COSQUILLAS A LA CORRUPCIÓN*

MARÍA AMPARO CASAR

Los casos emblemáticos no hacen más que cosquillas a la corrupción política. En época de Salinas se encarceló a La Quina y se destituyó a 17 gobernadores; en la de Zedillo acabó tras las rejas Raúl Salinas; en la de Fox se aprehendió a Mario Villanueva, René Bejarano y Gustavo Ponce; en la de Calderón detuvieron a Carlos Ahumada, a Salazar Mendiguchía (Chis.), a Narciso Agúndez (BCS) y a 11 presidentes municipales, 16 funcionarios y un juez del estado de Michoacán. En lo que va del sexenio de Peña Nieto se ha aprehendido a Elba Esther Gordillo y destituido a Benítez Treviño.

Con sus diferencias de rango e impacto, estos casos respondieron al deseo o necesidad de los presidentes de disciplinar a miembros del sistema, ajustar cuentas, mandar una señal política o legitimarse. Unos más otros menos, estos casos quisieron ser simbólicos pero nunca hubo, y sigue sin haber, voluntad, compromiso o estrategia de combate a la corrupción.

Por cada uno de estos ejemplos que en su momento se consideraron emblemáticos cientos quedaron sin investigar e impunes. Las cárceles están llenas no de grandes defraudadores sino de pequeños delincuentes presos por delitos menores a los 5,000 pesos.

Hoy el caso Granier se agrega a la larga lista de escándalos políticos. No pasará de ser otra aguja en el pajar de la corrupción.

Una revisión de las primeras planas y la sección Nacional del periódico Reforma del 1o. de diciembre de 2012 al día de hoy me da un recuento de más de 70 presuntos actos de corrupción por parte de la clase política. Todos vergonzosos: desde las partidas presupuestales discrecionales de las que disponen los coordinadores parlamentarios hasta la construcción de la sede del Senado; desde la intención de funcionarios de Sedesol de utilizar programas sociales con fines electorales hasta la participación en actos religiosos de los gobernadores de Chihuahua y Veracruz o; desde el tráfico de influencias del exministro Góngora para rebajar la pensión a sus hijos y encarcelar a su esposa hasta la acusación contra el exdiputado Jorge Kahwagi de propinarle una golpiza a su novia; desde la Estela de Luz hasta la intervención de César Nava en la defraudación a Pemex. La inmensa mayoría sin consecuencias. Si los políticos corruptos no pisan la cárcel o no son inhabilitados no es porque sean unas blancas palomas sino porque se pueden pagar buenos abogados, porque en la comisión de delitos borran sus huellas y empinan a sus subordinados o, más frecuentemente, porque los protegen sus pares y las estructuras de poder.

Cada nuevo gobierno ha prometido erradicar la corrupción. Los resultados no se ven por ningún lado. De Salinas a Peña Nieto la percepción de la corrupción y supongo que la corrupción misma, ha ido en aumento. Entre 2011 y 2012 México cayó cinco lugares en el Índice de Transparencia Internacional que mide la percepción sobre cohecho, nepotismo y corruptibilidad de los funcionarios gubernamentales, las instituciones y el sector público. De 176 países, pasó del lugar 100 al 105. En 2006 ocupaba el lugar 70. En 2009 el 89.

Transparencia Internacional refiere que los gobiernos deben incorporar acciones contra la corrupción en todas las decisiones públicas y que entre las prioridades se encuentran normas más efectivas sobre cabildeo y financiamiento político, una mayor transparencia de la contratación y el gasto público, y mayor rendición de cuentas de organismos públicos a la población.

Algunas de estas medidas han sido formalmente adoptadas en México pero su instrumentación ha sido cancelada en la práctica y sustituida por el método de los casos de alto impacto mediático. Pero así como está probado que la elevación de las penas no sirve para disuadir la comisión de delitos, el encarcelamiento selectivo de políticos tampoco sirve para disminuir el ejercicio indebido de servicio público, abuso de autoridad, tráfico de influencia, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito.

Los intentos más visibles para frenar la corrupción siguen proviniendo del periodismo que ha hecho una labor importante al hacer públicas conductas ilícitas que de otra manera habrían pasado desapercibidas. Pero su eficacia es limitada porque los medios están para investigar y exhibir pero no para integrar averiguaciones, ni consignar, juzgar y condenar. Los políticos por su parte se siguen acomodando a la práctica de los casos emblemáticos a sabiendas que su eficacia es nula y que sus dividendos políticos, como fue el caso de la aprehensión de Gordillo, son cada vez menores.

*Reforma 28-05-13