RECLUSORIOS: LA BOMBA QUE EXPLOTA

EMILIO ÁLVAREZ ICAZA

El sistema de reclusión en México está en seria crisis. La bomba de tiempo empezó ya a explotar. El peligroso conjunto de factores como la sobrepoblación, la corrupción, la impunidad, la negligencia legislativa junto con el populismo punitivo, el abandono presupuestal y el atraso en infraestructura, sumado a los prejuicios discriminadores de autoridades y sociedad están reaccionando en cadena y dan lugar a hechos como los de Apodaca, Nuevo León, estos días.

Empiezan a surgir versiones de que lo que sucedió en Apodaca no fue una riña, sino un sistemático exterminio de adversarios. Según esos reportes, muchas de las personas que murieron estaban encerradas individualmente en su celda, hasta donde llegaron grupos de internos a asesinarlos. Algunos cuerpos tienen señas de tortura y tratos crueles e inhumanos o degradantes. Por el nivel de violencia con el que se les mató, tres cuerpos no habían podido ser reconocidos, incluso varios cadáveres no tenían ojos. De ser ciertas estas versiones, queda claro que tales atrocidades no pudieron pasar sin la complicidad y/o incapacidad de la autoridad en el reclusorio. Como ha pedido la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se requiere una investigación exhaustiva e imparcial que dé cuenta de lo sucedido y sancione a los responsables tanto de las muertes como de las fugas.

Estos trágicos hechos son señales de alarma y deben obligarnos a reflexionar seriamente, pues lamentablemente no son aislados y se suman a una cada vez más larga lista de miserias en los reclusorios del país.

Una de las causas de la sobrepoblación penitenciaria se explica porque en los últimos 15 años México ha experimentado un peligroso populismo punitivo, que, fundado en la búsqueda del mensaje sensacional de combate al delito con dureza, ha aumentado de manera irracional y desproporcionada la pena a delitos menores. El uso perverso —esencialmente de corte electorero— del legítimo reclamo de la gente por una mayor seguridad, combate a la impunidad y debido funcionamiento del aparato de justicia, llevó a un incremento absurdo en las penas. Los reclusorios están abarrotados de jóvenes pobres, muchos de ellos primodelincuentes, que están encerrados por delitos menores y que saldrán mucho peor que como entraron. Les dimos y damos una “beca en la universidad del crimen”.

El problema se reproduce y crece, pues mientras la corrupción siga siendo funcional y los espacios de autogobierno existan como norma, muchos de los esfuerzos de las fuerzas de seguridad y de justicia por combatir y detener a peligrosos delincuentes se verán reducidos a cero, o por las fugas o por el modelo.

Otra de las explicaciones de lo que sucede en el sistema penitenciario la podemos encontrar en el retraso y rebase federal y estatal. Desde el inicio de la guerra contra el narco y la delincuencia, rebautizado años después como lucha por la seguridad, no se desarrolló una perspectiva integral. No se contó con una estrategia holística que se hiciera cargo de los diferentes desafíos desde la prevención del delito, pasando por la procuración, impartición y administración de justicia. Una de sus más palpables y alarmantes demostraciones es el desastre del sistema de reclusión.

Al rebase-desastre a nivel local contribuyó también la deficiente infraestructura federal. La manera más “optimista” de describir lo que sucede es que el gobierno federal y algunos estatales son “víctimas de su éxito”, pues el número de detenidos, procesados y condenados rebasó por mucho la capacidad instalada en los reclusorios, lo que ocasiona un muy serio problema de gobernabilidad en ellos, pues no se tenían ni tienen las condiciones para recibir tal cantidad de personas y tampoco, en la mayoría de los casos, para recibir a personas de alto nivel de peligrosidad.

Este retraso en la infraestructura de reclusorios federales se quiere reducir, lo que es muy positivo, sin embargo, existe el gran riesgo de que se cometan errores muy graves y se acabe con que el “remedio es tan malo como la enfermedad”. Por ejemplo, lo que pasa ahora en las Islas Marías: de ser un centro de reclusión modelo en algunas cosas, se está pasando a una instalación con una condición estructural de abuso y violación sistemática a los derechos humanos.

Las crisis de los reclusorios de Nuevo León deben ayudarnos a ver las causas, no sólo atender las consecuencias. Entre otras, aceleremos la implementación de la reforma constitucional en materia de justicia, dejemos los reclusorios para sancionar delitos de alto impacto, sancionemos los delitos menores con penas alternativas y rechacemos el uso perverso, electorero, como el del Partido ¿Verde?, de incrementar penas como la vía idónea para enfrentar la crisis de seguridad.