miércoles, 29 de octubre de 2008

DEMOCRACIA, ESENCIA Y VALOR

LORENZO CÓRDOVA

En un famoso texto de 1929 (Esencia y valor de la democracia), Hans Kelsen, uno de los más importantes teóricos de la democracia, señalaba que la tendencia al compromiso revelaba la naturaleza misma de esa forma de gobierno. En ese sentido, el procedimiento democrático, que es incluyente por definición, parte del reconocimiento y respeto de la pluralidad ideológica existente en una sociedad y de la interacción recíproca de las diversas posturas políticas de cara a la toma de las decisiones colectivas.
Por ello, democracia significa discusión entre dos o más bandos y el resultado favorecido por esa discusión en el proceso de formación de la voluntad de la comunidad es el compromiso. Esa es la esencia, a su juicio, de esa forma de gobierno.
Por supuesto, en la democracia las decisiones se toman por mayoría (lo que constituye su “regla de oro”), pero eso no es suficiente. El mero mayoriteo no es democrático en sí: éste se asemeja más a la “tiranía de la mayoría” de la que Tocqueville alertaba a cuidarse. La decisión para ser realmente democrática siempre tiene que estar precedida por la discusión, el debate, la confrontación de ideas. Y esto propicia la mayoría de las veces la tendencia al acuerdo, a matizar las diferencias y a privilegiar los consensos.
El acuerdo, decía Kelsen, supone la “solución de un conflicto por una norma que no coincide enteramente con los intereses de una de las partes ni se opone enteramente a los de la otra”.
Eso es, me parece, lo que sucedió en una de las decisiones políticas más importantes de los últimos años y que se plasmó en la reforma petrolera en vías —hasta ayer— de aprobación: ninguna de las posturas particulares se impuso y el resultado (que muchos trasnochados fundamentalistas del liberalismo económico hoy lamentan) fue el resultado de una amplia discusión pública, una intensa interacción entre las partes y una inevitable matización de posiciones. Fue una reforma típicamente democrática en la que la lógica del todo o nada se diluyó ante una decisión que implicó concesiones recíprocas y atenuación de los planteamientos originales.
Eso, en buena medida, fue conseguido, debe reconocerse, gracias al movimiento que propició López Obrador, por eso es lamentable que ahora de ese lado se desvirtúen los logros legislativos obtenidos. En las democracias nadie tiene el monopolio de la verdad ni de la decisión; se tienen convicciones y es legítimo defenderlas por todos los medios lícitos (incluso la movilización permanente) y pretender que las mismas prevalezcan sobre las opiniones contrarias, pero eso no es lo mismo a negarle reconocimiento y validez también a las posturas de los adversarios aunque difiramos en mucho de ellas. Eso es una perogrullada, pero no sobra recordarlo.
Lo acontecido deja lecciones para todos. Por un lado, esperemos que de aquí en adelante todas las “grandes decisiones”, las que interesan particularmente a la sociedad, sean el resultado de discusiones amplias e incluyentes en las que se privilegien los consensos (como acaba de ocurrir), dejando de lado la tentación a los albazos y los simples mayoriteos que de democrático, como señalábamos, tienen poco. Por otra parte, ojalá prevalezca la disposición al acuerdo, lo que no supone la de renunciar a la defensa legítima de nuestros propios puntos de vista, pero sí a su prevalencia a toda costa. En una sociedad tan polarizada y lastimada como la nuestra, no aspirar a eso significa apostarle simple y sencillamente a un choque de trenes.

NO Y TE ME BAJAS

DENISE DRESSER
Según un famoso chiste chihuahuense, cerca del pueblo de Sueco, los traileros de manzana recogen a quienes están pidiendo aventón en la carretera. De esa manera, un hombre logra subirse a un camión que pasa, sólo que al sentarse junto al chofer, éste le dice: “Está bien, te llevo, pero no me gusta que me contradigan”. El pasajero piensa en cómo entablar una conversación con el conductor, y de manera aprehensiva descarta hablar de política o religión, pensando que esos temas podrían contravenir a quien maneja. Finalmente, y después de pensarlo mucho y sin saber qué decir, con la esperanza de hablar sobre cualquier asunto sin provocar una controversia, musita “pues sí”. Entonces el chofer voltea colérico y le grita “Pues no, y te me bajas”.
Eso es exactamente lo que acaba de hacer Andrés Manuel López Obrador, al anunciar una movilización popular contra la reforma energética que —horas antes— había avalado. En lugar de festejar una victoria hábilmente ganada, insiste en negarla. En lugar de anunciar un triunfo astutamente logrado, se empeña en distanciarse de él. Sube al PRD al camión que conduce, sólo para bajarlo en el momento en el cual siente que su partido lo contradice. Ofrece llevar a la izquierda a un destino compartido, sólo para transitar por una ruta distinta en el último momento y por los peores motivos. Parecería que en este tema —al igual que en otros— a Andrés Manuel le gana la tripa. Le gana la animadversión hacia Felipe Calderón. Si el presidente dice “sí”, como lo ha hecho en el caso de la reforma energética, AMLO sólo puede decir “no”. Si el presidente avala una iniciativa, AMLO no tiene más remedio que denostarla. Y con ello revela, nuevamente, que está dispuesto a colocar su agenda personal por encima del destino tanto de su partido como del país.
Porque si no, resulta difícil entender por qué López Obrador toma la decisión de transformar un logro en un error. Por qué critica algo que él mismo había contribuido a construir. Si en el tema de la reforma petrolera había conseguido todo lo que quería. Había logrado frenar el albazo legislativo que la alianza PRI-PAN pretendía dar hace unos meses. Había ganado la consulta popular en la cual, la mayoría de la población que participó se opuso a la supuesta privatización del petróleo. Había convencido a la opinión pública de oponerse a la presencia de la iniciativa privada en las actividades de Pemex. Había logrado abrir un espacio inusitado de debate relativamente plural y abierto sobre el tipo de reforma que cada partido quería. Había logrado que Felipe Calderón anunciara la construcción de nuevas refinerías a cargo del Estado. En tema tras tema, AMLO había impuesto la agenda, definido los tiempos, marcado los límites de lo posible.
Y había obligado tanto al PAN como al PRI a recorrerse hacia la izquierda del espectro político. Los críticos de la iniciativa aprobada la califican de light, precisamente por todo aquello que ya no contiene. Por todo aquello que el Frente Amplio Progresista es capaz de eliminar. Por todo aquello que los priistas y los panistas se ven obligados a sacrificar. Por todo aquello que la movilización popular —tan criticada incluso por mí— logra parar. Los contratos de riesgo y las empresas filiales y la participación del sector privado en el transporte del petróleo y el involucramiento de terceros en la refinación. El FAP propone y Felipe Calderón dispone. Los senadores perredistas presentan sus propuestas y sus adversarios políticos las hacen suyas. Andrés Manuel deshuesa la propuesta presidencial y quien la cocinó celebra que lo haga.
Las motivaciones de Felipe Calderón son claras. La forma mata fondo. Lo posible mata lo deseable. Importa más el consenso con el que se aprueba la reforma que su contenido. Preocupa más cómo desactivar la movilización popular de López Obrador que cómo atender la caída dramática en la producción petrolera. Apremia más sentar a los moderados del PRD a la mesa que pelear por las iniciativas presidenciales presentadas allí. Importa más un proceso legislativo exitoso que un proceso reformista profundo. Y por ello Calderón interpreta la virtual eliminación de su iniciativa como un triunfo político. Parece dispuesto a sacrificar la eficiencia económica en nombre de la unidad política. Parece dispuesto a sustituir reformas de fondo por reformas consensuadas. Tal y como lo hizo con la reforma electoral, Calderón cede en temas claves con tal de lograr acuerdos tripartitas. Entrega las llaves del reino con la esperanza de que las adelitas enardecidas no lo vayan a sacar de allí.
Pero Andrés Manuel López Obrador no logra entender la dimensión de su victoria y cómo aprovecharla. No logra comprender la magnitud de su triunfo y cómo capitalizarlo. Este era el momento para cosechar aplausos, no para sembrar divisiones. Esta era la ocasión para regocijarse con el movimiento, no para confrontarlo con el partido. Esta era la coyuntura para inyectarle nuevos bríos a sus seguidores, no para confundirlos. La “consulta” al vapor de AMLO lo único que produce es una condena merecida por su falta de representatividad. La actuación de AMLO lo único que hace es darle más legitimidad a quienes critican al movimiento social y niegan su papel como acicate del cambio. La desesperación de AMLO lo único que produce —otra vez— es la caída del capital político que su partido había podido acumular. De nuevo deja a la intemperie a aquellos que creyeron en la posibilidad de proponer, participar, negociar, cambiar al país sin incendiarlo primero.
AMLO acaba como el conductor contrariado incapaz de aceptar una sola palabra que contradiga la suya. Aunque sea la palabra “sí”, aunque sea la palabra “consenso”, aunque sea la palabra “reforma”, aunque sea la palabra “negociación”, aunque sea la palabra “avance”. Porque a la luz de sus últimos posicionamientos, queda cada vez más claro que a Andrés Manuel no le interesa obtener triunfos para la izquierda, o asegurar avances para el Frente Amplio Progresista, o contribuir a la resurrección del PRD. Más bien quiere crear condiciones en las cuales pueda seguirse peleando con Felipe Calderón. Más bien anhela perpetuar la protesta, aunque ya haya ganado la batalla que la motivó. Se muestra incapaz de sacarle brillo a sus propios triunfos si tiene que reconocer los del presidente. Y esa mezquindad acarrea costos que él hoy no comprende pero quizás le pesarán en 2009, cuando el PRI gane lo que AMLO se empeña en perder. Basta recordar lo que le dice Barcas a su hijo Hannibal, el comandante de las tropas cartagenianas: “Sabes cómo ganar una victoria, pero no sabes cómo usarla”.

