GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL
El estado de inseguridad e impunidad en el que se encuentra nuestro país ha provocado la organización de la sociedad civil para exigir la protección de todas las personas en el territorio mexicano.
La audiencia “Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos en México”, realizada el 27 de octubre del año pasado, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el marco del 143er periodo ordinario de Sesiones de dicha Comisión fue prueba de ello.
En dicha audiencia participó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Estado de México, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), Litigio Estratégico en Derechos Humanos (I(DH)EAS), Consultoría de los Pueblos Indígenas en el Norte de México (CPINM), Centro de Derechos Humanos para las Américas del Instituto Internacional de Derechos Humanos De Paul University, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS), el Centro de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (BARCA); y representantes del Estado Mexicano.
Los interlocutores de la sociedad civil denunciaron la violación sistemática de los derechos humanos en el territorio mexicano, señalando fuertemente que el estado de impunidad en el que nos encontramos es inaceptable. “Nos encontramos en un real estado de emergencia”, las múltiples violaciones que se han suscitado durante el sexenio actual son alarmantes y van en aumento, afirmaron los representantes sociales.
El Maestro Emilio Álvarez Icaza, señaló que “La emergencia nacional no ha sido asumida”, aunado a que no se han articulado acciones de Estado que reflejen una disminución de las vejaciones suscitadas en los últimos años; “La justicia es la excepción, la impunidad: la regla” —agregó el poeta Javier Sicilia—.
Sin duda, existen serias deficiencias en el diseño de la política pública en materia de seguridad ciudadana en nuestro país. A pesar de los constantes sucesos violentos que se han presentando en el actual sexenio, como el secuestro masivo de migrantes, las matanzas y tiroteos cotidianos o las desapariciones forzadas, el gobierno se sigue resistiendo a seguir las directrices internacionales en dicha materia.
Todo esto nos orilla a preguntarnos ¿en verdad el Estado Mexicano no percibe los grandes errores que está cometiendo?, ¿hasta qué punto el Gobierno se empeñará en seguir en su postura vejatoria de derechos? o, ¿es que no saben gobernar?
Es seguro que el panorama de la actualmente situación en materia de seguridad del país, es más desolador del que se transmite a través de los medios de comunicación, el gobierno ha dejado en una grave desatención a toda la población, e insiste en negar su responsabilidad en las miles de muertes sucedidas en los últimos años.
Los vacíos legislativos en términos de protección a las víctimas; la impunidad como norma; la falta de una fiscalía efectiva y en general de instituciones que procuren realmente la justicia; la nula existencia de una base de datos o estadísticas sobre las defunciones producto de la violencia social, generan que el estado de indefensión, impunidad, violencia sistemática y urgencia social sea perenne.
En el Estado Mexicano, además de imperar la impunidad, impera la corrupción; por ello, se afirma que “si no hay castigos del gobierno a la gente coludida, difícilmente se logrará un estado de paz”. Esto muestra la conexión que existe entre un gobierno democrático, y uno autoritario y represivo que intenta esconder cifras y disfrazar sus políticas bajo falsas estrategias de mercadotecnia gubernamental.
El Estado Mexicano debe atender las demandas de la sociedad; es urgente y necesario que pase de una política de gobierno a una acción de Estado, está obligado a crear las instituciones pertinentes para lograr lo anterior, dotándolas de los recursos suficientes para operar con efectividad.
El Estado debe dejar atrás el tradicional discurso político sin fondo y debe diseñar políticas públicas efectivas cuyo centro sean las personas, tomando en cuenta los fenómenos sociales. Además debe considerar las recomendaciones de la CIDH, y dar cumplimiento a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos casos reflejan el deficiente Estado de Derecho y el nulo reconocimiento y protección de los derechos humanos en nuestro país.
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