JAVIER CORRAL JURADO
Con motivo de la elección abierta que el PAN ha convocado en el Estado de Chihuahua para seleccionar a sus candidatos al Senado de la República, proceso en el que participo como precandidato, he formulado un planteamiento de carácter nacional desde la ciudad más lacerada por la violencia y la delincuencia de todo el país: Ciudad Juárez.
Planteo la necesidad de revisar a fondo la estrategia del Estado mexicano para enfrentar el problema de la inseguridad y de la lucha contra el narcotráfico. Urge una visión distinta del problema, y soluciones de fondo. No se trata de descalificar, ni dejar de reconocer el esfuerzo valiente emprendido por el Presidente de la República, pero el PAN y sus candidatos estaremos obligados a reconocer que se requiere un cambio de paradigma en las políticas públicas de seguridad y justicia con auténtico fundamento democrático, basada mucho más en la prevención y por lo tanto en una más justa distribución del ingreso, con mecanismos reales de participación ciudadana en la evaluación de las políticas y un efectivo combate a la corrupción.
El objetivo debe ser generar una política integral en materia de seguridad pública que involucre a las autoridades y a la sociedad. Esto no será posible si, de entrada, los actores políticos siguen medrando electoralmente con el problema, si en lugar de promover una competencia productiva, los foros son utilizados como recursos para la confrontación política o la raja partidista.
La participación social es clave, pero ésta sólo se logrará si a la Política Integral le colocamos como principio y valor ordenador de toda la acción del Gobierno y de sus representantes populares, una auténtica lucha contra la corrupción y la impunidad. Ese sigue siendo el mal endémico de nuestro sistema político en general. Se han instalado en las corporaciones policiacas, en los aparatos de justicia, patrones muy extendidos de corrupción. No se trata sólo de conductas personales por falta de probidad, ética o escrúpulos, está en el diseño mismo de las instituciones, en la mala calidad de los sistemas de control de la gestión de procesos y recursos. Este es el talón de Aquiles de nuestro entramado institucional en la materia. Si el narcotráfico ha sido incorporado a la lista de riesgos y amenazas a la Seguridad Nacional, adicionemos también el de la corrupción y la impunidad como amenazas a la Seguridad Nacional.
En el Congreso mexicano están presentadas decenas de iniciativas que proponen distintas maneras de enfrentar el problema, que si una policía nacional, la homologación de los tipos penales en un sólo código, nuevos delitos, mayores penas, obligaciones de certificación a los cuerpos policiacos ligada a la asignación de recursos, reformas a la Ley Federal para la Ejecución de Sanciones Penales, reformar el Consejo de la Judicatura Federal, etc. Estoy de acuerdo con todo eso. Hay incluso iniciativas muy similares de casi todos los partidos. Pero no todos le entran cuando uno plantea los temas de fondo, porque en cierta medida representa plantear el cambio de modelo económico, por lo menos en lo que se refiere a una reorientación del gasto público, y también hay que decirlo con todas sus letras, algunas de éstas medidas representan la pérdida de control político de los gobiernos sobre el conjunto social. Pero urge hacerlo porque la violencia y la delincuencia están generando un daño irremediable contra las personas, las familias y las comunidades.
Por ello sostengo que, en esta materia como en ninguna otra se requiere el gran pacto de unidad nacional por la seguridad y la justicia, a partir del combate a la corrupción. Y propongo tres ideas, para tres poderes y tres niveles de gobierno.
1.- Establecer una política preventiva, basada en la reasignación de recursos hacia educación, salud y empleo, y una promoción de la participación ciudadana en las políticas preventivas, lo que a su vez obliga una revisión total de la legislación secundaria y constitucional para redistribuir funciones y facultades legales que obliguen una coordinación y articulación de autoridades de distintos niveles de gobierno.
La primera parte obliga a una reforma hacendaria de carácter integral que no sólo amplíe la base de los contribuyentes, sino elimine los regímenes fiscales especiales, las condonaciones, exenciones, las tasas cero y por supuesto, una nueva y más justa redistribución de los ingresos. En términos absolutos, los recursos disponibles para la Seguridad Pública, crecieron entre 1998 y 2011 el equivalente a casi un 350 por ciento. La mayor parte de ese presupuesto se ha destinado a medidas policiacas.
