LA POLITIZADA PGR

ANA LAURA MAGALONI KERPEL

Hace dos semanas estuve en una reunión en Bogotá organizada por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA). El tema: la persecución criminal de delitos complejos. Se trataba de un seminario a puerta cerrada con 12 expertos en temas de procuración de justicia de seis países de la región: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y México. Los datos eran contundentes: todas las procuradurías o fiscalías enfrentan importantes desafíos en la persecución de delitos de alto impacto. Todos tienen problemas en la relación de fiscales con policías y en las metodologías para recolectar evidencia. A pesar de ello, el caso de México continúa siendo atípico en la región: aquí la calidad de los argumentos, pruebas y razones por las que alguien termina siendo acusado y sentenciado no importan. El Ministerio Público no construye una historia y no ofrece razones ni argumentos. Lo que ofrece, en cambio, es un montón de diligencias y papeles que pocas veces son discutidos y confrontados en una audiencia ante el juez. La probabilidad de sentenciar a un inocente es alta. Desde la óptica de los expertos de otros países es incomprensible que un país como México se haya quedado al margen de las reformas penales que han tenido lugar a lo largo de las últimas décadas en muchos países de la región. Tenemos un sistema de procuración e impartición de justicia colapsado. ¿Por qué, a pesar de haberse aprobado una reforma constitucional en 2008 para transformarlo, los procesos de implementación son débiles y lentos? ¿A quién le sirve este sistema? ¿Cuáles son los intereses que protege?

Cristian Riego, actual director del CEJA y uno de los expertos más importantes en la región en este tema, sostiene que la reforma penal en México no va a avanzar con rumbo y potencia hasta que no exista un acuerdo político fundamental de sacar las manos del sistema. Es decir, hasta que los gobernadores y el Ejecutivo federal no renuncien a utilizar la persecución criminal para avanzar sus intereses políticos, bien sea protegiendo a sus amigos o persiguiendo a sus enemigos. No hay posibilidad de construir una Procuraduría potente, con capacidad de investigar delitos de alto impacto y de acusar con argumentos, pruebas y razones, mientras que el procurador, y toda la maquinaria burocrática que encabeza, no tenga una incuestionable autonomía respecto de los intereses políticos del Ejecutivo en turno.

En tiempos electorales esta falta de autonomía de la procuración de justicia puede ser llegar a ser extraordinariamente disruptiva. Tenemos la experiencia de la elección presidencial pasada. Fox cedió a la tentación de utilizar el sistema de persecución criminal para intentar sacar de la contienda electoral al más importante competidor. El desafuero de López Obrador fue el inicio de un proceso electoral radicalizado y conflictivo.

A pesar de esa experiencia, todo parece indicar que Calderón también está tentado a utilizar a la PGR como un arma electoral. ¿Quién filtró a la prensa los oficios de la PGR en donde solicita una alerta migratoria para que tres ex gobernadores del PRI en Tamaulipas no salgan del país? Una investigación criminal que seriamente se propone ejercer acción penal en contra de personajes poderosos no se hace pública sino hasta que da resultados. Es decir, hasta que el Ministerio Público cuenta con la evidencia suficiente para acusar formalmente ante un juez a los presuntos responsables. Ello maximiza las posibilidades de éxito y vela por los derechos de los acusados a un juicio justo. Filtrar información a la prensa de investigaciones en curso, sin que exista una acusación formal, es utilizar la persecución criminal con fines electorales.

En contraste con estas filtraciones, ayer nos enteramos de la acusación formal que existe en un tribunal de Texas, por lavado de dinero, en contra de Antonio Peña Argüelles, colaborador del ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington. Según publicó Reforma, las declaraciones de algunos testigos protegidos vinculan al ex gobernador con el Cártel del Golfo y los Zetas. Hacer público el juicio de Antonio Peña Argüelles y algunas de las declaraciones de los testigos protegidos me parece distinto a las filtraciones, pues, en este caso, se trata de un proceso que ya está frente al juez y que, por lo tanto, el fiscal estima cuenta con evidencia suficiente como para lograr una sentencia condenatoria en contra de Antonio Peña Argüelles. Dada la relevancia del tema y los personajes, es claro que va a ser noticia ese juicio.

Calderón optó por dejar a la PGR en el olvido. El resultado es una institución sin capacidades técnicas ni humanas para investigar los vínculos entre las cúpulas del poder y el crimen organizado o el lavado de dinero. La PGR es una institución sin fuerza ni autoridad propias y, por ello, es una institución maleable en términos políticos.

Hoy los priistas están padeciendo esta falta de autonomía de la PGR en la contienda electoral. Sin embargo, me pregunto, si Peña Nieto ganara la elección, ¿renunciaría a la tentación de tenerla a su disposición durante su Presidencia? ¿Emprendería la implementación de las reformas que necesita el sistema para servir a los ciudadanos y no a sus intereses? La tentación de no reformar la PGR cuando se gana la elección es enorme. Por ello, México es un país al margen, atípico y rezagado de lo que ha sucedido en la región con las instituciones de procuración e impartición de justicia penal.