JESÚS CANTÚ ESCALANTEA menos de un mes de que se realicen los comicios para elegir gobernador en 12 entidades del país, los topes de los gastos de campaña de los candidatos y sus partidos son un adorno demasiado costoso. Y aun cuando en sus informes detallen que agotaron los recursos que se les asignaron de manera oficial, los gastos totales de las campañas siempre serán diferentes y estarán muy por debajo, acaso por miles de pesos.
Ello se debe, entre otros factores, a que en los registros de los aspirantes y las organizaciones incluyen erogaciones que por lo general no coinciden con las que les fueron autorizadas para sus campañas. Además, las autoridades electorales están imposibilitadas para dar seguimiento detallado a esos gastos; mucho menos cuantificarlos y contabilizarlos como parte de las partidas autorizadas.
A pesar de que la reforma constitucional y legal 2007-2008 eliminó el principal rubro de gastos de campaña –la compra de espacios en televisión y radio, ya que a partir de su entrada en vigor se canceló la comercialización de las campañas en esos espacios mediáticos–, todos los institutos electorales, con excepción del de Chihuahua, incrementaron los montos de los topes de gastos de campaña con relación a los comicios estatales de 2004. Los concesionarios se embolsaron más de la mitad de los gastos de campaña; en varios casos fueron dos terceras o tres cuartas partes de esas sumas.
Y aun cuando los topes de gastos de campaña en los estados son altos, comparados con los federales, en 2006 se autorizaron $651’428,441.67 para los aspirantes a la Presidencia de la República. Al dividir esa cantidad entre los 71 millones 374 mil 373 electores que aparecieron en la lista nominal (aun cuando el padrón electoral siempre suele ser mayor), cada uno de los candidatos pudieron gastar en sus actos proselitistas 9 pesos con 13 centavos por cada uno de los electores, cifra inferior a la establecida en 11 de las 12 entidades, donde la excepción fue Tlaxcala.
Hoy, el mayor gasto por elector potencial, según el padrón electoral, lo tiene Zacatecas, con $40.82 –cuatro veces y media más que en la jornada federal–, mientras que el mayor monto total es el de Tamaulipas, con 71 millones 969 mil 187 pesos y 39 centavos, con sólo 2 millones y medio de votantes. Y aunque tiene poco más de la trigésima parte de los electores que había en 2006 a nivel nacional, Tamaulipas fija un tope de gastos de campaña que es superior a la décima parte de lo que se gastó a nivel nacional ese año.
Con relación el gasto por elector potencial, los topes de campaña establecidos en los 12 estados donde habrá comicios el próximo 4 de julio, es el siguiente:
Zacatecas, con un millón 111 mil 521 ciudadanos empadronados: tope de $45’370,854.40 y de $40.82 por elector; Quintana Roo, 849 mil 208 votantes, $25’321,383 de tope y $29.82 por elector; Tamaulipas, 2 millones 486 mil 10 sufragantes, $71’969,187.39 y $28.95 por voto; Oaxaca, 2 millones 582 mil 279, $62’824,708.47 y $24.33;
En Durango, los votantes son un millón 175 mil 265, disponen de $19’ 105,218.00 y $16.26 por elector; Puebla, 3 millones 870 mil 43, $61’462,676.00 y $15.88; Sinaloa, un millón 911 mil 72, $25’867,022.28 y $13.54; Aguascalientes, 792 mil 212, $10’180,225.90 y $12.85; Chihuahua, 2 millones 625 mil 601, $28’522,550.97 y $10.86; Veracruz, 5 millones 327 mil 433, $52’102,180.99 y $9.78; Hidalgo, un millón 843 mil 425, $17,277,563 y $9.37 y, finalmente, Tlaxcala, con 792 mil 120, $5’267,410.83 y $6.65.
Las legislaciones y, eventualmente, los criterios de los integrantes del órgano electoral son tan distintos que, por ejemplo, Aguascalientes cuyo padrón tiene 92 electores más que el de Tlaxcala y con condiciones muy similares, establece un tope de gastos de campaña por candidato de casi el doble que el de Tlaxcala. Además, pese a su elevado monto, esos topes no se respetan, pues partidos y candidatos reciben ingresos extras y erogan dinero que nunca reportan a las autoridades electorales.
