LA CORRUPCIÓN

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

Por encima del ruido que provocan tan falsos como estériles debates sobre la reforma electoral y su aplicación en el proceso en curso, es necesario abrir espacio a la discusión de las propuestas que partidos y candidatos ponen a consideración de los ciudadanos. En ese sentido merece atención el documento que Cuauhtémoc Cárdenas presentó en su reciente encuentro con López Obrador; más allá de coincidencias o discrepancias, es un material digno de consideración.

En ese documento hay un punto (p. 5) cuya atención es crucial para empezar a resolver los demás problemas: la corrupción que cruza todos los ámbitos de la vida pública y afecta las actividades privadas. Es un cáncer que corroe las instituciones y deteriora gravemente la moral pública y la convivencia social, al convertir la ley en letra muerta. La corrupción es el resultado directo de la ilegalidad que impera en el trato de los gobernantes con los gobernados; frena la actividad económica, al obstaculizar la creación de nuevas empresas y la operación de las existentes. Otros ámbitos del quehacer social, como la educación, los servicios de salud, los programas sociales para apoyo a los que menos tienen, se ven igualmente dañados.

Está comprobado que el avance democrático no se tradujo en nuevas reglas y prácticas que redujeran sustancialmente la corrupción que imperaba en los gobiernos del antiguo régimen; en lugar de combatirla, aprovechando la alternancia, la corrupción se generalizó, o como de manera sarcástica afirman algunos, "se democratizó". Los opositores, sin distinción de ideología o color partidista, que ayer criticaban a los gobernantes corruptos al tomar su lugar no hicieron nada para erradicar esas prácticas, sino que las repitieron y amplificaron.

En pocos ámbitos es más lamentable y costoso el fracaso de los dos gobiernos panistas surgidos de la alternancia que en el combate a la corrupción. Ahora mismo tenemos enfrente la posibilidad de una nueva alternancia en el Poder Ejecutivo federal. Con alternancia o continuidad, es imperioso exigir de los candidatos presidenciales, y de todos los que aspiran a un cargo en las Cámaras del Congreso, definiciones y propuestas precisas, sin medias tintas, para combatir y erradicar, de tajo, la corrupción.

La soluciones -creo- están más por el lado de las instituciones y las prácticas, que de las leyes. Es evidente la inutilidad, el estado de postración, al que ha llegado la Secretaría de la Función Pública, surgida como Contraloría de la Federación al calor de la llamada "renovación moral" impulsada al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid. Ni hubo tal renovación ni la institución que supuestamente sería su garante ha dado los resultados ofrecidos, a grado tal que el presidente Calderón no tuvo empacho en proponer la desaparición de esa dependencia.

Hace lustros que está sobre la mesa la propuesta de transformar la Auditoría Superior de la Federación en un Tribunal Superior de Cuentas, dotado de autonomía constitucional, con plenitud de facultades para fiscalizar los ingresos y gastos de todos los poderes y órdenes de gobierno, durante el ejercicio fiscal, y no solamente a posteriori. El modelo del gobierno federal que se controla a sí mismo no ha funcionado, como tampoco ha dado resultado alguno que, en aras de un federalismo mal entendido, los pocos controles sobre el gasto de los gobiernos estatales y municipales hayan desaparecido, dando lugar al voraz saqueo de las arcas públicas, a la extorsión y la mordida como elementos consustanciales al trato entre los gobiernos y sus proveedores de bienes y servicios.

Es conocido que las empresas que tienen a los gobiernos y otros entes públicos como sus principales compradores, incluyen en sus costos la "mordida" que deberán entregar por obtener contratos. Las licitaciones públicas son burladas una y otra vez, mediante artilugios para justificar la asignación directa de contratos millonarios al amigo, al socio, al que financió la campaña electoral, o simplemente al mejor postor.

Posdata. Si los partidos y candidatos quieren predicar con el ejemplo, que autoricen al IFE para que fiscalice en línea los movimientos en sus cuentas bancarias. Sería un paso ejemplar en la transparencia y el combate a la corrupción.