menos, de moralismo ingenuo. El que las cosas hubieran sido así sigue siendo un buen criterio para suponer que aquello que está en nuestra Constitución (y en los tratados internacionales, por ahora los celebrados por el Estado mexicano), no era derecho. Más aún, que lo que se denominan derechos, simplemente por tener el componente de humanos, no lo eran o se trataba de algo incompatible con el derecho.

Si nuestro único marco de convivencia es el derecho positivo y éste, afortunadamente (con todos los matices que se quiera), es democrático, no hay más que reconocer que los derechos humanos son derechos. Pensar las cosas de manera distinta es incurrir en un grave paso ideológico, tan grave como el que se daba para denunciar las operaciones intelectuales que se hacían para ver derechos ahí donde el orden jurídico no los preveía.  

Si se acepta, como creo que debe hacerse, que estamos frente a derechos, podemos avanzar diciendo que son sociales. Esto significa que a diferencia de los llamados derechos de libertad, que en lo general prohíben actuaciones a cargo del Estado, en los sociales se requiere que éste realice acciones positivas.  Es decir, mientras que en un caso el derecho se protege con abstenciones (con los matices que expliqué en la colaboración del 9 de agosto de 2011), en el otro se logra con actuaciones concretas. Para entender esta diferencia, piénsese en los derechos a la libre expresión de las ideas y a la educación gratuita. En aquél, el Estado debe permitir decir cosas, sin censurar previamente ni detener por hacerlo; en el de educación, debe proveer de bienes y servicios materiales a efecto de, precisamente, lograr el proceso educativo.

Partiendo de lo anterior, ¿qué significa jurídicamente la constitucionalización de los derechos, dicho sintéticamente, al medio ambiente y al agua? Desde luego, a que el Estado “haga cosas” con ellos. En primer lugar, que el legislador emita leyes que determinen las formas de actuación de todos los órganos federales, locales y municipales, a efecto de actualizar los contenidos constitucionales. En segundo lugar, que todas las autoridades administrativas creen normas regulatorias que desarrollen los contenidos constitucionales y legales y, adicionalmente, realicen los actos que permitan aplicar las normas generales. En tercer lugar, que los órganos de justicia y, en particular la Suprema Corte, valoren la constitucionalidad de las normas emitidas para anular aquellas que no desarrollen cabalmente los contenidos constitucionales. ¿Qué significa que en la Constitución se establezca el derecho al medio ambiente sano? Ante todo y en las condiciones apuntadas, que las personas deben contar con él, por decirlo así, para lograr su desarrollo y bienestar. ¿Y el del agua? Que se acceda y disponga de ella y que se logre su saneamiento, para el consumo personal y doméstico y de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.  

Habrá quien diga, desde luego, que lo establecido en la Constitución es utópico o, al menos, retórico. No comparto esta posición. Desde luego hay que aceptar que en el presente nuestro medio ambiente y el acceso al agua se encuentran en condiciones francamente preocupantes. La calidad, disponibilidad, previsión y reparación de los bienes protegidos por ambos derechos es lamentable.   Sin embargo, el que se quiera utilizar al derecho es parte de la aceptación sobre lo mal que están las cosas y sobre lo que debiera hacerse para tratar de remediarlas. Para garantizarnos un buen medio ambiente y el derecho al agua son muchas las acciones que habrán de hacer las autoridades y, por su conducto, los particulares. Se tendrán que cambiar conductas, disolver intereses creados, sancionar efectivamente, redireccionar y eficientar el gasto. Nada de ello es fácil, pero saber que se cuenta ya con un derecho constitucional que determina la validez de todo lo que en la materia hagan las autoridades, es un muy buen comienzo.

SOMOS LIBRES NO ACARREADOS

JAVIER CORRAL JURADO

En 1986, al panismo de Chihuahua se le conoció nacional e internacionalmente por su heroica lucha contra el fraude electoral que impuso a Fernando Baeza como gobernador de la entidad.

Fue burdo el fraude y cínica la respuesta oficial ante un reclamo tan simple pero tan trascendente como lo fue la exigencia de democracia. Epica gesta la de los chihuahuenses que lograron desnudar ante el mundo la vileza del sistema priísta en su peor rostro, y fueron valientes las acciones de resistencia civil con que el pueblo enfrentó a los usurpadores. Dos estribillos retumbaron por doquier, en plazas, barrios y colonias: "Barrio sí, Baeza No", y "Somos Libres, No acarreados". Aún adolescente, me tocó ser actor y testigo de aquella afrenta, en primerísima fila. A 25 años de aquel episodio que le marco la vida a miles de familias en Chihuahua, el panismo vuelve a ser conmocionado por varias de aquellas prácticas fraudulentas y es motivo nuevamente de la atención nacional, sólo que ahora con una diferencia: esas trampas de manufactura priísta son puestas en práctica dentro del PAN por algunos de sus actores políticos.

Así como el 3 de julio de 1986 marcó la vida de muchos ciudadanos en mi estado, es posible - sobre todo si no se repara el agravio - que este pasado 19 de febrero deje también honda huella de decepción e indignación entre miles de panistas de mi tierra.

El 19 de febrero, el PAN convocó a un proceso abierto a sus miembros activos, adherentes y simpatizantes en general que tuvieran credencial para votar. Como ya lo había hecho en esta entidad en dos ocasiones anteriores: en el proceso para elegir candidato a gobernador en 2004 y en el 2010. Nos inscribimos tres precandidatos: Cruz Pérez Cuéllar, ex presidente estatal del PAN y autor intelectual y material del llamado “Batopilazo”, así como Carlos Borruel, exalcalde de la capital del estado, participante también de aquella coalición en mi contra y un servidor.

La precampaña duró 60 días, y desarrolló cinco foros regionales de propuestas. Los tres precandidatos hablamos de juego limpio, de los valores del PAN que nos animan y mis competidores ofrecieron públicamente hacer las cosas bien. A lo largo de la precampaña, diversos periódicos digitales e impresos en el estado, así como estaciones de radio, realizaron once sondeos de opinión. En todos, incluso en los medios de mayor animadversión hacia mi trabajo político, obtenía una amplia ventaja sobre mis competidores. En ciudades como Cuauhtémoc los resultados marcaban 64 por ciento de las preferencias, a Borruel en un segundo lugar y a Perez Cuellar un lejano tercer lugar; incluso los sondeos del Diario de Chihuahua y Juárez me otorgaron en sus dos encuestas mas del 50% de las preferencias. Sólo en una encuesta, contratada por el precandidato Carlos Borruel, este obtenía el primer lugar, yo el segundo y Cruz Pérez Cuéllar el tercero.

Pero el 19 de febrero todo cambió. La prometida civilidad de los contendientes se guardó en el cajón, porque se pusieron en práctica varias acciones fraudulentas. La principal de ellas fue el acarreo masivo de miles de personas para sufragar en favor de Perez Cuellar y Carlos Borruel, con el ofrecimiento de despensas y cien pesos por voto.

