JULIO JUÁREZ GÁMIZ
El pasado primero de febrero los partidos políticos representados en la mesa del Consejo General, salvo el PAN, decidieron mostrar su desacuerdo por, según argumentaron, no ser tomados en cuenta en la redacción del Acuerdo que respondía los cuestionamientos de la CIRT y el representante del PAN acerca de la realización de debates en esta elección federal. Así, se retiraron de la sesión y, tras concluir un receso llamado por el consejero presidente, los consejeros electorales aprobaron el Acuerdo en ausencia de los partidos.
Los partidos se quejaron de que su opinión no fue tomada en cuenta (al redactar una respuesta fundad en la ley electoral no en la opinión de los consejeros) pero habría que preguntarles si a ellos les interesa escuchar la opinión de la ciudadanía acerca de este tema. ¿Será compatible su idea de debatir con la que tienen millones de mexicanos? ¿De qué sirve tener debates que privilegien las estrategias de los contendientes pero que ignoren los intereses de la ciudadanía?
Tanto ruido ha causado el tema de los debates que el IFE creó una Comisión especial que coordinará la organización de, al menos, los dos debates presidenciales a los que los candidatos deberían asistir tal y como lo establece el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Es bien importante aclarle al lector que la realización técnica de estos debates corre a cargo del IFE y que los canales comerciales que decidan enlazar su señal a esta transmisión podrán hacerlo de manera gratuita. Difundir los debates no exentará a los concesionarios de transmitir los spots de los partidos políticos mediante el uso del tiempo oficial en radio y televisión (48 minutos por frecuencia de radio y canal de televisión).
Es decir, que el diseño y confección del formato y duración de las intervenciones de los candidatos, el tipo de toma que se haga, el papel del moderador, la posible participación de una audiencia, la realización de preguntas en vivo y cualquier otra característica asociada a la producción del debate debe tomar en cuenta la opinión de los partidos y, concretamente, la de los equipos de campaña de los, hasta ahora tres, candidatos a la presidencia.
Cualquier productor de televisión sabe que la expectativa de la audiencia frente a un programa determina la satisfacción obtenida al verlo. Hablando concretamente de este ejercicio discursivo, ahora también convertido en elemento indiscutible de persuasión electoral, los debates se antojan como eventos mediáticos que puedan definir la campaña a favor o en contra de cualqueira de los que participen en él.
Claro, eso es lo que al auditorio le gustaría. Lo cierto es que los partidos, candidatos y asesores de los candidatos harán lo posible para minimizar riesgos durante el debate. Finalmente se trata de ganar puntos y no de perderlos. Ambas posturas son entendibles y el éxito de los debates se debe al resultado final de esta ecuación: lo que los candidatos quieren enseñar sobre si mismos y sobre sus contrincantes y lo que los televidentes esperábamos obtener a camnbio de una hora frente al televisor. Los últimos debates presidenciales de 2000 y 2006 han quedado mucho a deber en este sentido. La tendencia a controlar hasta el último detalle las intervenciones, interpelaciones y encuadres de los que han participado en ellos ha estado por debajo de nuestras expectativas.
Como evento persuasivo los debates combinan dos factores contradictorios. Por un lado los candidatos están expuestos a una audiencia masiva en igualdad de condiciones que sus oponentes. Además, esta exposición va acompañada por una alta expectativa del televidente, la de ver interactuar a personajes con una intensa vida pública (simbólicamente mediatizada) que hablan constantemente unos de otros pero sin verse cara a cara. Qué dirá uno, qué responderá el otro, cómo reaccionarán lo demás.
Pero a esta exposición gratuitamente masiva le acompaña el riesgo de la transmisión en vivo. El detalle no es menor pues, a diferencia de un spot en el que se puede ensayar hasta el cansancio, la sagacidad para responder ataques o cuestionamientos inesperados pone a prueba el temple de los candidatos. La televisión no perdona un gesto involuntario o un error de dicción aunque sería ingenuo suponer que son los gaffes del debate los que hacen que un candidato pierda o gane la elección. Lo que si hacen es confirmar actitudes previas que andaban en busca de justificación.
El Acuerdo aprobado por el IFE hace repetidas menciones a la prohibición expresa a comprar o adquirir tiempo aire en radio y televisión. No me extraña pues ha quedado comprobado en distintas tesis del TEPJF y el IFE que los concesionarios y los partidos incurren en esta falta con regularidad.
De considerar las expectativas y necesidades del auditorio, los debates pueden ser útiles y atractivos para el electorado. De sopesar únicamente los riesgos de los candidatos y privilegiar el acartonamiento de sus intervenciones podremos confirmar que, efectivamente, la calidad de los debates es directamente proporcional al nivel de nuestra democracia.
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