EL CASO GREG

RODRIGO MORALES MANZANARES

El caso del candidato Gregorio Sánchez, apresado por cargos asociados a la delincuencia organizada, es ilustrativo de las tensiones que atraviesan al sistema político. Por lo que hace a la justicia penal, y tratándose de un personaje político, ésta deberá acreditar la solvencia de la averiguación, so riesgo de que de nuevo vuelva la percepción del uso político de la procuración de justicia. Para desgracia de las procuradurías, sobran ejemplos para acreditar ejercicios facciosos. Casos como este son los que reviven el viejo debate en torno a la conveniencia de dotar de autonomía a los ministerios públicos.
Huelga decir que si se cuenta con pruebas de la conducta ilícita del personaje en cuestión, no hay tiempos políticos que justifiquen una inacción de la Procuraduría, pero sobra decir también que si la investigación carece de sustento, será inevitable señalar el inadecuado uso político de la justicia.
Por lo que hace a los dilemas del tribunal electoral, sabemos que la interpretación garantista de la norma ha llevado a la sala superior a generar sentencias por encima de lo que la Constitución establece textualmente. Es decir, para la sala superior los derechos políticos de un individuo no se pierden por estar sometido a un proceso judicial, sino hasta que se dicta sentencia. La presunción de inocencia y la letra de diversos tratados internacionales prevalecen sobre lo que la Constitución dice. En esos términos resolvieron el caso del candidato panista a la gubernatura de Aguascalientes.
Este caso sin embargo reporta algunas novedades: si en el tribunal subsistiera la interpretación garantista, y
Greg recuperara sus derechos políticos, las consecuencias serían distintas: el candidato en Aguascalientes vivía su proceso judicial en libertad, por tanto podía hacer campaña política, en el caso del político de Quintana Roo, éste permanecería en prisión por lo que las cuatro semanas que quedan para la elección su campaña la tendría que hacer desde prisión, a menos, claro, que recuperara su libertad en un juicio penal. Pero sigamos con los dilemas: ¿podría votar desde el reclusorio?, si gana, ¿recibiría la constancia en el penal?, ¿dónde rendiría protesta? En fin, el caso dista de ser sencillo, y acaso estemos ante un caso límite en cuanto a las consecuencias de la visión garantista de la justicia electoral, frente al accionar de la justicia penal. El caso
Greg, por otro lado, también da cuenta de la vulnerabilidad de las coaliciones y nos recuerda lo poco sustentable de una alianza fundada sólo en el antipriismo. Si bien en Quintana Roo el PAN y el PRD contienden por separado, también el caso Greg ilustra la distancia entre ambos partidos. Por lo menos parece cada vez más complicado el administrar políticamente las coincidencias en ciertos territorios y las diferencias en otros. Pero en fin, no falta tanto para que los electores otorguen su veredicto. Finalmente el caso
Greg es significativo por la cada día más recurrente cercanía de la política con el crimen organizado. Sin ser por supuesto un caso juzgado, es un aviso más sobre la necesidad que el sistema de partidos tiene de ser más riguroso y cuidadoso a la hora de reclutar candidatos. Insisto, si Greg resulta inocente, la procuración de justicia habrá cometido un error enorme, difícil de resarcir, y se confirmará la necesidad de activar mecanismos para dotar de autonomía al Ministerio Público. Pero si resulta culpable, el daño más grave será para quienes dentro de los partidos consintieron la postulación y el impulso de un personaje vinculado con el crimen organizado. Alguien saldrá raspado.