Se calcula que en esta operación se llevó a votar por ambos candidatos a más de veinte mil personas en todo el Estado que, no solamente no tenían ninguna relación con el partido en términos de simpatía, sino que en su gran mayoría, particularmente en Ciudad Juárez, esas personas pertenecen a diversos seccionales del PRI, como lo documentaron en sus crónicas y fotografías los reporteros del Diario de Juárez, edición 20/II/2012 página 3A.

El operativo de acarreo masivo no solo fue insultante para la dignidad de miles de personas, uno de los principios fundamentales del PAN, sino que se constituyó en una cadena de delitos, pues a la compra y coacción del voto, al condicionamiento a través de una despensa, se le sumó el abierto y descarado rebase de los topes de campaña. Sólo en Ciudad Juárez se tienen fotografías en las que se identifican más de 40 unidades de transporte público urbano, así como la utilización por parte de Borruel, de camiones del Colegio de Bachilleres, institución que depende del gobierno del estado. El acarreo de votantes se dio en todo el Estado, de manera ostensible en los municipios de Meoqui, Delicias, Guerrero, Chihuahua, y el más descarado Ciudad Juárez. En todos estos casos se tienen fotografías, video grabaciones, actas notariales y testimonios escritos de nuestros representantes, así como actas de protesta de los propios funcionarios de las casillas.

Ante la burda maniobra, y toda vez que los camiones esperaban afuera de los centros de votación, se logró recabar testimonios, tanto de las personas acarreadas como de nuestros representantes. Circulan ya varios de esos vídeos por la red y en YouTube bajo el título "cochinero en Juárez 1, 2 y 3...", así como diversos reportajes audiovisuales de "eldiariotv". El notario Público Javier Ignacio Camargo Nassar documentó el acarreo en varios centros de votación.

El plan de acarreo fue concebido con toda anticipación y a ello contribuyó una decisión estratégica para facilitar la llegada masiva. Los centros se colocaron bajo un criterio estrictamente discrecional de la comisión estatal de elecciones que encabeza el crucista Alfonso Valdez Caraveo, se violentó el criterio de que fueran tomados en cuenta los comités municipales. Existen oficios del CDM de Chihuahua, Cuauhtémoc y Cd Juárez donde se hace constar la inconformidad por no haber atendido el criterio de ubicación sugerido por las autoridades locales del partido.

Ante estas evidencias, el CDM del PAN en Ciudad Juárez sesionó de manera extraordinaria el lunes 20 de febrero, con la asistencia de 17 de sus 18 integrantes, en forma unánime determinaron solicitar la anulación de todo el proceso para la elección de los candidatos al Senado. Sumado a lo anterior, los centros se publicaron con direcciones distintas a donde finalmente se ubicaban, práctica priísta conocida como “el ratón loco”.

Sólo en Juárez el acarreo supuso una movilización de más de diez mil personas, aunque no todas pudieron votar, entre otras cosas porque hubo funcionarios que tomaron la decisión de parar el proceso, como en el caso de la casilla 15, en donde Enrique Torres Valadez, quien fungió como secretario, explicó que lo hizo "por exceso de acarreo". En la ciudad con el más alto porcentaje de abstencionismo de todo el país, a los más pobres de las colonias populares se les desató una euforia para votar por Cruz Pérez Cuéllar y Carlos Borruel.

Todos estos actos absolutamente contrarios a los principios y valores del PAN mancharon la imagen de nuestro partido en el estado de Chihuahua y en el otrora bastión panista en el norte de México: Ciudad Juárez. Una ciudad lastimada como ninguna otra del país por la violencia criminal de las mafias del narcotráfico. El resultado es absolutamente desproporcionado a lo que sucedió en otros municipios y centros de votación en los que el acarreo no se dio.

Un dato es muy significativo del efecto determinante que tuvo el acarreo en el resultado final del 19 de febrero: en los centros de votación que se instalaron en los comités directivos municipales del partido, en donde solo podían votar los miembros activos, el resultado fue radicalmente distinto a los del acarreo, y en la inmensa mayoría vencí a mis competidores en proporciones de tres a uno, cuatro a uno.

Es importante mencionar que también esta decisión de concentrar a los miembros activos en los comités municipales tuvo el claro propósito de alejarlos del conocimiento y vivencia directa de lo que estaba pasando en los centros de votación abierta.

Sí, fui en su momento el aspirante que más insistió en un proceso abierto, basado en la buena fe, y suponiendo que los votantes participarían de manera libre. Ahora el precandidato que se asume triunfador de la contienda, Pérez Cuellar dice cínicamente: "yo no tengo la culpa de que el proceso sea abierto".

Nunca me imaginamos que dos miembros del PAN pudieran realizar una operación de acarreo masivo, los dos beneficiándose a su manera y estilo, con estructuras del PRI, pues tanto Cruz Pérez Cuellar recurrió a seccionales a través de operadores del alcalde de Ciudad Juárez Teto Murguía como el mismo Borruel, que ni más ni menos nombró como su suplente a la lideresa priísta, ex directora de desarrollo económico del alcalde Murguía, Soledad Máynez.

Lo más dramático de esta degradante como inmoral acción de utilización de la pobreza, la indigencia, el hambre de los más pobres, es sumarle el engaño, pues a quienes no pudieron votar porque se agotaron las boletas no les cumplieron con la entrega, como lo demuestra otro video en el que lideresas priístas se presentan a reclamar en el PAN el pago de 950 despensas para la gente que fue a votar de la colonia México 68 y no lo pudieron hacer porque se agotaron las boletas, "pero eso no es problema de nosotros", dice una señora.

Lo acontecido es una afrenta no solo a quienes jugaron limpio, participaron de buena fe y votaron en libertad, es un atropello a la lucha histórica del pueblo de Chihuahua, por tener un sistema democrático y partidos confiables, honestos. Es una afrenta a la dignidad del panismo en la que no han reparado las ambiciones personales de Cruz Pérez Cuellar y Carlos Borruel. Dejarlo pasar, sería un acto suicida para Acción Nacional en Chihuahua, y un irreparable daño en la confianza ciudadana.

En la conciencia de lo anterior, baso mi absoluta confianza en que los órganos del PAN anularán completamente este proceso y repondrán el método democrático sobre el acarreo insultante. De lo contrario sería uno de los más graves retrocesos en la vida política del PAN.  

GUERRA DE ENCUESTAS PARA EL 2012

JENARO VILLAMIL

Oráculos modernos, propaganda disfrazada de estudio de opinión, fórmula para presionar a los partidos y mecanismos para inducir una percepción o autopercepción, las encuestas electorales en 2012 volverán a ser las protagonistas de una elección que cada vez más tiene tres características: a) será una contienda entre tres candidatos fuertes, b) existe entre 15 y 20% de voto indeciso que puede definir el resultado, y c) cada casa encuestadora está vinculada a un grupo mediático fuerte que creará una percepción clara.