Las principales vías para evadir el control de las autoridades electorales son tres:
Una: en el caso de productos o servicios de empresas establecidas que se preocupan por cumplir con el protocolo en las facturaciones que realizan directamente con un tercero –entidad pública o privada– al que en ocasiones entregan incluso documentos de trabajo o productos, o bien prestan servicios con sobreprecios.
Dos: los donativos en especie imposibles de detectar, que pueden ir desde el pago de salarios a colaboradores que en realidad laboran en la campaña, hasta bienes de consumo que son incuantificables.
Tres: el manejo de efectivo para la compra de productos, servicios o directamente de votos.
Para la primera vía, en ocasiones se crean empresas ad hoc; en algunos casos incluso con meses o años de anticipación para tratar de minimizar las suspicacias, como quedó constancia en el expediente de la agrupación Amigos de Fox. En otras, son firmas del candidato, su familia o sus amigos. Así, por ejemplo, las encuestas de preferencia electoral se facturan como estudios de mercado.
Además, con frecuencia se recurre a dependencias gubernamentales, particularmente por la vía de sobreprecios, a consultorías inexistentes, talleres de capacitación que nunca se realizan o a modificaciones mínimas de algún trabajo previo.
Entre los casos recurrentes destacan: los call centers, que hacen campañas telefónicas a favor de un candidato o diseñan estrategias para denostar a su opositor; los préstamos de oficinas, casas o bodegas para utilizarlas durante las campañas, sin que quede ningún registro; los préstamos de equipo, vehículos motorizados y demás bienes que se regresan una vez que concluyen los actos proselitistas, como computadoras o automóviles.
Un ejemplo que vincula las dos primeras vías es el de Zacatecas, donde el descubrimiento de una flotilla de 14 automóviles y dos autobuses en una bodega particular para fines electorales desató un escándalo en las últimas semanas. Aun si se concede que Osaka Motors arrendó los vehículos al PRI, al menos hay dos indicios de irregularidades.
El propietario de la bodega, Hugo Díaz Soto, declaró cándidamente al diario regiomontano El Norte: “En este momento mi único pecado es creer en un proyecto, creer en el proyecto del licenciado Miguel Alonso (candidato el PRI a la gubernatura de Zacatecas) y apoyarlo. Es por eso que les presté mis instalaciones para que ellos pusieran ahí sus vehículos e hicieran uso de ellos para las cuestiones de logística. Crecimos juntos, hemos sido amigos desde siempre”.
Los medios zacatecanos informaron que el inmueble es propiedad de la empresa Pisos y Azulejos y que, al prestar ese inmueble al PRI de manera gratuita, en realidad se hizo un donativo en especie a ese partido, lo que viola por partida doble la legislación electoral: primero, porque las empresas mercantiles no pueden aportar recursos a las campañas electorales; y segundo, porque no hay registro de ese donativo y, por lo mismo, no se contabiliza en los gastos de campaña del candidato priista. Es probable que, en el caso de los vehículos, también haya alguna manipulación en la tarifa.
Adolfo Yáñez Rodríguez, coordinador de la campaña del candidato priista Miguel Alonso Reyes, declaró que la empresa Pisos y Azulejos y la coalición Primero Zacatecas firmaron un contrato de arrendamiento el 28 de abril. Además, el secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI, Esaú Hernández, aseguró que se pagaron aproximadamente 3 mil pesos de renta por cada vehículo para utilizarlo durante dos meses. Ese precio es ridículo, señaló Eugenio Garza Rivapalacio, apoderado legal de Osaka Motors, sobre todo porque se trata de 60 unidades nuevas.
Un vehículo de ese tipo se cotiza en aproximadamente 7 mil pesos por mes, cantidad que comparada con la que admite el dirigente priista es notoriamente superior. Este tipo de argucias a las que recurren los candidatos y los partidos se inscriben en la primera vía.
