JAVIER CORRAL JURADO
¿Puede declararse congelada la competencia electoral por un lineamiento del Consejo del IFE o un criterio del Tribunal Electoral? ¿Es deseable, para la vida democrática, un largo periodo de silencio a la mitad del proceso electoral iniciado desde octubre? ¿Se puede suspender la actividad de partidos y políticos cuya candidatura es un hecho y sólo esperan la formalidad de un trámite?
A unos días de iniciar una nueva etapa comicial, el IFE deberá responder y de esa delicada decisión dependerá la litigiosidad o no del proceso electoral en marcha y la verdadera naturaleza de la gran reforma electoral de 2007.
Desde hace semanas, el IFE se ha enredado en discusiones bizarras, confusas y poco edificantes que han hecho aparecer aquella reforma como extravagante, inaplicable, inútil. Tal como se han empeñado en dibujarla los poderes fácticos y sus personeros, que ahora se frotan las manos esperando que los consejeros y su presidente cometan de nuevo ese error, volver a exagerar su interpretación restrictiva.
Son los consejeros electorales, los de mayor antigüedad pero sobre todo los recién nombrados, quienes deben cobrar conciencia de la situación, pues sus discusiones y las del Tribunal Electoral están volviendo inviable el nuevo modelo de comunicación política.
A la reforma de 2007 se le han querido subir todas las pulgas. Prohibir debates, censurar entrevistas, evitar palabras, impedir abordar temas; nada de eso está incluido en la Constitución ni en la ley electoral, como dicen algunos. Por el contrario: han sido las monstruosas resoluciones del Trife (en este mismo espacio abordé la emitida sobre el debate de Nayarit) y algunos desafortunados gazapos del Consejo General (¿por qué no se pueden hacer debates en la intercampaña, si éstos son expresión genuina del oficio periodístico?), los que han gangrenado la reforma electoral hasta presentarla como un armatoste ridículo. Mi preocupación es que ante el inminente periodo de intercampaña nuestras autoridades electorales pueden volver a caer en el error, pero con consecuencias más dañinas, pues al concluir habrán generado un desastre y confusión, acaso irreparable para la validez del propio proceso.
¿Exagero? Pido a los lectores ver la estrambótica declaración del magistrado Flavio Galván: “Durante la ‘intercampaña’ —veda electoral del 16 de feberero al 29 de marzo— los aspirantes presidenciales se dediquen a meditar y no hacer proselitismo”. ¿Veda? Sería muy importante que el magistrado nos indique: ¿dónde lo señala la Constitución o la ley electoral? La única veda es el periodo de silencio que va del jueves al domingo de la elección, nada más, como es costumbre mexicana desde hace 60 años. ¿Meditar? ¿Budismo zen en el periodo en que las fuerzas políticas han definido ya sus candidaturas, sus estrategias y han resuelto sus controversias internas? ¿Por qué?, ¿de dónde viene tanta confusión?
Creo que las autoridades electorales han trasladado equívocamente las restricciones de un régimen prohibitivo (radio y televisión) al resto de actividades que son parte de la competencia electoral legítima. Y esta es la fuente primaria de error, confusión y exageración.
No es en mítines, reuniones, visitas a domicilio, mantas, volantes, desplegados, caravanas, donde se encuentra el tema central de la reforma de 2007, diseñada para regular la acción del oligopolio radiofónico y del duopolio televisivo, y su poder ilegítimo en la invención o destrucción de candidatos y las carretadas de dinero implicado en sus operaciones. Limitar esa dinámica perversa fue el objetivo más importante de la Constitución en el artículo 41 y del nuevo Cofipe, lo demás, han sido ocurrencias y despropósitos de los magistrados o sobreinterpretaciones del propio Instituto.
Hace dos semanas, en “Reforma”, José Woldenberg exhortó a las autoridades actuales y a los partidos a “volver a lo básico”, a rescatar el núcleo esencial de la reforma y, por fortuna, ha habido eco: el consejero Benito Nacif, en un artículo reciente, hizo la misma reflexión e incluso la consejera María Marván admitió algunos errores y exageraciones en las regulaciones y sanciones que se han producido al calor de esta sobreactuación de la autoridad electoral.
Es un debate importante; una nueva exageración, extendida durante seis semanas, no sólo distorsionaría el ritmo de la competencia electoral sino que el IFE se autocondenaría a regular prohibiciones que no podrá cumplir.
La solución no reside, como alguien escribió, en un “catálogo de lo que sí y de lo que no puede hacerse”, o peor, “de lo que sí o no puede decirse”, la solución es volver a lo básico: fiscalizar dinero y en intercampaña la prohibición radica en la radio y televisión: los partidos afuera de la pauta del IFE y no se vale comprar o adquirir ilegalmente tiempos en el espectro radioeléctrico. Nada más… y nada menos.
Ojalá los consejeros, presidente y secretario ejecutivo del IFE tengan la lucidez para disipar tanta confusión potenciada por los propios medios, hacer un alto y volver a lo básico.
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