El dominio de las dos grandes televisoras mexicanas (Televisa y TV Azteca) sobre las encuestas electorales, especialmente los exit poll o sondeos de salida, es una tendencia que se ha incrementado en los últimos dos años. Tan sólo en 2010, de las 12 elecciones estatales, 55.6% de las encuestas fueron realizadas por dos empresas vinculadas a Televisa: Consulta Mitofsky y Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE), mientras que el 3 de julio de 2011 la empresa Mendoza Blanco y Asociados, cercana a TV Azteca, se presentó como la gran competidora en las encuestas de salida del Estado de México, Coahuila y Nayarit.

En el caso de GCE, el último error de medición casi le costó el rompimiento entre el gobierno de Felipe Calderón y Televisa. En vísperas de las elecciones de Michoacán, le dio 10 puntos de ventaja a Luisa María Calderón Hinojosa, Cocoa, candidata del PAN-Panal, hermana del primer mandatario y ahora en el ojo del huracán por la disputa entre el PAN y el PRI.

Según GCE, la intención del voto hacia Cocoa era de 40.9% frente a 30.5% del aspirante priista Fausto Vallejo. La realidad fue exactamente al revés.

El pasado lunes 20, en pleno periodo intercampañas para el 2012, se divulgaron dos encuestas contrastantes: la de Buendía & Laredo-El Universal, y la de la empresa Covarrubias.

Buendía&Laredo señaló que en estos momentos Enrique Peña Nieto tiene 48% de las preferencias como candidato del PRI-PVEM, frente a 32% de Josefina Vázquez Mota, del PAN, y 20% de Andrés Manuel López Obrador, de la coalición PRD-PT-Convergencia. La encuesta domiciliaria arroja 20% de los mil encuestados a domicilio que no respondió, es decir, casi 200 personas.

En contraste, Covarrubias y Asociados, empresa vinculada al PRD, y en especial a López Obrador, le dio a Peña Nieto una intención de voto de 36.8%, frente a 26.36% de López Obrador y 23.69% a Josefina. Es decir, el aspirante presidencial de la izquierda estaría en segundo sitio de la contienda y no ha sido desplazado por Vázquez Mota.

En lo único que coinciden ambas encuestas es que existe más de 18% de indecisos y que López Obrador ha disminuido drásticamente la percepción negativa. En esto también coincide IPSOS-Bimsa, que en una encuesta arrojada entre el 28 de enero y el 1 de febrero afirmó que López Obrador disminuyó 11 puntos la percepción negativa. La diferencia es que IPSOS-Bimsa le daba sólo 16% de intención del voto al exjefe de Gobierno capitalino.

En esto parece existir un consenso entre las otras casas encuestadoras: Mitofsky-Televisa, Parametría-El Sol de México y GEA-ISA le dan 16% a López Obrador, arrinconándolo en el tercer lugar.

No existe consenso en el tamaño de la caída de las preferencias electorales a favor de Peña Nieto. Todas (incluyendo Covarrubias) lo colocan en primer lugar. Sin embargo, Mitofsky calcula que su caída entre octubre y febrero es de apenas puntos puntos, mientras que IPSOS-Bimsa calcula que es de 18 puntos y Buendía&Laredo le da una disminución de ocho puntos. Covarrubias le da una baja de 12 puntos: en noviembre de 2011 el exgobernador mexiquense aparecía con 49 puntos, ahora tiene 36.8%, es decir casi 37%.

La guerra de las encuestas que se avecina es tan sólo un termómetro de por dónde andarán los intereses de los grandes grupos mediáticos y cómo los mismos partidos buscarán contrarrestar estas mediciones o considerarlas como parte de los “convenios” publicitarios bajo el agua con las televisoras y principales empresas periodísticas y radiofónicas.

La hegemonía de Consulta Mitosfky y de GCE es casi total. Un estudio comparativo sobre las 135 encuestas realizadas por 20 empresas encuestadoras en los comicios estatales de 2010 concluye que 28.2% de las encuestas correspondieron a sondeos a cargo de Consulta Mitofsky, dirigida por Roy Campos, mientras que 27.4% corrió a cargo del Gabinete de Comunicación Estratégica, dirigida por Federico Berrueto y Liébano Sáenz, exsecretario privado de Ernesto Zedillo.

En el caso de Consulta Mitofsky, “esta empresa se concentró en los procesos electorales de Oaxaca (donde realizó 42 sondeos, el número más alto en el 2010), Puebla y Sinaloa, y en menor medida en Hidalgo, Durango, Tamaulipas, Veracruz y Tlaxcala. Chihuahua, Quintana Roo y Zacatecas fueron excluidos del monitoreo de la encuestadora”, detalla el estudio comparativo, elaborado en agosto de 2010 para la dirigencia nacional del PRI.

En contraste, GCE fue “la única encuestadora que llevó a cabo sondeos en el total de entidades donde fue disputada la gubernatura, pero concentrándose en Oaxaca, Puebla y Sinaloa, con cuatro encuestas en cada caso; en el resto, a excepción de Quintana Roo y Chihuahua, donde la empresa solamente llevó a cabo dos encuestas, se realizaron tres sondeos”.

El mismo estudio ubicó como tercera encuestadora más importante al Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen). Este organismo era dirigido en 2010 por Guillermo Valdés, socio del exdirector de Pemex, Jesús Reyes Heroles, y cercano al equipo calderonista. El Cisen realizó sondeos en ocho entidades que representaron 10.5% del total.

En cuarto lugar, El Universal-Buendía&Laredo realizó 7.4% de las encuestas de ese año en las 12 entidades. Muy lejos quedaron Ipsos-Bimsa, que se concentró en Oaxaca y Puebla, con 4.4%, mientras que el periódico Reforma realizó 3.8%.

UNA GRAN NOTICIA

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

El 30 de noviembre de 2011, al resolver sobre los juicios interpuestos por mujeres militantes de varios partidos, la Sala Superior del TEPJF estableció dos criterios: el obligado cumplimiento del porcentaje establecido en el Cofipe para la cuota de género, mínimo 40 por ciento, con independencia del método utilizado para la selección de candidatos a diputados y senadores de mayoría relativa, y que las fórmulas de candidatos que comprende dicha cuota deberán ser integradas con propietario y suplente del mismo género. Lo anterior en adición a que cada partido debe cumplir con el mismo porcentaje en sus listas de candidatos plurinominales, conforme a la regla de hacerlo por tramos de cinco lugares, de manera alternada en cada tramo.

Para dejar en claro el espíritu de la norma, que es la protección y promoción de las mujeres, la sentencia adopta un "enfoque de género"; es decir, cada partido o coalición deberá postular y registrar, al menos, 120 y 26 fórmulas de candidatos de mayoría relativa, y 80 y 13 de representación proporcional, para diputados y senadores, respectivamente, que estarán integradas por mujeres, propietarias y suplentes.

