CIRO MURAYAMA RENDÓN
A pesar de que se sabe que en México sólo un tercio de los trabajadores pertenece a alguna institución de seguridad social, y de que el subempleo y la precariedad laboral saltan a la vista de cualquiera que recorra el país, la cifra oficial de trabajadores informales dada por el INEGI es de 13.4 millones, 29% de los 46.8 millones de trabajadores del país.
Aunque el porcentaje no deja de ser alto, ¿es creíble?, ¿en verdad hay el doble de ocupaciones formales por cada persona en la informalidad? No, el panorama es más oscuro.
La cifra del INEGI, como todo lo que hace la institución, depende de la manera en que pregunta y mide. Para el caso de la informalidad el INEGI identifica y contabiliza a las personas que laboran en micronegocios, en pequeñas unidades económicas, en las que con una organización rudimentaria no hay una contabilidad completa ni están constituidas en personas morales —son changarros—. Este tipo de medición que identifica la informalidad en función del tipo de establecimiento donde se labora, era mundialmente aceptada hace 20 años, a inicio de los noventa.
Sin embargo, la informalidad como fenómeno extendido se ha transformado y también ha cambiado la manera cómo se entiende y se mide. Desde 2002 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya no restringe la informalidad laboral a un “sector” sino que la comprende en función de las condiciones y relaciones de trabajo. No importa dónde trabajas, sino cómo y bajo qué reglas. Una gran empresa también puede generar empleo informal: todos esos trabajadores sin contrato aunque laboren para un solo patrón, que no tienen derechos asociados al empleo formal y que cobran por honorarios o comisiones.
Si se aplica la metodología que hoy es válida en la OIT (conocida como “matriz Hussmanns”) para medir la informalidad laboral y se considera, por ejemplo, al empleo doméstico, a los trabajadores agrícolas de subsistencia, así como a quienes trabajan para empresas formales pero sin contrato y seguridad social, las cifras cambian drásticamente. De acuerdo a estimaciones de la economista Norma Samaniego, experta en cuestiones laborales y economía informal, a partir de los datos de la Encuesta Nacional de Empleo y Ocupación del INEGI, en México el empleo informal alcanzó en 2010 los 26 millones de personas, 59% de la población ocupada. Tan solo las empresas y negocios formales tendrían laborando a 7.4 millones de trabajadores de manera informal, y hay que agregar a 1.9 millones de trabajadoras domésticas sin contrato, a un millón trabajando para instituciones formales o a 1.6 millones de trabajadores agrícolas de subsistencia.
La necesidad de actualizar la forma en cómo se mide en México la informalidad no es un prurito metodológico, sino una necesidad para ver la realidad laboral sin distorsiones. Si no somos capaces de medir con precisión los problemas del trabajo, nos condenaremos a no solucionarlos.
El método que usa la OIT, aplicado a México, demuestra que el grueso de los trabajadores informales no captados por el método anterior laboran para empresas y negocios bien establecidos, por lo que la informalidad lejos está de ser una “opción” que escogen los trabajadores, sino que es resultado de estrategias empresariales para aminorar el costo del trabajo. La extensión de la informalidad laboral no puede explicarse sin el pobre desempeño macroeconómico del país en materia de crecimiento en las últimas décadas.
La mayoría de nuestros trabajadores ya está en la informalidad. Suficiente evidencia como para seguir con la misma política económica.
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