LORENZO CÓRDOVA VIANELLOEl asesinato de Rodolfo Torre, aventajado candidato del PRI a la gubernatura de Tamaulipas, representa, además del drama personal que supone, la constatación de un urgente replanteamiento del las políticas de seguridad pública, y, a la par, la enésima puesta a prueba de la vocación democrática de la sociedad y de los actores políticos, así como de su compromiso con la legalidad y con los derechos.
Por un lado, demuestra que la lógica unidimensional de combate al crimen organizado, que ha venido inspirado la actuación del gobierno federal, y que neciamente es defendida por éste, está condenada (como desde sus inicios) al fracaso. Es urgente entender que el único modo eficaz de enfrentar a la criminalidad es asumiendo que se trata de un fenómeno multifactorial y que tiene diversas expresiones: criminal —por supuesto—, económica, social, política, cultural y hasta religiosa. Por ello la forma de poder confrontarla con posibilidades de éxito es atacándola en diversos planos y diversificando las estrategias, no viéndola como algo que puede combatirse sólo con la fuerza.
Ayer, en su discurso televisivo, el Presidente hablaba de la necesidad del diálogo y de la unidad para enfrentar el fenómeno criminal. Tiene razón, pero me temo que lo que entiende por unidad es cerrar filas en torno a su fallida estrategia de seguridad pública. Así lo revela la tal vez inconsciente afirmación en su mensaje en el sentido de que: “Frente al desafío que hoy nos plantea la delincuencia organizada, no hay margen para pretender dividendos políticos. Éste es un reto donde sólo cabe la unidad y la corresponsabilidad de los mexicanos. Éste es un desafío que mi gobierno no ha evadido y, por el contrario, lo ha enfrentado con toda determinación, pero que requiere el apoyo de los ciudadanos y la colaboración franca y sin titubeos de las fuerzas políticas y sociales del país.”
Cerrar filas entendiendo que el fenómeno criminal es transversal a todas las fuerzas políticas y que su combate requiere de la condena y colaboración de todos los actores políticos y sociales es algo indispensable. Pero que ello tenga que hacerse en torno a una estrategia que apuesta por la fuerza, la militarización y el desprecio a los derechos y a sus instituciones de garantía, como lo evidencia la grosera consideración de “tontos útiles” de la delincuencia con la que el secretario de Gobernación parece confundir la actuación de los ombudsman, es otra cosa. En una democracia el combate al crimen sólo puede fundarse en un compromiso irrestricto e incondicional con el respeto de los derechos.
Por otro lado, como lo recordaba ayer en estas páginas Pedro Salazar, el desafío que hoy lanza a la democracia y a sus instituciones el crimen organizado requiere una respuesta racional y no instintiva que refrende la vocación democrática de nuestra sociedad. No es un problema sólo de las fuerzas políticas, sino también de los ciudadanos que debemos rechazar la lógica y las dinámicas que pretende imponer el crimen. En 1994, cuando la violencia —otro tipo de violencia, pero igualmente disruptiva— se instaló entre nosotros, la respuesta de la sociedad fue acudir masivamente a las urnas. Ese año se dio la mayor participación electoral de nuestra historia democrática: casi el 80% de los ciudadanos votaron y con ello hicieron patente su respaldo a la vía democrática como la ruta pacífica por excelencia para resolver las diferencias políticas.
Hoy el dilema también tiene que asumirse de la misma manera, una participación alta en las próximas elecciones también supone una manera en la que la sociedad puede refrendar su apuesta por la democracia y la mejor manera para demostrarse refractaria a asumir la excepcionalidad como parte de la normalidad.
El asesinato de Rodolfo Torre es un atentado a la convivencia democrática y la respuesta de todos tiene que ser firme y comprometida. Votar no significa avalar una situación en donde la falta de autonomía de muchas autoridades electorales ha sido exhibida, en donde la intervención de los gobernadores —los nuevos señores feudales— ha sido la constante y en donde la pequeñez de las fuerzas políticas ha campeado. Esos son problemas de los que tendremos que encargarnos. Pero votar hoy significa, más que nunca, refrendar nuestra vocación democrática.