Debido al bochornoso y reiterado caso de las "juanitas", la prensa y los analistas pusieron especial atención a la obligación de que las fórmulas se integren por propietario y suplente del sexo femenino. Creo que la otra parte de la sentencia, que conducirá a tener el más alto número de mujeres candidatas al Congreso de la Unión en toda nuestra historia, merece igual o mayor realce. En efecto, considerando las dos coaliciones, una total y otra parcial, y los dos partidos que competirán por sí mismos, este año habrá un total de 2,580 mujeres compitiendo para ser legisladoras federales; 2,160 para diputadas, y 420 para senadoras, la mitad de ellas como propietarias y la otra como suplentes. Es una gran noticia.

Al acatar la sentencia, el Consejo General del IFE se limitó a modificar su acuerdo original, que permitía a partidos y coaliciones incumplir la cuota en candidaturas de mayoría relativa, a pretexto de la adopción de métodos "democráticos" de selección de candidatos; pero no hizo nada más. Posteriormente, cuatro militantes del PRI pretendieron revertir la sentencia del 30 de noviembre mediante un nuevo juicio; los magistrados desecharon tal pretensión. La decisión parecía haber quedado firme.

Sin embargo, en enero de este año, el director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, al dar respuesta a consultas del PRI y del PAN, realizó una obtusa lectura de la sentencia del TEPJF y los autorizó a no cumplirla, cuando la selección de sus candidatos -les dijo- fuese realizada por "métodos democráticos"; de igual forma, interpretó que la obligación de integrar las fórmulas correspondientes a la cuota con propietario y suplente mujer sólo era aplicable en las listas plurinominales. En pocas palabras, dejó sin efectos lo resuelto por los magistrados de la Sala Superior.

Contra lo actuado por el citado funcionario, la senadora María de los Ángeles Moreno, actora en el juicio original, acudió de nuevo ante la Sala Superior, reclamando la inejecución de la sentencia. La semana pasada, en sesión privada, los magistrados resolvieron, por unanimidad, dejar sin efectos jurídicos los oficios que el funcionario del IFE envió a los partidos políticos sobre este asunto, ya que carece de facultades en la materia. La Sala Superior ordenó al Consejo General dar respuesta inmediata a la consulta que formuló el PAN e informar a todos los partidos y coaliciones el sentido y alcances de la sentencia del 30 de noviembre de 2011.

Para que no quede duda, la Sala Superior precisa y detalla que cada partido deberá registrar, al menos, el 40 por ciento de sus fórmulas de candidatos a diputados y senadores, en ambos principios, con mujeres candidatas, propietarias y suplentes. Y que el IFE deberá hacer garantizar que se cumpla tal mandato.

Puede ser que los partidos se vean obligados a designar candidatas para cumplir con la sentencia, lo que afectará a candidatos que ya habían obtenido la postulación; es el costo por la resistencia de los partidos a cumplir con la ley, y por buscar la forma de darle la vuelta a una sentencia que sabían definitiva e inatacable.

INCERTIDUMBRE ELECTORAL

MARÍA AMPARO CASAR

Se percibe un embate generalizado contra el IFE y el Tribunal Electoral por la incertidumbre que prevalece sobre las reglas electorales. No niego la parte de responsabilidad de estas autoridades en poner de cabeza el principio democrático de certidumbre en las reglas e incertidumbre en los resultados.

Ellas han contribuido a la incertidumbre a través de la falta de unidad de los consejeros y magistrados respecto a la interpretación de las normas y a las sanciones que merecen los que las transgreden, de la inconsistencia en los criterios utilizados por los magistrados en sus resoluciones, de los excesos cometidos en algunos casos (tomar como factor de anulación de la elección de Morelia la utilización del logo del PRI en el calzoncillo de un boxeador) y de la laxitud mostrada en otros (no considerar como actos anticipados de campaña los muchos que presenciamos los ciudadanos de parte de todos los candidatos y precandidatos).

Pero las autoridades electorales son más víctimas que responsables de la incertidumbre que buscan combatir los actores de la elección. La responsabilidad recae en los diputados y senadores que idearon, redactaron y aprobaron la reforma del 2007.

Aún no comienzan las campañas y ya es, como dijeran los propios legisladores, de urgente y obvia resolución la necesidad de revisar a fondo la ley electoral. Los motivos para hacerlo ya habían quedado claros en la elección intermedia del 2009. Hoy, en la elección presidencial, las deficiencias de la ley se magnifican.

El periodo "intercampañas" -invento netamente mexicano- tiene graves consecuencias. Crea incertidumbre, promueve la simulación y contribuye a la inequidad. Aún asumiendo que partidos, candidatos y radiodifusores fuesen blancas palomas y ciudadanos ávidos de cumplir con la ley, su situación es de incertidumbre total. No hay manera de aclararse qué significa que esté permitido dar una entrevista para hablar de los asuntos públicos pero no del contenido de la plataforma electoral; cuándo se cruza la raya entre lo que es una reunión pública y una privada; cómo dar una entrevista para hablar de los asuntos públicos sin tocar los temas que contiene la plataforma electoral tanto en su diagnóstico como en sus soluciones.

La simulación vendrá -ya está presente- con los llamados promocionales genéricos que no pueden ser más que de proselitismo. O qué otra cosa es el spot de Héctor Bonilla diciendo que estamos hartos de 12 años de mal gobierno, que no conviene regresar al pasado y que el futuro puede cambiar con Morena.

La inequidad también será un subproducto. Los 45 días de silencio -duración del periodo intercampañas- favorecen al ganador. Si los candidatos no pueden hacer campaña, lo previsible es que las preferencias se queden congeladas para desventaja de los rezagados.

Las cosas se pondrán peor cuando el 30 de marzo comiencen las campañas. No se necesita ser adivino para pronosticar que los candidatos y partidos se quejarán de que la ley no les permite actuar con la celeridad que exige una campaña para reaccionar a través de un promocional cuando un adversario cometa un error o cuando haga falta potenciar un acierto propio. Es previsible que las televisoras se quejen de que no pueden alterar las pautas publicitarias sin cierta antelación (aunque la tecnología lo permita). Es predecible también que cada discurso, promocional o slogan de campaña se judicialice y acabe en tribunales ante el absurdo de la prohibición de las llamadas campañas sucias.

Los errores a corregir están claros pero esta vez habrá que tener más cuidado. Hay razón para pensar que en la reforma del 2007 los legisladores actuaron con las vísceras, hartos de los abusos de las televisoras y temerosos del conflicto poselectoral. Pero eso no quiere decir que los principios básicos que animaron la reforma del 2007 estuvieran equivocados: transformar el modelo de relación entre medios y política, introducir mejores y mayores controles en el uso de los recursos y reducir el costo económico de las elecciones. Simplemente habría que darles un aterrizaje más razonable y trabajar sobre la base de que la sobre-regulación solo tiene dos salidas: el incentivo a violar la ley y la judicialización de los procesos electorales.

