CIRO MURAYAMA
De acuerdo con el artículo 69 de la Constitución, el presidente de la república debe presentar cada año, en la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, “un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país”.
Como se sabe, el 1 de septiembre fue durante las décadas de partido hegemónico el día del presidente: una escenificación donde el mandatario se presentaba ante un Poder Legislativo dominado por su partido para hacer una lectura autocomplaciente de sus logros de gobierno.
Ese cómodo ritual llegó a su fin gracias al tránsito democratizador y a la irrupción de la pluralidad política en el Congreso e, incluso, durante el sexenio de Vicente Fox se canceló la ceremonia del mensaje presidencial ante legisladores. Pero lo que no ha cambiado y, en todo caso, debería cobrar mayor relevancia es la obligación constitucional del Ejecutivo de rendir cuentas ante los representantes populares. Sin embargo, el último informe de gobierno del presidente Felipe Calderón Hinojosa más que un ejercicio objetivo y veraz, incluyó disimuladamente un conjunto de cifras erróneas, falsas, sobre aspectos centrales de la situación del país y de su población.
Esto es así porque si bien en 2010 el INEGI levantó el Censo General de Población y Vivienda, cuyos resultados fueron dados a conocer en 2011, en el VI Informe de gobierno de 2012 se ignoraron los resultados de dicho censo y se trabajó con las estimaciones previas del Consejo Nacional de Población (Conapo), lo que implicó, entre otras cosas, que se ofrecieran datos de cobertura a inflados.
Las estimaciones de población hechas por Conapo con base en el conteo de población de 2005 proyectaron que para 2010 en México habría un total de 108.4 millones de habitantes, pero el Censo contó en realidad a 112.3 millones de personas, esto es 4 cuatro millones adicionales.
Queda todavía por dilucidar con precisión a qué se debió tan amplia desviación de las estimaciones con los resultados censales. También es preciso determinar hasta dónde ese “exceso” de población se explica por el incremento de las tasas de fecundidad en los últimos años que estaría ligado al abandono de las políticas demográficas y de planificación familiar a lo largo de las administraciones federales 2000-2006 y 2006-2012.
Ahora bien, más allá de esa discusión sobre las causas del incremento poblacional, lo cierto es que sin tomar en cuenta la evidencia robusta y actualizada del censo de 2010, el VI Informe incluyó en la página 292 del anexo estadístico la estimación conservadora y errónea de Conapo. ¿Por qué el Ejecutivo anterior decidió fingir que había 4 millones de habitantes menos de los que en realidad poblaban el territorio nacional? Una respuesta puede estar en que el uso de la cifra equivocada permitió presentar datos más favorables en materia de cobertura de servicios sociales básicos. Así, como dio cuenta esta semana la nota de Silvia Garduño en el diario “Reforma” (13/05/13, p. 2), “la cobertura de vacunación entre los niños de uno a cuatro años es superior a 98%, pero al recalcular este indicador con los resultados del Censo, la cifra cae 10 puntos porcentuales”.
Lo mismo ocurre con la tasa neta de matriculación en secundaria. El VI Informe del presidente Calderón arrojó un porcentaje de cobertura de 95.9% para 2010, pero tomando en cuenta a la población realmente existente medida por el Censo el dato cae a 81.1% (Ibíd.).
De esta manera los indicadores de logros de la anterior administración federal en temas tan relevantes como cobertura de servicios de salud y educación estuvieron sobreestimados, aun cuando había cifras oficiales, las del INEGI, para evitar cualquier confusión. Siendo así, no estamos ante un error metodológico sino, claramente, ante un intento de engaño al Congreso de la Unión y a la opinión pública por parte de quien fuera jefe del Estado mexicano.
*El Universal 16-05-13
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