CONFLICTOS Y JUSTICIA*

ANA LAURA MAGALONI

En este tiempo, el mosaico de conflictos sociales de nuestro país se ha hecho más visible y ruidoso. Los maestros de Guerrero bloqueando la carretera y destruyendo edificios en Chilpancingo, los ultras de la UNAM tomando la Rectoría, el movimiento magisterial amenazando con paralizar la Ciudad de México, por mencionar algunos. ¿Qué hacer frente al conflicto violento? ¿Cómo pacificarlo? ¿Cuál es la capacidad del Estado para restablecer la paz?

No creo en soluciones de mano dura. Existe evidencia suficiente de que ello no funciona. Tampoco creo que quienes se envuelven en la bandera del Estado de derecho y la "aplicación estricta de la ley" tengan una clara idea de cómo diferenciar este discurso del de la mano dura. Más bien son muy parecidos. De punto de partida, para hablar de soluciones jurídicas (y no políticas) al conflicto, tenemos que asumir que la capacidad institucional para aplicar la ley de forma creíble, igualitaria y legítima es muy delgadita. Imaginemos qué pasaría, por ejemplo, una vez que los policías hubiesen detenido a los maestros de Guerrero o a los ultras de la UNAM. La película que sigue es un proceso judicial lleno de vicios, de abusos y de mentiras, un ejercicio de simulación de que la ley importa cuando los propios aplicadores de la ley son los primeros en actuar al margen de ésta, un MP sin capacidad de articular una historia y ofrecer evidencia contundente, un juez sin la independencia que requiere un árbitro creíble, un defensor público inexistente y desdibujado. El resultado: un montón de personas encarceladas a la mala, sin que sea creíble para nadie que ese juicio y esa sentencia son actos de "aplicación estricta de la ley". Todo lo contrario, la justicia penal mexicana sirve como instrumento de venganza y de represión social. Mientras que ello sea así, es muy delicado utilizarla para intentar hacerle frente a los conflictos sociales. Quiero pensar que parte de la prudencia que ha mostrado la administración de Peña Nieto frente a las trifulcas de maestros y ultras tiene que ver con ello.

Si queremos que sea el derecho y no la política la forma de gestionar la conflictividad social, es indispensable reformar a fondo el sistema de procuración e impartición de justicia. Se trata, finalmente, de implementar la accidentada y olvidada reforma penal.

Sin duda, el contexto ha cambiado para la reforma penal. En el sexenio anterior se creía que esta reforma era importante, pero que no era el momento para su implementación. Es por ello que a nivel federal, desde el 2008, en que se aprobó la reforma constitucional hasta la fecha, no ha pasado nada. Todo lo contrario, parece que la PGR está en ruinas. Al mismo tiempo, la orfandad política de la reforma penal durante el sexenio de Calderón hizo que cada entidad federativa que se animó a implementarla lo hiciera de manera aislada, diseñado su propia ruta de implementación, su propio entendimiento de la misma, con resultados muy diversos. Los pocos diagnósticos existentes coinciden en que el accidentado proceso de implementación de la reforma penal se ha caracterizado por su heterogeneidad en las formas de implementarla, por el despilfarro de recursos y por la falta de una visión compartida.

Todavía estamos a tiempo de enderezar el proceso de implementación, pero se requiere un empuje serio. Para ello, Peña Nieto debería atender en los siguientes meses cuatro puntos estratégicos.

Primero: la Ruta Crítica de la reforma. Aquí se requiere del liderazgo político del presidente de la República. Se necesita generar una visión compartida y un acuerdo nacional, que involucre a todos los gobernadores, para que decidan en qué orden y cómo se va a ir implementando la reforma en todo el país. El Presidente no se puede desentender de lo que sucede en el ámbito local, pues es ahí en donde se encuentran las principales demandas de justicia ciudadana. En materia penal, lo federal es bastante irrelevante para el ciudadano de a pie. ¿Cómo trabajar con los gobiernos locales para construir las instituciones de seguridad y justicia que necesitamos? Este continúa siendo un desafío insalvable para el presidente Peña Nieto.

Segundo: se necesita un órgano de implementación con mucha más fuerza política y presupuestal que la Setec, ello implica poner atención en la conformación de dicho órgano e incluir a funcionarios federales y locales del más alto nivel. Revisemos las mejores prácticas internacionales en este respecto y actuemos en consecuencia.

Tercero: la implementación de la reforma a nivel federal tiene un gran desafío: los casos de delincuencia organizada se seguirán por el proceso tradicional. La excepción es tan amplia que fácilmente se puede convertir en la regla. Hay que cubrir este hueco tomando decisiones con visión de largo plazo.

Cuarto: la institución clave para activar la reforma es la defensoría pública. Esta institución tiene la posibilidad de romper los equilibrios perversos. Se trata del abogado para quien no tiene recursos ni accesos. La defensoría ha sido muy abandonada en términos presupuestales y políticos. Ello genera ventajas para su reforma: no hay mucho que perder para los defensores y hay todo por ganar. Aprovechar esta ventana de oportunidad me parece crucial.

*Reforma 18-05-13