La próxima reforma debiera atender al principio de máxima libertad de acción y expresión con la única limitante de no reducir sino ensanchar la equidad electoral. Para ello se debe mantener la prohibición de la compra de tiempo en radio y televisión por parte de particulares y redoblar los controles para frenar tanto en el nivel federal como en el estatal el uso de recursos públicos y programas sociales por parte de los funcionarios. No mucho más. Pocas reglas e instituciones capaces de hacerlas cumplir.

ATAQUE A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

JESÚS CANTÚ ESCALANTE

La Cámara de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT) tiene razón al señalar, en un desplegado del miércoles 15, que las “recientes decisiones tomadas por algunas autoridades electorales (…) han generado aún mayor confusión para medios y comunicadores de la radio y la televisión”. En lo que no tiene razón es en que sean las normas electorales producto de la reforma del 2007 las que “vulneran la libertad de expresión y atacan la actividad periodística”, ya que la causa de estas circunstancias es la aplicación que de dichas reglas han hecho las autoridades electorales. La reforma (a pesar de estar inacabada y de ser perfectible) es positiva, pero su implementación es pésima. Particularmente los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) parecen empeñados, con sus resoluciones, en hacer fracasar el modelo de propaganda político-electoral que emergió de la reforma constitucional y legal de 2007 y 2008.

El lunes 13 y el martes 14 los magistrados aprobaron, por mayoría, dos resoluciones que atentan contra el libre ejercicio periodístico y la libertad de expresión. En una de ellas, ratificaron la sanción que el Consejo General del IFE impuso a una empresa de comunicación por transmitir en un canal de televisión restringida los cierres de campaña –exactamente en las mismas condiciones– de los tres candidatos a gobernador del estado de Michoacán. En la otra, decidieron pedirle al IFE ponderar la sanción que debe imponerse a TV Azteca por transmitir la pelea en la que el boxeador Juan Manuel Márquez portó en su pantaloncillo el logotipo del PRI. En ambos casos, la lógica es que las respectivas empresas transmitieron propaganda electoral “fuera del tiempo asignado por la autoridad administrativa electoral”, lo cual implica una violación a la normativa correspondiente.

Así, bajo el pretexto de impedir que “los partidos políticos, personas físicas y morales contraten o adquieran, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, con el fin de influir en las preferencias electorales…”, la mayoría de los magistrados atentan contra la libertad de expresión, el ejercicio profesional del periodismo y la operación de las empresas televisivas.

Tv Azteca ha sido la empresa de comunicación más beligerante en contra de la reforma electoral; sin embargo, en este caso su única opción era transmitir la pelea tal como recibía la señal, pues la comprometía el contrato que firmó con la generadora de la misma. Por otra parte, cancelar la transmisión, así fuese únicamente en Michoacán, la habría metido en conflictos legales con los anunciantes que le contrataron tiempos. En este caso, tal como resolvieron el IFE y el Tribunal, es sancionable la conducta del boxeador y del PRI, pero la televisora no tenía posibilidades reales (sin pagar altos costos económicos y eventualmente generar conflictos legales) de impedir dicha transmisión.

Por otra parte, bajo ese criterio habrá un cúmulo de sanciones para las televisoras por la transmisión de la publicidad que contraten los candidatos y partidos políticos en los escenarios donde se celebren eventos deportivos, como será el caso del futbol soccer; una buena parte de la publicidad exhibida en los estadios se transmite normalmente por la televisión, porque no hay forma de ocultarla. Y tampoco existe una disposición legal que prohíba a los actores políticos comprar esta publicidad.

Pero el otro caso es todavía más grave, pues implica una violación a la libertad de expresión, ya que la televisora correspondiente decidió transmitir los cierres de campaña de los tres candidatos (incluyó a todos, y a ninguno le dio un tratamiento diferenciado), cumpliendo claramente con los principios periodísticos básicos. Ninguno de esos argumentos hizo recapacitar a cuatro de los siete magistrados que mantuvieron el criterio de que “CB Televisión (…) realizó una transmisión especial del cierre de campaña del candidato Fausto Vallejo y Figueroa, en el cual se hicieron diversas expresiones y alusiones propagandísticas, dirigidas a influir en las preferencias electorales”.

Y todavía remataron: “…sería irrelevante la investigación respecto de si los otros contendientes también tuvieron acceso a tiempo de televisión, difundido por el mismo canal, pues la irregularidad se actualiza por la difusión fuera del ordenado por el Instituto Federal Electoral”.

Nuevamente, bajo este criterio, la transmisión de cualquier acto de un candidato a un puesto de elección popular sería sancionada, pues invariablemente su actividad durante los 90 días de campaña tendrá expresiones propagandísticas y estará encaminada a influir en las preferencias electorales.

Tras la aprobación de la reforma, las argucias de los concesionarios (en buena medida ellos generaron esta reacción) y los actores políticos les permitieron burlar las nuevas disposiciones con la compra de espacios no comerciales, es decir, propaganda política disfrazada de algún género periodístico. Esta violación sistemática de la legislación llevó a que el Tribunal –pues en este tema, como en muchos otros, el IFE fue omiso– empezara a sancionar dichas emisiones, cuando claramente se detectaba un trato diferenciado hacia los aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos.

Lo aberrante es que hoy sancionen una sana decisión editorial, pues el que gana con la transmisión –en vivo y en condiciones de estricta equidad– de los cierres de campaña de todos los candidatos a un determinado puesto de elección popular es el ciudadano, que se allega así información directa. Suponiendo –sin conceder, como dicen los abogados– que la empresa les vendió dicha transmisión a los tres candidatos, éstos estaban en la posibilidad de negarse y la empresa no podría hacer ninguna discriminación, pues entonces sí existiría al menos un elemento para suponer la adquisición ilegal de tiempo en televisión por parte del o de los candidatos que sí aparecieron.

La reforma en la materia está incompleta, ya que faltan –entre otras cosas– la ley reglamentaria del artículo 134 y reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión para permitir la imposición de sanciones, más allá de las económicas, a los concesionarios que violen las normas electorales reiterada y sistemáticamente.

Pero las autoridades electorales tenían las posibilidades de subsanar, al menos parcialmente, algunas de estas carencias y dar certidumbre a todos los actores con reglas claras, precisas y sancionadas conforme a la Constitución y la ley. Sin embargo, particularmente en esta materia, el IFE peca de omisión y el Tribunal parece empeñado en cancelar la libertad de expresión.

Como bien señalan en su voto particular los magistrados María del Carmen Alanís y Salvador Nava: “…el modelo de comunicación que se diseñó tuvo, entre otros objetivos, hacer prevalecer la equidad entre los participantes de las elecciones, es decir, que los partidos políticos y candidatos, en igualdad de circunstancias, tuvieran acceso a los mismos periodos de tiempo, más no coartar las libertades de expresión, información y prensa, de ninguna persona, entre ellos los comunicadores de la radio y la televisión”. Pero eso no parecen haberlo entendido el resto de los magistrados, y en ocasiones ellos mismos lo han ignorado.