RESCATE POLITICO

DIEGO VALADES

Un viejo dogma político, que hunde sus raíces en el siglo XIX, establecía que todas las decisiones adoptadas por los presidentes debían regirse por “el principio de autoridad”. En este caso se entendía por “autoridad” todo aquello que contribuyera a preservar la imagen intocable del presidente y el carácter irrefutable de sus determinaciones. A la sombra de ese supuesto principio cobró cuerpo el presidencialismo mexicano, si bien esta proclividad autoritaria la compartimos con todas las naciones de nuestro hemisferio y se sintetiza en el título de una novela de Augusto Roa Bastos: Yo, el supremo.
En los sistemas democráticos los gobernantes sensibles procuran el equilibrio, para que rectificar no parezca debilidad, o perseverar no devenga en intransigencia. Este es un dilema que suele presentarse cuando está involucrado un asunto crítico.
Hay muchos casos resbaladizos donde es posible pasar de la prudencia a la cobardía, del valor a la temeridad, de la franqueza al cinismo, de la discreción a la hipocresía, de la firmeza a la tozudez, o del entendimiento a la complicidad, por ejemplo. Quien tiene por oficio decidir se enfrenta a esas disyuntivas de continuo. Para resolverlas no hay una regla de tres; las variables son muchas y la capacidad de mantenerse dentro del umbral de lo conveniente y de lo debido es parte del arte de gobernar. Quien domina ese arte es un maestro; quien lo ignora, un aprendiz.
El Presidente tiene ante sí una difícil opción con motivo del cuestionamiento al que están sujetos algunos de sus colaboradores, el más importante: el secretario de Gobernación. Nuestra Constitución no exige, como en buena parte de los sistemas presidenciales, incluido el estadounidense, que los miembros del gabinete sea ratificados por el Congreso; tampoco permite, como sucede en varios de esos mismos sistemas, que el Congreso censure a los ministros, así sea sin consecuencias vinculantes a su remoción. El nuestro es un sistema arcaico, donde la voluntad presidencial es omnímoda.
Una situación así es disfuncional sobre todo cuando coexisten, pero no conviven, un gobierno minoritario y un congreso plural. Para superar esas circunstancias lo habitual es que, incluso sin regulación constitucional, se establezcan mecanismos de cooperación entre el gobierno y el Congreso que auspicien compromisos gubernamentales y legislativos recíprocos.
Donde se adoptan, estos acuerdos contribuyen a la gobernabilidad porque son públicos y corresponden a objetivos nacionales. Es así como se construyen los equilibrios políticos y se sientan las bases para programas eficaces de gobierno en una democracia. Cuando el arreglo se busca mediante procesos ambiguos y sus propósitos son de índole personal, se desvirtúan las funciones de cooperación política y se desvanece la frontera entre el acuerdo y el contubernio.
Se perfila un rescate político, al parecer sin calcular el costo institucional. Para redimir a un funcionario que confunde los límites entre lo público y lo privado, y entre lo legal y lo ético, parece haber un arreglo confidencial. Si así fuera, porque desde la perspectiva del poder se salvaría el supuesto principio de autoridad, y desde la de la oposición se tendría la hipotética ventaja de mantener en el cargo a un secretario devaluado, se estarían desvirtuando los objetivos de una democracia constitucional.
Tal vez el funcionario impugnado logre su permanencia y el incidente sea borrado de la memoria por otros episodios. Siempre habrá nuevos acontecimientos que hagan olvidar los anteriores. Lo que sí quedará en la conciencia colectiva es que la degradación moral ha calado muy hondo en nuestro amado país. Lleva mucho tiempo acreditar a las instituciones, pero alcanza con un día para descalificarlas.

LA PGR SIN TRANSPARENCIA

MIGUEL CARBONELL

Ahora que estamos discutiendo con intensidad acerca de las mejores medidas que debería tomar el gobierno en su lucha contra la inseguridad, convendría asegurarnos que todos los órganos públicos involucrados en el combate al delito actúen con la mayor transparencia, sobre todo en vista de que su presupuesto va a aumentar exponencialmente para el próximo año.
Llama la atención, en este contexto, la actitud opaca y cerrada de la PGR, que de forma sistemática se ha negado a acatar los fallos del IFAI en los que se ordena que se entregue información que consta en averiguaciones previas ya terminadas.
Uno puede entender que las averiguaciones previas que están en curso deben mantenerse en sigilo si es que quieren ser exitosas (aunque vemos filtraciones de información todos los días en los medios de comunicación, sobre todo de ciertos casos especialmente llamativos). Pero una averiguación previa ya terminada, ¿por qué razón debería de seguir siendo considerada como secreta?
Conociendo las miles de historias de corrupción y negligencia que rodean a la procuración de justicia en México, se podría pensar que esa actitud solamente busca encubrir a los malos agentes del Ministerio Público o, todavía peor, las actitudes facciosas, claramente partidistas, de ciertos actores dentro de las procuradurías.
La PGR no parece haber entendido que la transparencia y el acceso a la información son mandatos constitucionales que todas las autoridades deben acatar, les guste o no. Dentro del poder ejecutivo federal quien hace valer esos mandatos es el IFAI y sus facultades provienen de una ley que también obliga a la PGR.
Ahora bien, el lector quizá se estará preguntando si la información que la PGR niega contiene datos muy importantes para el éxito del gobierno en contra de los cárteles de la droga, o si se trata de información que pone en riesgo la seguridad de la nación o cuya difusión pudiera suponer que queden al descubierto agentes infiltrados en los cárteles mafiosos. Nada de eso. Los registros públicos permiten saber que lo que están pidiendo los ciudadanos es conocer el contenido de las averiguaciones previas ya terminadas en que estaban involucrados personajes como Rosario Robles, Elba Esther Gordillo o el General Jesús Gutiérrez Rebollo; también se le ha pedido a la Procuraduría el contenido de las averiguaciones previas terminadas en materia de lavado de dinero o las relativas al delito de trata de personas (como puede verse en la solicitud de información con número de folio 0673800087408, presentada ante el IFAI).
¿Qué razones de orden público y de interés general puede haber para no dar a conocer esa información? ¿por qué los ciudadanos no deberíamos de poder saber si las averiguaciones previas que involucran a esas personas estuvieron bien o mal integradas? ¿cómo vamos a saber si la actuación del gobierno en materia de lucha contra el lavado de dinero es o no correcta si no podemos consultar lo que hacen los fiscales encargados del tema? ¿qué seriedad puede tener un gobierno que se niega a acatar la Constitución y las leyes en un tema que lastima tanto a los ciudadanos como lo es el de la nula capacidad de respuesta de las procuradurías de justicia?
La PGR debería seguir el ejemplo de la Suprema Corte que ha demostrado un compromiso claro con la apertura y que ha hecho grandes avances en materia de transparencia en los últimos años. La gestión de su presidente, Guillermo Ortiz Mayagoitia, será recordada en buena medida por su compromiso con la transparencia y con la posibilidad de que todos los ciudadanos tengamos acceso a las discusiones de los Ministros y al contenido de sus sentencias.
Hace unos días la Corte incluso tuvo que llamar al orden a los diputados de Querétaro que pretendían desaparecer al órgano de transparencia de su estado. Los Ministros señalaron que esa medida era inconstitucional y que la ley tenía que prever un órgano especializado y autónomo en materia de transparencia. Se equivocaron quienes, apresuradamente y haciendo una muy mala interpretación constitucional, avalaron –incluso desde los organismos protectores de derechos humanos- la decisión de los diputados queretanos. Qué bueno que la Corte les indicó el camino correcto. Ojalá tengan la humildad suficiente para reconocer el error en el que incurrieron. Con la decisión del caso de Querétaro ganamos los ciudadanos, gana la causa de la transparencia y de la rendición de cuentas, y gana el estado de Querétaro. Y de esa manera la Corte sigue dando pasos en la dirección correcta al defender un derecho fundamental que ha venido a cambiar el rostro del poder público en México. Pasos de los que debería aprender la PGR.

UNA EUROPA RENOVADA

HERMILIO LOPEZ-BASSOLS

Es incuestionable que el viejo continente está sufriendo mutaciones importantes, que tanto inciden en su vida interna unitaria, como en todo el espacio europeo, y ciertamente hacia otros polos de poder: China, Rusia, América Latina y hasta Africa del Norte, principalmente.Dos indicativos precisos de lo que pasa en la vieja Europa, son el rechazo de Irlanda a ratificar el Tratado de Lisboa. Pero no se puede omitir, aunque solamente se trata de un evento deportivo, el triunfo español en la Copa Europea. Esto revela que hasta en el campo deportivo, las viejas potencias van siendo relevadas por el empuje y voluntad de quienes estaban rezagados. A la primera de cuentas, percibimos que el triunfo en la copa, podría ser de Portugal u Holanda, pero un futbol de garra y alta voluntad, llevó a los españoles a un justificado triunfo, así también en ese mundo muy especial, donde corren muchos millones de euros, hay un cambio.Lo que sucede es que a partir de la primera toma de posesión del presidente Bush y los ataques que sucedieron después en las Torres Gemelas y en 2003 a Irak, la gran potencia desequilibró totalmente la región, involucrando a otras potencias mundiales. Cuando todos insistían en que el ataque era por Hussein, se insistió en los pozos petroleros, que ahora el Gobierno iraquí parece rehusarse al manejo de extranjeros. Asimismo, coadyuvaron a este cambio cuatro cambios políticos importantes en Francia, España, Italia y en cierta forma Reino Unido. Todos se deslizaron hacia la derecha y la defensa tradicional de la izquierda quedó principalmente en manos de Alemania, que tiene una gigantesca coalición, que une a los dos partidos mayoritarios. Asimismo, Europa se cimbró, cuando Rusia amenazó con el corte de gaseoductos y mostró su vulnerabilidad en este terreno. También han ido tomando acciones los europeos que no precisamente son las mismas, pero que sí siguen ciertos lineamientos respecto a la inmigración indocumentada. Por otra parte, los europeos rápidamente reforzaron nuestras zonas, como es el caso de Sudamérica, con la que ahora, prefieren negociar sus tratados comerciales bilateralmente, para ser más expedita la firma de los mismos, en materia del libre comercio.Si evaluamos, aunque someramente el escenario descrito, éste revela que en efecto hay el inicio de una mutación, que parece inminente, no solamente europea sino que también corresponde a otras aéreas del globo.Quedan muchas interrogantes, claro y una muy importante, son las urnas en noviembre próximo, donde habrán luchado a brazo partido el demócrata Obama y el republicano McCain, quienes estarán dispuestos a presentar a su pueblo y al mundo, que en verdad estarán muy interesados en sus proyectos de política exterior que restauren la imagen de Estados Unidos en el mundo y abra un espacio de conciliación, en este mundo multipolar actual.

DERECHO DE CRITICA DE GOBERNANTES

ERNESTO VILLANUEVA

La información, los juicios de valor y las opiniones externadas por los gobernados contra los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones han sido motivo de una polémica ardua respecto a sí, en este caso, el afectado puede invocar que se lesionó su honor e imagen pública y proceder judicialmente contra el autor de la crítica periodística, en virtud de que se le expuso al odio, al ridículo o al desprecio de la sociedad. La lucha entre el alcance de las libertades de expresión e información y el núcleo protector del derecho al honor es, en particular, uno de los aspectos esenciales para delimitar donde inicia uno y dónde terminan las otras.En México la posición dominante hasta ahora es aquella que mantiene a salvo las figuras de difamación, calumnias e injurias dentro de los tipos de los códigos penales y la correspondiente al daño moral en el código civil. Algo ha cambiado, sin embargo, en estos años. A nivel federal, la difamación y la calumnia y mucho antes la injuria han sido derogadas. Lo mismo ha sucedido en el código penal para el Distrito Federal. A pesar de ello, esas figuras gozan de cabal salud en casi todos los códigos penales de los Estados.La violencia y la amenaza física por parte del poder público se ha reducido (aunque se ha incrementado por agentes formalmente externos al Estado) para reconducirse por la judicialización del trabajo periodístico. De esta suerte, las denuncias y/o demandas por difamación, calumnias e injurias y daño moral contra periodistas y medios por parte de funcionarios públicos se han incrementado de manera notable en distintos países. Uno de los mecanismos sugeridos por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos para matizar esta realidad, es introducir salvaguardas como la denominada malicia efectiva retomada del criterio sentado por la Suprema Corte de Estados Unidos de América en el caso The New York Times vs. Sullivan, que al valorar la importancia de la prensa como arma del arsenal de la democracia señaló por medio del juez William Brennan, que: "El debate sobre temas públicos debe ser desinhibido, robusto y ampliamente abierto, y bien puede incluir ataques vehementes, cáusticos, y a veces desagradables y afilados, contra el Gobierno o los servidores públicos (...) Algún grado de abuso -afirmó citando a Madison- es inseparable del propio uso de cada cosa; y en ninguna instancia es más cierto que en la prensa (...) Hay que tener en cuenta que las declaraciones erróneas son inevitables en un debate libre y deben ser protegidas si las libertades informativas constituyen el espacio para respirar (breathing space) y que necesitan para sobrevivir (...) y es que una decisión que obligue al que critica la actuación oficial a garantizar la veracidad de sus decisiones, y que tenga que hacerlo bajo la amenaza de juicio por libelo y que se puedan pedir indemnizaciones prácticamente ilimitadas, conduciría a algo comparable a la autocensura".En Argentina, Chile y Uruguay distintas sentencias judiciales han invocado la malicia efectiva para resolver sentencias sobre libertad de expresión. En el Distrito Federal se ha derogado la figura económica del daño moral y se ha aprobado una ley que abreva íntegramente de los estándares de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se trata de la Ley de responsabilidad civil para la protección de la vida privada, el honor y la propia imagen en el Distrito Federal aprobada en el 2006, a iniciativa del diputado Carlos Reyes Gámiz, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). En esta normativa se integra el concepto de Malicia Efectiva. Se redimensionan las sanciones de defensa del Patrimonio Moral en el ámbito civil quitando las medidas intimidatorias en materia Penal y, además, elimina la visión de negocios para proteger los derechos a la vida privada, el honor y la propia imagen que cuantifica en dinero el valor de esos derechos.Este ejemplo del DF no ha sido observado en ninguno de los Estados. Es de esperarse que ese precedente se reproduzca en las entidades federativas para resguardar la libertad de expresar e informar, una de las pocas válvulas de escape con que cuenta la sociedad para ejercer el escrutinio de la vida pública. Si no se protege al mensajero, la sociedad no se protege a sí misma.

