ERNESTO VILLANUEVA VILLANUEVANo hay datos duros que prueben la vinculación orgánica de las autoridades de Sinaloa con el crimen organizado, por lo menos hasta ahora. Tampoco existe evidencia de que el gobierno de Calderón tenga un acuerdo con el cártel de Sinaloa, como lo razonó la Radio Pública Nacional de Estados Unidos en días pasados y, antes, el propio Manuel J. Clouthier sólo con la fuerza de su dicho. Sí es posible, empero, afirmar que el diseño institucional de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa es inadecuado, para decir lo menos, en la tarea de enfrentar los delitos de alto impacto que han hecho de Sinaloa un pequeño conjunto de islas de eficacia jurídica en un mar de simulación. Existen, por supuesto, elementos que me permiten sustentar esta afirmación.
Primero. Si bien es verdad que el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Sinaloa otorga atribuciones al gobernador para designar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, también lo es que debe existir un mínimo de idoneidad entre el perfil del cargo y la persona designada. No es el caso. La secretaria Josefina de Jesús García Ruiz es una persona con una sólida formación en educación, que incluye sus estudios doctorales. No hay, sin embargo, ningún vínculo entre la especialidad de la doctora Ruiz y su actual encargo. ¿Se imagina alguien llevar un hijo enfermo a un doctor en filosofía y no a un pediatra? Tampoco obra ninguna razón escrita que haya motivado al gobernador Jesús Aguilar Padilla para hacer esa designación. Este conspicuo nombramiento permite presumir que se hizo con el propósito de relajar las resistencias para la toma de decisiones en esa área estratégica que tiene en vilo a la sociedad sinaloense. Esta buena señora, como buena educadora que es, ha señalado que será en 10 años cuando se den resultados en la dependencia que dirige y que, por lo pronto, prepara un programa a ¡18 años! (Paúl Mercado, semanario Ríodoce, 15/02/2010.)
Segundo. Consistente con lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa ha renunciado a ejercer atribuciones que, por su propia naturaleza, son irrenunciables, según consta en las respuestas a las solicitudes de información formuladas con los folios 3409, 3509, 3609, 3709, 3809, 3909, 4009, 4109, 4209, 4209, 4409, 4509, 4709, 4809, 4909, 5009, 5109, 5209, 5309, 5409, 5609, 5709 y 6809 y 7109. En efecto, Seguridad Pública señala que es la Secretaría de Administración y Finanzas la encargada de indicar los casos de adjudicación directa de equipos y de efectuar la administración y mantenimiento de las instalaciones; también, la que debe decidir cuándo sí y cuándo no se realizan licitaciones, así como los tiempos de anticipación para anunciarlas. No se cuenta con un sistema que asegure en orden, certeramente y de forma completa la documentación del fluido de fondos. No hay reglas internas escritas que especifiquen las situaciones en que está permitido detonar disparos de advertencia. No se dispone de un sistema escrito que describa en qué circunstancias está permitido hacer uso de las armas ni, en general, para regular el uso de la fuerza. La respuesta a una solicitud de información en torno a si se disponía de un sistema escrito relativo a este último aspecto no admite comentarios: “No, toda vez que en caso de que se requiera el uso de la fuerza pública el personal policiaco utilizará la necesaria de forma racional, como se vaya viendo”.
Tercero. Si lo anterior fuera poco, el sistema policiaco sinaloense no genera incentivos para crear un espíritu de cuerpo razonable. Los sueldos del personal operativo no superan los cuatro salarios mínimos, y el bono de riesgo no llega a los 2 mil pesos mensuales. No tienen seguros especiales, ni apoyos para vivienda o educación para la familia. Única y exclusivamente lo que otorga el ISSSTE. De los 2 mil 603 agentes, el promedio de edad es de 42 años. Mil 578 elementos tienen estudios de secundaria, 681 cuentan con bachillerato y los demás realizaron estudios superiores.
Entre muchos otros datos preocupantes, hay siete que cabe destacar:
1) La Secretaría de Seguridad Pública no ofrece programas de superación académica; 2) no cuenta con normas internas que prohíban el acoso sexual o cualquier otra manera de acoso ilegal que se realice dentro de la institución; 3) no tiene un área de derechos humanos; 4) no dispone de comedores institucionales; 5) carece de programas de nutrición y seguimiento médico; 6) desde 2005 no ha otorgado a nadie permiso para ausentarse del trabajo por causas personales; y 7) no hay manuales de organización y procedimientos. Por supuesto, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa no cuenta con ninguna certificación externa de su desempeño. Se evalúa a sí misma, con las grandes fallas que ello implica.
