ANTE EL TRIBUNAL DE LA OPINIÓN

JESÚS CANTÚ ESCALANTE

Como hongos brotan las grabaciones que evidencian la intromisión de las autoridades de los estados en los procesos electorales. Expresa o tácitamente, todos los actores políticos involucrados en las mismas reconocen su autenticidad. En algunos casos, tratan de contextualizar las conversaciones para explicarlas ante la opinión pública; en otros, ni siquiera se toman esa molestia: simplemente se empeñan en desacreditarlas porque fueron obtenidas ilegalmente.
Ninguna de las comunicaciones divulgadas, hasta el momento, revela hechos, prácticas o complicidades previamente desconocidas; sólo confirman los secretos a voces y evidencian la obsolescencia de la legislación en la materia y la inoperancia de las instituciones.
Las grabaciones muestran cómo se desvían recursos públicos para apoyar a candidatos de partidos políticos; algunos “arreglos” que pueden darse entre gobiernos y concesionarios de medios de comunicación para influir en la política editorial de éstos; la sospechosa cercanía y los tratos secretos de los gobernadores en turno con los presidentes de los consejos de los órganos electorales, y el trato preferencial que reciben los representantes de determinados partidos políticos, entre otras cosas. Algunas de ellas violan flagrantemente la ley y hasta la Constitución; otras, más bien pueden considerarse de mal gusto o sospechosas.
Lo cierto es que ni unas ni otras son perseguidas por las autoridades responsables, y la experiencia previa indica que las denuncias debidamente respaldadas ante las autoridades correspondientes terminarán sin sanción alguna o, en el mejor de los casos, en una sanción mínima. Al menos eso fue lo que sucedió hace seis años, precisamente en las tres entidades donde se han divulgado grabaciones: Sinaloa, Veracruz y Oaxaca; en las tres, el PRI retuvo la gubernatura por un mínimo margen, a pesar de que se mostraron públicamente las irregularidades e ilegalidades que afectaron los respectivos procesos electorales, pero según las autoridades las mismas no tenían un respaldo jurídicamente válido o no eran suficientes para alterar el resultado de la elección.
La ley hace prácticamente imposible para los partidos políticos y los particulares allegarse las pruebas jurídicamente válidas para demostrar las ilegalidades, y las autoridades que tienen a su alcance instrumentos para conseguirlas –especialmente tras las reformas constitucionales de 2007– no lo hacen.
Ante la imposibilidad de transitar por la vía legal, la única opción que tiene la oposición es la denuncia pública: la difusión de las grabaciones que exhiben las ilegalidades, con la esperanza de que el tribunal de la opinión pública sí sancione, en las urnas, a los candidatos del partido gobernante y ejerza suficiente presión para atenuar un poco la parcialidad de las autoridades electorales y el cinismo de los gobernantes.
Pero el cinismo de los gobernantes mexicanos es tal que ni siquiera los perturban la difusión generalizada en los medios masivos de comunicación, las condenas en las redes sociales electrónicas o las manifestaciones públicas de desaprobación. Continúan impasibles su tarea.
Sin embargo, la divulgación de las grabaciones no únicamente muestra las prácticas ya comentadas, sino que también desnuda las limitaciones jurídicas de los gobernantes y la arbitraria y discrecional procuración de justicia que se vive en el país.
En el primero de estos casos, ni por asomo aparece alguna autoridad –de cualquier ámbito, ya que, además de la electoral, son varias las legislaciones violadas– que asuma que las grabaciones sí contienen pistas de posibles actos ilícitos y que, por lo mismo, debe iniciar una investigación. Hoy las autoridades se desentienden de los contenidos de las grabaciones con el argumento de que se obtuvieron ilícitamente.
Ninguna autoridad comparte los criterios que algunos ministros expresaron en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante septiembre de 2006, al discutir por primera ocasión el proyecto de informe del caso de Lydia Cacho. En esa ocasión, el ministro José de Jesús Gudiño señaló respecto al valor de las grabaciones de los diálogos entre Mario Marín y Kamel Nacif:
“…Hay que distinguir dos cosas: el efecto legal y la consecuencia material. Son dos aspectos distintos; desde el punto de vista legal, no tienen valor probatorio (…), y si no tienen valor probatorio, tampoco de ellas puede desprenderse una presunción, porque el precepto que nos acaba de leer don Juan (Díaz Romero) habla de presunciones que se desprenden de hechos probados; si no le estamos dando valor probatorio a la grabación, no puede de ahí desprenderse una presunción, pero sí tiene efectos materiales. ¿Cuál es el efecto material? Que nos da una pista a investigar, nos pone sobre el camino de la investigación (…), pero no confundamos lo que es el efecto legal, la consecuencia jurídica, de lo que es un resultado material; esa grabación indudablemente no tiene efecto jurídico, pero da una pista, nos pone sobre el camino que debemos investigar para corroborar o no, para llegar a una conclusión en un sentido o en otro, pero como resultado de la investigación, no antes.”
Y continuó: “El señor ministro Cossío ayer ponía un ejemplo muy interesante. Imaginen que hay una grabación donde dos personas se ponen de acuerdo para cometer un delito; quien oiga la grabación dice: bueno, esto yo no lo puedo tocar; entonces no puedo investigar esto porque esta grabación es ilícita. No, no podrá presentarla en juicio, pero sí tiene una pista para investigar qué fue lo que realmente sucedió, y eso es lo que falta justamente en esta investigación”.
Eso también falta en todos estos casos, pues las grabaciones sí aportan pistas; aportan pistas de un delito que está por cometerse, pues se concretará entre estos días y el domingo 4 de julio, pero a nadie se le ocurre investigar, las descalifican y desechan en automático. Se materializa el ejemplo de Cossío. A las autoridades les interesa que el proceso transcurra con los menores sobresaltos, no que se apegue a la legalidad.
En el segundo caso, aunque fue fuera de tiempos electorales y por motivaciones muy distintas, el proceso penal que hoy enfrenta Purificación Carpinteyro, exsubsecretaria de Comunicaciones y Transportes, por divulgar las grabaciones de diálogos privados del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, y la averiguación previa que le integra la Procuraduría General de la República por presuntamente intervenir las comunicaciones privadas, son una muestra de un trato muy desigual a hechos iguales.
Así, la regla parece clara: la persecución o no del emisor depende de su cercanía e identificación con el responsable de procurar la justicia; todo indica que Miguel Ángel Yunes, César Nava y Enrique Cambranis –candidato a gobernador, líder nacional del blanquiazul y dirigente del panismo veracruzano, respectivamente– no tienen nada que temer; y Fidel Herrera fue el único de los involucrados que presentó una denuncia.
El impacto electoral de la divulgación de las grabaciones todavía es incierto. No podrá medirse sino hasta el próximo domingo; pero lo que sí es una realidad, en estos momentos, es que desnudaron la obsolescencia de las leyes y la inoperancia de las instituciones electorales, penales y administrativas. Y, finalmente, ese fue el objetivo en el momento en que se optó por recurrir al tribunal de la opinión pública y no a las instancias legales.