REFLEXION DEDICADA A AMLO

RAUL CARRANCA Y RIVAS

Por fin las comisiones del Senado de la República han aprobado la llamada reforma energética, que hoy jueves se someterá al pleno de la Cámara Alta. Al efecto yo no separo "privatizar" de "contratar", o sea, la preocupación de muchos de que la reforma a PEMEX no sea privatizadora la identifico con que no se permitan contratos; porque para mí contratar es en gran medida privatizar, y viceversa. El hecho es que se ha retirado, por ejemplo, la propuesta del PRI de crear organismos filiales a PEMEX, los que establecerían salvaguardas, "candados", para impedir el otorgamiento de concesiones o contratos tal y como lo establece categóricamente el párrafo séptimo del artículo 27 de la CONSTITUCIÓN; el que si fuese un obstáculo para inyectarle nueva vida a la paraestatal habría que quitar, pero que mientras esté allí hay que obedecer. Ahora, y conforme al artículo 6 de la nueva LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 27 CONSTITUCIONAL, PEMEX podrá subscribir contratos de obras o de prestación de servicios con personas físicas o morales, aunque el pago correspondiente será siempre en efectivo y sin conceder derechos sobre la propiedad de los hidrocarburos. Al respecto yo sostengo que esa fórmula no impide que dicha LEY REGLAMENTARIA vaya más allá del texto constitucional, violándolo. Aclaro que el artículo 6 de ésta LEY corresponde al enviado en la versión original de la iniciativa del Presidente de la República. Es cierto que las comisiones del Senado en su resolución final no han permitido la intromisión de los contratos que comprometan porcentajes de la producción o de las utilidades de la paraestatal. Tampoco se han reconocido los derechos de preferencia o de producción compartida inherentes a los denominados contratos de riesgo. Los senadores han supuesto, a mi juicio en una resolución ajena al espíritu y a la letra de la CARTA MAGNA, que con establecer lo anterior y que PEMEX no se someterá a la jurisdicción de tribunales extranjeros en cuestión de contratos de obras y servicios brindados en el país por empresas así mismo extranjeras, pero sí reconociendo arbitrajes basados en convenios internacionales suscritos por México, ya queda subsanada o superada la prohibición tajante del párrafo séptimo del artículo 27 de la CONSTITUCIÓN, que en lo conducente dice: "TRATÁNDOSE DEL PETRÓLEO Y DE LOS CARBUROS DE HIDRÓGENO SÓLIDOS, LÍQUIDOS O GASEOSOS O DE MINERALES RADIOACTIVOS, NO SE OTORGARÁN CONCESIONES NI CONTRATOS".Yo soy abogado, jurista, profesor universitario. En consecuencia creo en el Derecho, en la fuerza del Derecho y en la necesidad de que impere en la sociedad. Es por ello que como ciudadano mexicano elijo el camino de la razón para enfrentar la sinrazón. No se trata ni remotamente de quedarse callado, de cruzarse de brazos. En mi opinión la fuerza que hay que esgrimir ahora es la del señalamiento enérgico de la verdad constitucional contenida en el artículo 27: "NO SE OTORGARÁN CONCESIONES NI CONTRATOS". Para hacerlo se cuenta con una serie de instrumentos y mecanismos jurídicos, aparte de la palabra que es el mejor medio difusor de ideas. Descorrer el velo con el que se pretende ocultar una grave transgresión a la CONSTITUCIÓN no implica fuerza física ni violencia material. En momentos cruciales de la historia el prestigio político sólo se conquista y consolida con el razonamiento. Si unos desconocen la vigencia del Derecho a otros toca, debe tocar, decirle al pueblo qué caminos sinuosos se han seguido para pervertir y contrariar el mandato de la ley, sobre todo el de la LEY SUPREMA. Yo estoy convencido de que el pueblo, parafraseando a Justo Sierra, tiene hambre y sed de razonamientos, de propuestas inteligentes y sólidas; lo que es al final de cuentas justicia. Y estoy convencido de que ésta es la mejor manera, insuperable, para convencer. "El Derecho Siempre Habla", según un aforismo de gran tradición. Hagámoslo hablar sin violencia material que siempre cobra, tarde o temprano, una factura que enturbia la paz y tranquilidad del pueblo, hoy tan comprometidas por las experiencias aciagas que como nación estamos experimentando. De recurrir a la violencia física los enemigos del Derecho tendrían una nueva arma para obscurecer la razón jurídica.

XV CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO FAMILIAR EN MEXICO Y EN MORELOS (PRIMERA PARTE)