¿EN DÓNDE QUEDÓ EL NUEVO PRI?

ARNALDO CÓRDOVA

Peña Nieto y sus asesores han descubierto que el gobierno panista y su partido los pueden hacer víctimas, si no es que ya lo son, de una guerra sucia. No la han definido (no son hombres de definiciones), pero saben de qué hablan y el recuerdo de la experiencia electoral de 2006 se les aparece como una pesadilla que comienza a meterles miedo. Igual que Fox en su momento, saben que Calderón es capacísimo de someterlos a ataques sucios y descabellados que pueden desbarrancar el proceso electoral e imponer a su ya definida candidata a la Presidencia. Seguros de su triunfo, ellos quisieran unas elecciones de terciopelo en las que los ciudadanos pudieran elegir sin presiones a sus candidatos.

Lo primero que han hecho los panistas, y en ello se ha destacado su dirigente nacional, Gustavo Madero, es tratar de convencer que el PRI sigue siendo el viejo partido mañoso y autoritario, y que el PAN es lo único que se le opone para evitar una vuelta al pasado priísta. Los priístas y sus defensores, gratuitos o no, por el contrario, nos quieren convencer de que el PRI ya es otro partido que no tiene nada que ver con el antiguo partidazo. Algunos admiten, por supuesto que, en realidad, el PRI es un nuevo y un viejo partido, a la vez, pero se deslizan, sin que lo noten, a cifrar lo que tiene de nuevo en el hecho de que ahora tiene una candidatura triunfadora.

Que el PRI es un fruto eminente de la Revolución Mexicana y que su ideología fue durante decenios la ideología de la Revolución, lo dirimen diciendo que dicha ideología no existió o que simplemente fue una presunta ideología, con el argumento, bastante estúpido, de que fue una amalgama de ideas y propuestas contradictorias entre sí. Eso no es más que declarar su ignorancia de la historia y, además, ufanarse de ello. Para los panistas, el PRI sigue siendo el de siempre, vale decir, una maquinaria de poder corrupta y corruptora, a la que hay que impedir que regrese al poder.

¿Qué podría haber de cierto en la afirmación de que el PRI, en efecto, ha cambiado de piel y ya es otra cosa? La verdad y siendo generosos, es que el PRI en lo único en que ha cambiado y, para ello, sólo parcialmente, es que ha perdido el poder presidencial. Su modo autoritario de conducir la dirección de sus bases es la misma, y no basta con decir que ahora los priístas, para hacer sus designaciones, por ejemplo, siempre negocian, porque siempre lo hicieron, incluso en la época de mayor lustre y autoridad del poder presidencial. Al final, desde la época de Calles, las decisiones se tomaban por consenso entre sus grupos de poder.

Antes decidía el presidente, se ha dicho, pero eso sólo ocurría, ya desde los años de Obregón, cuando los mismos grupos de poder, al final de una rebatiña en la que no se ponían de acuerdo, dejaban la decisión en manos del presidente. Por lo general, desde que los revolucionarios dejaron de dirimir sus diferencias a balazos o con el asesinato, el papel del presidente era el de árbitro de las pugnas entre sus partidarios o el de formar y recoger los consensos en torno a decisiones capitales. Ciertamente, cuando él tomaba partido por alguna de las opciones, lo que hacía era fracturar su frente interno y por eso se abstenía de cargar la balanza de algún lado.

Por supuesto que muchas cosas cambiaron en el PRI cuando perdió la Presidencia. Pero no fue su naturaleza ni su modo de ser y de existir. Su modo de hacer política y hasta sus grupos de poder siguieron siendo los mismos, aunque con los recambios que el tiempo y las circunstancias imponen. Fue como si un lobo hubiera perdido los colmillos. El problema con el PRI es que hace recambio de colmillos periódicamente y suelen crecerle tan agudos como antes. De igual modo debió haber contribuido a cambiar las cosas en el PRI el hecho de haber perdido el apoyo histórico que tenía siempre de los grandes grupos empresariales en las campañas de 2000 y 2006.

En eso, más que el PRI como partido, los que han encontrado el modo de tenerlo como reserva de poder clasista han sido los empresarios y los exponentes de los llamados grupos fácticos, que han ido colocando en los puestos de representación popular a personeros suyos que actúan no partidariamente, sino facciosamente en favor directamente de sus intereses. En eso abrieron cancha primero en el mismo PRI y posteriormente en el PAN. Ni siquiera en eso hay verdaderos cambios.

El PRI sigue siendo el mismo de antes, pero se nota que como maquinaria de poder ha sufrido un lento y persistente proceso de decadencia y desgaste. El viejo presidencialismo ha sido sustituido por el poder de los gobernadores, pero sigue teniendo los mismos rasgos de antaño: ahora es el pool de los mandatarios estatales el que funge como árbitro de las contiendas, con la desventaja de que no puede ser unipersonal como antes; pero el tipo de intereses a arbitrar sigue siendo el mismo, de grupos, de mafias, de banderías que ya nadie puede cubrir con mantos ideológicos, todos asociados en una alianza que todos preservan, porque de ella depende su existencia. Los liderazgos siguen siendo los mismos de antaño.

Una tragedia en especial de esa decadencia lo es, a ojos vistas, el destino que ha cabido a los sectores de masas (obrero, campesino y popular), que siguen arrastrando su existencia, pero que carecen ya de fuerza política y, sobre todo, de la antigua capacidad de movilización y de organización de los trabajadores. Sus cúpulas y liderazgos se han convertido en traficantes de negocios, en empresarios de masas, que mantienen su pertenencia al partido, pero que sirven de igual modo a los gobiernos derechistas del PAN, muchas veces en contra de los intereses de sus agremiados e, incluso, hasta de su propio partido.

El priísmo es un sinónimo de la corrupción y en sus tratos con el gobernante panismo lo demuestra a cada momento. Si los viejos priístas se enteraran del contenido de la última reforma laboral que sus diputados presentaron hace unos meses, idéntica a la del PAN y con todas las exigencias que la derecha patronal les ha impuesto a ellos y a los panistas, dirían, seguramente, que el viejo PRI ha muerto y sus enterradores son los mismos que ahora lo dirigen y lo representan. Lo mismo puede decirse de la política económica, de la educativa, de la de salud, de la agraria e indigenista y, en realidad, de todo lo demás.