Por lo que respecta a la tercera vía, ésta se utiliza por lo general en la promoción del voto o en las campañas terrestres. De ella no queda ninguna constancia del dinero líquido que manejan los candidatos y los partidos que los promueven. Y aun cuando distribuyan productos –despensas, electrodomésticos y demás–, si éstos se compran en efectivo no queda constancia de cuándo y cuánto se invirtió; además, los partidos políticos tampoco reportan estas erogaciones en los informes oficiales que presentan ante las instancias electorales.
El dinero en efectivo se usa directamente para comprar la voluntad popular, en particular la de los votantes más desprotegidos. En 2009, durante el proceso electoral para la gubernatura en Nuevo León, se dijo que en algunas zonas marginadas el voto costó hasta mil 500 pesos. El caso más evidente de esta práctica es el Pemexgate, instrumentado en los comicios presidenciales de 2000.
Las tres vías enumeradas no son las únicas, sino sólo las más utilizadas. Como puede colegirse, la autoridad electoral está imposibilitada para cuantificar los montos de esas erogaciones de partidos y candidatos, mucho menos para sumarlas a los montos de gastos de campaña.
Por otra parte, es evidente que el dinero público, el del crimen organizado o el de empresas mercantiles (impedidas legalmente para canalizar recursos para fines electorales) puede fluir por cualquiera de las tres vías. Eso es evidente por la propaganda y la promoción electoral desplegada en las entidades donde habrá elecciones el próximo 4 de julio. La paradoja es que eso no se refleja en los estados financieros ni en los reportes de partidos y candidatos.
Las últimas reformas electorales se limitaron a cerrar el paso a las formas tradicionales del fraude electoral, que pasaban por el padrón y las urnas, las casillas, las boletas y las actas, pero no instrumentaron ningún mecanismo para acotar las nuevas formas de violentar la voluntad popular. La realidad, hoy, es que las autoridades electorales administrativas carecen de instrumentos para combatirlas; y cuando avanzan en esa dirección, las autoridades jurisdiccionales las frenan.
Por eso, contrario a las declaraciones de las autoridades electorales, existe vía libre para que el dinero fluya libremente a las campañas electorales e incida en los resultados, sin importar su calidad u origen: lícito o ilícito; público o privado; de empresas mercantiles o del crimen organizado.
Ello se debe, entre otros factores, a que en los registros de los aspirantes y las organizaciones incluyen erogaciones que por lo general no coinciden con las que les fueron autorizadas para sus campañas. Además, las autoridades electorales están imposibilitadas para dar seguimiento detallado a esos gastos; mucho menos cuantificarlos y contabilizarlos como parte de las partidas autorizadas.
A pesar de que la reforma constitucional y legal 2007-2008 eliminó el principal rubro de gastos de campaña –la compra de espacios en televisión y radio, ya que a partir de su entrada en vigor se canceló la comercialización de las campañas en esos espacios mediáticos–, todos los institutos electorales, con excepción del de Chihuahua, incrementaron los montos de los topes de gastos de campaña con relación a los comicios estatales de 2004. Los concesionarios se embolsaron más de la mitad de los gastos de campaña; en varios casos fueron dos terceras o tres cuartas partes de esas sumas.
Y aun cuando los topes de gastos de campaña en los estados son altos, comparados con los federales, en 2006 se autorizaron $651’428,441.67 para los aspirantes a la Presidencia de la República. Al dividir esa cantidad entre los 71 millones 374 mil 373 electores que aparecieron en la lista nominal (aun cuando el padrón electoral siempre suele ser mayor), cada uno de los candidatos pudieron gastar en sus actos proselitistas 9 pesos con 13 centavos por cada uno de los electores, cifra inferior a la establecida en 11 de las 12 entidades, donde la excepción fue Tlaxcala.
Hoy, el mayor gasto por elector potencial, según el padrón electoral, lo tiene Zacatecas, con $40.82 –cuatro veces y media más que en la jornada federal–, mientras que el mayor monto total es el de Tamaulipas, con 71 millones 969 mil 187 pesos y 39 centavos, con sólo 2 millones y medio de votantes. Y aunque tiene poco más de la trigésima parte de los electores que había en 2006 a nivel nacional, Tamaulipas fija un tope de gastos de campaña que es superior a la décima parte de lo que se gastó a nivel nacional ese año.