La parte social es crucial. En mi actuación en el Congreso he tomado este tema como uno de los más importantes, y he impulsado el enfoque de la participación ciudadana. Me dediqué a la tarea de promover en la Comisión de Gobernación la aprobación de la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Con esta ley se pretende involucrar de manera eficaz a la ciudadanía en el combate a la delincuencia, aplicando medidas de carácter social, educativo y de salud para mitigar las causas y factores que generan la comisión de delitos. Es una ley que previene la violencia infantil y juvenil, promueve la cultura de la paz, la legalidad, el respeto a los derechos humanos, la participación ciudadana y una vida libre de violencia.
La plataforma del PAN, recién aprobada por el Consejo Nacional ya lo plantea con toda claridad: "Transformar el modelo de seguridad reactivo-punitivo, por otro preventivo, correctivo y proactivo, que incorpore los trabajos de inteligencia en la planeación de las estrategias de seguridad, superando el paradigma policiaco de la seguridad pública por el de la prevención política, económica y social de la violencia y la delincuencia".
También ofrece "fortalecer las capacidades de los municipios del país, para desarrollar acciones eficaces de prevención del delito y la mitigación de los efectos de la violencia. Pugnar por que los estados y municipios cumplan plenamente con sus obligaciones, de crear los centros de rehabilitación previstos en la Ley General de Salud. Del mismo modo hemos de implementar, como parte de la rehabilitación contra las drogas y el alcoholismo, la creación de centros de artes y oficios, como parte central de la rehabilitación".
2.- Creación de Observatorios Ciudadanos y Contralorías Sociales en la evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad; así como plena autonomía a los Ministerios Públicos, tanto federal como locales; así como de la Auditoría Superior de la Federación y los órganos locales de vigilancia, para instalar definitivamente una cruzada nacional contra la corrupción política y social.
Mientras los fiscales de las entidades, o a nivel federal el Procurador General, sigan dependiendo de los Gobernadores o del Presidente de la República, la procuración de justicia estará regida por aspectos políticos, o lo que es peor, por criterios de conveniencia partidista. Lo mismo se aplica para los órganos de fiscalización de los recursos públicos en la federación como en las entidades, no deben depender de ninguno de los tres poderes. ¿Alguien cree que, en Chihuahua, el Estado más lastimado por la violencia del crimen organizado, el fiscal tendrá los arrestos para volverse en contra de quien lo nombró, o de alguno de los miembros de su gabinete?. De la independencia del Congreso del Estado para revisar y sancionar la cuenta pública del Ejecutivo Estatal, pues ahora sí como en el chiste mejor ni hablamos, pasa por su momento de mayor subordinación, a niveles de vergüenza.
Las controlarías sociales son fundamentales para que la sociedad civil evalúe permanentemente los resultados en el combate de las causas y factores que confluyen en la comisión de delitos del orden local y federal, desde el punto de vista social, comunitario, situacional y psicosocial, combatiendo la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva.
3.- Se requiere también de abrir, sin claudicar ni abandonar el frente, un espacio de discusión nacional y hemisférica para evaluar los resultados de la lucha contra las drogas. Que revise la política de prohibiciones absolutas sobre algunos estupefacientes, y se revierta el modelo estrictamente policiaco y militar, basado en una errónea idea de control territorial, por uno de inteligencia policiaca, financiera y administrativa, sobre todo, medidas legislativas y administrativas que combatan las ganancias de los narcotraficantes a través de una mejor legislación, no sólo sobre lavado de dinero, sino una de auténtica extinción de dominio.
Según datos de la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, convocada por la UNAM, en México, un alto número de personas participan en el crimen organizado, moviendo capitales que se han llegado a estimar hasta en 29 mil millones de dólares al año. Se estima que el 10% del sistema financiero mexicano, opera con dinero proveniente del narco. Algunos funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos han estimado que los movimientos de tráfico de drogas de las organizaciones que operan allá, generan utilidades ilícitas hacia México de entre 17 y 38 mil millones de dólares.