Es evidente que este contexto genera un caldo de cultivo para la infiltración de las fuerzas del orden, para el desarrollo del crimen organizado y para la pérdida creciente de los espacios públicos. Más lamentable que el hecho de que el gobernador Jesús Aguilar Padilla, por acción u omisión, haya generado este abandono del aparato policiaco en perjuicio de los sinaloenses, es la circunstancia de que los partidos de oposición, que deberían funcionar como contrapesos institucionales, se mantengan en un desafortunado silencio al respecto.
Primero. Si bien es verdad que el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública de Sinaloa otorga atribuciones al gobernador para designar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, también lo es que debe existir un mínimo de idoneidad entre el perfil del cargo y la persona designada. No es el caso. La secretaria Josefina de Jesús García Ruiz es una persona con una sólida formación en educación, que incluye sus estudios doctorales. No hay, sin embargo, ningún vínculo entre la especialidad de la doctora Ruiz y su actual encargo. ¿Se imagina alguien llevar un hijo enfermo a un doctor en filosofía y no a un pediatra? Tampoco obra ninguna razón escrita que haya motivado al gobernador Jesús Aguilar Padilla para hacer esa designación. Este conspicuo nombramiento permite presumir que se hizo con el propósito de relajar las resistencias para la toma de decisiones en esa área estratégica que tiene en vilo a la sociedad sinaloense. Esta buena señora, como buena educadora que es, ha señalado que será en 10 años cuando se den resultados en la dependencia que dirige y que, por lo pronto, prepara un programa a ¡18 años! (Paúl Mercado, semanario Ríodoce, 15/02/2010.)
Segundo. Consistente con lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa ha renunciado a ejercer atribuciones que, por su propia naturaleza, son irrenunciables, según consta en las respuestas a las solicitudes de información formuladas con los folios 3409, 3509, 3609, 3709, 3809, 3909, 4009, 4109, 4209, 4209, 4409, 4509, 4709, 4809, 4909, 5009, 5109, 5209, 5309, 5409, 5609, 5709 y 6809 y 7109. En efecto, Seguridad Pública señala que es la Secretaría de Administración y Finanzas la encargada de indicar los casos de adjudicación directa de equipos y de efectuar la administración y mantenimiento de las instalaciones; también, la que debe decidir cuándo sí y cuándo no se realizan licitaciones, así como los tiempos de anticipación para anunciarlas. No se cuenta con un sistema que asegure en orden, certeramente y de forma completa la documentación del fluido de fondos. No hay reglas internas escritas que especifiquen las situaciones en que está permitido detonar disparos de advertencia. No se dispone de un sistema escrito que describa en qué circunstancias está permitido hacer uso de las armas ni, en general, para regular el uso de la fuerza. La respuesta a una solicitud de información en torno a si se disponía de un sistema escrito relativo a este último aspecto no admite comentarios: “No, toda vez que en caso de que se requiera el uso de la fuerza pública el personal policiaco utilizará la necesaria de forma racional, como se vaya viendo”.
Tercero. Si lo anterior fuera poco, el sistema policiaco sinaloense no genera incentivos para crear un espíritu de cuerpo razonable. Los sueldos del personal operativo no superan los cuatro salarios mínimos, y el bono de riesgo no llega a los 2 mil pesos mensuales. No tienen seguros especiales, ni apoyos para vivienda o educación para la familia. Única y exclusivamente lo que otorga el ISSSTE. De los 2 mil 603 agentes, el promedio de edad es de 42 años. Mil 578 elementos tienen estudios de secundaria, 681 cuentan con bachillerato y los demás realizaron estudios superiores.
Entre muchos otros datos preocupantes, hay siete que cabe destacar:
1) La Secretaría de Seguridad Pública no ofrece programas de superación académica; 2) no cuenta con normas internas que prohíban el acoso sexual o cualquier otra manera de acoso ilegal que se realice dentro de la institución; 3) no tiene un área de derechos humanos; 4) no dispone de comedores institucionales; 5) carece de programas de nutrición y seguimiento médico; 6) desde 2005 no ha otorgado a nadie permiso para ausentarse del trabajo por causas personales; y 7) no hay manuales de organización y procedimientos. Por supuesto, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa no cuenta con ninguna certificación externa de su desempeño. Se evalúa a sí misma, con las grandes fallas que ello implica.
Es evidente que este contexto genera un caldo de cultivo para la infiltración de las fuerzas del orden, para el desarrollo del crimen organizado y para la pérdida creciente de los espacios públicos. Más lamentable que el hecho de que el gobernador Jesús Aguilar Padilla, por acción u omisión, haya generado este abandono del aparato policiaco en perjuicio de los sinaloenses, es la circunstancia de que los partidos de oposición, que deberían funcionar como contrapesos institucionales, se mantengan en un desafortunado silencio al respecto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario