CÉSAR IVÁN ASTUDILLO REYESEn la antesala de los comicios de julio, las críticas a la actuación del órgano electoral de Yucatán, sirven como referencia de los desafíos de los árbitros electorales. En la organización de los comicios, el desempeño del árbitro yucateco fue señalado por la comisión de varias irregularidades, hasta uno de los jugadores principales puso en duda su independencia, imparcialidad y objetividad. La tensión alcanzó niveles insospechados cuando el PAN decidió retirar a su representante del Consejo General.
La oposición luchó por décadas para combatir las bases sobre las que se fundaban las elecciones de Estado y pareció lograrlo con el impulso de reformas para concretar la autonomía de las autoridades electorales; la carencia de paridad de condiciones para una competencia equilibrada motivó nuevos ajustes que encontraron su máxima expresión en la reforma de 2007. Como si estos cambios no se hubieran dado, la parcialidad de los árbitros y la inequidad en la competencia ha resurgido.
Los reclamos a los árbitros electorales deben causar preocupación no sólo por los efectos inmediatos que se pueden derivar, sino por los que en el mediano plazo puedan desencadenar. Su desempeño, más que poner en riesgo la organización de la elección, lo que puede hacer es deslizar los dados hacia una de las partes de la contienda para beneficiarla y corromper con ello el libre del voto popular. Pero el daño puede trascender los resultados inmediatos si la valoración de su actuación produce tal descontento en la clase política y en la sociedad, que no quede más alternativa que desempolvar la iniciativa de extinguir de una vez a este tipo de arbitraje.
El tema no es menor; recordemos que cuando se estaba fraguando la reforma electoral de 2007, los partidos políticos exigieron que el IFE organizara los comicios estatales. Desde su perspectiva, era la institución que tenía mejores capacidades técnicas, humanas y de infraestructura, además de que su intervención reduciría el elevado costo de la democracia electoral. En marzo de este año, la propuesta de reforma política de los senadores del PAN incorporó nuevamente el tema a la agenda, confirmando que nos encontramos frente a un expediente abierto, que quizás aguarde los acontecimientos de la próxima jornada electoral para reavivarse con intensidad o para ser archivado en definitiva.
El federalismo electoral se resiste a que los árbitros estatales desaparezcan. Pero, si no se observan a tiempo las debilidades que padecen y se corrigen, es posible que terminen pagando justos por pecadores. Así como hoy existen instituciones electorales que se han ganado la confianza ciudadana gracias a su adecuado desempeño institucional, su sólida arquitectura jurídica, su conducción independiente, altamente técnica y profesional, nadie puede negar que existen otras que han terminado por doblegarse ante la influencia ejercida por los gobernadores o ante los intereses del partido en el poder.
Acaso por ello, el mayor reto que los árbitros electorales deberán demostrar es que son portadores de las cualidades que muchos han visto sólo en el IFE. En este sentido, la parte más sensible radicará en la actitud demostrada por los consejeros electorales frente a los nuevos desafíos impuestos por la política actual. La parte técnica, con sus luces y sombras, se ha asentado de una forma tal que no parece poner en riesgo la elección. Pero existen flancos que de no atajarse a tiempo pueden generar situaciones de desequilibrio que afecten la genuina expresión del sufragio ciudadano.
Habremos de ver si los consejeros tienen los arrojos necesarios para demostrar su autoridad y amonestar preventivamente a las autoridades estatales y federales ante el evidente despliegue de propaganda gubernamental; si reaccionan frente a la compra camuflada de propaganda electoral realizada por partidos y candidatos en contubernio con las televisoras; si evitan el uso de programas sociales con fines electorales; si regulan el deficiente tratamiento que los medios de comunicación confieren a la información de las campañas, y si garantizan espacios de difusión adecuados para los candidatos.
La exigencia sobre los árbitros estatales debe ser mayor. Están a prueba capacidades que más allá de su cobertura jurídica reclaman árbitros que garanticen el juego limpio. Repugna a la lógica democrática validar un sufragio cuya emisión estuvo precedida de infracciones. La intervención oportuna de la autoridad para amonestar a los infractores demostrará de qué están hechos los consejeros. Si logran imponerse habrán contrarrestado con hechos los argumentos de quienes desean hacerlos a un lado. Si fracasan, habrán dado la mejor prueba a sus detractores.
