VERBORREA E INCULTURA CONSTITUCIONAL

MIGUEL CARBONELL

En México nos gusta repetir la vieja e incontestada idea de que tenemos una muy buena Constitución. Desde hace décadas hemos escuchado la misma cantaleta triunfalista, sin que nadie se haya atrevido a cuestionar su fundamento o incluso su veracidad. Lo cierto es que luego de décadas de discursos y más discursos alrededor del texto constitucional, el panorama real deja mucho que desear.

Las evidencias disponibles nos demuestran que los mexicanos ni conocen ni mucho menos cumplen con lo que señala la Constitución. No se trata del típico incumplimiento a cargo de las autoridades, sino de una sociedad claramente adepta a la ilegalidad como regla de conducta, que tiene ideales bien alejados de aquellos que justifican y sostienen al constitucionalismo alrededor del mundo.

El amplísimo desconocimiento del texto constitucional quizá tenga algo de justificación, dado que nuestra Constitución está en permanente movimiento. Las reformas en las últimas décadas han sido incesantes.

Cada distinta configuración de las fuerzas políticas y cada paso que se ha ido dando en el proceso de democratización del país, han venido acompañados de nuevos arreglos constitucionales. Hemos tenido reformas de poca monta, casi insignificantes, pero ha habido otras que han intentado (a veces con éxito) cambiar una realidad previa que ya no generaba los consensos necesarios para ser mantenida.

El texto constitucional no solamente se ha ido haciendo más largo, sino también más complejo. Abundan las normas con alto grado de detalle, propias quizá de una ley o incluso de un reglamento. Tenemos previsiones de considerable extensión en artículos como el 20, 25, 27, 41, 73, 115, 122, 123, etcétera.

Diego Valadés nos informa, por citar algunos ejemplos, que el artículo 122 originalmente tenía 50 palabras y ahora tiene dos mil 880; el artículo 41 pasó de 65 a mil 297; el artículo 123 nació teniendo mil 722 palabras, pero ha venido creciendo hasta alcanzar las tres mil 598 (más del doble de su tamaño original).1

La pregunta interesante que surge a partir de tales datos es: ¿El aumento del contenido constitucional ha ido de la mano de su mayor observancia? En otras palabras, ¿por tener una Constitución más larga y profusa la cumplimos más? ¿La reforma constitucional mejora la realidad a la que quiere regular nuestro sistema jurídico? Es seguro que las respuestas a estas interrogantes serán del todo decepcionantes.

Puede haber, y seguramente ha habido, muy buenas razones para hacer muchas de las reformas constitucionales que se han realizado en los años recientes, pero lo cierto es que ese proceso no nos ha permitido (por sí mismo) avanzar en la construcción de un país de leyes y en la puntual observancia de sus normas supremas. En ese terreno seguimos siendo, para decirlo con las palabras de Carlos Santiago Nino en referencia a su natal Argentina, “un país al margen de la ley”.

La Constitución como cultura

En un texto constitucional se compendian cuestiones que son jurídicas (dado que están recogidas en normas jurídicas), pero van más allá de sus significados normativos. Una Constitución es una norma, pero es también una síntesis de la historia, de la cultura, de la política y de la economía de un país.2

No simpatizo con las visiones “sociológicas” de la Constitución (como la que defendía Ferdinand Lasalle en el siglo XIX, dentro de su conocido ensayo ¿Qué es una Constitución?), pero sería del todo ingenuo pensar que la mera normatividad se explica a sí misma, en una especie de lógica autogravitatoria. La justificación del contenido constitucional (y de las reformas que lo van modificando) debe buscarse fuera de su texto formal. Mirando a la realidad también entendemos a la Constitución.

Precisamente, tomando en cuenta esa premisa metodológica, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM levantó en 2003 la primera Encuesta sobre Cultura Constitucional en nuestro país,3 obteniendo resultados tan interesantes como dramáticos; en esa ocasión se hicieron entrevistas de fondo a mil 794 personas mayores de 15 años, la mitad hombres y la mitad mujeres.

En 2011 se hizo el segundo ejercicio del mismo tipo y, de nuevo, arrojó resultados que nos ofrecen un marco excepcional de comprensión no solamente de nuestro sistema constitucional, sino sobre todo de nuestras propias expectativas y limitaciones en relación al texto constitucional. En esta segunda ocasión se aplicaron dos mil 208 cuestionarios en vivienda, siguiendo una metodología científica que permitiera cubrir todo el territorio nacional y que tuviera en cuenta variables socioeconómicas que evitaran obtener información sesgada.4

Voy a comentar enseguida algunos datos concretos, pero adelanto una posible conclusión: nos gusta quejarnos de lo mal que lo hacen nuestros gobernantes, pero no se observa que la ciudadanía sea un portento de virtudes ni que esté dispuesta a participar directamente en la construcción de la democracia constitucional mexicana. Sin duda hay un déficit de talento gubernativo, pero también hace falta una ciudadanía más crítica y participativa.