JULIAN GÛITRON FUENTEVILLA
Como lo saben nuestros distinguidos lectores, de tiempo atrás hemos venido anunciando, en este espacio, la celebración del congreso citado al rubro, el cual finalmente se inaugurará el día de mañana en las instituciones de educación superior que lo han patrocinado, dirigidas por el Colegio Nacional de Estudios Superiores de Derecho Familiar, A. C. fundado en 1973 y el Instituto Internacional de Derecho Familiar y Derecho Civil, A. C., fundado en 1977, ambos presididos por el suscrito.MÁS DE TRES DÉCADAS DE ÉXITOS EN DERECHO FAMILIARA partir de 1977, año en que se realizó el primer congreso de la materia, hemos logrado verificarlo en otras partes de Europa y América, pasando por universidades tan trascendentes como la Complutense, la salmantina y la de Sevilla en España, por citar algunas, y las más connotadas en Sudamérica y el Caribe. Para quien esto escribe, es una gran satisfacción comunicar a nuestros lectores, que después de arduas y difíciles tareas, mañana se inicia una nueva etapa del Derecho Familiar.ORGANISMOS CONVOCANTES Y PERSONASJusto es reconocer que la Universidad Interamericana de Morelos, modesta en sus orígenes y con una gran proyección en sus estudios, fue pieza fundamental para que este proyecto cristalizara en una realidad. Por otro lado, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y su Facultad de Derecho hicieron lo propio y sin escatimar esfuerzo, creyeron en la dimensión de este congreso, sumándose al mismo con toda su vocación universitaria. Al final, circunstancialmente, porque cuando se hicieron estos planes, la Facultad de Derecho de la UNAM estaba sumida en una efervescencia ante la elección de un nuevo director; una vez resuelta la incógnita, solicitamos y obtuvimos el apoyo institucional de nuestra Alma Mater, la cual ha permitido el uso del auditorio "Alfonso Caso" para la inauguración y del auditorio "Jus Semper Loquitur", para dictar varias conferencias magistrales que se iniciarán de este lunes 27 de octubre al jueves 30, de las 9:00 a las 13:00 horas.PERSONASDejamos constancia del agradecimiento del Comité Científico Internacional para la Organización de los Congresos de Derecho Familiar, en el que participamos los que hemos sido presidentes de los anteriores, entre quienes destacan de la Universidad Católica de Salta, Argentina, el Dr. Héctor Roberto Goyena Copello; de México, el Dr. Antonio García Sánchez, quien fuera rector de la Universidad Autónoma de Chiapas; Dr. Luis Mariano Negrón Portillo de Puerto Rico; el Dr. Ernesto Criollo de la Universidad de El Salvador; la Dra. Lourdes Wills Rivera de la Universidad Central de Caracas, Venezuela; el Dr. Ulises Pitti de la Universidad de Panamá; la Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci de la Universidad de Cuyo, Mendoza, Argentina; el Dr. Fernando Henestrosa de la Universidad Externado de Colombia, la Dra. Olga Mesa Castillo de la Universidad de La Habana, Cuba; el Dr. Carlos Lasarte Álvarez de la Universidad Nacional de Estudios a Distancia de Madrid, España y la Dra. María Leoba Castañeda Rivas de la Universidad Nacional Autónoma de México, para los rectores CPC José Alberto Pérez Apaez; Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos y a los directores de la Facultad de Derecho, Dr. Jorge Arturo García Rubí y Dr. Ruperto Patiño M.INAUGURACIONESEste lunes 27 de octubre, a las 9:00 de la mañana, será la inauguración correspondiente a la UNAM, en el auditorio "Alfonso Caso", en el cual participarán los maestros eméritos Fernando Flores García, Néstor de Buen Lozano y Jorge Mario Magallón Ibarra; estaba programado también el Dr. Rolando Tamayo y Salmorán, quien no asistirá por razones de salud.DECLARATORIA INAUGURAL EN MORELOSEl mismo día por la tarde, a partir de las 16:00 horas, se hará la apertura solemne de este congreso en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por el C. gobernador del Estado de Morelos, Dr. Marco Antonio Adame Castillo, quien de las 16:30 a 17:00 horas dictará una conferencia magistral sobre la familia morelense y las políticas públicas, especialmente dirigidas por su gobierno para la protección de aquélla.PRIMERA SESIÓN PLENARIAA partir de las 10:00, en el lugar mencionado, se dictarán las siguientes conferencias magistrales: ¿Cuál es la Naturaleza Jurídica del Nuevo Divorcio en México, Distrito Federal?, a cargo de quien esto escribe. Después, de Argentina el Dr. Héctor Roberto Goyena Copello disertará sobre La Familia en la Constitución de la Nación Argentina y en los Pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En tercer lugar, el Dr. Ruperto Patiño M., quien disertará sobre el Jurista ante la Sociedad y la Familia. Estas conferencias se terminarán a las 11:45 y durante 15 minutos habrá un período de preguntas y respuestas.SEGUNDA SESIÓN PLENARIASEl ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en retiro, Dr. Luis Fernández Doblado, expondrá el tema La Tutela Penal de la Familia, cerrando este ciclo el Dr. José Barroso Figueroa, con el tema "Hacia una Nueva Moral y una Nueva Familia. El caso de la sociedad de convivencia del Distrito Federal".TERCERA SESIÓN PLENARIA AUDITORIO JUS SEMPER LOQUITUR DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAMEl martes 28 de octubre de las 9:00 a las 10:30 se dictarán tres conferencias magistrales a cargo de la Dra. Hilda Pérez Carbajal y Campuzano, de México, quien disertará sobre el análisis de la "Problemática del Cumplimiento de las Pensiones Alimenticia y Criterios para Fijar su Monto". Enseguida, el profesor emérito de la Universidad de París, Francia, Dr. Francois Chabas, explicará el tema denominado "Responsabilidad de los Niños en comparación con la de los Padres" y, en su turno, el Dr. Luis David Durán Acuña de la Universidad Externado de Colombia, tocará el tema "La Autonomía de la Voluntad en el Divorcio Colombiano. Perspectivas".CUARTA SESIÓN PLENARIACon la participación del Dr. Elías Polanco Braga de México se dará inicio a esta sesión, que tendrá una duración de las 10:45 a las 12:30 horas. El profesor Polanco explicará el tema Los Delitos en el Derecho Familiar Penal Mexicano; enseguida, la Dra. Aídaz Kemelmajer de Carlucci, ministra de la Suprema Corte de Mendoza, Argentina, hablará sobre la Guarda Compartida, Nuevas Reformas Legales en el Derecho Comparado y Juan Tapia Mejía de México, Juez Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hablará sobre el Divorcio, el Problema y el Remedio.QUINTA SESIÓN PLENARIATambién en el auditorio "Jus Semper Loquitur", a partir de las 9:00 y hasta las 10:45, la maestra María Margarita Gallegos López explicará el tema de la Prueba Pericial y su Aplicación en el Derecho Familiar, después, de la Universidad Central de Caracas, Venezuela, la Dra. Lourdes Wills Rivera enfocará su conferencia a La Privación y Extinción de la Patria Potestad en la Legislación Venezolana, después el maestro Antonio Muñozcano Eternod de México, magistrado además del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, hablará sobre "La Recuperación de la Patria Potestad, Cuando la Pérdida fue Decretada por un Juez Familiar".SEXTA SESIÓN PLENARIADe las 10:45 a las 12:30 se dictarán tres conferencias magistrales; la primera, a cargo del Dr. Juan Luis González Alcántara y Carrancá, magistrado de la Cuarta Sala Familiar del TSJDF, sobre el tema La Mediación en el Derecho Familiar. Si bien en su momento histórico se tendrá que reconocer que las dignas instalaciones de los 42 Juzgados Familiares y sus cuatro salas de la materia tienen el recinto que merece la familia y sus miembros, dejo constancia de que ese fue un legado de Juan Luis González Alcántara y Carrancá, quien en su momento logró consolidar el proyecto y además, rara avis, fue el autor de la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal, para impedir la reelección de quien hubiera ocupado el cargo de presidente del mismo. Volviendo a lo académico, el maestro y Premio Nacional de Medicina, Dr. Jaime Berumen Campos de México, hablará sobre los Efectos en el Derecho Familiar al Identificar a las Personas Mediante el Ácido Desoxirribonucleico y para estar a la moda, el Juez Familiar Carlos Rodríguez Martínez del TSJDF, sin metáforas, hablará sobre El Proceso de Reasignación para la Concordancia Sexo-Genérica.SÉPTIMA SESIÓN PLENARIATambién en el auditorio "Jus Semper Loquitur" habrá tres conferencias magistrales, de México, la Dra. Elba Cárdenas Miranda hablará sobre "La Adopción en México, la Situación de ésta y sus Perspectivas", en cambio, de El Salvador, el Dr. José Ernesto Criollo disertará sobre el "Proceso de Familia y el Principio de Pronta y Cumplida Justicia y de México"; Lázaro Tenorio Godínez, doctor y magistrado del TSJDF, hablará sobre "La Suplencia en el Derecho Procesal Familiar. Fuero Común - Fuero Federal".OCTAVA SESIÓN PLENARIACon la disertación de dos profesores extranjeros, uno de Cuba y el otro de España, se cerrará el ciclo de conferencias de la Facultad de Derecho. Sobre la situación del Derecho Familiar en Cuba disertará la Dra. Olga Mesa Castillo, oriunda de aquel país, y sobre el Derecho Familiar en España y las Uniones de Personas del Mismo Sexo, lo hará el Dr. Carlos Lasarte Álvarez.CLASES DE PARTICIPANTESEn el congreso participarán conferenciantes magistrales, ponentes y congresistas. Las expectativas de los organizadores fue rebasada y se han inscrito más de 750 personas.PARTICIPANTES NACIONALESEl gobernador constitucional del Estado de Morelos, Dr. Marco Antonio Adame Castillo, iniciará el ciclo de las sesiones plenarias en el auditorio "Emiliano Zapata" de la UAEM, este lunes 27 de octubre de las 16:30 a las 17:00 horas. Habiendo hecho ya la declaratoria inaugural, como lo mencionamos anteriormente. El Congreso Internacional de Derecho Familiar se verá enriquecido con las participaciones de tres distinguidos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes en su momento dictarán conferencias magistrales; el Dr. José Ramón Cossío Díaz, sobre el Orden Público en el Derecho Familiar Mexicano, el día 31 de octubre de las 18:15 a 18:45 horas en el auditorio "Emiliano Zapata" de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ubicado en Av. Universidad No. 1001 en el Barrio de Chamilpa, Cuernavaca, Morelos. El mismo día, la ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, de las 16:00 a las 16:30 horas, dictará su conferencia magistral denominada Justicia Constitucional en Materia Familiar, e igualmente el señor ministro Dr. Sergio Armando Valls Hernández, de las 17:00 a las 17:30 horas, hablará sobre La Familia y su Protección Constitucional. Alternaremos con los señores ministros, el Dr. Néstor de Buen Lozano, profesor emérito de la UNAM con el tema El Divorcio Espurio; quien esto escribe disertará sobre el Derecho Familiar Indígena Mexicano; el Dr. Fernando Flores García, profesor emérito de la UNAM, explicará La Enseñanza del Derecho, y si el otro profesor emérito, Dr. Rolando Tamayo y Salmorán recupera íntegramente su salud, lo escucharemos sobre el apasionante tema La Definición del Derecho. También el viernes 31 de octubre, por la mañana, participarán el Dr. Joel Chirino Castillo, profesor de la UNAM, sobre La Sociedad Conyugal y su Disolución. Asimismo el Dr. Jorge Mario Magallón Ibarra, profesor emérito de la UNAM, hablará sobre La Violencia Familiar. El Dr. Ricardo Franco Guzmán, de la UNAM, hablará sobre el Retroceso de Noventa Años de la Reforma del Párrafo Segundo del Artículo 16 y del Párrafo Primero del Artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Dra. Hilda Pérez Carbajal y Campuzano disertará sobre el Análisis de la Problemática del Cumplimiento de las Pensiones Alimenticias y el Criterio para Fijar su Monto. El Dr. Antonio García Sánchez hablará sobre la Bioética en el Derecho Familiar, y el Dr. Flavio Galván Rivera, sobre el Derecho Familiar Constitucional. El Lic. Fernando Trueba Buenfil hablará acerca del Notariado y el Derecho Familiar, y el profesor César Benedicto Callejas Hernández sobre "Un Camino Difícil a la Felicidad. La Adopción en México, un Camino por Recorrer". La Dra. María Leoba Castañeda Rivas, presidenta de este congreso y profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM, disertará sobre el Derecho Familiar y las Resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana. El Dr. Oscar Vásquez del Mercado Cordero, maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM, abordará el tema Efectos del Derecho Mercantil en el Derecho Familiar. El Profesor José de Jesús López Monroy hará lo propio con el tema La Destrucción del Orden Social Vinculada con el Divorcio - Repudio.PARTICIPANTES EXTRANJEROSDurante las sesiones plenarias tanto en la UNAM cuanto en la UAEM, participarán juristas extranjeros, especialistas en Derecho Familiar, figuras señeras cada uno en su país, que han mostrado un gran interés por la proyección del estudio del Derecho Familiar, entre ellos tenemos a la Dra. Olga Mesa Castillo, de Cuba; Dr. Héctor Roberto Goyena Copello, de Argentina; Dr. Carlos Lasarte, de España; el Dr. Ernesto Criollo, de El Salvador; el Dr. Luis David Durán Acuña, de Colombia; el Dr. Michele Sexta de la Universidad de Bolonia, Italia, quien disertará sobre El Ilícito Intrafamiliar en la Reciente Evolución Jurisprudencial; la Dra. Lourdes Wills Rivera; Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci; el Dr. Francois Chabas de Francia.PONENTES NACIONALES Y EXTRANJEROSCon la presencia de más de 200 ponentes provenientes de Argentina, El Salvador, Costa Rica, España, Cuba, Panamá, Venezuela, Puerto Rico, Guatemala, Perú, Colombia y otros países, la calidad académica y el éxito están asegurados.HOMENAJE PÓSTUMOEl día de la clausura, por la noche, se rendirá un sentido homenaje a la memoria del Dr. Diego Espín Cánovas, quien junto con el suscrito fue iniciador de este histórico movimiento a favor de la familia y del Derecho Familiar a nivel internacional. Igualmente será recordada y homenajeada la Dra. Ivette Col de Pestaña, ilustre profesora de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, en ambos actos estarán presentes miembros de sus familias, quienes recibirán el reconocimiento de todos los congresistas.ENTREGA DE DOCTORADOS HONORIS CAUSADe manos de los señores CPC José Alberto Pérez Apaez y del Dr. Julián Güitrón Fuentevilla, en su carácter de Rector y Presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Interamericana de Morelos respectivamente, distinguidas personalidades del mundo jurídico y científico, nacionales y extranjeras, recibirán los reconocimientos e insignias, así como la veneras correspondientes del doctorado mencionado.CLAUSURALa declaratoria de clausura estará a cargo del Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dr. José Ramón Cossío Díaz, aproximadamente a las 20:45 horas. (Continuará)