¿Es eso algo nuevo? Ciertamente que no. Es exactamente lo que estamos viendo desde los sexenios de De la Madrid y Salinas y, no se diga, de Zedillo. Estamos hablando del viejo PRI, que sigue siendo el mismo, neoliberal, antinacionalista y contrarrevolucionario. Enrique Peña Nieto no ofrece nada nuevo, ni aun en el discurso, que sigue empleando los mismos parámetros de pensamiento. Su punto de partida es tratar de diferenciarse del gobierno panista. Lo dijo Ramírez Marín, vicecoordinador de la campaña priísta:Somos un partido en la oposición y debemos proponer a la sociedad lo que hace diferente al PRI respecto de lo que está pasando [sic] y lo que realiza el gobierno (La Jornada, 09/02/2012). ¿Qué es lo que hace diferente al PRI del PAN? Deberían demostrarlo.

DE CIFRAS Y AMBULANCIAS: EL VERDADERO DÉFICIT

ROLANDO CORDERA CAMPOS

Las cifras recientes sobre el desempeño económico nacional, así como sus proyecciones, nos vuelven, pero por el lado obscuro,contemporáneos de todos los hombres, como quería el poeta Paz. Sin tener que caer en la recesión europea, nuestra circunstancia productiva es reptante y sin posibilidades reales de por lo menos llegar pronto a una recuperación digna de tal nombre. (Véase, El Economista, 17/2/12, p.4)

Según Inegi, el crecimiento del producto interno bruto (PIB) en 2011 fue de 3.9 por ciento, inferior al de 2010 que fue de 5.5, y que en un momento despertó esperanzas en una aceleración que no pudo concretarse. Si nos comparamos con algunas economías latinoamericanas, el resultado es desalentador: Chile creció 6.5 por ciento; Perú, 6.2; Colombia, 4.9, y Argentina, 8 por ciento.

Por otro lado, de poco consuelo resulta saber que Brasil creció apenas 2.9 por ciento o que Estados Unidos lo haya hecho 1.7 por ciento. Tampoco debería servir de alivio el desempeño de la vieja Europa, donde España e Inglaterra se mantuvieron cercanas al nulo crecimiento y Portugal decreció 2.2 por ciento. Del hundimiento griego, mejor no hablar. Como quiera que se decida leerlas, las perspectivas del viejo continente ya son las de una recesión que ni Alemania podrá evadir, aunque la astuta Francia pueda por lo pronto presumir de algo menos malo.

El alcance del nuevo declive europeo es difícil de predecir. Como también lo es imaginar un pronto relevo asiático que supla con eficiencia ese bache y acelere su paso al liderazgo mundial. Los ritmos del Este son una cosa y su densidad y capacidad de mercado otras, y nos es bueno confundirlos.

Es claro que el presidente Obama lucha a brazo partido por salir al paso de las amenazas que se ciernen sobre la enclenque recuperación estadunidense, pero también lo es que en su frente interno la única novedad es la de la contumacia republicana, que no tiene más objetivo que inducir una recesión de la cual espera obtener la cabeza del presidente. Así las cosas, nuestra pertenencia al mundo real de la globalización y sus convulsiones no puede sino prometernos más años duros y peores obstáculos que los entrevistos al calor del ascenso de 2010.

Frente a estas cifras y tendencias algunos observadores optaron por hablar de la solidez de nuestra economía, basados en el endeble argumento de que, comparados con otros, no estamos tan mal. Puede ser así en efecto, pero éste no es, en todo caso, un hit parade de las desgracias para acabar con el premio de consolación de los tontos, sino un balance desfavorable al que acompañan tendencias ominosas y es frente a ambos, el resultado observado y sus perspectivas, que el gobierno y los partidos, junto con las organizaciones empresariales y laborales deberían tomar posiciones.

El gobernador del Banco de México advirtió en días pasados que estos registros no permiten dar buenas noticias en el flanco del empleo. A tasas como las observadas y esperadas, nos dijo el gobernador Carstens, sólo puede esperarse una creación de empleos apenas superior a los 600 mil, muy por debajo del millón de jóvenes mexicanos que cada año se arriesga a entrar a un mercado laboral carente de esperanza.

La atonía registrada en las cifras agregadas, que dan piso a la macro economía nacional, se despliega así en una crisis que no espera el bautizo de los expertos: la crisis del empleo y sus inevitables secuelas sobre la vida social y las conductas de personas, familias, comunidades y regiones. El azote del desempleo que vivió el norte en 2009, no fue sucedido por panoramas auspiciosos de un mejoramiento sostenido en las condiciones de vida de la región, sino por la extensión del subempleo y hasta la renuncia de muchos jóvenes a siquiera buscar de nuevo alguna ocupación. La marginalidad resultante galopa por todo el territorio, como lo hacen la inseguridad y la criminalidad que se nutre de la desesperanza juvenil.

Lo que el Estado trae entre manos es un gigantesco déficit público, pero muy distinto del que asusta a las damas de la caridad del equilibrio fiscal. Se trata de la persistente insuficiencia de ocupación e ingreso para millones de mexicanos, que los avances en la oferta de servicios básicos como la educación o la salud no pueden subsanar, salvo en la infantil imaginación de los exegetas de la política social de cuenta chiles que se ha impuesto desde fines del siglo pasado.

Para los mortales que deambulan por el llano o la montaña, y no sólo la de Guerrero, no hay paliativo ni placebo: sin dónde trabajar ni pan para comer, la escuela o la clínica son ambulancias virtuales que no llevan a ninguna parte.

LA PATOTA

NÉSTOR DE BUEN

Hace poco más de diez años nació La Patota. Celebrábamos en un bar en un hotel de Maracaibo el final feliz de nuestras tareas en un congreso de derecho laboral Mario Pasco, peruano; Rafael Alburquerque, hoy vicepresidente de República Dominicana, y yo. Charlamos de todo y los tres pensamos lo conveniente que sería hacer un libro colectivo sobre el mismo tema, que no es la costumbre. Elegimos como tema la solución de los conflictos laborales y decidimos invitar a otros colegas con el fin de que la obra fuera un buen antecedente en la evolución del derecho del trabajo. Nos pusimos en contacto con otros laboralistas: Alfredo Montoya, de España; Wagner D. Giglio, de Brasil; Américo Plá, de Uruguay; Rolando Murgas Torraza, de Panamá, y Emilio Morgado, de Chile. Lo curioso del caso es que al maestro Plá lo invitamos para hacer el prólogo, pero nos tomó discretamente el pelo cuando en su lugar nos entregó la versión uruguaya del problema.

La editorial Porrúa aceptó la publicación del libro y de los que siguieron sobre otros temas de importancia y actualidad laboral.

A Mario Pasco se le ocurrió, en aquella primera reunión, llamar al grupoLa Patota, expresión cuyo significado ignorábamos Rafael y yo. Nos aclaró que en Argentina expresa la idea de un grupo juvenil de conducta muy sospechosa.

Pero tropezamos con Plá a quien no le hacía gracia el nombre, que también tenía al mismo significado en Uruguay, y lo cambiamos por el políticamente de moda en el mundo internacional de Grupo de los Nueve. Lo divertido fue que después se incorporó al grupo Mario Ackerman, de Argentina.