Por un lado, demuestra que la lógica unidimensional de combate al crimen organizado, que ha venido inspirado la actuación del gobierno federal, y que neciamente es defendida por éste, está condenada (como desde sus inicios) al fracaso. Es urgente entender que el único modo eficaz de enfrentar a la criminalidad es asumiendo que se trata de un fenómeno multifactorial y que tiene diversas expresiones: criminal —por supuesto—, económica, social, política, cultural y hasta religiosa. Por ello la forma de poder confrontarla con posibilidades de éxito es atacándola en diversos planos y diversificando las estrategias, no viéndola como algo que puede combatirse sólo con la fuerza.
Ayer, en su discurso televisivo, el Presidente hablaba de la necesidad del diálogo y de la unidad para enfrentar el fenómeno criminal. Tiene razón, pero me temo que lo que entiende por unidad es cerrar filas en torno a su fallida estrategia de seguridad pública. Así lo revela la tal vez inconsciente afirmación en su mensaje en el sentido de que: “Frente al desafío que hoy nos plantea la delincuencia organizada, no hay margen para pretender dividendos políticos. Éste es un reto donde sólo cabe la unidad y la corresponsabilidad de los mexicanos. Éste es un desafío que mi gobierno no ha evadido y, por el contrario, lo ha enfrentado con toda determinación, pero que requiere el apoyo de los ciudadanos y la colaboración franca y sin titubeos de las fuerzas políticas y sociales del país.”
Cerrar filas entendiendo que el fenómeno criminal es transversal a todas las fuerzas políticas y que su combate requiere de la condena y colaboración de todos los actores políticos y sociales es algo indispensable. Pero que ello tenga que hacerse en torno a una estrategia que apuesta por la fuerza, la militarización y el desprecio a los derechos y a sus instituciones de garantía, como lo evidencia la grosera consideración de “tontos útiles” de la delincuencia con la que el secretario de Gobernación parece confundir la actuación de los ombudsman, es otra cosa. En una democracia el combate al crimen sólo puede fundarse en un compromiso irrestricto e incondicional con el respeto de los derechos.
Por otro lado, como lo recordaba ayer en estas páginas Pedro Salazar, el desafío que hoy lanza a la democracia y a sus instituciones el crimen organizado requiere una respuesta racional y no instintiva que refrende la vocación democrática de nuestra sociedad. No es un problema sólo de las fuerzas políticas, sino también de los ciudadanos que debemos rechazar la lógica y las dinámicas que pretende imponer el crimen. En 1994, cuando la violencia —otro tipo de violencia, pero igualmente disruptiva— se instaló entre nosotros, la respuesta de la sociedad fue acudir masivamente a las urnas. Ese año se dio la mayor participación electoral de nuestra historia democrática: casi el 80% de los ciudadanos votaron y con ello hicieron patente su respaldo a la vía democrática como la ruta pacífica por excelencia para resolver las diferencias políticas.
Hoy el dilema también tiene que asumirse de la misma manera, una participación alta en las próximas elecciones también supone una manera en la que la sociedad puede refrendar su apuesta por la democracia y la mejor manera para demostrarse refractaria a asumir la excepcionalidad como parte de la normalidad.
El asesinato de Rodolfo Torre es un atentado a la convivencia democrática y la respuesta de todos tiene que ser firme y comprometida. Votar no significa avalar una situación en donde la falta de autonomía de muchas autoridades electorales ha sido exhibida, en donde la intervención de los gobernadores —los nuevos señores feudales— ha sido la constante y en donde la pequeñez de las fuerzas políticas ha campeado. Esos son problemas de los que tendremos que encargarnos. Pero votar hoy significa, más que nunca, refrendar nuestra vocación democrática.
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