¿Y LOS PRIVILEGIOS POLÍTICOS?*

MARÍA AMPARO CASAR

Dato curioso. La voluntad y los consensos para afectar los intereses de "los otros" (los privados) no han sido acompañados por la voluntad y los consensos para afectar los intereses "propios" (los políticos). En lo que a los privilegios de la clase política toca, los acuerdos han escaseado.

En tiempo récord y al amparo del Pacto por México gobierno y legisladores han alcanzado importantes arreglos legislativos y administrativos para barrer privilegios empresariales y sindicales enfrentándose a intereses poderosos que hasta hace poco se consideraban intocables: SNTE, compañías telefónicas, televisoras y sectores empresariales que abusaban ante los tribunales de la suspensión del acto reclamado. Si las cosas salen bien están en la fila los banqueros, la industria minera y los empleadores que reportan de manera diferenciada los salarios que pagan a sus trabajadores según se trate del SAT o del IMSS.

Pero se nota un gran desbalance. Los firmantes del Pacto no han priorizado, como prometieron, las reformas y acciones para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Estas promesas se han convertido en deudas.

En el ámbito legislativo prometieron terminar con el fuero de los legisladores y funcionarios pero éste sigue vigente. Ofrecieron impulsar una reforma para hacer del IFAI un órgano constitucional autónomo, darle facultades de revisión de las resoluciones de los órganos locales, permitir la atracción de casos de relevancia nacional y hacer sujetos obligados a los Poderes Legislativo y Judicial y (compromisos 83 y 84) pero no pudieron procesarla. Se obligaron a establecer el Sistema Nacional contra la Corrupción con comisiones estatales para prevenir, investigar, sancionar y denunciar ante las autoridades competentes actos de corrupción (compromiso 85) y la iniciativa se quedó atorada. Para terminar, propusieron crear un Consejo Nacional para la Ética Pública con la participación de autoridades públicas y miembros de la sociedad civil para dar seguimiento a las acciones concertadas contra la corrupción (compromiso 86) y la tarea no ha prosperado. Tampoco se animaron a frenar la discrecionalidad de los gobernadores para endeudarse y permitir que la ASF fiscalizara la deuda pública.

Desde el ámbito administrativo, el gobierno propuso instrumentar la reforma para la Rendición de Cuentas Contables (sic) aprobada en el periodo legislativo anterior y establecer reglas comunes y mecanismos homologados para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a toda la información sobre el gasto público (compromiso 82). Podemos suponer que nada se ha hecho al respecto pues nada se ha informado.

Además, Peña Nieto se comprometió a que los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil participaran como "testigos sociales" en las compras que hiciera el gobierno. Eso contestó ante la "pregunta de los preguntones" de si estaría de acuerdo en publicar en internet todo pago que se realice y toda factura que se reciba en las dependencias de gobierno a su cargo y promover esa misma transparencia en todos los demás órganos de gobierno. Tampoco hemos tenido noticia de este compromiso. Finalmente, brilla por su ausencia la promesa de crear una "instancia ciudadana y autónoma que supervise que la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación se lleve a cabo bajo los principios de utilidad pública, transparencia, respeto a la libertad periodística y fomento del acceso ciudadano a la información, así como establecer un límite en el ejercicio del gasto en publicidad de cada entidad pública".

Total, la clase política no ha querido sacrificar los privilegios que obtiene de la opacidad y la falta de rendición de cuentas. Ejecutivo federal, gobernadores y legisladores siguen en su zona de confort.

Se dice que en el Pacto se tomó la decisión de procesar primero aquellas reformas que por su naturaleza fueran materia de consenso y dejar para más adelante las que podrían ser fuente de conflicto. Si esto es cierto parecería legítimo concluir una de dos: o no hay consenso entre las fuerzas políticas sobre la manera de combatir la corrupción o, peor aún, hay un consenso pero para seguir en una situación de opacidad, corrupción e impunidad que a todas ellas conviene porque a todas ellas beneficia. Presidente, legisladores y gobernadores han decidido mantener sus privilegios contraviniendo el dicho de que el buen juez por su casa empieza y a pesar de habernos dicho que la corrupción es un detractor de la efectividad de las reformas estructurales.

*Reforma 14-05-13