Con relación el gasto por elector potencial, los topes de campaña establecidos en los 12 estados donde habrá comicios el próximo 4 de julio, es el siguiente:
Zacatecas, con un millón 111 mil 521 ciudadanos empadronados: tope de $45’370,854.40 y de $40.82 por elector; Quintana Roo, 849 mil 208 votantes, $25’321,383 de tope y $29.82 por elector; Tamaulipas, 2 millones 486 mil 10 sufragantes, $71’969,187.39 y $28.95 por voto; Oaxaca, 2 millones 582 mil 279, $62’824,708.47 y $24.33;
En Durango, los votantes son un millón 175 mil 265, disponen de $19’ 105,218.00 y $16.26 por elector; Puebla, 3 millones 870 mil 43, $61’462,676.00 y $15.88; Sinaloa, un millón 911 mil 72, $25’867,022.28 y $13.54; Aguascalientes, 792 mil 212, $10’180,225.90 y $12.85; Chihuahua, 2 millones 625 mil 601, $28’522,550.97 y $10.86; Veracruz, 5 millones 327 mil 433, $52’102,180.99 y $9.78; Hidalgo, un millón 843 mil 425, $17,277,563 y $9.37 y, finalmente, Tlaxcala, con 792 mil 120, $5’267,410.83 y $6.65.
Las legislaciones y, eventualmente, los criterios de los integrantes del órgano electoral son tan distintos que, por ejemplo, Aguascalientes cuyo padrón tiene 92 electores más que el de Tlaxcala y con condiciones muy similares, establece un tope de gastos de campaña por candidato de casi el doble que el de Tlaxcala. Además, pese a su elevado monto, esos topes no se respetan, pues partidos y candidatos reciben ingresos extras y erogan dinero que nunca reportan a las autoridades electorales.
Las principales vías para evadir el control de las autoridades electorales son tres:
Una: en el caso de productos o servicios de empresas establecidas que se preocupan por cumplir con el protocolo en las facturaciones que realizan directamente con un tercero –entidad pública o privada– al que en ocasiones entregan incluso documentos de trabajo o productos, o bien prestan servicios con sobreprecios.
Dos: los donativos en especie imposibles de detectar, que pueden ir desde el pago de salarios a colaboradores que en realidad laboran en la campaña, hasta bienes de consumo que son incuantificables.
Tres: el manejo de efectivo para la compra de productos, servicios o directamente de votos.
Para la primera vía, en ocasiones se crean empresas ad hoc; en algunos casos incluso con meses o años de anticipación para tratar de minimizar las suspicacias, como quedó constancia en el expediente de la agrupación Amigos de Fox. En otras, son firmas del candidato, su familia o sus amigos. Así, por ejemplo, las encuestas de preferencia electoral se facturan como estudios de mercado.
Además, con frecuencia se recurre a dependencias gubernamentales, particularmente por la vía de sobreprecios, a consultorías inexistentes, talleres de capacitación que nunca se realizan o a modificaciones mínimas de algún trabajo previo.
Entre los casos recurrentes destacan: los call centers, que hacen campañas telefónicas a favor de un candidato o diseñan estrategias para denostar a su opositor; los préstamos de oficinas, casas o bodegas para utilizarlas durante las campañas, sin que quede ningún registro; los préstamos de equipo, vehículos motorizados y demás bienes que se regresan una vez que concluyen los actos proselitistas, como computadoras o automóviles.
Un ejemplo que vincula las dos primeras vías es el de Zacatecas, donde el descubrimiento de una flotilla de 14 automóviles y dos autobuses en una bodega particular para fines electorales desató un escándalo en las últimas semanas. Aun si se concede que Osaka Motors arrendó los vehículos al PRI, al menos hay dos indicios de irregularidades.