Por eso sostengo que debemos dejar la hipocresía con la que se elude discutir por lo menos el tema de las prohibiciones absolutas, como en el caso de la marihuana. No podemos combatir de igual manera delitos depredadores, que delitos de mercado. El narcotráfico es un delito basado en el comercio. Cuando detenemos a un secuestrador, baja el número de secuestros; cuando detenemos a un robacarros, disminuye el robo de autos; pero cuando se detiene a un vendedor de marihuana en las colonias, lo substituye el primo, el hermano, el tío o el abuelo, según el tamaño de la necesidad.
No le tengamos miedo decirle a los norteamericanos que su política internacional lanzada hace 40 años por el entonces Presidente Richard Nixón es un colosal fracaso: porque ni se han reducido los productores, ni los distribuidores, ni el consumo de drogas, todo eso ha aumentado, y también un sin número de muertos en el mundo, y miles de millones de dólares invertidos en la batalla.
He dicho que, de llegar al Senado, promoveré como representante de Chihuahua, que ésta cámara convoque a una Cumbre Hemisférica sobre la Lucha Contra las Drogas. Pienso en un encuentro internacional en donde destaque la participación de expertos en la materia. El objetivo será: a) revisar y evaluar los resultados que ha generado esta política de prohibición; b) generar un balance de la estrategia del gobierno en contra del narcotráfico; c) generar un diagnóstico y una hoja de ruta que permita al nuevo gobierno corregir lo que se ha hecho mal; d) impulsar una declaratoria conjunta en la búsqueda de una nueva estrategia global; e) generar una agenda de reforma legislativa hemisférica en donde se estipule: qué acciones nos corresponde seguir e impulsar desde nuestro país y qué acciones les corresponden a los vecinos del norte. En este foro será importantísima la presencia de representantes de nuestro estado, pues Chihuahua es probablemente el territorio que más ha sufrido las consecuencias de la guerra contra las drogas.
Un Adiós que es un Hasta Siempre.- A tres días de haber cumplido 72 años, murió el pasado miércoles 8 de febrero Don Jesús Trevizo Gutiérrez, uno de los grandes expositores del pensamiento humanista de Acción Nacional en el Estado de Chihuahua, y con quien me unió una profunda amistad y un vínculo extraordinario a partir de nuestra convergencia mayor por las tesis con orientación democristianas. Me tocó reactivarlo en las actividades partidistas cuando fui presidente del CDE del PAN. Entonces se mantenía con cierta lejanía, y desde mi invitación a que tomara a su cargo tareas de capacitación y formación ideológica en la Fundación Guillermo Prieto Luján, desarrolló esa actividad con gran entusiasmo y dedicación hasta el mismo día de su partida.
La de Trevizo fue una biografía singular: fue panista desde 1956, empezó como brigadista de avanzada de las campañas para gobernador y presidencial de Don Luis H. Álvarez (1956 y 1958, respectivamente), fue miembro fundador de la Organización juvenil de Acción Nacional para 1956 y para 1959 Presidente del juvenil.
Fue integrante del Movimiento Social Demócrata Cristiano de México de 1956-1965 del que formaban parte, entre otros, Francisco José Camou, Manuel Rodríguez Lapuente, Miguel Ángel Granados Chapa, Francisco José Paoli Bolio, Enrique Tiessen, Horacio Guajardo e Ignacio Arriola Haro.
Don Jesús era un convencido de que la democracia es la forma de organización social y política capaz de cambiar a México en un país ordenado, justo y generoso. Entre sus valores se encontraba su compromiso con el país: “creo firmemente que sólo desarrollando personas con fuerte liderazgo y profunda convicción y formación podremos conmover, persuadir y convencer a los mexicanos hacia el cambio que el país necesita”. No hay duda que a ello contribuyó su espléndida vida, la que honraremos por siempre en nuestra memoria. Que Dios lo tenga en su gloria.
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