RODRIGO MORALES MANZANARES
El pasado jueves el presidente Calderón presentó los resultados de una encuesta de preferencias electorales ante los consejeros de Banamex. Horas después hubo una intentona de desmentido por parte de la oficina de Los Pinos y, más tarde, el PAN confirmó la existencia de la encuesta de marras. Más allá de la calidad del control de daños, el hecho es que se sembró la sensación de que existió una conducta indebida por parte del titular del Ejecutivo.
Por supuesto que ahora tocará a las autoridades determinar si en efecto estamos ante un acto merecedor de sanción o simplemente ante una imprudencia. El IFE, y en su caso el TEPJF, dibujarán los contornos de la eventual violación a la ley y, si es el caso, su posible sanción.
Pero más allá de esas valoraciones y de cómo se hayan enderezado las quejas, me parece que estamos frente a un hecho que tiene poco de incidental, y acaso bajo esa óptica habría que analizarlo. Reitero, más allá de las posibles sanciones hubo la intención de dar a conocer los resultados de una encuesta que generara la percepción de que los próximos comicios presidenciales serán muy competidos. Aunque dicha encuesta se distancie mucho de lo que las otras mediciones reporten, que sea el titular del Ejecutivo quien dé a conocer esas cifras le confiere a esa encuesta otro valor, otro significado. Esa fue la intención.
A partir de que los resortes litigiosos se han activado en todos los partidos de oposición, ha habido voces que reclaman el derecho del Presidente de opinar. Me parece bien dar ese debate —cuáles debieran ser los contornos de actuación de las autoridades en el marco de la contienda electoral—, pero estoy cierto de que estamos a destiempo.
La reforma electoral de 2007-2008 estableció, desde la Constitución, ciertas restricciones al accionar de los servidores públicos. Infortunadamente, el legislador no dotó a esa reforma de una ley reglamentaria y ha sido por la vía de los hechos como las autoridades han ido avanzando para darle precisión a la norma genérica. En todo caso, fue el fantasma de la indebida participación del presidente Fox en los comicios de 2006 uno de los motivos centrales para enderezar el nuevo texto constitucional. Ese marco, por más difuso que parezca el principio de no intromisión en los procesos electorales, debiera ser la nueva guía de acción. Después podemos revisitar la norma, pero ahora simplemente hay que aplicarla y acatarla.
Es en ese sentido que me llama la atención el acto de Calderón del jueves. Hay dos precedentes que, me parece, le podrían ser útiles. En 2000, lo que tuvimos fue un Ejecutivo discreto y un IFE en el esplendor de su prestigio; el resultado fue espectacular en términos de una consolidación institucional que pudo soportar la alternancia política sin sobresaltos. En 2006 se extrañó la discreción del Ejecutivo, y el IFE no vivía su momento de gloria; los resultados hoy los seguimos padeciendo. Ojalá que en este proceso de 2012 el presidente Calderón valore la discreción y el momento que viven las reglas e instituciones electorales. A todos conviene.
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