LA PANACEA*

JORGE ALCOCER

Ante la polémica causada por los informes de la Unidad de Fiscalización de los Partidos Políticos (IFE) la reacción inmediata de los inconformes ha sido proclamar el "fracaso del modelo de fiscalización", denunciar la "parcialidad" de los consejeros del IFE, empezando por su presidente; en el extremo, sin más sustento que la incontinencia verbal del declarante, acusarlos de estar vendidos a la "mafia del poder".

La solución que proponen los inconformes, de los cuales la enorme mayoría seguro que no ha leído lo que critica con ardor, es hacer una nueva reforma electoral para considerar el rebase de tope de gastos de campaña como causa de nulidad de una elección, y ampliar el ya de si abundante catalogo de prohibiciones sobre lo que partidos y candidatos no pueden hacer en campaña. La solución final, la suma de tan profundos análisis y detallados conocimientos, es aprobar y promulgar una Ley de Partidos.

El pasado jueves venció el plazo para que organizaciones y ciudadanos interesados notificaran al IFE su intención de crear y obtener registro legal de nuevos partidos políticos nacionales; se recibieron 50 notificaciones, una cifra inédita. Imaginemos que los 50 pretendientes alcanzan su objetivo y en agosto de 2014 el Consejo General les entrega el certificado de registro; en 2015 tendríamos 57 partidos compitiendo, y aunque todos quedasen agrupados en dos o más coaliciones electorales, el tamaño de la boleta sería mayor al de una página de este diario, ya que habría que colocar 57 recuadros, sin contar los de candidatos independientes.

En la lista de interesados en obtener registro y prerrogativas hay de todo: escindidos y tránsfugas; polvos de aquellos lodos; renegados y conversos; membretes ocurrentes ("Wikipartido de México") y vulgares engañifas ("Partido Republicano Colosista"). Los requisitos de inicio son en extremo laxos, porque se pensaron para proteger el derecho ciudadano a formar nuevos partidos. Sin embargo, cada una de las 50 organizaciones debió entregar al IFE su declaración de principios, programa de acción y estatutos, así como los nombres de sus dirigentes o promotores y un domicilio oficial; habrá que revisar esa información para tener mayor idea sobre la seriedad de los pretendientes.

El estímulo mayor de tal fervor ciudadano para crear nuevos partidos podría estar en la disposición del Cofipe (Art. 78) que otorga a cada uno de los nuevos partidos, por concepto de financiamiento ordinario, el 2 por ciento del total que se asigna, en conjunto, a los siete partidos hoy con registro (3,564 millones de pesos en 2013). Un nuevo partido obtendría, conforme lo anterior, de agosto de 2014 a diciembre de 2015, un total de financiamiento público ordinario de 107 millones de pesos, a lo que sumaría el financiamiento de campaña federal para 2015, por 21.38 millones de pesos, para un total de 128.38 millones. A ese monto, cada nuevo partido añadiría el otorgado para actividades específicas y el que obtenga en cada entidad federativa, conforme a la respectiva ley electoral local. El ingreso total, con cargo al erario, podría rondar los 200 millones, en 18 meses.

Que el registro de nuevos partidos se haga cada seis años fue objeto de dura crítica, ahora es por la inédita multiplicación de pretendientes. ¿Cuál es la solución que se ofrece? Una Ley de Partidos, tal y como se establece en el Pacto por México. Parece que algunos han encontrado la panacea a los vicios y defectos del sistema de partidos. ¿Es que acaso no tenemos una Ley de Partidos?

Antaño la ley electoral contenía las normas aplicables a partidos políticos; desde 1986 tenemos "códigos" electorales, es decir, leyes que compendian la totalidad de las normas en esa materia, tanto para las autoridades como para los sujetos obligados, en primer lugar para los partidos políticos. Por eso el Cofipe contiene un Libro Segundo, titulado "De los partidos políticos"; cercenarle ese libro, para llevarlo a una Ley de Partidos, nada aportaría en lo sustantivo, pero a cambio provocaría que las mismas autoridades y los mismos sujetos tengan que entender y atender dos leyes.

El problema de fondo no está en el Cofipe, sino en su interpretación y aplicación por las autoridades electorales, y en la proliferación de prácticas que buscan hacer fraude a la ley.

*Reforma 05-01-13