JORGE ALCOCER VILLANUEVAUn candidato a gobernador detenido en plena campaña, acusado de ligas con el narcotráfico; otros bajo sospecha de tener relaciones, pasadas o presentes, con el crimen organizado; candidatos ultimados sin que nadie sepa el origen ni los responsables de los crímenes; oficinas partidistas atacadas con bombas molotov; institutos y tribunales electorales estatales señalados por la subordinación a gobernadores y la notoria parcialidad de sus actos; consejeros del IFE acusados de servir al PRI; judicialización imparable de la vida interna de los partidos y de las contiendas electorales; contradictorias sentencias de los magistrados de la Sala Superior del TEPJF; grabaciones ilegales de conversaciones telefónicas, que aparecen como hongos, extremando, por si todo lo antes conocido fuera poco, un ambiente de sospecha y desconfianza.
Carentes de valor probatorio ante cualquier juez, el contenido de las grabaciones que en diversos medios han sido difundidas confirman lo que ya sabíamos: que los gobernadores han adoptado el papel de coordinadores de campaña, y que en su loco afán de asegurar la continuidad de su respectivo partido no conocen límites. Confirman igualmente el asalto sufrido por las instituciones electorales locales, avalado por tirios y troyanos, que en negociaciones al amparo de las sombras se repartieron cargos y esferas de influencia. Panistas y perredistas pagan la factura de haber solapado y ser beneficiarios del contubernio de sus legisladores y dirigentes estatales con los gobernadores; también lo paga el PRI, a la medida de su influencia en los estados.
Sin embargo, no es lo mismo analizar resoluciones y contratos, avalados por el TEPJF, entre institutos electorales locales y proveedores privados, que escuchar de viva voz, a la presidenta del Consejo Electoral de Sinaloa, y al presidente del Instituto de Oaxaca, ponerse al servicio de los respectivos gobernadores. Por un mínimo de pudor, deberían renunciar. No lo harán. Como no lo hará el de Puebla, ni el de Zacatecas, ni la de Aguascalientes. Etcétera.
Tampoco es asunto menor escuchar al gobernador de Oaxaca, en plática con el coordinador de medios del candidato del PRI, Eviel Pérez, ofrecer control sobre el periodista Carlos Marín y Milenio /TV, o sobre Radio Fórmula, cadena radiofónica a la que Raúl Castellanos, tránsfuga del PRI, perredista de temporal, hijo pródigo que regresó al partido de su cuna, se refiere como "fórmula". ¿Qué dirán, empresas y periodista, mencionados en la ilegal grabación?
Marcado a fuego por la orfandad política, luego por omisiones y reglamentos del IFE, la normatividad en materia de televisión y radio, el avance más importante de la reforma de 2007, es ahora convertido en el gran culpable de lo que pasa en la relación entre el poder y los medios electrónicos. La culpa es por la "nefasta reforma de 2007" dicen los periodistas y editorialistas de Milenio diario y su filial de TV. Igual hacen, con honrosas excepciones, los que ocupan la antena de Radio Fórmula. Han ignorado, o guardado silencio cómplice, ante los contratos de los gobiernos estatales con sus patrones, que les imponen silencios y vetos a invitados.
El daño mayor que las ilegales grabaciones terminan por colocar sobre la mesa no es solamente contra candidatos y gobernantes, de eso ya sabíamos lo necesario; tampoco en contra de autoridades cuyo prestigio hace rato que está por los suelos; la evidencia es sobre la conducta de los dueños de las empresas que controlan televisión y radio en México, también sobre los medios impresos que de ellos dependen, extorsionadores de gobiernos y partidos, a los que ofrecen, a cambio de sumas millonarias, no sólo difusión privilegiada, sino también, todo indica, bloqueo en contra de sus adversarios, de lo que, si a las evidencias atendemos, no informan a sus comunicadores, ¿O sí?
Por ley, las grabaciones no podrán ser consideradas por autoridad alguna, pero su efecto, contra lo que pensaron -es un decir- sus autores intelectuales, es equivalente a una carambola de tres bandas. Han puesto a la luz pública a gobernadores del PRI, a quienes encabezan institutos electorales y a medios de comunicación y a un periodista que, por decir lo menos, nos deben una explicación.