El propietario de la bodega, Hugo Díaz Soto, declaró cándidamente al diario regiomontano El Norte: “En este momento mi único pecado es creer en un proyecto, creer en el proyecto del licenciado Miguel Alonso (candidato el PRI a la gubernatura de Zacatecas) y apoyarlo. Es por eso que les presté mis instalaciones para que ellos pusieran ahí sus vehículos e hicieran uso de ellos para las cuestiones de logística. Crecimos juntos, hemos sido amigos desde siempre”.
Los medios zacatecanos informaron que el inmueble es propiedad de la empresa Pisos y Azulejos y que, al prestar ese inmueble al PRI de manera gratuita, en realidad se hizo un donativo en especie a ese partido, lo que viola por partida doble la legislación electoral: primero, porque las empresas mercantiles no pueden aportar recursos a las campañas electorales; y segundo, porque no hay registro de ese donativo y, por lo mismo, no se contabiliza en los gastos de campaña del candidato priista. Es probable que, en el caso de los vehículos, también haya alguna manipulación en la tarifa.
Adolfo Yáñez Rodríguez, coordinador de la campaña del candidato priista Miguel Alonso Reyes, declaró que la empresa Pisos y Azulejos y la coalición Primero Zacatecas firmaron un contrato de arrendamiento el 28 de abril. Además, el secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI, Esaú Hernández, aseguró que se pagaron aproximadamente 3 mil pesos de renta por cada vehículo para utilizarlo durante dos meses. Ese precio es ridículo, señaló Eugenio Garza Rivapalacio, apoderado legal de Osaka Motors, sobre todo porque se trata de 60 unidades nuevas.
Un vehículo de ese tipo se cotiza en aproximadamente 7 mil pesos por mes, cantidad que comparada con la que admite el dirigente priista es notoriamente superior. Este tipo de argucias a las que recurren los candidatos y los partidos se inscriben en la primera vía.
Por lo que respecta a la tercera vía, ésta se utiliza por lo general en la promoción del voto o en las campañas terrestres. De ella no queda ninguna constancia del dinero líquido que manejan los candidatos y los partidos que los promueven. Y aun cuando distribuyan productos –despensas, electrodomésticos y demás–, si éstos se compran en efectivo no queda constancia de cuándo y cuánto se invirtió; además, los partidos políticos tampoco reportan estas erogaciones en los informes oficiales que presentan ante las instancias electorales.
El dinero en efectivo se usa directamente para comprar la voluntad popular, en particular la de los votantes más desprotegidos. En 2009, durante el proceso electoral para la gubernatura en Nuevo León, se dijo que en algunas zonas marginadas el voto costó hasta mil 500 pesos. El caso más evidente de esta práctica es el Pemexgate, instrumentado en los comicios presidenciales de 2000.
Las tres vías enumeradas no son las únicas, sino sólo las más utilizadas. Como puede colegirse, la autoridad electoral está imposibilitada para cuantificar los montos de esas erogaciones de partidos y candidatos, mucho menos para sumarlas a los montos de gastos de campaña.
Por otra parte, es evidente que el dinero público, el del crimen organizado o el de empresas mercantiles (impedidas legalmente para canalizar recursos para fines electorales) puede fluir por cualquiera de las tres vías. Eso es evidente por la propaganda y la promoción electoral desplegada en las entidades donde habrá elecciones el próximo 4 de julio. La paradoja es que eso no se refleja en los estados financieros ni en los reportes de partidos y candidatos.
Las últimas reformas electorales se limitaron a cerrar el paso a las formas tradicionales del fraude electoral, que pasaban por el padrón y las urnas, las casillas, las boletas y las actas, pero no instrumentaron ningún mecanismo para acotar las nuevas formas de violentar la voluntad popular. La realidad, hoy, es que las autoridades electorales administrativas carecen de instrumentos para combatirlas; y cuando avanzan en esa dirección, las autoridades jurisdiccionales las frenan.
Por eso, contrario a las declaraciones de las autoridades electorales, existe vía libre para que el dinero fluya libremente a las campañas electorales e incida en los resultados, sin importar su calidad u origen: lícito o ilícito; público o privado; de empresas mercantiles o del crimen organizado.
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