LA OTRA CARA DE LA POLITICA

JOSE WOLDENBERG

Todo parece indicar que la reforma petrolera será aprobada por la vía del consenso. Contra casi todos los pronósticos, tras largos meses de tensión, recriminaciones mutuas, intensivas campañas de publicidad, movilizaciones populares y debates dentro y fuera del Congreso, los grupos parlamentarios de los distintos partidos parecen haber forjado un acuerdo.Si nada imprevisto sucede, es probable que en los próximos días el Legislativo apruebe (casi) por unanimidad siete proyectos de reformas en materia energética. El solo hecho de que aquello que parecía imposible esté sucediendo merece una reconsideración de las potencialidades de la política como fórmula para tender puentes entre antagonistas en principio extremos y por supuesto de las limitaciones mutuas que la búsqueda del consenso impone.Los puntos más sobresalientes de las reformas parecen ser los que a continuación se enumeran: 1. Se prohíbe la participación de la Iniciativa Privada en la refinación, almacenamiento, transporte y distribución de hidrocarburos a través de ductos.2. Se integra un nuevo Consejo de Administración en Pemex. Su composición será: 6 consejeros gubernamentales, 5 representantes sindicales y 4 “consejeros profesionales” propuestos por el Presidente y aprobados por el Senado. Los sindicales quedarán impedidos de votar asuntos relacionados con el presupuesto de la empresa.3. La Ley Orgánica de Pemex le otorga autonomía presupuestaria y de gestión para manejar su deuda y celebrar contratos con particulares en las áreas no exclusivas. El plazo para alcanzar la autonomía de gestión de Pemex será de siete años. 4. En relación a los contratos con la Iniciativa Privada, las remuneraciones deberán ser en efectivo, no se pueden conceder derechos de propiedad sobre los hidrocarburos, ni se acepta el pago en especie.5. En relación a las adquisiciones, obras y servicios, se mantienen las tres fórmulas tradicionales: Licitaciones, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas. Pero estas últimas con bases mucho más claras.6. No se crearán empresas filiales.7. La Auditoría Superior de la Federación podrá revisar los contratos que realice Pemex en cualquier momento.8. Se crea el Consejo Nacional de Energía y dos nuevas comisiones: Nacional de Hidrocarburos y Nacional para el Uso Eficiente de la Energía.9. Se abre paso a los “bonos ciudadanos”, pero se prohíbe que las casas de bolsa puedan comprarlos.10. Pemex no se podrá someter a la jurisdicción de tribunales foráneos tratándose de contratos de obras y servicios.La negociación se dio en un marco de profunda polarización política y dentro de un Congreso en el que ninguno de los grupos parlamentarios tiene posibilidad de hacer avanzar sus iniciativas sin el concurso de otros. La aritmética democrática con su potente simpleza impone a la negociación como la única vía transitable. En un principio parecía que los pactos fundamentales se darían entre el PAN y el PRI, pero a partir de las propuestas de reforma presentadas por el Frente Amplio Opositor, el escenario se modificó de manera radical. Al final se construyó una especie de mínimo común denominador que permitirá una serie de reformas sostenidas por las principales fuerzas políticas del País.Se trata de reformas que expresan un empate político, en el cual los poderes de veto se convirtieron en fundamentales, dado que en la última recta se apostó por un pacto incluyente.Las ventajas del mismo están a la vista: Se evita la polarización, se desmonta una espiral de enfrentamientos, se refuerzan las capacidades de interlocución y acuerdo en las Cámaras del Congreso. Sus desventajas también: Es probable que ninguna de las fuerzas políticas se sienta del todo satisfecha porque en algún terreno tuvo que ceder. Estamos ante un producto de los nuevos tiempos mexicanos. Nadie -ni el Presidente ni su partido ni los partidos de oposición- puede hacer realidad, sin mediaciones, su voluntad.Todas las corrientes políticas viven y conviven con otras que ya no ocupan espacios testimoniales y que son imprescindibles para hacer prosperar cualquier innovación legislativa. Esa colonización de los espacios donde coagula la representación por parte de una diversidad política con raíces y fuerza es una realidad novedosa entre nosotros y por ello difícil de asimilar para muchos.Se añora la fuerza del Presidente que legislaba (casi) sin obstáculos, la eficacia y rapidez como se desahogaban sus iniciativas, el coro (casi) unánime que existía antes incluso de conocer la letra de las propuestas del Ejecutivo.Por fortuna se trata de tiempos idos, autoritarios. Pero por supuesto la política del mínimo común denominador genera a su vez múltiples malestares. Cada corriente política, cada escuela de pensamiento, cada uno de los referentes ideológicos, cada grupo de especialistas, tiene y sostiene sus propios diagnósticos y propuestas y desespera al observar que no avanzan como ellos esperarían. Sus respectivos caballos -lozanos, impetuosos, de fina estampa- se convierten en camellos luego de que transitan por los sinuosos laberintos del Congreso, es decir, que son modelados por las comisiones donde se expresan, conviven y negocian los representantes de la pluralidad política mexicana realmente existente.Por lo pronto, para quienes no nos gustan las emociones demasiado fuertes, parece ser que se ha desactivado un intenso conflicto político. Y ello no es poca cosa. Esperemos ahora que las reformas también sirvan para apuntalar a Pemex y con ellas a una economía que requiere crecer por el bien de todos.

LAS NEGACIONES

SERGIO AGUAYO
A la memoria de Gustavo Iruegas y Antonio Villalba.
Crece el número de víctimas buscando en el extranjero la justicia regateada enMéxico. Consecuencia lógica de ese pantano de negaciones en el cual chapotea lapolítica nacional.En el sistema interamericano de derechos humanos (Comisión y Corte) siguenacumulándose los casos presentados por ciudadanos mexicanos en busca dejusticia. Ya suman 395 y atestiguan las debilidades e insuficiencias de nuestrosistema jurídico y político. Entre estos casos se encuentra el litigio por acceder alas boletas de la elección presidencial del 2006. El jueves pasado, la Comisión(CIDH) escuchó en Washington los razonamientos de Rafael RodríguezCastañeda, director de Proceso, y de sus abogados, quienes respondieron a losargumentos del Estado mexicano que solicita a la CIDH rechazar la petición deRodríguez Castañeda y levantar las medidas cautelares que ayudaron a frenar ladestrucción de las boletas.La lectura del alegato de 95 cuartillas presentado por la Secretaría de RelacionesExteriores a la CIDH fue un paseo por la sociología de la negación. ¡Cuántovirtuosismo en la prosa de ampuloso formalismo! ¡Cuántas mañas desplegadaspara encubrir o distorsionar la realidad! ¡Qué rápido regresaron a las mañas delviejo régimen! Nuestros diplomáticos se dividen las tareas. Algunos son comofieros cadeneros que frenan el acceso; otros se comportan como los sofisticadosmaquillistas que medio tapan las cicatrices. Un trabajo ingrato y estéril queengaña a muy pocos porque la realidad se escapa por los resquicios de un paísabierto al mundo.Dejo a los abogados dar respuesta puntual a las falacias y medias verdadesutilizadas por el gobierno mexicano. Me concentro en la esencia del problema:triunfa la opacidad pero el Estado mexicano se encuentra dividido sobre quéhacer con las boletas. El reconocimiento más explícito aparece en la obra de LuisCarlos Ugalde (Así lo viví, Random House). En ella cuenta cómo se dividió elInstituto Federal Electoral (IFE) sobre el asunto; aclara que Eduardo Guerrero,director del Servicio Profesional, y los consejeros Andrés Albo y TeresaGonzález estuvieron a favor de la transparencia.Cuando los escuchaba, confía Ugalde, se convencía de que "dar acceso a lasboletas podría ayudar a restituir la confianza en el IFE". Más adelante reconoceque le entraron las dudas y se tambaleó su compromiso con la transparencia: "medi cuenta de que bastaba un puñado de errores para que la apertura generalizada,lejos de erradicar las sospechas, pudiera ser usada para fortalecer la acusación del'cochinero'" (pp. 292-4). El resultado es que el IFE y el Tribunal Electoral delPoder Judicial de la Federación (TEPJF) negaron el acceso.El comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información, Juan PabloGuerrero, revisó el asunto desde la óptica de la transparencia en un trabajotodavía inédito (Las boletas de la elección presidencial de Felipe Calderón). Suopinión es clara: "El IFE primero y el TEPJF después no estuvieron dispuestos apermitir [la apertura], por razones que no se pueden encontrar en la Ley Federalde Transparencia". Entre las justificaciones de la opacidad empleadas por el IFEestuvo el daño que podía causarse a la "seguridad nacional". El TEPJF tambiénhizo malabares: "dispuso que las boletas son documentación pública pero nopertenecen al dominio público, porque no se prevé su conservación en archivos,sino su destrucción". En otras palabras y por contradictorio que parezca,concluye Guerrero, la resolución del TEPJF "garantiza el derecho a lainformación... pero niega el acceso a los documentos solicitados".Esto se relaciona con un ángulo muchísimo más peligroso y riesgoso para el país:la negación del otro. Andrés Manuel López Obrador tiene pocos defensores ycosecha condenas por la obcecación con la cual se enfrenta al régimen. Paracomprenderlo debe recordarse la negación que le endilgaron Vicente Fox yFelipe Calderón quienes, al calificarlo como "peligro para México", hicieronjirones su derecho a competir. Lo grave es que todavía mantienen esa línea depensamiento como lo demuestra el folclórico e irresponsable llamado de Fox a"partirle el queso" a AMLO. La negación engendra negaciones y López Obradorencabeza a quienes rechazan la legitimidad de los otros.En un carril separado transcurre la insistencia de quienes deseamos tener acceso alas boletas del 2006 y a otra información sobre el pasado. Una y otra vez hemoschocado con la política de sistemática negación seguida por los gobiernos delPartido Acción Nacional. Desde el gobierno parecieran increparnos conpreguntas como las siguientes: "¿para qué se empeñan en saber quiénestorturaron, dónde están los desaparecidos o qué dicen las boletas? Denle vuelta ala hoja, den la espalda a lo desagradable, pongan su mirada en el horizonte dondese eleva, muy bonito, el arco iris del futuro mejor". Si se recuerda su historia esnotable la postura.Un profesor de filosofía, Thomas Nigel, dio una respuesta a por qué se quieresaber (citado en Lawrence Weschler, A miracle, a universe. Settling Accountswith Torturers). Confrontar el pasado y conocer la verdad supone establecer una"diferencia entre el conocimiento y el reconocimiento". Cuando se reconoce el"conocimiento es sancionado oficialmente" y se "transforma en parte delconocimiento público". Décadas antes, y en sus escritos desde la cárcel fascista,el filósofo italiano Antonio Gramsci lo calificaría como la modificación del"sentido común". Cuando se confronta la realidad pueden derrotarse las negaciones y surge laesperanza de que tal vez, a lo mejor, no volveremos a repetir los mismos errores.Tener acceso a esas boletas no corregirá la verdad jurídica (Calderón seráPresidente hasta el 2012), pero nos permitirá entender mejor lo que realmentesucedió en el fatídico 2006. Se trata de una petición bien elemental que por ahorapende de la decisión que adopten, en Washington, los siete comisionados de laCIDH.Agradezco las sugerencias y materiales proporcionados por Javier TreviñoRangel de la London School of Economics sobre la sociología de las negaciones.

La Miscelánea.

Soy parte del litigio. En representación de Fundar, Centro de Análisis eInvestigación presenté un recurso que tal vez atraiga la Suprema Corte. Por esemotivo fui invitado por la CIDH a la reunión privada sobre el caso de RafaelRodríguez Castañeda.

