MIGUEL CARBONELL
El pasado domingo la Constitución mexicana cumplió 95 años. La hora de cambiarla por otra nueva se acerca. Todos los países de América Latina han hecho cambios constitucionales y se han otorgado nuevas constituciones en las décadas recientes, menos México.
La Constitución ha sido modificada a través de 199 decretos de reforma, los cuales han supuesto 501 alteraciones al texto. De sus 136 artículos sólo 35 permanecen sin cambios.
Originalmente, como nos lo ha recordado Diego Valadés, la Constitución tenía 22 mil palabras. Hoy tiene más de 55 mil. Hemos escrito una Constitución dentro de otra. El texto ha ido creciendo de forma desmesurada, como resultado de proyectos políticos y partidistas no siempre preocupados por el bienestar general.
Hoy la Constitución es un objeto difícil de comprender, farragoso para la lectura, complicado en muchos artículos, inútilmente detallista en ciertas cuestiones, abundante en tecnicismos que la alejan del ciudadano. No es el texto que merece un país con aspiraciones de superación como México. Es como tener un vehículo que apenas camina, cuando lo que necesitamos es que llegue a 300 kilómetros por hora.
¿Qué habría que cambiar de lo que hoy tenemos? Seguramente la lista podría sumar cientos de páginas. Me limito a señalar los aspectos más urgentes:
1. El régimen de nuestro federalismo. El reparto de facultades y obligaciones entre federación, estados, municipios y DF es un verdadero desastre. Hay impuestos que no se cobran, hay recursos que se distribuyen de forma poco equitativa, hay gobernadores que más bien parecen virreyes, hay una clamorosa ausencia de rendición de cuentas a nivel municipal, etcétera. Nuestro pacto federal está más agotado que nunca. Hay que renovarlo por completo.
2. Hay que ordenar el catálogo de derechos humanos. La primera parte del texto constitucional carece de sistemática, está mal escrita, contiene normas violatorias de tratados internacionales (como el arraigo o la incomunicación de presos) y mezcla temas de derechos humanos con asuntos de carácter institucional.
3. Nuevas reglas, para una gobernabilidad democrática. La transición democrática exige gobernar de forma distinta a lo que se hacía hace 20 o 30 años. En eso no puede haber vuelta atrás, con independencia del partido que gobierne. Nuestra Constitución, sin embargo, sigue estando pensada para un partido hegemónico y un hiperpresidente que controla todo. La realidad ya cambió.
4. Un nuevo sistema de justicia. En todas las mediciones disponibles México sale reprobado en Estado de derecho. Sabemos de sobra que en México es casi imposible cobrar una deuda civil, en materia penal la impunidad alcanza el pavoroso índice de 98% de delitos que no son castigados, los pleitos laborales pueden alargarse por años y años, los policías pueden ser sobornados para evitar una multa, los ministerios públicos actúan según sus intereses sin velar casi nunca por la justicia. Eso tiene que terminar y la forma de comenzar a hacerlo es dotándonos de una nueva arquitectura judicial, que ponga al día a nuestras instituciones. La justicia mexicana está en quiebra. Es momento de resucitarla.
Cabe el riesgo, como lo ha señalado con acierto Jorge Carpizo, de que al redactar un nuevo texto constitucional demos pasos hacia atrás. Pero creo que vale la pena correr ese riesgo, en vez de quedarnos de brazos cruzados, viendo cómo otros países se modernizan a grandes pasos mientras nosotros seguimos atados a esquemas que tuvieron su razón de ser hace décadas, pero que hoy nos prestan escasos servicios. No podemos perder un Estado de bienestar que hoy día no tenemos en la realidad. Y habrá que luchar día y noche por el Estado laico, sí. Pero en eso consiste precisamente la democracia y eso requiere cualquier régimen constitucional: una lucha permanente por sus valores y por sus instituciones, a cargo de todos los demócratas de un país. Por fortuna, en México sumamos ya millones. Y queremos cambiar ya.
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