De hecho, hay actitudes francamente regresivas y autoritarias entre los ciudadanos del país, algunas de ellas como producto de la inaudita ola de violencia que hemos sufrido en los años recientes y que ha dado como resultado una muy extendida sensación de inseguridad (además de miles y miles de muertos, como se sabe).

Acceso a la información e interés por los asuntos públicos

Los datos de la encuesta citada permiten advertir que la situación actual del país es delicada. 45% de los encuestados percibe al país peor de lo que estaba en años anteriores, 28% señala que estamos igual de mal y solamente 14% opina que estamos mejor.

Cuando se les pregunta a las personas por la situación política, 45% señala que es preocupante y 24% la califica como “peligrosa”.

El futuro no se advierte demasiado promisorio para muchos mexicanos. 39% piensa que la situación del país va a empeorar el próximo año, 14% sostiene que va a seguir igual de mal y 26% afirma que va a mejorar.

Otro aspecto importante que fue estudiado en la encuesta tiene que ver con los medios de comunicación que se utilizan por los mexicanos para informarse de los asuntos públicos. 67% lo hace a través de la televisión (porcentaje que ha disminuido respecto a los datos de 2003, cuando era un 74% de la población encuestada la que decía informarse a través de la tele); 11% se informa escuchando el radio y 8% por medio de la lectura de periódicos. Esto permite suponer que, de momento, la televisión sigue siendo el gran escaparate de la política mexicana y la ventana a través de la cual los ciudadanos perciben la situación del país y se asoman a sus debates más relevantes.

En los resultados de la encuesta llama la atención la poca utilización de internet para informarse de asuntos de interés público; parece extraño el dato, no solamente por lo bajo (4%), sino porque disminuyó entre 2003 y 2011, años en los que el uso de internet se ha extendido de forma muy considerable (en junio de 2011 diversos medios de comunicación informaron que ya habíamos alcanzado la cifra de 40 millones de personas que utilizan internet en México).

Ahora bien, cuando se les pregunta a las personas si les interesan los asuntos públicos el resultado es decepcionante. 30% dice que se interesa poco y 18% que no se interesa nada. Solamente 13% afirma estar muy interesado en los asuntos públicos.

A la luz de los datos anteriores, no resulta sorprendente que al 49% no le interesen los asuntos que se discuten en el Congreso de la Unión. Esto demuestra el profundo desapego de una parte de la población respecto a sus representantes. Es posible que muchos mexicanos no se sientan bien representados, aunque también resulta probable que muchos no puedan seguir con facilidad los debates congresionales, debido a que muchas veces en ellos se utiliza un lenguaje excesivamente técnico o se tratan asuntos muy específicos que les resultan ajenos a la mayor parte de la población.

Como sea, el hecho de que a la mitad de la población simplemente no le interese lo que se discute en el Congreso supone, de por sí, una fuerte llamada de atención respecto al funcionamiento de la democracia mexicana.

El autoritarismo social

Cuando se analizan los regímenes políticos normalmente se suele mirar a la forma en que los poderes públicos son ejercidos y las vías a través de las cuales se llega a ellos. Un régimen se suele calificar como democrático si para llegar a ejercer un poder público existen mediaciones o vías que permitan la participación popular y si, en el día a día de su funcionamiento, dichos poderes públicos son respetuosos de la división de poderes y de los derechos humanos. Si no cumple con tales condiciones es probable que un régimen político sea calificado como autoritario o incluso como dictatorial.

¿Pero qué pasa cuando el autoritarismo no es exclusivo de la clase gobernante, sino que se refleja también y de manera extendida entre los ciudadanos? ¿Podremos hablar, en ese caso, de una suerte de “autoritarismo social”? ¿Qué grado de vulnerabilidad tiene una democracia cuyos ciudadanos no han interiorizado ni creen en algunos de los principios democráticos más elementales? ¿Qué tipo de respuesta debemos esperar de una población que apoya que se violen derechos humanos en el combate a la inseguridad o que es francamente refractaria al ejercicio de la libertad de expresión por parte de personas que no piensan como uno mismo? La encuesta nos indica que para el 59% de los mexicanos la obediencia y el respeto a la autoridad son los valores más importantes que un niño debe aprender. No cabe duda que el cumplimiento de las reglas sociales, aprendido desde la infancia, es un rasgo del carácter de las personas que conviene fomentar, pero no me queda claro que sea el valor más importante. ¿Qué hay del aprecio por la libertad, la defensa de la dignidad, el ideal de la no violencia, el respeto a la igualdad, etcétera? ¿En dónde quedan esos valores si les decimos a nuestros niños que lo más importante es obedecer? ¿No es esa actitud más propia de súbditos que de ciudadanos?

