MARÍA DEL CARMEN ALANÍS
El pasado día 20 se publicó el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), instrumento guía de las acciones de la administración pública federal. A este documento rector deberá seguir la elaboración de programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales que darán concreción a las directrices contenidas en el PND.
Estas hojas de ruta suelen aportar diagnósticos, proponer objetivos y fijar prioridades sobre el rumbo que se propone para una nación. Son, por ello, ilustrativas de cómo un país se ve a sí mismo y hacia dónde quiere arribar. Esta consideración es especialmente cierta en países como México, donde por mandato constitucional, los planes de desarrollo se construyen a partir de modelos participativos, de manera que su redacción refleja debates vivos en la sociedad. Es el caso de la igualdad de género, objetivo que si bien ha estado presente en todos los planes nacionales de desarrollo, lo ha hecho en forma incremental. Conforme las mujeres y sus organizaciones han logrado mayor fuerza en sus demandas de justicia e igualdad, mayor peso ha adquirido el tema dentro de los planes de desarrollo.
Así, por ejemplo, el PND 1995-2000 incluía algunas propuestas para detener el deterioro nutricional y fomentar la educación de las mujeres, pero lo hacía dentro de las políticas poblacionales y de política social. El ejercicio 2001-2006 incluyó un apartado que reconocía la necesidad de que la equidad de género fuera prioridad, pero la vislumbraba desde el objetivo de cerrar la brecha de ingresos entre hombres y mujeres. En 2007-2012 se dio un paso más, al crear un objetivo tendente a eliminar cualquier discriminación por motivos de género, además de garantizar la igualdad de oportunidades.
El PND 2013-2018 avanza un peldaño más en esa espiral de reconfiguración conceptual, al incorporar la perspectiva de género como eje transversal. Es decir, considera la necesidad de revertir asimetrías, no en un apartado aislado, sino dentro de cada una de las cinco metas nacionales trazadas en el Plan.
Con ello, el sistema de planeación democrática comenzará a asumir las tendencias de transversalidad de género que se fijaron como prioritarias desde la Cumbre de Beijing (1995). Esa estrategia se propone la integralidad de acciones, al buscar que la igualdad de género sea central a toda la actividad pública, incluyendo diseño de políticas, planeación, presupuestación, legislación e inclusive impartición de justicia.
El supuesto sobre el que se erige es que la desigualdad de género está presente en todos y cada uno de los temas públicos, por lo que es necesario develar sus conexiones y definir instrumentos para corregirlas.
En ello acierta el PND cuando propone 35 líneas de acción en temas tan diversos como la armonización de protocolos de investigación sobre homicidios de mujeres; igualdad de oportunidades en el mercado laboral; inclusión de la perspectiva de género en los programas educativos; integración demujeres al sistema financiero y la puesta en sintonía de la normatividad vigente con tratados internacionales.
A pesar de ello, subsisten carencias en este plan. Entre otras, cabría mencionar la falta de un diagnóstico sobre las limitantes a la participación política y representación de mujeres en los órganos de toma de decisiones, o bien la falta de propuestas sobre sanciones concretas para quienes ejerzan violencia contra mujeres. La lente de género está presente en uno de los 15 indicadores de evaluación del PND.
En todo caso, las posibilidades de avanzar integralmente en la eliminación de la desigualdad contra la mujer se han fortalecido con la adopción de estrategias de transversalidad. El turno está ahora en que todos los programas sectoriales y los presupuestos propongan acciones y recursos para fortalecer la igualdad de género y el pleno ejercicio de derechos por parte de las mujeres. A las y los ciudadanos nos corresponde fortalecer el escrutinio ciudadano sobre las políticas públicas en la materia.
*El Universal 29-05-13
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