PORFIRIO MUÑOZ LEDONos anuncia la Junta de Coordinación Política de la Cámara —el mandarinato, como le llamo— la celebración de un periodo extraordinario, de corta duración, después de las elecciones de julio y grávido de asuntos cruciales disimulados por follaje vario. Su propósito central es aprobar reformas a la Ley de Seguridad Nacional que legalizarían las acciones del Ejército en ese campo. Es un acuerdo básico entre el gobierno y el PRI para reforzar la “guerra” contra el crimen organizado.
Calderón no tiene salidas honorables a una estrategia desastrosa y pretende enarbolar la línea dura como paradigma electoral. Personeros del antiguo régimen juegan al Mockus. Consienten la ocupación militar y la decoran con mensajes de eficiencia política y verborrea social. Restauran la aplanadora electoral, mientras nos mandan mensajes inequívocos sobre la forma como pretenden gobernar: con mayorías artificiales y el uso del abanico de procedimientos autoritarios.
Entre las gracejadas de la agenda de la “muerte súbita” de julio, está un reglamento para el gobierno interior de la cámara que decreta la cancelación del pluralismo. Confirma la autoridad de un solo partido y reduce arbitrariamente prerrogativas reconocidas a los legisladores en la Constitución y en la ley. Sacrifica los debates en aras de los acuerdos clandestinos y suplanta la autoridad del pleno por la de sus pastores.
Desfilarán modificaciones de distinta laya en materia de secuestros, seguro popular, fideicomisos, obesidad infantil, adicciones, banca de desarrollo y otras; pero el núcleo del proyecto consiste en compensar la legalización del estado de sitio con caramelos demagógicos destinados a reblandecer la sociedad civil mediante concesiones menores en derechos infantiles y equidad de género, así como un proyecto tramposo de derechos humanos que nos rebota el Senado.
Intentan reeditar el engaño que liquidó el perverso juego de la CENCA en 2007. Durante el breve periodo en que Santiago Creel presidió ese ejercicio llamó a los consultores para sugerir la adopción de reformas penales que luego se conocieron como “Ley Gestapo” —adoptada al margen de los procedimientos en la Ley para la reforma del Estado. Simultáneamente, preparamos una iniciativa con el más amplio catálogo de derechos humanos (94 reformas) que luego fueron vetadas y destazadas en la cámara.
Hoy se pretende impulsar esos proyectos con semejante propósito: tender una cortina de humo que encubra atentados graves al estado de derecho. Ninguna de las propuestas cacareadas tiene alcance para modificar la situación lamentable de los derechos humanos en el país. Registran además retrocesos inadmisibles, como privar a la Suprema Corte de sus facultades de investigación. Reduce además el ámbito de esas prerrogativas al Título I de la Constitución, cuando numerosos derechos fundamentales están consagrados en otros apartados.
Afirman que los tratados internacionales son de observancia obligatoria en el país —lo que no es ninguna novedad. Omiten sin embargo otorgarles plena jerarquía constitucional, como está mandatado por esos mismos instrumentos. Rechazan dolosamente el principio “pro persona”, que obliga a aplicar en cada caso concreto la disposición más favorable a la víctima de los abusos. Conceden la interpretación a un sistema judicial que históricamente se ha colocado del lado de los poderosos y en perjuicio de los ciudadanos.
Los “dientes” que otorgan a la CNDH son postizos: que el Poder Legislativo pueda llamar a los funcionarios incumplidos para reclamarles significa una cola interminable de violadores regañados por la cámara sin consecuencia alguna. Proponemos en cambio un juicio sumario de restitución frente al Poder Judicial, iniciado por la comisión. Asimismo, su potestad de procesarlos en juicio político.
Lo esencial es la autonomía de la comisión. Que su consejo sea electo por los diputados a propuesta de los defensores civiles y la academia y que ese cuerpo designe a su presidente, como en la Universidad. Absurdo someter los candidatos a las exigencias partidarias. Es hora de romper un pacto aberrante de simulación.
Calderón no tiene salidas honorables a una estrategia desastrosa y pretende enarbolar la línea dura como paradigma electoral. Personeros del antiguo régimen juegan al Mockus. Consienten la ocupación militar y la decoran con mensajes de eficiencia política y verborrea social. Restauran la aplanadora electoral, mientras nos mandan mensajes inequívocos sobre la forma como pretenden gobernar: con mayorías artificiales y el uso del abanico de procedimientos autoritarios.
Entre las gracejadas de la agenda de la “muerte súbita” de julio, está un reglamento para el gobierno interior de la cámara que decreta la cancelación del pluralismo. Confirma la autoridad de un solo partido y reduce arbitrariamente prerrogativas reconocidas a los legisladores en la Constitución y en la ley. Sacrifica los debates en aras de los acuerdos clandestinos y suplanta la autoridad del pleno por la de sus pastores.
Desfilarán modificaciones de distinta laya en materia de secuestros, seguro popular, fideicomisos, obesidad infantil, adicciones, banca de desarrollo y otras; pero el núcleo del proyecto consiste en compensar la legalización del estado de sitio con caramelos demagógicos destinados a reblandecer la sociedad civil mediante concesiones menores en derechos infantiles y equidad de género, así como un proyecto tramposo de derechos humanos que nos rebota el Senado.
Intentan reeditar el engaño que liquidó el perverso juego de la CENCA en 2007. Durante el breve periodo en que Santiago Creel presidió ese ejercicio llamó a los consultores para sugerir la adopción de reformas penales que luego se conocieron como “Ley Gestapo” —adoptada al margen de los procedimientos en la Ley para la reforma del Estado. Simultáneamente, preparamos una iniciativa con el más amplio catálogo de derechos humanos (94 reformas) que luego fueron vetadas y destazadas en la cámara.
Hoy se pretende impulsar esos proyectos con semejante propósito: tender una cortina de humo que encubra atentados graves al estado de derecho. Ninguna de las propuestas cacareadas tiene alcance para modificar la situación lamentable de los derechos humanos en el país. Registran además retrocesos inadmisibles, como privar a la Suprema Corte de sus facultades de investigación. Reduce además el ámbito de esas prerrogativas al Título I de la Constitución, cuando numerosos derechos fundamentales están consagrados en otros apartados.
Afirman que los tratados internacionales son de observancia obligatoria en el país —lo que no es ninguna novedad. Omiten sin embargo otorgarles plena jerarquía constitucional, como está mandatado por esos mismos instrumentos. Rechazan dolosamente el principio “pro persona”, que obliga a aplicar en cada caso concreto la disposición más favorable a la víctima de los abusos. Conceden la interpretación a un sistema judicial que históricamente se ha colocado del lado de los poderosos y en perjuicio de los ciudadanos.
Los “dientes” que otorgan a la CNDH son postizos: que el Poder Legislativo pueda llamar a los funcionarios incumplidos para reclamarles significa una cola interminable de violadores regañados por la cámara sin consecuencia alguna. Proponemos en cambio un juicio sumario de restitución frente al Poder Judicial, iniciado por la comisión. Asimismo, su potestad de procesarlos en juicio político.
Lo esencial es la autonomía de la comisión. Que su consejo sea electo por los diputados a propuesta de los defensores civiles y la academia y que ese cuerpo designe a su presidente, como en la Universidad. Absurdo someter los candidatos a las exigencias partidarias. Es hora de romper un pacto aberrante de simulación.
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