LA EVANESCENCIA DEL PROYECTO NACIONAL

LORENZO MEYER

Para un país como el nuestro, la ausencia de una utopía, de un proyecto de futuro, es un problema mayorDe corta duraciónA lo largo de la historia del México independiente ha surgido un buen número de proyectos de nación (PN), pero sólo un puñado logró materializarse, al menos parcialmente. El primero de éstos, el liberal, tardó en madurar, pero se mantuvo vigente por decenios, como también fue el caso de los dos siguientes: el revolucionario y el posrevolucionario. Sin embargo, el último, el neoliberal, apenas si aguantó una docena de años en su modalidad autoritaria y ahora, en la supuestamente etapa democrática -del 2000 a la fecha-, se está desmoronando. En realidad, es posible incluso suponer que ya dejó de existir y que la acción del gobierno actual a lo más que aspira es a sobrevivir.La definiciónPara adentrarnos en la cuestión planteada, conviene intentar una definición del concepto. Teniendo como base la experiencia histórica, un PN es una gran propuesta de futuro colectivo a la que se le atribuyen posibilidades razonables de éxito. Se trata de un diseño de régimen político para hacer del ejercicio del poder la solución a los grandes problemas nacionales. Esa fórmula política plantea metas generales y sugiere medios para alcanzarlas.Todo PN implica necesariamente una concepción de la naturaleza humana y de la sociedad. Igualmente, todo PN digno de tal nombre contiene, aunque no lo acepte de manera explícita, una cierta dosis de utopía, de sociedad ideal. Ningún gran proyecto puede funcionar sin ese elemento que despierta la imaginación y el altruismo, aunque tampoco puede alejarse demasiado de la realidad. Un PN que tiene éxito es porque pudo negociar lo ideal con lo real.Es natural que en cada época histórica convivan y choquen más de un PN y ése ha sido el caso de México. La textura del proceso político de un periodo determinado se puede explicar justamente como el resultado de la competencia, lucha o negociación de proyectos. Ese proceso transcurre en varios planos. Por un lado, el conflicto por lograr el control efectivo de los instrumentos de poder: gobierno, medios de comunicación, etcétera. Por el otro, el ideológico: la disputa por la imaginación colectiva y por el apoyo social a las ideas, al partido o grupo que las presenta como su plataforma y a los individuos que conforman su liderazgo.En principio, cualquier PN es una construcción ideológica que tiene su origen en las élites políticas y sus elementos más intelectuales. Entender hasta qué punto, por qué y cómo las ideas y valores de un proyecto específico logran penetrar y ser aceptados por sectores sociales más amplios es una arena principal de investigación. En ocasiones la liga entre un PN y una clase o grupo social puede resultar relativamente evidente, pero lo normal es la complejidad. Un PN relativamente exitoso -ninguno lo es totalmente- suele ser el origen o resultado de compromisos entre personalidades, grupos, regiones y clases con intereses contradictorios. Especialmente en países periféricos como México, los PN suelen tener una inevitable dimensión internacional, pues el nacionalismo y el papel de la o las potencias que actúan en la región son también parte de sus componentes.El primer PNSi se desea examinar el proceso político del México independiente desde la óptica del choque o predominio de los PN, una propuesta puede ser la siguiente. El origen del primer gran proyecto puede enfocarse como resultado de la confrontación, a partir de 1821, entre visiones alternativas de futuro de las élites en una sociedad que aún carecía de los elementos básicos para ser nación. Como resultado de la Independencia surgieron los proyectos monárquico y republicano (con sus antecedentes coloniales), que fueron evolucionando y traslapándose con el choque entre federalistas y centralistas (con algunos cuantos desarrollos francamente separatistas, particularmente en Yucatán, tanto entre las élites como entre ciertos grupos mayas), para finalmente desembocar a mediados del siglo XIX en una disputa entre conservadores y liberales dentro de una nación que seguía sin cuajar.Al final, serían los liberales, bajo el liderazgo primero de Benito Juárez y posteriormente de Porfirio Díaz, quienes lograron articular y poner en marcha un PN que pretendía la modernización material de México vía una superación del arreglo colonial mediante la destrucción de las corporaciones, la creación del Estado laico, la apertura al capital y comercio externos y la sustitución, en la práctica, de los principios democráticos de la Constitución de 1857 por un autoritarismo paternalista.El PN de la RevoluciónAl inicio del siglo XX, la sorpresiva destrucción del liberalismo autoritario por un levantamiento popular dio lugar, sobre la marcha, a la formulación de un segundo gran proyecto: el de la Revolución Mexicana, que buscaba combinar modernización material con justicia social, es decir, la incorporación subordinada de indígenas, campesinos, trabajadores urbanos y clases medias al nuevo régimen. El nuevo PN, contenido en la Constitución de 1917, buscó un mayor peso de las políticas sociales -especialmente la reforma agraria- y una ampliación de la independencia relativa de México -la expropiación petrolera- junto con una modernización del marco autoritario y la creación de un partido de Estado corporativo -CNC, CTM, CNOP.La posrevoluciónUna vez que se agotó el reformismo cardenista se buscó una variante. Su foco fue la industrialización basada en una burguesía que explotara un mercado interno protegido, la rectoría económica del Estado encabezada por una Presidencia sin límites constitucionales efectivos más una independencia relativa frente a Estados Unidos. El énfasis en la justicia social se difuminó pero no la retórica populista.El PN neoliberalEl "nacionalismo revolucionario" murió con la crisis de 1982 pero no tardó en surgir su sustituto: el neoliberalismo autoritario. La parte sustantiva del nuevo proyecto encabezado por Carlos Salinas fue el abandono de la modernización material basada en la economía protegida y la independencia relativa. Lo viable, se dijo, era escuchar las señales del mercado, privatizar y abrazar la globalización vía la integración económica a Estados Unidos mediante la firma del TLCAN en 1993. El objetivo y promesa fue introducir a México en un tiempo muy corto al selecto grupo de los ganadores económicos del nuevo orden mundial y sin mucha reflexión México ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).El PN del neoliberalismo autoritario -Perestroika sin Glasnost- fracasó y entre 1997 y 2000 desembocó en la derrota del PRI y la transición a la democracia política. Sin embargo, el corazón de la variante del nuevo PN -el neoliberalismo democrático encabezado por el PAN- también perdió rápidamente su parte utópica, ésa relacionada ya no con el rápido ascenso de México a la categoría de país económicamente desarrollado, sino de país democrático, algo que nunca había sido pero que se proponía ser.La democracia se presentó al inicio del siglo XXI como compatible con un desarrollo material aceptable -ya no el extraordinario inicialmente prometido- pero acompañado de fuertes instituciones legales que hicieran posible alcanzar, por fin, el Estado de derecho -la congruencia entre lo legal y lo real- para lo cual se pondría fin a las añejas prácticas corruptas a la vez que los mexicanos se transformarían de súbditos en ciudadanos.¿Dónde estamos?El neoliberalismo democrático no resistió el choque electoral de la derecha con la izquierda. Ante el riesgo de perder las elecciones del 2006 frente a la izquierda, la derecha que triunfó en las del 2000 optó por alterar el espíritu de la competencia y presentó a su adversario no ya como un actor legítimo sino como "un peligro para México" al que había que cerrarle la posibilidad de asumir la Presidencia a como diera lugar. Eso dio al traste con la confianza en las recién formadas instituciones electorales. Por otra parte, el viejo partido autoritario resurgió como un aliado incómodo pero indispensable del nuevo poder y el combate a la corrupción nunca se dio. La división de poderes devino en parálisis y el narcotráfico y la inseguridad llevaron al país al terreno de la ingobernabilidad. Finalmente, el crecimiento económico, basado en el petróleo, nunca pasó de mediocre y hoy es víctima de la crisis del mercado global.México ha llegado así a un tiempo donde el poder se ejerce sin proyecto. La oposición de izquierda esbozó uno alternativo pero al cerrársele el camino a la Presidencia cayó en un aparatoso conflicto interno que la aleja aún más del poder. Pero ¿es viable nuestro país sin un gran proyecto que despierte la imaginación?

HALLIBURTON Y LA REFORMA A PEMEX

JENARO VILLAMIL.

Sin duda, una de las grandes empresas petroleras que respiraron tranquilas tras la aprobación de la nueva Ley de Petróleos Mexicanos fue la poderosa trasnacional norteamericana Halliburton.
Entre los principales accionistas de dicha empresa se encuentran George W. Bush y el vicepresidente Dick Cheney, quien posee 433 mil acciones del corporativo que llegó a presidir antes del año 2000, y a la cual retornará tras la previsible derrota de los republicanos en las elecciones presidenciales de este año.
Entre las razones de la tranquilidad de los grandes y poderosos accionistas de Halliburton está el hecho de que las reformas aprobadas en el Senado y en la Cámara de Diputados no afectan en lo mínimo los 81 contratos que esta corporación ha recibido de Pemex de 2000 a la fecha, por un valor total de cuatro mil millones de dólares.
De los 81 contratos que tiene Halliburton con Pemex, un total de 37 fueron adjudicados directamente, sin licitación alguna, 42 a través de licitación internacional y dos por invitación directa.
El último gran contrato recibido por Halliburton fue el 18575069-012-07, asignado por Pemex en enero de 2008 por 683 millones de dólares.
La característica fundamental de este contrato es que, gracias a él, Halliburton perforará y terminará 58 pozos petroleros en una misma zona; es decir, en un solo bloque de pozos que se ubican en el sur del país y que poseen el 16% del total de la producción nacional de crudo, de acuerdo con la propia información de Pemex Exploración y Producción (PEP).
Los 58 pozos que perfora y explota Halliburton desde enero de 2008 se ubican en la zona Cinco Presidentes, Bellota-Jujo, Samaria-Luna, Muspac y Macuspana, todos ubicados en la zona de Tabasco, el sur de Veracruz y parte de Chiapas.
Halliburton ya tiene experiencia en los contratos por bloques. El gobierno de George W. Bush le otorgó los más jugosos contratos en Irak, por 16 mil millones de dólares, asignándole el control de áreas completas del territorio invadido por Estados Unidos.
En 2003, en la zona de Reforma, Chiapas, Halliburton obtuvo contratos por 20 millones de dólares para expandir la infraestructura de gas natural en esta zona. El Frente de Trabajadores de Energía informó que, gracias a esta "alianza" con Pemex, Halliburton ha contratado en esta zona a 1,250 trabajadores y subcontrata a miles más. Tiene oficinas en Ciudad del Carmen, Reynosa, Poza Rica, Villahermosa y en la Ciudad de México.
En 2004, cuando el actual presidente Felipe Calderón estaba al frente de la Secretaría de Energía, Halliburton obtuvo un contrato por mil 953 millones de pesos por realizar trabajos de perforación y terminación de pozos para proyectos con presupuesto Pidiregas en la Región Sur, otro bloque que se le entregó a la poderosa empresa.
Al darse a conocer este reciente contrato de enero de 2008, Cris Gaut, presidente de la división de perforación y evaluación de Halliburton, expresó en un comunicado lo siguiente:
"Por los próximos tres años el grupo de manejo de proyectos de Halliburton proveerá a Pemex con soluciones integrales de perforación y finalización, que utilizarán nuestra fuerza y experiencia en tecnología e infraestructura para ayudar a Pemex a superar una serie de dificultades en el campo de perforación".
El optimismo de Halliburton llegó a tal grado que pronosticó, en marzo de 2007, que ellos participarían en la refinación privada del petróleo mexicano, uno de los puntos que se desecharon de la reforma original de Felipe Calderón.
El 19 de marzo de ese año, la empresa anunció que abriría una fábrica en Monterrey, Nuevo León, para satisfacer la creciente demanda de productos refinados y equipo para la exploración, producción y transportación de petróleos.
Halliburton fue uno de los consorcios que más cabildearon en torno de la reforma petrolera. Sus estrechos vínculos con el poder político en Estados Unidos le permitieron ser una de las grandes beneficiadas de la invasión a Irak, y de la "reconstrucción de ese país", con contratos por 16 mil millones de dólares sin licitación y de manera privada.
No sólo eso. La geopolítica de Halliburton la ha convertido en la aliada más firme de la estrategia de "guerra contra el terrorismo" que encabezó el gobierno de George W. Bush. En 2007, su división Kellogg Brown Root (KRB) construyó en Guantánamo, Cuba, 207 celdas destinadas a los "combatientes enemigos" y, en marzo del mismo año, abrió oficinas en Dubai, capital de los Emiratos Árabes Unidos.
Tras los resultados de la reforma petrolera en México, Halliburton ha comenzado a revisar los recovecos que le permitirá expandir lo ya logrado desde el gobierno de Vicente Fox en territorio mexicano.

