JAVIER CORRAL JURADONo hay mayor sanción para un político que la de la opinión pública. Esta ya la carga, sin recaer sobre él sentencia de un juez, Gregorio Sánchez, candidato a gobernador de Quintana Roo.
Para los ciudadanos que han escuchado la noticia, es casi un hecho que Greg está vinculado con el narco. Que el Ministerio Público lo haya declarado indiciado y los medios hayan propagado la detención, es combinación perfecta para que la presunción de inocencia quede derribada, aún cuando él pudiera desbaratar los cargos en su contra y mostrar no tener culpabilidad.
Y en este hecho estriba lo delicado del caso, pues si para cualquier persona esta conjunción de factores la coloca en el estigma público, para un candidato se le convierte en un hecho demoledor de sus aspiraciones, sobre todo cuando el sufragio está cerca. Es más preocupante el asunto cuando se advierte que la acusación es endeble, porque se coloca sobre la pesquisa judicial la peor interpretación: un instrumento para librar a ciertos actores políticos de su oposición en una región de gran interés para las mafias. De confirmarse las acusaciones, se habrá dado un duro golpe a la relación política y narco, en la que se supone metidos a varios personajes de primer nivel, incluidos gobernadores.
Pero de no ser sólidos los cargos, y repetirse la historia de los alcaldes michoacanos, a quienes no se les comprobó ilícito, el caso golpearía al gobierno del presidente Calderón y lastimaría con enormes repercusiones la lucha antinarco. Sacar a un candidato favorito de una contienda a la gubernatura no es cualquier cosa, y ese es el caso de Greg, un personaje al que por diversos medios y bajo distintas acusaciones se le quería impedir desde hace 1 año su registro electoral.
Presidente municipal de Cancún, en 2008, Gregorio Sánchez enfrentó la persecución del gobernador Félix González, que en marzo de ese año hizo aprobar en el Congreso local una iniciativa que reformaba el artículo 80 de la constitución estatal para aumentar de 10 a 20 años la obligación de residencia para los no nativos de ese estado que quisieran contender a la gubernatura. La reforma fue declarada como inconstitucional por la SCJN, y zanjado el obstáculo Greg, se lanzó a la contienda por PRD, PT y Convergencia. Ese es también el contexto que debiera no sólo ocupar a las autoridades, sino preocupar, pues los embates a las coaliciones electorales, vaya o no el PAN en ellas, tienen más enemigos e instrumentos en contra, de lo que nos imaginamos, incluso dentro del gobierno federal. Y no debe descartarse que se trate de una acción para desestabilizar las alianzas.
Así pareciera ser pues, en menos de un mes se armó el expediente, del 19 de enero, fecha en la que se produjo una denuncia anónima por vía telefónica, al 10 de febrero en que se recibió la declaración del testigo con clave confidencial orion, uno de los cinco testigos protegidos que declararon, y cuyas versiones fueron la base para solicitar la detención, así como un reporte de la unidad de inteligencia financiera de la SHCP sobre los ingresos de Greg de 2002 al 2008 en sus cuentas bancarias y transferencias realizadas.
Siendo uno de los legisladores que en el Congreso federal he sostenido la necesidad de blindar las campañas y de atacar decididamente la impunidad del narco; también me preocupa que el MP pueda actuar sólo con base en el dicho de testigos protegidos. Lo que más siembra la duda y la sospecha sobre el carácter político de la acción penal, es el manejo del MP en acudir a dos jueces para conseguir orden de aprehensión. No se podría considerar ilegal esta estratefia, si no es porque al segundo juez se le ocultó en el expediente la negativa del primero, misma que no se recurrió mediante apelación.
Al salir de inmediato a avalar la actuación de la PGR, el presidente Calderón reconoce como suya la acción penal, pero es muy probable que además de información equivocada, le hayan mentido en algunos detalles, y ahora hasta se estén magnificando otros para justificar la detención. Lo mejor es que este proceso se conduzca con un rigor procedimental y legal a toda prueba. De lo contrario la presunción se convertirá en hecho indubitable en el proceso electoral de Quintana Roo. Es complejo, espinoso, el caso; la fórmula inequívoca es la ley. Otro tratamiento, sin mayores pruebas, sería autodestructivo.
