VÉRTICE Y VÓRTICE

JORGE ALCOCER VILLANUEVA

Mientras que en las plazas, calles y medios de comunicación locales las campañas electorales están en pleno desarrollo, otras contiendas tienen lugar en ámbitos diferentes; me refiero a la proliferación de quejas ante los institutos electorales locales y ante el IFE, que a su vez dan lugar a múltiples juicios ante los tribunales locales, que en la mayoría de los casos terminan en las salas del TEPJF. Suman decenas las quejas y juicios que han interpuesto ante esas instancias, como en batalla de fuego cruzado, partidos, coaliciones y candidatos. La judicialización de los procesos electorales, y la politización de las autoridades electorales, es un fenómeno creciente, cuya lógica desborda con mucho las normas jurídicas. Creo que detrás de esa tendencia se encuentran motivaciones diversas, aunque emparentadas por un mismo propósito: construir un caso, para acudir ante el TEPJF una vez conocidos los resultados del domingo 4 de julio.Tenemos a la vista quejas y juicios en que el objetivo ha sido entorpecer el registro de coaliciones o de candidatos ante la autoridad local; los casos de Aguascalientes e Hidalgo ejemplifican ese tipo de uso de la ley. En el primero, contra el aspirante a candidato del PAN, desde el gobierno del estado se montó un tinglado para privarlo de sus derechos políticos e impedir su registro; la maniobra fracasó porque la Sala Superior del TEPJF, en una sentencia prendida con alfileres, decidió que por encima de la Constitución deben prevalecer los tratados internacionales. (Ahora los magistrados están en un aprieto ante el caso de Greg). En Hidalgo, la coalición que postula a Xóchitl Gálvez fue torpedeada desde adentro (PRD y PT); juicio tras juicio la candidata salió adelante, pero el desgaste produjo un daño quizá irreversible.En la mayoría de los estados con elección de gobernador las quejas por reales o supuestos actos anticipados de precampaña y campaña proliferan; cuando radio o televisión están involucrados en los hechos denunciados, la investigación se complica pues las leyes locales son omisas o imprecisas respecto de la competencia de las autoridades locales; las sentencias de la Sala Superior del TEPJF no siempre guardan congruencia con lo establecido por la Constitución y el Cofipe, y en algunos casos parecen contradecir los criterios fijados por la Corte en la misma materia. Enfrentados a la presión de los partidos, los institutos y tribunales locales prefieren lavarse las manos, y cuando se ven compelidos por el TEPJF a resolver, adoptan decisiones salomónicas, aplicando la pena mínima (amonestación), lo que da lugar a nuevos juicios.En Sinaloa el pleito por el nombre y emblema de las dos coaliciones en contienda alcanza niveles kafkianos. Al candidato del PAN/PRD la Sala Superior le prohibió usar en el material electoral (boletas y actas) el acróstico "MALOVA", obligándolo a cambiar la denominación con la que se ostentaba, pero dejando a salvo su derecho a usar el referido acróstico, sin la figura de un corazón, en la propaganda de TV y radio, y en espectaculares y bardas, siempre y cuando no se utilice en la de sus candidatos a diputados locales y munícipes. En el caso del candidato de la coalición PRI/PVEM, la misma Sala obligó a la coalición a cambiar su denominación, suprimiendo el uso del apellido del candidato, "Vizcarra", en términos semejantes a lo decidido respecto de MALOVA. En plenitud de jurisdicción los magistrados entraron a regular a detalle aspectos de la propaganda, decisión que ha motivado nuevas reclamaciones y juicios.Partidos, coaliciones y candidatos han hecho de las quejas y los juicios motivo de propaganda y medio para acumular lo que consideran antecedentes para, llegado el caso, desconocer la victoria de sus adversarios y acudir ante el TEPJF en demanda de nulidad de las elecciones, repitiendo, en espiral sin fin, la estrategia de denunciar por anticipado el fraude.La captura de los institutos y tribunales locales, mediante el reparto entre los partidos de consejeros y magistrados, provoca su debilidad y propicia el escalamiento de los conflictos electorales, administrativos y judiciales. Al final todo queda en manos del TEPJF, convertido en vértice y vórtice del sistema electoral.