SERGIO LÓPEZ AYLLÓN
El IFAI enfrenta una doble encrucijada. Por un lado, en el curso de las próximas semanas y con base en la minuta de reformas aprobada por el Senado, la Cámara de Diputados determinará la nueva configuración constitucional del órgano garante de la transparencia. En la agenda hay temas complejos y delicados. Por otro lado, el instituto enfrenta una seria crisis interna que se desencadenó tras la elección de su nuevo presidente.
Las acusaciones entre comisionados son graves y enrarecen el ambiente del debate parlamentario. Apunto algunas ideas con el ánimo de contribuir a una salida.
Primero, juzguemos al IFAI por lo que ha construido en sus 10 años de vida y no sólo por la coyuntura actual. Sin duda existen muchos problemas, pero hay un amplio reconocimiento a que el instituto ha contribuido a que los mexicanos tengamos más información sobre el quehacer gubernamental. Segundo, exijamos una investigación objetiva, imparcial, expedita y transparente para determinar si existen responsabilidades de algún comisionado en el ejercicio de sus funciones y proceder en consecuencia. Esta es una condición indispensable para restaurar la confianza dentro y fuera de la institución.
Tercero, evitemos creer que la crisis se soluciona removiendo a todos los actuales comisionados. Ello implicaría vulnerar la autonomía de la institución, perder la experiencia y empezar todo de nuevo. En realidad, el problema atañe al procedimiento de designación. Esta es una cuestión espinosa que no hemos resuelto adecuadamente para ninguno de los órganos autónomos y reguladores colegiados. Reconozcamos que no se trata de encontrar a ciudadanos ideales e impolutos, sino profesionales expertos en la materia, con trayectorias probadas e independencia de juicio. El mecanismo de designación tiene que garantizar objetividad, efectividad y transparencia.
En el Senado este procedimiento fue uno de los aspectos más debatidos. El resultado de la negociación acabó en el peor de los mundos. ¿Por qué? La minuta de reforma establece que el Senado, previa consulta a la sociedad (?), y a propuesta de los grupos parlamentarios, nombra a los comisionados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros. El presidente puede objetar este nombramiento en un plazo perentorio. Este mecanismo supone, por la lógica de actuación propia de un órgano parlamentario, que los candidatos se seleccionen luego de una negociación entre partidos. El resultado será -recordemos al IFE- un sistema de cuotas y vetos cruzados. Peor aún, la facultad que tendría el presidente para objetar una designación le representaría un enorme costo político. Por ello es poco probable que la utilice, aun teniendo razones para hacerlo.
Si queremos construir instituciones de Estado, reconozcamos que en su integración deben concurrir en paridad dos poderes. El Ejecutivo tiene mejores probabilidades de seleccionar candidatos técnicamente viables y políticamente aceptables, siempre y cuando esté obligado a razonar públicamente la idoneidad de sus propuestas. El Senado puede entonces realizar eficazmente su función de comprobar la calidad de los candidatos y proceder a designarlos (no sólo ratificarlos u objetarlos) mediante un voto calificado. Esta condición obliga a que concurran al menos dos partidos políticos.
Cuarto, evitemos caer de nueva cuenta en el error que sean los propios comisionados quienes designen a su presidente. Dejemos esta decisión en manos del Senado y evitemos los incentivos perversos que genera una elección inter pares.
Aprovechemos la oportunidad y tomemos las lecciones para lograr el mejor de los diseño posibles. Será responsabilidad de nuestros legisladores distanciarse del escándalo y avanzar en la construcción de un nuevo IFAI fortalecido.
*El Universal 07-02-13
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