Fue un libro exitoso y lo menos que pensamos fue repetir la idea. A la fecha ya son nueve los libros y el grupo ha recuperado su nombre inicial a partir del más que lamentable fallecimiento de Américo Plá, que ha sido sustituido por Juan Raso Delgue, también uruguayo y excelente laboralista. 

Entre todos decidimos hacer un nuevo libro sobre el tema deloutsourcing (la tercerización), lamentablemente de moda y mediante el cual las empresas alquilan trabajadores a empresas proveedoras de mano de obra, fórmula que tuvo su origen en Estados Unidos y cuyo objetivo, más que claro, es ahorrarse impuestos, pleitos laborales y cuotas de la seguridad social que quedan a cargo de la proveedora. La empresa arrendataria obviamente trabaja con mano de obra más barata y ello le permite competir de mejor manera.

El tema lo descubrí cuando formé parte de la Comisión que discutió y formuló el Acuerdo de Cooperación Laboral con los estadunidenses y canadienses y que forma parte del Tratado de Libre Comercio. El secretario del trabajo del presidente Clinton describió esa solución que lleva a las empresas estadunidenses a contratar mano de obra de otros países, importando sus productos y bajando con ello notoriamente sus costos.

Entre nosotros se ha convertido en un fraudulento sistema de competencia, totalmente de moda, que se apoya en sindicatos corporativos capaces de firmar convenios colectivos con cualquiera, no importando que el supuesto empresario sea el titular de una oficina mal puesta que asume las responsabilidades laborales con entera frescura con base, entre otras cosas, en su evidente insolvencia.

El tema está de moda. Nuestro libroEl outsourcing: visión iberoamericanatiene la ventaja de que presenta las diferentes versiones en varios países que es conveniente conocer. Hay que agradecerle a Editorial Porrúa que de nuevo se lance a la aventura con un libro de esa índole, y de manera particular a José Antonio Pérez Porrúa, a quien se deben todas las ediciones.

PROCURACIÓN POLITIZADA

JOHN MILL ACKERMAN ROSE

Los casos más graves de politización de la procuración de justicia no son los que conocemos, sino aquellos que ignoramos. El michoacanazo, los casos de Greg Sánchez y Jorge Hank Rohn, así como las investigaciones penales actualmente en curso en Coahuila y Tamaulipas, constituyen apenas la punta del iceberg. El verdadero escándalo no es que la PGR haya decidido investigar y exhibir a estos políticos, sino que no lo haya hecho antes y de manera más sistemática y generalizada.

¿Cuántas veces Felipe Calderón habrá ordenado por razones políticas quese archivara algún expediente penal en contra de un alto funcionario? ¿Por qué ninguno de los políticos de primera línea hoy investigados por la PGR pertenece al PAN? La politización de la justicia ha sido la regla a lo largo de la historia reciente del país. Más grave que los intentos actuales de Calderón por amedrentar a sus adversarios de hoy son sus pactos de complicidad e impunidad con sus amigos de ayer.

Pero al destapar la cloaca de la corrupción en los más altos niveles del priísmo, Calderón también evidencia la complicidad y tolerancia del panismo con estas mismas irregularidades. Recordemos, por ejemplo, que Calderón ganó la votación presidencial en Coahuila en 2006 gracias al apoyo que recibió tanto de Elba Esther Gordillo como de sectores del PRI que abandonaban a Roberto Madrazo. Más allá del escándalo de la deuda ilegal del estado, uno solamente puede imaginar la cantidad de tropelías que se habrán cometido en este bastión del PRI durante el último sexenio con el aval y la protección de la Presidencia de la República en gratitud por el apoyo electoral.

México necesita más, no menos, investigaciones serias de la probable complicidad de altos funcionarios e importantes empresarios con la delincuencia organizada y el narcotráfico. Los niveles de impunidad e infiltración que hoy permanecen en el país no pueden ser resultado únicamente de la acción de policías, ministerios públicos y jueces corruptos en lo individual. Al contrario, responden a políticas de Estado y sistemas de complicidad que son fomentados y tolerados desde los más altos niveles.

La semana pasada el general Guillermo Galván confesó, en el marco del 99 aniversario de la Marcha de la Lealtad, que en muchas partes del territorio nacional el espacio de la seguridad pública está totalmente rebasado y que en algunas regiones del país la delincuencia organizada se apropió de las instituciones del Estado. Pero esta situación no es solamente responsabilidad del PRI, sino también del partido que hoy gobierna a escala federal.

Las auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la PGR para el ejercicio fiscal de 2010 nos ayudan a entender las razones del fracaso tan monumental en materia de seguridad pública. Durante 2010, por cada 100 averiguaciones previas abiertas por el Ministerio Público Federal (MPF) únicamente 34 se consignaron ante un juez. En otras palabras, 66 por ciento de las investigaciones se quedaron totalmente sin materia, bien porque las personas investigadas o detenidas no tuvieron nada que ver con los delitos investigados o bien por la total ineptitud de los agentes de la MPF en acreditar los delitos y los responsables. Así mismo, durante el mismo año, casi 7 mil mandamientos judiciales fueron cancelados porque el delito correspondiente había prescrito y la autoridad no había actuado a tiempo.

La ASF también descubrió que la PGR simplemente no cuenta con un registro confiable de la detención y puesta a disposición de personas ante el MPF durante todo 2010. Resulta que durante el proceso de cambio en los sistemas para el registro de esta información los datos se perdieron o nunca se registraron.

El auditor Juan Manuel Portal también acreditó algo que muchos ya sospechábamos: la PGR simplemente no cuenta con una estrategia antidrogas. El Programa Nacional para el Control de Drogas 2007-2012 que se redactó a principios del sexenio nunca fue debidamente aprobado ni se le ha dado seguimiento institucional. La PGR también hoy opera con un reglamento interno totalmente desactualizado e inoperativo, que no corresponde a la nueva Ley Orgánica de la institución, publicada el 29 de mayo de 2009.

Los recientes despidos del fiscal especial para la atención a delitos electorales, José Luis Vargas, y del visitador general de la PGR, César Chávez, no constituyen entonces un giro hacia una mayor politización en la institución, sino son apenas los ejemplos más recientes de la gran debilidad institucional que ha carcomido este órgano estatal desde el principio del actual sexenio. Si bien el caso de Vargas ha recibido más atención mediática, el de Chávez es también grave, ya que durante 2011 había logrado aumentar en 300 por ciento la cantidad de observaciones emitidas a funcionarios de la PGR por irregularidades administrativas y penales. Al parecer, a la procuradora Marisela Morales le incomodó ese esfuerzo por intentar una depuración interna más enérgica.

La buena noticia, sin embargo, es que el rompimiento temporal del pacto de complicidad e impunidad entre PRI y PAN ha permitido que salga a la luz pública información muy importante sobre la corrupción política en el país. El resultado podría ser positivo si la sociedad logra transformar su nuevo conocimiento en exigencias específicas a favor de mayor rendición de cuentas de la clase política entera.