LAS CINCO REFORMAS CALDERONISTAS

JESUS CANTU

En lo que va del sexenio de Felipe Calderón, el Congreso de la Unión aprobó ya cinco reformas que, amén de trascendentales, son controvertidas: la del régimen de pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); la electoral; la hacendaria; la judicial y la petrolera, aunque ésta aún no es avalada por la Cámara de Diputados.
Salvo en la primera, en las demás el gobierno panista realizó concesiones en aspectos sustantivos; la electoral y en la petrolera incluso se acercan más a los postulados perredistas que a los presidenciales.
En las dos primeras reformas, la del ISSSTE y en la electoral, por ejemplo, el mandatario no presentó formalmente una propuesta, aunque se conocía con claridad su posicionamiento al menos en los aspectos más polémicos.
El 15 de marzo de 2007, el diputado priista Samuel Aguilar presentó la iniciativa de reforma a la Ley del ISSSTE. En su elaboración participaron el director del instituto, Miguel Ángel Yunes; la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Esther Gordillo; y el dirigente de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala. Desde el principio contó con el apoyo de las bancadas del PAN, PRI, PVEM, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata y Campesina. Los legisladores del Frente Amplio Progresista -PRD, PT y Convergencia- se opusieron a ésta.
Los principales cambios en la legislación son: la individualización de las cuentas de ahorro para el retiro y su administración a través de una administradora pública, Pensionissste; el aumento gradual de la edad para el retiro, en un período que va de 2010 a 2028, de 48 a 58 años para las mujeres y de 50 a 60 años para los hombres; el incremento gradual de la aportación de los trabajadores de 3.25% en 2009 a 6.125 para 2012; y la inversión, por parte del gobierno federal, de 8 mil millones de pesos en el próximo trienio para fortalecer la infraestructura y el equipamiento de la institución y mejorar la atención médica.
La iniciativa fue aprobada sin cambios en la Cámara de Diputados el 22 de marzo de 2007, una semana después de su presentación; y el 29 de marzo, otra semana después, en la Cámara de Senadores. Ese 22 de marzo el presidente Felipe Calderón declaró que era la reforma más importante del país en una década. De hecho generó el mayor litigio colectivo en la historia, pues se promovieron 223 mil amparos en su contra. El 20 de junio pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaró constitucional, sin modificaciones importantes.
El Ejecutivo tampoco participó abierta y formalmente en la elaboración de la segunda reforma importante del presente sexenio: la electoral. Ésta se discutió y elaboró en la Comisión Ejecutiva para la Negociación y Construcción de Acuerdos para la Reforma del Estado (CENCA). Sin embargo, fue evidente que Calderón cedió a la presión del PRI y el PRD para remover anticipadamente a los consejeros electorales a cambio de que ambos partidos apoyaran la reforma fiscal.
En su libro Así lo viví, Luis Carlos Ugalde señala: "El 12 de diciembre de 2006, dos semanas después de haber tomado posesión como presidente de México (Calderón) me había asegurado en su oficina de Los Pinos que no compartía la idea de cambiar a los consejeros. Me dijo que una eventual reforma electoral no atentaría contra la independencia del IFE".
Y, en la página siguiente, al narrar un nuevo encuentro con Calderón, el 28 de agosto de 2007, escribió: "Sabía que, dadas las posturas claras de los actores, PRD y Manlio Fabio Beltrones (PRI), la decisión final para removernos dependía de él y de su partido... En contraste con la última vez que habíamos conversado, ahora lo notaba dubitativo y ambivalente. En diciembre de 2006 había platicado con él y recuerdo haberlo visto vigoroso, decidido, seguro de su papel y de su propia legitimidad. Ahora lo veía indefinido y sujeto a las presiones... Me despedí amablemente y salí convencido de que las cabezas de los consejeros habían sido cedidas. Calderón había dado luz verde para vulnerar la independencia del IFE. No era su opción preferida, pero había cedido a la presión".
Y ésta no es la única constancia de la evolución del presidente y su partido respecto de la remoción de los consejeros, pues el 29 de enero de 2007 Héctor Larios, líder de los diputados panistas, declaró al diario Reforma que el asunto era innegociable, pues "es un tema de fortaleza institucional. Nosotros no estamos defendiendo a los consejeros, lo que queremos es defender la fortaleza del IFE, la fortaleza institucional del IFE".
Sin embargo, en septiembre del mismo año, los legisladores panistas aprobaron la remoción anticipada de seis de los nueve integrantes del Consejo General del IFE con derecho a voz y voto.
El 12 de septiembre de 2007, el Senado aprobó la reforma constitucional en la que se contemplaba, además de dicha remoción, la prohibición de las llamadas campañas negativas, de la contratación de promocionales por parte de terceros y la propaganda gubernamental durante las campañas electorales, así los legisladores proscribían las tres acciones que el PRD cuestionaba de la campaña de Calderón: la "guerra sucia", la intromisión de particulares, sobre todo el Consejo Coordinador Empresarial y otras organizaciones patronales, así como la abundante propaganda del gobierno de Fox. Una campaña como la que le permitió a Calderón llegar a Los Pinos es irrepetible con la actual legislación.
La Cámara de Diputados aprobó, sin modificaciones, la reforma constitucional, dos días después, el 14 de septiembre, y tras la aprobación de los congresos estatales, el 13 de noviembre de ese año se publicó en el Diario Oficial de la Federación.
Al mismo tiempo que se discutía la reforma electoral, el Congreso revisaba el proyecto de reforma fiscal que el Ejecutivo presentó el 20 de junio de 2007. En el proyecto original se mencionaba que los estados podían aplicar un impuesto adicional a las ventas de gasolina, diesel, tabaco y cerveza; así mismo se proponía abrogar el Impuesto a la Tenencia de Automóviles en el 2014; introducir la Contribución Empresarial de Tasa Única (CETU), con una tasa de 19% sobre los ingresos, después de deducir la inversión y la adquisición de bienes y servicios independientes; el llamado impuesto contra la informalidad, que implicaba gravar con una tasa de 2% los depósitos realizados en efectivo que excedan la cantidad acumulada de 20 mil pesos en un mes; gravar con una tasa de 20% la contraprestación que se cobre por participar en juegos con apuestas y sorteos, y gravar con una tasa de 50% a las pinturas en aerosol.
El 12 de septiembre, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados avaló un nuevo régimen fiscal para Petróleos Mexicanos, que no venía en la iniciativa presidencial y que implicaba reducir el gravamen especial que se le cobra a la paraestatal en siete puntos porcentuales en un período de cuatro años; modificó el nombre del CETU y lo denominó Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) y redujo la tasa de 19 a 16.5%, aunque aumentará anualmente para llegar a 17.5% en 2010; aprobó abrogar la tenencia, pero a partir de 2011; aprobó en sus términos la propuesta de gravar las contraprestaciones por participar en juegos con apuestas y sorteos; aumento a 25 mil pesos el monto de los depósitos mensuales en efectivo; rechazó los gravámenes estatales y, en su lugar, acordaron los legisladores aplicar un impuesto de 5.5% a las gasolinas y el diesel, el cual se establecerá en un período de 18 meses; y rechazó, también, el impuesto a las pinturas en aerosol.
Con todas estas modificaciones, la Cámara de Diputados aprobó la reforma hacendaria el 13 de septiembre; el Senado lo hizo al día siguiente. El sábado 15 de septiembre Calderón felicitó a los diputados y senadores por haber aprobado las reformas fiscal y electoral, ya que significaban, dijo, "un paso difícil pero indispensable".
En marzo de 2007, el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un proyecto para dotar a las autoridades ministeriales y policiacas de instrumentos para el combate a la delincuencia organizada. La iniciativa contenía, entre otras propuestas que al final fueron suprimidas, las siguientes: que los agentes policiacos ingresaran "sin orden judicial a un domicilio cuando exista información o conocimiento de una amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad física" de una persona; que los delitos contra la paz pública fueran considerados como graves; las órdenes de aprehensión a criterio del Ministerio Público; el decomiso de bienes sin juicio previo; y la disposición para que el Ministerio Público, con la autorización del procurador, tuviera acceso a información de carácter reservado y confidencial.
El 12 de diciembre, los diputados votaron una reforma que incluía dicha iniciativa y otra del diputado priista, César Camacho, para abrir paso a los juicios orales. La minuta ya había eliminado algunas de las propuestas contempladas en el párrafo anterior, pero permitía el acceso a la información confidencial sin necesidad de autorización judicial, así como el allanamiento de los domicilios por parte de las corporaciones policiacas.
El 13 de diciembre, los senadores enmendaron lo relativo a la información confidencial y atemperaron el allanamiento a los domicilios. Por último, el 27 de febrero pasado los diputados eliminaron completamente el párrafo que contemplaba el allanamiento. Otra vez, una iniciativa presidencial sufría enmiendas importantes y trascendentales.
La quinta iniciativa, denominada por Los Pinos "reforma energética", y por la oposición, particularmente el PRD, "reforma petrolera", fue enviada el 8 de abril de 2008. En esa ocasión, el Ejecutivo envió una iniciativa de reforma a siete leyes ordinarias; tras la toma de las tribunas y los foros de debate, el PRI presentó su iniciativa el 23 de julio; el 25 de agosto, los legisladores del FAP hicieron lo propio.
El jueves 23, en el Senado se aprobaron los siete dictámenes que dan paso a la reforma petrolera. En éstos, quedó en evidencia que la iniciativa presidencial fue severamente reformada, particularmente en lo que atañe a la participación de la iniciativa privada en los distintos procesos a cargo de Pemex y el otorgamiento de contratos a esta paraestatal.
En las reformas aprobadas el jueves 23, se eliminó la participación de la iniciativa privada en la refinación, contratos de maquila y la propiedad de los ductos; se eliminaron los denominados contratos incentivados, que en realidad eran contratos de riesgo; y se eliminó el control de Hacienda sobre el presupuesto anual de la paraestatal. Además, hubo una serie de normas que se modificaron sustancialmente, como el que los cuatro consejeros profesionales del Consejo de Administración de Pemex deben ser avalados por el Senado; se mantuvieron los bonos ciudadanos, pero se establecieron candados para que las casas de bolsa no puedan comprarlos; se estableció un nuevo régimen fiscal para la paraestatal, pero no se pueden trasladar los beneficios e incentivos a terceros; y el nuevo régimen de adquisiciones establece candados para las licitaciones, invitaciones restringidas y adjudicaciones directas.
Así, básicamente se impidió, como lo han repetido una y otra vez los perredistas, la participación de la iniciativa privada en las actividades reservadas a Pemex; y aunque se modifican el régimen fiscal y el de adquisiciones, se establecen las debidas previsiones para evitar abusos, corrupción, discrecionalidad y traspasos de los beneficios a terceros. En los asuntos controvertidos la iniciativa aprobada es más cercana a la propuesta del FAP, que a la del presidente Calderón.
El viernes 24, el presidente Calderón reconoció el trabajo legislativo y señaló que la reforma era un cambio fundamental en materia de energéticos como no se registraba desde la expropiación petrolera en 1938.
Así, las reformas fiscal, de seguridad y petrolera fueron modificadas en todos los aspectos controvertidos y considerados en la iniciativa presidencial como fundamentales para el éxito de la misma, y en el caso de la electoral, aunque no hubo una iniciativa del Ejecutivo, es evidente que las principales disposiciones se oponen a los postulados de Calderón y el PAN. En el caso de las reformas fiscal y de seguridad, la oposición logró atemperar y depurar las propuestas; pero en la electoral y petrolera, el PRD colocó su sello.
De acuerdo con las declaraciones de Calderón, después de cada una de éstas, parece que en este sexenio lo importante es reformar, sin importar mucho el sentido de las mismas, pues todas las festina como si sus iniciativas hubiesen pasado intactas, como fue el caso de la reforma a la Ley del ISSSTE.

PLAZA PUBLICA

MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA.