La oposición luchó por décadas para combatir las bases sobre las que se fundaban las elecciones de Estado y pareció lograrlo con el impulso de reformas para concretar la autonomía de las autoridades electorales; la carencia de paridad de condiciones para una competencia equilibrada motivó nuevos ajustes que encontraron su máxima expresión en la reforma de 2007. Como si estos cambios no se hubieran dado, la parcialidad de los árbitros y la inequidad en la competencia ha resurgido.
Los reclamos a los árbitros electorales deben causar preocupación no sólo por los efectos inmediatos que se pueden derivar, sino por los que en el mediano plazo puedan desencadenar. Su desempeño, más que poner en riesgo la organización de la elección, lo que puede hacer es deslizar los dados hacia una de las partes de la contienda para beneficiarla y corromper con ello el libre del voto popular. Pero el daño puede trascender los resultados inmediatos si la valoración de su actuación produce tal descontento en la clase política y en la sociedad, que no quede más alternativa que desempolvar la iniciativa de extinguir de una vez a este tipo de arbitraje.
El tema no es menor; recordemos que cuando se estaba fraguando la reforma electoral de 2007, los partidos políticos exigieron que el IFE organizara los comicios estatales. Desde su perspectiva, era la institución que tenía mejores capacidades técnicas, humanas y de infraestructura, además de que su intervención reduciría el elevado costo de la democracia electoral. En marzo de este año, la propuesta de reforma política de los senadores del PAN incorporó nuevamente el tema a la agenda, confirmando que nos encontramos frente a un expediente abierto, que quizás aguarde los acontecimientos de la próxima jornada electoral para reavivarse con intensidad o para ser archivado en definitiva.
El federalismo electoral se resiste a que los árbitros estatales desaparezcan. Pero, si no se observan a tiempo las debilidades que padecen y se corrigen, es posible que terminen pagando justos por pecadores. Así como hoy existen instituciones electorales que se han ganado la confianza ciudadana gracias a su adecuado desempeño institucional, su sólida arquitectura jurídica, su conducción independiente, altamente técnica y profesional, nadie puede negar que existen otras que han terminado por doblegarse ante la influencia ejercida por los gobernadores o ante los intereses del partido en el poder.
Acaso por ello, el mayor reto que los árbitros electorales deberán demostrar es que son portadores de las cualidades que muchos han visto sólo en el IFE. En este sentido, la parte más sensible radicará en la actitud demostrada por los consejeros electorales frente a los nuevos desafíos impuestos por la política actual. La parte técnica, con sus luces y sombras, se ha asentado de una forma tal que no parece poner en riesgo la elección. Pero existen flancos que de no atajarse a tiempo pueden generar situaciones de desequilibrio que afecten la genuina expresión del sufragio ciudadano.
Habremos de ver si los consejeros tienen los arrojos necesarios para demostrar su autoridad y amonestar preventivamente a las autoridades estatales y federales ante el evidente despliegue de propaganda gubernamental; si reaccionan frente a la compra camuflada de propaganda electoral realizada por partidos y candidatos en contubernio con las televisoras; si evitan el uso de programas sociales con fines electorales; si regulan el deficiente tratamiento que los medios de comunicación confieren a la información de las campañas, y si garantizan espacios de difusión adecuados para los candidatos.
La exigencia sobre los árbitros estatales debe ser mayor. Están a prueba capacidades que más allá de su cobertura jurídica reclaman árbitros que garanticen el juego limpio. Repugna a la lógica democrática validar un sufragio cuya emisión estuvo precedida de infracciones. La intervención oportuna de la autoridad para amonestar a los infractores demostrará de qué están hechos los consejeros. Si logran imponerse habrán contrarrestado con hechos los argumentos de quienes desean hacerlos a un lado. Si fracasan, habrán dado la mejor prueba a sus detractores.
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