PEDRO SALAZAR UGARTELa violencia es el peor signo del presente mexicano. Amanecemos y dormimos contando los muertos cotidianos. Y ello conlleva malas nuevas para las instituciones, para los gobiernos y para los ciudadanos. Violencia que es la negación de la convivencia democrática y que erosiona los cimientos (ya de por sí frágiles) de una sociedad de derechos. Violencia que, si no se detiene, nos puede arrojar a los brazos de un Estado autoritario de Derecha. Por ello, el asesinato del candidato a la gubernatura de cualquier entidad es, siempre, lamentable en la dimensión humana y preocupante en la dimensión política. Lo que pasó en Tamaulipas, esperemos que lo entiendan los actores políticos, es una advertencia para el Estado y no para éste o aquél gobierno. Por eso se equivocan quienes lucran políticamente con la tragedia: pues están abonando en el terreno de lo que Lorenzo Córdova ha llamado la deconstrucción de las instituciones democráticas. Cuidado.
Algunas voces equivocadamente han especulado en torno a la posibilidad de posponer la jornada electoral en ese estado. Se equivocan por partida doble. Jurídicamente porque, aunque el código electoral de Tamaulipas faculta al Consejo General de la autoridad electoral para “ampliar los plazos fijados (…) a las diferentes etapas del proceso electoral, cuando a su juicio haya imposibilidad material para realizar dentro de ellos los actos para los cuales se establecen” (Art. 38), tratándose de la fecha de la jornada electoral, el día de los comicios está determinado por el artículo 116 de la Constitución y, en concreto, por la constitución local y el propio código electoral del Estado (Art. 37). Y, además, porque no hay una imposibilidad material para celebrar las elecciones y el mandato del actual gobernador debe concluir indefectiblemente. Pero, por otra parte, esa posibilidad es políticamente inaceptable porque lo que está en juego es la confirmación de nuestra apuesta como país por la fuerza civilizadora de las rutinas democráticas. Las elecciones no pueden ser recalendarizadas por los vaivenes del clima social y político del momento sino que deben ser una ratificación puntual y periódica de la vocación democrática de los mexicanos. Claudicar en ello sería dar la razón a quienes claman por el Estado fallido o, en paralelo, apuestan por el fracaso de la transición (clamores distintos pero que suelen invocarse acompañados). De nueva cuenta, cuidado.
Lo que procede es que, tal como contempla el artículo 217 del Código Electoral estatal, el PRI designe a un nuevo candidato. Ciertamente en las boletas aparecerá el nombre de Rodolfo Torre como un trágico testimonio de su ausencia injusta, pero lo importante es que, en estos momentos, las instituciones respondan. Por ello, insisto de nueva cuenta, es necesario que los partidos políticos contiendan electoralmente. Ciertamente, dados los requisitos para ser gobernador en el estado y sobre todo los impedimentos para contender por el cargo (artículos 78 y 79 de la Constitución tamaulipeca), al PRI, no le resultará fácil elegir al sustituto (que podría ser el próximo a gobernar) pero en coyunturas como ésta se prueba la solidez de las instituciones que hacen a una democracia posible. Lo único que sabemos es que la candidatura no podrá provenir de ningún servidor público en funciones ya que habrían tenido que separarse de su cargo 90 días antes de la elección. Pero ello no imposibilita la designación de un candidato sustituto.
Cuando suceden eventos lamentables y aciagos como el que vivimos con este asesinato debemos echar mano de la sensatez y la prudencia. No hay nada más peligroso que dejarnos llevar por la estridencia y la especulación. Ya bastante escandalosa es la realidad. De hecho, conviene voltear a nuestro alrededor para aprender de la experiencia de otras democracias. Mientras escribía este texto no podía dejar de pensar en la civilidad demostrada por la sociedad española al responder con votos a la masacre cometida en la estación de Atocha el 11 de marzo de 2004. De alguna manera nosotros diez años antes, en 1994, hicimos lo mismo y, con una jornada electoral ejemplar, acallamos las voces que anunciaban un inminente “choque de trenes” y exorcizamos pulsiones violentas y criminales como las que hoy, de nueva cuenta, nos acechan. Olvidar las lecciones del pasado es un buen comienzo del fracaso. Por tercera y última vez, cuidado.
Algunas voces equivocadamente han especulado en torno a la posibilidad de posponer la jornada electoral en ese estado. Se equivocan por partida doble. Jurídicamente porque, aunque el código electoral de Tamaulipas faculta al Consejo General de la autoridad electoral para “ampliar los plazos fijados (…) a las diferentes etapas del proceso electoral, cuando a su juicio haya imposibilidad material para realizar dentro de ellos los actos para los cuales se establecen” (Art. 38), tratándose de la fecha de la jornada electoral, el día de los comicios está determinado por el artículo 116 de la Constitución y, en concreto, por la constitución local y el propio código electoral del Estado (Art. 37). Y, además, porque no hay una imposibilidad material para celebrar las elecciones y el mandato del actual gobernador debe concluir indefectiblemente. Pero, por otra parte, esa posibilidad es políticamente inaceptable porque lo que está en juego es la confirmación de nuestra apuesta como país por la fuerza civilizadora de las rutinas democráticas. Las elecciones no pueden ser recalendarizadas por los vaivenes del clima social y político del momento sino que deben ser una ratificación puntual y periódica de la vocación democrática de los mexicanos. Claudicar en ello sería dar la razón a quienes claman por el Estado fallido o, en paralelo, apuestan por el fracaso de la transición (clamores distintos pero que suelen invocarse acompañados). De nueva cuenta, cuidado.
Lo que procede es que, tal como contempla el artículo 217 del Código Electoral estatal, el PRI designe a un nuevo candidato. Ciertamente en las boletas aparecerá el nombre de Rodolfo Torre como un trágico testimonio de su ausencia injusta, pero lo importante es que, en estos momentos, las instituciones respondan. Por ello, insisto de nueva cuenta, es necesario que los partidos políticos contiendan electoralmente. Ciertamente, dados los requisitos para ser gobernador en el estado y sobre todo los impedimentos para contender por el cargo (artículos 78 y 79 de la Constitución tamaulipeca), al PRI, no le resultará fácil elegir al sustituto (que podría ser el próximo a gobernar) pero en coyunturas como ésta se prueba la solidez de las instituciones que hacen a una democracia posible. Lo único que sabemos es que la candidatura no podrá provenir de ningún servidor público en funciones ya que habrían tenido que separarse de su cargo 90 días antes de la elección. Pero ello no imposibilita la designación de un candidato sustituto.
Cuando suceden eventos lamentables y aciagos como el que vivimos con este asesinato debemos echar mano de la sensatez y la prudencia. No hay nada más peligroso que dejarnos llevar por la estridencia y la especulación. Ya bastante escandalosa es la realidad. De hecho, conviene voltear a nuestro alrededor para aprender de la experiencia de otras democracias. Mientras escribía este texto no podía dejar de pensar en la civilidad demostrada por la sociedad española al responder con votos a la masacre cometida en la estación de Atocha el 11 de marzo de 2004. De alguna manera nosotros diez años antes, en 1994, hicimos lo mismo y, con una jornada electoral ejemplar, acallamos las voces que anunciaban un inminente “choque de trenes” y exorcizamos pulsiones violentas y criminales como las que hoy, de nueva cuenta, nos acechan. Olvidar las lecciones del pasado es un buen comienzo del fracaso. Por tercera y última vez, cuidado.
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