PLAN NACIONAL DE DESARROLLO*

JORGE ALCOCER

Antes de que termine el presente mes, el Presidente deberá presentar a la sociedad, y enviar al Congreso, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), de obligada existencia en virtud de una reforma constitucional que Miguel de la Madrid promovió en diciembre de 1982, a la que siguió la expedición de la Ley de Planeación, que con diversos cambios, permanece vigente. Cabe mencionar que la citada ley derogó la de 1930, al amparo de la que el presidente Lázaro Cárdenas expidió el Plan Sexenal (1934-1940) del cual, como recuerdo, quedan 5 calles y un centro deportivo, con ese nombre, en el DF.

Entre el México de 1982 y el de hoy hay enormes diferencias; en aquel entonces nuestra economía estaba casi cerrada y el peso del sector público era considerable; en febrero de aquel año el peso había sufrido una brutal devaluación, a la que siguieron el disparo de la inflación y una fuga de capitales sin precedentes; en septiembre de 1982 López Portillo nacionalizó la banca e impuso el control de cambios. Tal fue el contexto en que surgió el llamado "Sistema Nacional de Planeación Democrática".

La Ley de Planeación ha experimentado diversas reformas, entre otras para establecer los 8 principios que se contienen en su artículo 2o., así como la intervención del Congreso en el seguimiento y evaluación de las metas del PND; sin embargo, es evidente la necesidad de actualizar integralmente esa ley, tanto por el cambio en las condiciones de la economía, nacional e internacional y por el peso e influencia que hoy tiene el sector público, como por los cambios que ha experimentado la Administración Pública federal. Por ejemplo, durante 10 años la Secretaría de Programación y Presupuesto fue responsable de formular el PND; desaparecida esa dependencia, corresponde a la de Hacienda y Crédito Público esa responsabilidad, reflejada en dos artículos de la ley vigente (14 y 15).

Para la realización de la consulta prevista en la ley, el presidente Peña Nieto dispuso la realización de cinco foros temáticos, con la participación de Secretarías de Estado, organismos y empresas públicas, representantes de los sectores productivos y grupos sociales, así como de académicos y especialistas. Una vez que se conozca el texto del PND, y los programas que de él deriven, será posible evaluar las aportaciones que la consulta entrega a su contenido, y las metas e instrumentos con las que el gobierno atenderá los principios rectores y ejes temáticos de la planeación del desarrollo.

A diferencia de experiencias previas, en esta ocasión el Ejecutivo prescindió de un foro específico en el tema del desarrollo democrático, en sus vertientes electoral y política; quizá el motivo haya sido que ese tema es consustancial a los compromisos establecidos en el Pacto por México, cuyo cumplimiento está en curso. Sin embargo, más allá de lo que ocurra con ese Pacto, es de esperar que el PND incluya la visión estratégica que el gobierno plantea en materia democrática, así como los compromisos, metas, plazos e instrumentos para superar lo que algunos denominan "déficit democrático" y otros "baja calidad de nuestra democracia".

En 1995, Ernesto Zedillo plasmó en el PND el siguiente compromiso:

"El Ejecutivo Federal está comprometido con el ejercicio de una presidencia eficiente, capaz y acotada; sometida al imperio de la Constitución y las leyes; sujeta al control de los otros Poderes de la Unión.

"El Presidente de la República no debe tener ni ejercer más atribuciones que las que expresamente le confieren la Constitución y las leyes. Conforme a la Constitución y al ideal republicano cultivado a lo largo de nuestra historia, el Presidente es, en todo momento, el primer mandatario de la Nación.

"De acuerdo con estas consideraciones, el Ejecutivo Federal evitará el ejercicio de poderes metaconstitucionales, que conllevan el riesgo de conducir al autoritarismo. Sin embargo, no es sólo la voluntad del Ejecutivo la que permitirá cumplir plenamente este propósito. También es necesario que los Poderes de la Unión, los partidos políticos y las organizaciones sociales asuman y observen los límites constitucionales del Poder Ejecutivo, de tal modo que vigilen esos límites, con sus actos y demandas".

¿Cuál será el compromiso de Enrique Peña Nieto?

*Reforma 14-05-13