Preguntar sobre la actitud y las acciones de los subprocuradores ante la ahora sabida corrupción de sus subordinados no implica en modo alguno ni la más tenue insinuación de que estuvieran coludidos con ellos
Operación Limpieza Eso se sabría sólo al cabo de una pesquisa que es inevitable, pero de la que pueden salir exonerados Asegura el ex Subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos que durante su estancia al frente de la SIEDO "implementó una vigilancia extrema a sus subordinados con información de Inteligencia Militar y de la DEA para evitar la infiltración del narco" (Reforma, 28 de octubre). Y sin embargo, no reparó en la creciente fortuna de Miguel Colorado González, Coordinador General Técnico de dicha Subprocuraduría, próximo a él en la escala jerárquica, quien sin embozo expresaba en sus declaraciones patrimoniales sus compras de automóviles lujosos, inmuebles bien situados y ahorros que saltaron de 90 mil pesos en 2004 a un millón 200 mil pesos al año siguiente. Colorado González está ahora preso en el penal de alta seguridad de occidente, en Puente grande, Jalisco. Estuvo sujeto a arraigo desde el comienzo de agosto y puede ser extraditado a Estados Unidos, pues la justicia norteamericana lo ha requerido para que responda a cargos que se formalizaron el jueves, en que el funcionario pasó en México del arraigo a la prisión. Siguió la misma suerte su subordinado, Fernando Rivera Hernández, Director General Adjunto en la Coordinación que encabezaba Colorado González. También están presos en el penal jalisciense dos miembros de la Agencia Federal de Investigación, uno más está arraigado y dos se hallan prófugos. Se les acusa de recibir copiosas cantidades de dinero a cambio de información entregada a la banda de los hermanos Arturo y Alfredo Beltrán Leyva. Fueron señalados por autoridades norteamericanas que en este como en otros casos se anticiparon a eventuales acusaciones mexicanas. El propio Procurador Eduardo Medina Mora informó de la conversión de esos funcionarios en delincuentes. La incluyó en la presentación de una Operación Limpieza de que forma parte la separación de sus cargos de 35 agentes del Ministerio Público adscritos a la SIEDO. En la conferencia de prensa respectiva, fue inevitable que se le preguntara sobre la actitud de los titulares de esa Subprocuraduría en cuya gestión sus colaboradores se vendieron al enemigo. Sin eludir la interrogación Medina Mora no la respondió, diciendo sólo que se habían formulado cargos contra aquellos respecto de los cuales había evidencia de su conducta delictiva. Los sucesivos jefes de los funcionarios recluidos en Jalisco dejaron de ser subprocuradores casi simultáneamente con el comienzo del arraigo de Colorado González y Rivera Hernández, este último ex militar formado ex profeso para combatir a los delincuentes de los que a la postre se hizo cómplice. Se dijo entonces que su salida obedecía a un proyecto de reestructuración de la Procuraduría General de la República, aunque se barruntaba que se les despidió para mejorar la imagen de la PGR, exhibida para mal en una reunión del gabinete de seguridad en que el Secretario Genaro García Luna y el Procurador Medina Mora se enfrentaron con acritud. A la luz de la información reciente, podemos preguntarnos si la remoción de Santiago Vasconcelos y Ramírez Mandujano estuvo relacionada con la moción norteamericana que dio lugar a la Operación Limpieza. Acaso se precisaba que estuvieran fuera de la PGR para llevar adelante las pesquisas sobre sus colaboradores. Santiago Vasconcelos fue designado Subprocurador a cargo de la SIEDO por el Procurador General Rafael Macedo de la Concha y se mantuvo en el cargo bajo Daniel Cabeza de Vaca. Había ingresado a la Procuraduría federal en 1993, y al concluir el Gobierno de Fox permaneció en ella, trasladado a la Subprocuraduría de asuntos jurídicos y relaciones internacionales. Ahí causó baja el 4 de agosto y durante tres semanas quedó al margen de la actividad pública, hasta que se le encargó una responsabilidad menor y pasajera, la Secretaría Técnica para la implantación de la reforma de seguridad aprobada en junio anterior. Ramírez Mandujano, a su turno, sustituyó a Santiago Vasconcelos en la SIEDO en enero de 2007, y se marchó de ella el 5 de agosto pasado. A diferencia de su antecesor, no quedó ni un día en el limbo, pues junto con la de su despido se dio noticia de su nueva encomienda: la representación de la PGR en la Oficina de la ONU contra la droga y el delito, con sede en Viena. Preguntar sobre la actitud y las acciones de los subprocuradores ante la ahora sabida corrupción de sus subordinados no implica en modo alguno ni la más tenue insinuación de que estuvieran coludidos con ellos. Eso se sabría sólo al cabo de una pesquisa que es inevitable, pero de la que pueden salir exonerados. No se les puede condonar, en cambio, la falta de controles que hizo posible que de oficinas a su cargo brotara durante años información valiosísima para los narcotraficantes que pagaban con gran liberalidad a sus compinches. Como dijo Medina Mora, "esta investigación aún no concluye y es necesario seguir más líneas de trabajo?y conocer más ramificaciones y limpiar de tajo (quizá quiso decir cortar) cualquier manifestación de tolerancia a la corrupción vinculada a la delincuencia organizada". Además de indagar la conducta de las personas, se revisarán los sistemas de control en la SIEDO, ahora a cargo de una mujer, la maestra Marisela Morales, a quien el Procurador "ordenó realizar nuevos y más rigurosos exámenes de control de confianza a todo el personal de la SIEDO". Convendrá saber si los acusados de hoy aprobaron esos exámenes en su tiempo o se les eximió de sujetarse a ellos. No basta sólo mejorar los procedimientos sino aplicarlos sin excepción.

miércoles, 22 de octubre de 2008

PAIS BOTIN

DENISE DRESSER
El país como premio que se reparte a pedazos entre los ganadores. La política como práctica para la extracción permanente. El gobierno como distribución del botín. ¿Y el resultado de esta mexicanísima forma de asegurar la gobernabilidad y, a la vez, garantizar los negocios? Bienes públicos que acaban en manos privadas; recursos compartidos que terminan privatizados; un sistema de representación política que perpetúa clientelas en vez de construir ciudadanos. Ayer con el reparto de tierras, hoy con la entrega de Hummers; ayer con la entrega de plazas, hoy con la férrea defensa de esa tradición; ayer con la entrega de concesiones, hoy con su renovación discrecional; ayer con la firma de contratos que benefician a las familias de servidores públicos, hoy con el argumento de que eso es "legal".
No importa el partido, no importa la afiliación política, no importa la afinidad ideológica. Quien llega al poder en México -ya sea del PAN, del PRI, del PRD, del Partido Verde, del Partido Socialdemócrata, del Panal- piensa de la misma manera: cómo, cuándo y para quién obtener algo. Para sí mismo o para su familia. Para su camarilla o para quienes dependen de ella. Para su partido y los votos que necesita comprar. Y por ello, con demasiada frecuencia, los puestos públicos se convierten en sitios para la promoción del patrimonialismo. Se vuelven lugares desde donde obtener contratos, conseguir vales, tramitar exenciones, eludir impuestos, exigir bonos, emplear amigos, promover a familiares, pagar comidas, obsequiar autos. Las 59 Hummers que acaba de regalar/"rifar" Elba Esther Gordillo son tan sólo un botón de muestra, un recordatorio de prácticas criticables pero cotidianas, condenables pero arraigadas, execrables pero extendidas. Prácticas vivas en todos los niveles de gobierno, en todas las dependencias oficiales, en todos los sitios formalmente dedicados a la promoción del "interés público", cuando quienes laboran allí no saben ni siquiera qué significa.
Por ello Elba Esther Gordillo no tiene el menor empacho en declarar que distribuye Hummers y que lo hace de buena fe. Por ello Alberto Begné y los suyos no padecen la menor vergüenza al financiar una fiesta con recursos públicos para celebrar la salida de Patricia Mercado. Por ello a Petróleos Mexicanos no le preocupa gastar un millón 329 mil 069 pesos -entre noviembre del 2006 y diciembre de 2007- en la compra de bebidas alcohólicas para altos ejecutivos de la Torre. Por ello Carlos Romero Deschamps, en lugar de guardar discreción sobre su riqueza cuestionable, presume sus relojes Rolex y sus departamentos y sus barcos. Por ello los gobernadores exigen 260 mil millones de pesos para sus arcas en las negociaciones del presupuesto por venir, aunque -como lo revela un estudio reciente del Instituto Mexicano para la Competitividad- no se vean obligados a rendir cuentas. Cómplices todos, en mayor o menor medida, de un sistema evidenciado por el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera, quien después de participar en la discusión en torno al presupuesto dice: "No vine por la lana pero tampoco quiero salir trasquilado".
Un sistema basado en el concepto de "derechos adquiridos". En la lógica de "así ha sido siempre". En el argumento de "esto es lo que me toca". En la práctica común en el sindicato de Pemex, en el Sindicato Mexicano de Electricistas, en el sindicato del IMSS, donde el padre trabajador tiene el "derecho adquirido" de "proponer" a una persona para ocupar una plaza en la paraestatal. Como lo estipula -abierta y escandalosamente- el artículo 55 del Acta Constitutiva y Estatutos Generales del sindicato petrolero: "Al jubilarse un trabajador, si hubiera corrida escalafonaria y como consecuencia de ella la empresa solicitara cubrir la última plaza, será propuesto el hijo, la hija, hijo adoptivo, hermano o hermana". Y si un trabajador no tiene familia se le otorga el derecho de vender la plaza por 150 mil pesos. Allí está, el ejemplo incontrovertible de la gobernabilidad edificada a base de cuotas. La representación entendida como el arribo de recomendados. El país canibalizado por la protección constante de prebendas.
Y no sólo en el gobierno, no sólo en los sindicatos, no sólo en las cortes, no sólo en la burocracia. El mal de pensar que los privilegios adquiridos deben ser mantenidos a perpetuidad aqueja también a la cúpula empresarial. Basta con ver la felicidad de algunos miembros de la CIRT cuando Felipe Calderón anuncia que otorgará frecuencia de FM a los radiodifusores que ya tienen estaciones de AM. Basta con escuchar los argumentos que tanto Televisa como TV Azteca presentaron en defensa de la llamada "Ley Televisa" con la cual buscaban proteger el gran pedazo del espectro radioeléctrico que habían logrado embolsar. Basta con entender que se han presentado más de 30 mil amparos contra el IETU que -con todo y sus fallas- constituye un impuesto mínimo al sector corporativo acostumbrado a la elusión fiscal. Basta con analizar las posiciones detrás de los empresarios que se han amparado ante una reforma electoral que prohíbe la compra de spots por particulares. Basta con presenciar la forma en la cual Carlos Slim exige la posibilidad de ofrecer video aunque no haya cumplido con las condiciones de su concesión original. El común denominador de estas posturas es la defensa de lo dado, lo acostumbrado, lo otorgado, lo merecido. La defensa de "derechos adquiridos" aunque hoy corran en contra de la competencia, obstaculicen la modernización, generen políticas públicas que favorecen a un manojo de personas por encima de la población.
Lamentablemente el sistema mexicano ha funcionado y sigue funcionando con base en el clientelismo político. Te doy y me das; te hago un favor y me lo pagas. Aquello que Susan Stokes -académica de Yale- describe como "la entrega de bienes materiales a cambio de apoyo político, donde el criterio que el patrón usa es sencillamente: ¿me apoyaste o me apoyarás?". Ese clientelismo que recorre el andamiaje institucional y económico de principio a fin. Está vivo en la entrega de 59 Hummers. Está presente en el otorgamiento de concesiones radiofónicas que beneficiarán a sólo siete grupos. Sobrevive en la opacidad con la cual se ejerce en gasto público en los estados. Ese clientelismo que retrasa el desarrollo económico, sabotea la democracia, impide que el gobierno provea bienes públicos, crea mexicanos que viven con la mano extendida, encumbra empresarios que no le apuestan a su propio talento sino a la cercanía con el gobierno. Ese clientelismo que convierte a México en un país de personas disputándose el botín.