Para los ciudadanos que han escuchado la noticia, es casi un hecho que Greg está vinculado con el narco. Que el Ministerio Público lo haya declarado indiciado y los medios hayan propagado la detención, es combinación perfecta para que la presunción de inocencia quede derribada, aún cuando él pudiera desbaratar los cargos en su contra y mostrar no tener culpabilidad.
Y en este hecho estriba lo delicado del caso, pues si para cualquier persona esta conjunción de factores la coloca en el estigma público, para un candidato se le convierte en un hecho demoledor de sus aspiraciones, sobre todo cuando el sufragio está cerca. Es más preocupante el asunto cuando se advierte que la acusación es endeble, porque se coloca sobre la pesquisa judicial la peor interpretación: un instrumento para librar a ciertos actores políticos de su oposición en una región de gran interés para las mafias. De confirmarse las acusaciones, se habrá dado un duro golpe a la relación política y narco, en la que se supone metidos a varios personajes de primer nivel, incluidos gobernadores.
Pero de no ser sólidos los cargos, y repetirse la historia de los alcaldes michoacanos, a quienes no se les comprobó ilícito, el caso golpearía al gobierno del presidente Calderón y lastimaría con enormes repercusiones la lucha antinarco. Sacar a un candidato favorito de una contienda a la gubernatura no es cualquier cosa, y ese es el caso de Greg, un personaje al que por diversos medios y bajo distintas acusaciones se le quería impedir desde hace 1 año su registro electoral.
Presidente municipal de Cancún, en 2008, Gregorio Sánchez enfrentó la persecución del gobernador Félix González, que en marzo de ese año hizo aprobar en el Congreso local una iniciativa que reformaba el artículo 80 de la constitución estatal para aumentar de 10 a 20 años la obligación de residencia para los no nativos de ese estado que quisieran contender a la gubernatura. La reforma fue declarada como inconstitucional por la SCJN, y zanjado el obstáculo Greg, se lanzó a la contienda por PRD, PT y Convergencia. Ese es también el contexto que debiera no sólo ocupar a las autoridades, sino preocupar, pues los embates a las coaliciones electorales, vaya o no el PAN en ellas, tienen más enemigos e instrumentos en contra, de lo que nos imaginamos, incluso dentro del gobierno federal. Y no debe descartarse que se trate de una acción para desestabilizar las alianzas.
Así pareciera ser pues, en menos de un mes se armó el expediente, del 19 de enero, fecha en la que se produjo una denuncia anónima por vía telefónica, al 10 de febrero en que se recibió la declaración del testigo con clave confidencial orion, uno de los cinco testigos protegidos que declararon, y cuyas versiones fueron la base para solicitar la detención, así como un reporte de la unidad de inteligencia financiera de la SHCP sobre los ingresos de Greg de 2002 al 2008 en sus cuentas bancarias y transferencias realizadas.
Siendo uno de los legisladores que en el Congreso federal he sostenido la necesidad de blindar las campañas y de atacar decididamente la impunidad del narco; también me preocupa que el MP pueda actuar sólo con base en el dicho de testigos protegidos. Lo que más siembra la duda y la sospecha sobre el carácter político de la acción penal, es el manejo del MP en acudir a dos jueces para conseguir orden de aprehensión. No se podría considerar ilegal esta estratefia, si no es porque al segundo juez se le ocultó en el expediente la negativa del primero, misma que no se recurrió mediante apelación.
Al salir de inmediato a avalar la actuación de la PGR, el presidente Calderón reconoce como suya la acción penal, pero es muy probable que además de información equivocada, le hayan mentido en algunos detalles, y ahora hasta se estén magnificando otros para justificar la detención. Lo mejor es que este proceso se conduzca con un rigor procedimental y legal a toda prueba. De lo contrario la presunción se convertirá en hecho indubitable en el proceso electoral de Quintana Roo. Es complejo, espinoso, el caso; la fórmula inequívoca es la ley. Otro tratamiento, sin mayores pruebas, sería autodestructivo.
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