El sistema electoral está en punto de crisis, los que obligados estaban a cuidar lo avanzado a lo largo de dos décadas, de ello se olvidaron. A pretexto de la autonomía de las instituciones electorales, mal diseñada y peor aplicada, hemos regresado a los años previos a 1988, o peor. Ya oímos las grabaciones. ¿Qué dicen los que en ellas están mencionados?
Posdata: La muerte de Carlos Monsiváis me deja un poco más huérfano. No fui su amigo, sino solamente su adicto lector. Su luminosidad estará siempre presente.
Carentes de valor probatorio ante cualquier juez, el contenido de las grabaciones que en diversos medios han sido difundidas confirman lo que ya sabíamos: que los gobernadores han adoptado el papel de coordinadores de campaña, y que en su loco afán de asegurar la continuidad de su respectivo partido no conocen límites. Confirman igualmente el asalto sufrido por las instituciones electorales locales, avalado por tirios y troyanos, que en negociaciones al amparo de las sombras se repartieron cargos y esferas de influencia. Panistas y perredistas pagan la factura de haber solapado y ser beneficiarios del contubernio de sus legisladores y dirigentes estatales con los gobernadores; también lo paga el PRI, a la medida de su influencia en los estados.
Sin embargo, no es lo mismo analizar resoluciones y contratos, avalados por el TEPJF, entre institutos electorales locales y proveedores privados, que escuchar de viva voz, a la presidenta del Consejo Electoral de Sinaloa, y al presidente del Instituto de Oaxaca, ponerse al servicio de los respectivos gobernadores. Por un mínimo de pudor, deberían renunciar. No lo harán. Como no lo hará el de Puebla, ni el de Zacatecas, ni la de Aguascalientes. Etcétera.
Tampoco es asunto menor escuchar al gobernador de Oaxaca, en plática con el coordinador de medios del candidato del PRI, Eviel Pérez, ofrecer control sobre el periodista Carlos Marín y Milenio /TV, o sobre Radio Fórmula, cadena radiofónica a la que Raúl Castellanos, tránsfuga del PRI, perredista de temporal, hijo pródigo que regresó al partido de su cuna, se refiere como "fórmula". ¿Qué dirán, empresas y periodista, mencionados en la ilegal grabación?
Marcado a fuego por la orfandad política, luego por omisiones y reglamentos del IFE, la normatividad en materia de televisión y radio, el avance más importante de la reforma de 2007, es ahora convertido en el gran culpable de lo que pasa en la relación entre el poder y los medios electrónicos. La culpa es por la "nefasta reforma de 2007" dicen los periodistas y editorialistas de Milenio diario y su filial de TV. Igual hacen, con honrosas excepciones, los que ocupan la antena de Radio Fórmula. Han ignorado, o guardado silencio cómplice, ante los contratos de los gobiernos estatales con sus patrones, que les imponen silencios y vetos a invitados.
El daño mayor que las ilegales grabaciones terminan por colocar sobre la mesa no es solamente contra candidatos y gobernantes, de eso ya sabíamos lo necesario; tampoco en contra de autoridades cuyo prestigio hace rato que está por los suelos; la evidencia es sobre la conducta de los dueños de las empresas que controlan televisión y radio en México, también sobre los medios impresos que de ellos dependen, extorsionadores de gobiernos y partidos, a los que ofrecen, a cambio de sumas millonarias, no sólo difusión privilegiada, sino también, todo indica, bloqueo en contra de sus adversarios, de lo que, si a las evidencias atendemos, no informan a sus comunicadores, ¿O sí?
Por ley, las grabaciones no podrán ser consideradas por autoridad alguna, pero su efecto, contra lo que pensaron -es un decir- sus autores intelectuales, es equivalente a una carambola de tres bandas. Han puesto a la luz pública a gobernadores del PRI, a quienes encabezan institutos electorales y a medios de comunicación y a un periodista que, por decir lo menos, nos deben una explicación.
El sistema electoral está en punto de crisis, los que obligados estaban a cuidar lo avanzado a lo largo de dos décadas, de ello se olvidaron. A pretexto de la autonomía de las instituciones electorales, mal diseñada y peor aplicada, hemos regresado a los años previos a 1988, o peor. Ya oímos las grabaciones. ¿Qué dicen los que en ellas están mencionados?
Posdata: La muerte de Carlos Monsiváis me deja un poco más huérfano. No fui su amigo, sino solamente su adicto lector. Su luminosidad estará siempre presente.
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