La tolerancia no parece figurar entre nuestras virtudes más destacadas. De acuerdo a la misma encuesta, 43% de los encuestados señala que los problemas sociales se resolverían si pudiéramos deshacernos de las personas inmorales, cualquier cosa que ello signifique.

30% piensa que no se puede combatir a la delincuencia sin violar los derechos de la gente y 39% está de acuerdo en que un toque de queda puede ayudar a reducir la inseguridad. Todavía más: 32% está de acuerdo en que se torture a un narcotraficante para obtener información.
Y la cereza del pastel: 31% está de acuerdo en que las fuerzas de seguridad maten a un miembro de la delincuencia organizada, aunque lo puedan detener y entregar a la justicia (ver gráfica 10).

La legalidad dudosaAparte de lo escandalosas y preocupantes que pueden resultar las cifras anteriores, la Encuesta sobre Cultura Constitucional de la UNAM nos pone también ante la evidencia de una población que no siente un apego completo por la legalidad. El respeto a las normas jurídicas nunca nos ha distinguido como país y parece que, luego de siglos de vivir en una especie de “zona de penumbra” respecto al Estado de derecho, millones de mexicanos ya se hicieron a la idea de que las leyes no siempre deben cumplirse.

La encuesta nos indica que 35% piensa que el gobierno debe dejar que circulen los taxis sin placas y 58% sostiene que se les deben dar permisos para trabajar a los vendedores ambulantes.
Ahora bien, el mexicano piensa que quien incumple las leyes no es uno mismo, sino el de enfrente. Cuando se les pide que se pongan una calificación, del 0 al 10, para medir el grado de cumplimiento que hace de la ley, la gente se pone 7.84 de calificación en promedio, pero a los demás les pone una calificación de 5.65. Los que incumplen son los demás, nunca uno mismo.

Una Constitución desconocida

Más allá de la retórica con que muchos políticos suelen adornar sus discursos sobre la Constitución, lo cierto es el conocimiento de nuestra Carta Magna es un fruto exótico todavía en el siglo XXI. La gente no conoce la Constitución ni sus derechos.

65% dice que conoce poco la Constitución y 27% dice, de plano, que no la conoce nada.

Por eso es que hay que multiplicar los esfuerzos a favor de la cultura constitucional y la difusión de las normas jurídicas. De otra manera, el ordenamiento jurídico les seguirá pareciendo completamente ajeno y distante (por desconocido) a millones de mexicanos.

Una ciudadanía activa

Como puede verse a la luz de todo lo que se ha señalado, la tarea que tenemos por delante es inmensa. La construcción de una cultura constitucional probablemente nos tomará décadas. Por eso es que, hoy como nunca, debemos redoblar los esfuerzos.

Ningún régimen democrático tiene viabilidad sin una ciudadanía activa, que tenga siempre un compromiso claro con los más esenciales valores que lo sustentan. Lo mismo puede decirse respecto a los regímenes constitucionales. Las constituciones no pueden cambiar por sí solas la realidad. Hace falta el trabajo y la entrega cotidiana de hombres y mujeres que crean en la Constitución, que estén dispuestos a defenderla y que la conviertan en su marco fundamental de actuación.

Pero para que todo eso sea posible hay que cumplir con un requisito previo: la Constitución debe ser conocida. Y para que sea conocida una Constitución debe estar cerca de la gente y de los responsables de aplicarla. No es una responsabilidad solamente del gobierno o de los maestros. Es una tarea de todos.

 

1 Valadés, Diego, “La funciones de la Constitución”, Los derechos del pueblo mexicano. México a través de sus Constituciones, 7ª edición, México, 2006, tomo I, p. 18.

2 Häberle, Peter, Constitución como cultura, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2002; Häberle, Peter, Teoría de la Constitución como ciencia de la cultura, Tecnos, Madrid, 2000.

3 Cultura de la Constitución en México. Una encuesta nacional de actitudes, percepciones y valores, IIJ-UNAM, Cofemer, TEPJF, México, 2004.

4 Los resultados de la encuesta de 2011 pueden consultarse en: http://www.juridicas.unam.mx/invest/areas/opinion/EncuestaConstitucion/